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23 de Agosto 2001
La situación
argentina en el año 2001 es catastrófica: tres años
de recesión debido a la aplicación de una política
neoliberal particularmente agresiva. En realidad, la decadencia de la
Argentina que comenzó bajo la dictadura (1976-1983) continuó
durante casi veinte años en mano de los diferentes gobiernos
que la sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada por algunos
sectores, no ha habido una verdadera ruptura en la política económica
después de la dictadura. Visto en perspectiva, en los últimos
decenios, los avatares de los cambios de gobierno no modificaron de
manera significativa el camino regresivo en el que había sido
dirigida por su clase dominante.
La Argentina de hoy comparada a la de los años 1940-1950-1960 ha cambiado fundamentalmente. Ha sufrido una regresión como potencia industrial periférica, y hoy, la mayoría de la población argentina, vive peor que hace treinta años. Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, la Argentina rembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976 .
(...) Después de un cuarto de siglo en ese escenario, el país está desangrado. Los salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a sectores que en el pasado vivían con un cierto confort), las cajas del Estado, están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa a privatizar. La protesta social ya se manifiesta (varias huelgas generales ya desde el 2000, cierre de rutas por los "piqueteros", revueltas en ciudades pauperizadas y de barrios enteros).
(...)El período durante el cual la deuda argentina literalmente explotó, corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976-1981). La política económica promovida por Martínez de Hoz. Ministro de Economía de la dictadura, a partir del 2 de abril de 1976 marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo del país, creando las condiciones para una economía especulativa que desbastó el país. La mayor parte de los préstamos otorgados a la dictadura argentina, provenían de bancos privados del Norte. Estos contaban con el total acuerdo de las autoridades de los Estados Unidos (tanto de la Reserva Federal como de la Administración norteamericana). Los "maestros" argentinos de la política de endeudamiento eran el Ministro en Economía Martínez de Hoz y el Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Walter Klein. Para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.
(...)El endeudamiento masivo del Estado argentino fue justificado por los responsables económicos de la dictadura y por el FMI, como la forma de aumentar sus reservas en divisas extranjeras para sostener una política de apertura económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las reservas internacionales del Estado argentino habría debido ser el producto de las actividades de intercambio en el mercado mundial. Las reservas internacionales anunciadas por la dictadura argentina provenían del endeudamiento.
Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco Central. De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocadas como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. 83% de estas reservas fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias de fuera del país. Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares y los depósitos en los bancos exteriores a 8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones de dólares (OLMOS, 1990, p. 171 y 172). En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. La lógica de esta política para las autoridades que la organizaron era 1º) el enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los banqueros del Norte; 2º) se trataba de aumentar las reservas internacionales para sostener el importante aumento de las importaciones, sobre todo la compra de armas; 3º) la política de apertura económica y endeudamiento recomendado por el FMI permitía a la dictadura argentina mejorar su credibilidad internacional cerca de los principales países industrializados, comenzando por los Estados Unidos. La dictadura argentina no habría podido mantener el régimen de terror interno en los primeros años (1976-1980) sin la bendición de la administración norteamericana.
Por su lado La Reserva Federal de los EUA, estaba mas que inclinada a apoyar la política económica de la dictadura argentina, cuando una gran parte del dinero de la deuda estaba depositado en los cofres de los bancos norteamericanos. Desde el punto de vista de la administración estadounidense y del FMI, el endeudamiento argentino hacía volver al regazo norteamericano a un país que durante décadas había afirmado un nacionalismo crítico y había conquistado un cierto despegue económico durante el régimen peronista.
(...) Esa deuda (la deuda exterior pública argentina) es odiosa e ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a continuar recibiendo el servicio de ese tramo de la deuda. Sus créditos son nulos. Como las nuevas deudas contraídas desde 1982-1983 sirvieron esencialmente para rembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de ilegitimidad. Argentina puede apoyarse perfectamente en el derecho internacional para justificar la decisión de no pagar su deuda externa. Varios argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar: la noción de deuda odiosa (la deuda argentina fue contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la humanidad (los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello); la fuerza mayor (al igual que los otros países endeudados, Argentina se confrontó a un cambio brutal de situación a causa de la decisión de aumentar las tasas de interés en forma unilateral por parte de los Estados Unidos a partir de 1979); y el estado de necesidad (las finanzas argentinas impiden la prosecución del pago, ya que éste imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la firma de pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos
La suspensión de los pagos de la deuda debe ser completada por otras medidas esenciales. He aquí algunas propuestas para el requerido debate. Primera, la exigencia de una investigación internacional sobre los activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero (segun el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países más industrializados alcanzan grosso modo a 40.000 millones de dólares – ver BIS, Quarterly Review: International Banking and Financial Market Developments June 2001, www.bis.org). El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de fondos sustraídos a la Nación. Segunda, la implantación de medidas de control sobre los movimientos de capitales y operaciónes de cambio, afin de impedir que continúe la fuga de capitales y para protegerse de ataques especulativos. Tercera, la puesta en marcha de una política fiscal redistributiva: impuesto excepcional sobre el patrimonio del decil más rico de la población, impuestos sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre los productos y servicios de base,... Cuarta, derogación de los decretos y leyes que impongan una reducción de los salarios y jubilaciones (y de otras prestaciones sociales). Defensa y refuerzo del sistema de seguridad social. Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y aumentar los salarios y las jubilaciones para recrear el poder adquisitivo es la condición básica de cualquier alternativa progresista al curso actual. La "confianza de los consumidores" se recupera derogando la reforma laboral y asegurando la estabilidad del empleo y no esperando el "derrame" de los beneficios que obtengan los empresarios. Quinta, estatización de las empresas privatizadas indebidamente comenzando por las correspondientes a los sectores estratégicos (energía, petróleo, comunicaciones,...). En el plano internacional favorecer la constitución de un frente de los países endeudados., desarrollar las complementariedades y los intercambios Sud-Sud; oponerse de manera enérgica al ALCA; oponerse a la ofensiva militar de los EE.UU: (bases militares, pantalla antimisiles de Bush que intentará crear una base estratégica en el cono Sud; Plan Colombia); apoyar las iniciativas a favor de la imposición de una tasa tipo Tobin, sobre las transacciones financieras internacionales. Las distintas propuestas que anteceden constituyen pistas sobre una alternativa al modelo neoliberal. No se trata de un programa para tomar o dejar. Se trata de mostrar que existen soluciones si se desea dar la espalda a la lógica infernal del endeudamiento eterno y a la dependencia que cada vez más acentuada.