Querella contra Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional

Martes 20 de diciembre de 2011, por elecciones

Hoy jueves día 15 de noviembre de 2011 Izquierda Anticapitalista presenta en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella criminal por prevaricación contra Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional.

Los hechos a los que se refiere la querella se remontan al mes de septiembre del 2010, cuando el juez Velasco aceptó la solicitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y el Frente Iberoamericano de Madrid de tomar declaración como testigo a Néstor González González- general retirado del ejército venezolano y solicitado por las autoridades venezolanas por la presunta comisión del delito de rebelión civil en el año 2002- en la causa que se seguía en su Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional para determinar la supuesta colaboración entre ETA y las FARC. El 8 de noviembre de 2010, días antes de la fecha prevista para la toma de declaración de Néstor González, la acusación particular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo presentó un escrito ante el juez Eloy Velasco en el que advertía que el Tribunal Supremo Venezolano había aprobado solicitar la extradición de Néstor González, refugiado en Costa Rica, a instancias de la Fiscalía General de la República de Venezuela por su participación en el golpe de Estado de 11 de abril de 2002 contra el entonces Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez. La búsqueda de Néstor González también había sido incorporada en la base de datos de la Interpol. En dicho escrito la AVT solicitó al juez Velasco que, ante la posibilidad de que el testigo pudiera ser detenido en el Estado español si viajaba para prestar declaración, suspendiera su declaración testifical. Pocos días más tarde, y en clara contradicción con la legalidad vigente, el juez Eloy Velasco suspendió la declaración testifical para evitar que el testigo pudiera ser detenido y sometido a procedimiento de extradición.

La base de la querella interpuesta por Izquierda Anticapitalista es que en su función jurisdiccional el juez Eloy Velasco suspendió una diligencia de instrucción para evitar que Néstor González fuera detenido como resultado de una reclamación extradicional por rebelión civil existente en su contra a raíz del proceso penal que se sigue en Venezuela, país al cual el propio juez Velasco ha solicitado una serie de extradiciones en el marco del Tratado de Extradición entre Venezuela y España firmado el año 1990.

Desde Izquierda Anticapitalista consideramos que:

  • A pesar de que el juez Velasco ha solicitado en el pasado ayuda a la justicia venezolana, su propia ideología ha primado a la hora de evitar su colaboración en la detención de una persona perseguida por Venezuela, Néstor González, supuestamente implicada en una cuestión tan grave como el golpe de Estado en Venezuela.
  • Los hechos por los que se acusa a Néstor González son extremadamente graves y consideramos inadmisible que un juez, en este caso Eloy Velasco, le haya ayudado a evadir la acción de la justicia venezolana e internacional.
  • Consideramos inadmisible, asimismo, que un Juez de la Audiencia Nacional se permita decidir de manera unilateral sobre cuándo se debe cooperar con la Justicia de otros países y cuándo no. Es obvio que Eloy Velasco ha actuado al margen de la Ley.
  • El nulo rigor demostrado por Eloy Velasco a la hora de permitir la huida de Néstor González a sabiendas que éste estaba siendo perseguido por la Interpol, contrasta notablemente con el tozudo rigor con el que está persiguiendo a varios miembros del movimiento 15-M catalán por la manifestación realizada ante el Parlament catalán el día 15 de junio del 2011.
  • La actuación de Eloy Velasco es extremadamente peligrosa ya que, si bien se presenta como un Juez imparcial a pesar de estar vinculado directamente con el Partido Popular como su participación en el gobierno de Francisco Camps demuestra, persigue de manera injustificada a activistas sociales por un lado y por el otro no es capaz de cumplir con su obligación de facilitar la detención de un prófugo condenado por un delito extremadamente grave.
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