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Por si hiciera
falta una demostración práctica de la perversidad de la política del
gran capital internacional, tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo
en Argentina. Durante 25 años, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial dictaron la política económica del país, fielmente seguida
por los gobernantes de turno: primero la siniestra dictadura militar
a través del Ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz. Luego los
gobiernos civiles de Alfonsín, Menem y De la Rua, radicales y peronistas,
incluso a través de los mismos funcionarios, como Domingo Cavallo.
Esa política fue la de contraer una costosa y creciente deuda externa, privatizar las empresas estatales, desproteger la industria nacional, liquidar las conquistas obreras, empobrecer al pueblo, crear varios millones de parados y subocupados, tornar inaccesibles la educación y la sanidad, reducir al mínimo la administración pública, todo ello para reducir costes y poder efectuar un traspaso multimillonario de riqueza a las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como para el enriquecimiento sin medida de gobernantes y funcionarios que medraron a costa del presupuesto nacional y de las jugosas comisiones por su intermediación con el gran capital.
Argentina fue durante todos esos años un aventajado alumno de aquellas entidades, mostrado como ejemplo ante naciones mas pobres y con menores recursos. Y proclamada orgullosamente por los mismos gobernantes nacionales que se pavonearon en los foros internacionales, oficiando de cipayos al servicio de sus amos.
En 25 años, la deuda externa creció desde 2.500 millones de dólares hasta los 150.000 millones, merced al incremento usurario de los intereses y a los sucesivos planes y reajustes que fueron elevando el capital adeudado sin freno ni medida.
Los intereses exigidos no bajan de 15.000 millones anuales, algo imposible de pagar por una Argentina desindustrializada, empobrecida y con 4 años continuados de recesión. Así es como a finales de diciembre pasado, el gobierno De la Rua optó por expropiar a los ahorristas y crear el famoso "corralito": nadie puede retirar sus ahorros de los bancos. Las razones son clarísimas. No hay dólares para devolver los cerca de 60.000 millones depositados por ahorristas, en gran medida de la sufrida clase media. Fueron utilizados para ir pagando los intereses de la deuda, o fueron sacados del país en camiones blindados días antes de formarse el corralito.
En síntesis, los ahorristas fueron estafados, los bancos cerrados y los gobiernos que se sucedieron confesaron su impotencia para salir de la crisis.
De repente, a los millones de argentinos que viven bajo la línea de la pobreza, posiblemente la mitad de la población, se ha unido la clase media, consciente de la estafa sufrida. A los piquetes, cortes de rutas y calles y marchas de los primeros, se han sumado centenares de miles de manifestantes haciendo sonar sus cacerolas, exigiendo la entrega de sus ahorros y la marcha de los profesionales de la política.
La consigna "Que se vayan todos" no puede ser mas elocuente acerca del descrédito de la clase política. Esas movilizaciones han sido en gran medida espontáneas, se extendieron como mancha de aceite por todo el país, alcanzaron la Capital Federal y crecieron en fuerza y combatividad. Los niveles de autoorganización aumentaron paulatinamente. Los parados, los pobladores de las Villas Miseria, los piqueteros, conformaron una Coordinadora y realizaron dos Congresos en 2001, avanzando en la centralización de sus demandas.
En cuanto a los sectores medios de la Capital, los principales protagonistas de los cacerolazos, crearon las Asambleas Barriales, foro deliberativo autoconvocado, cuya primera resolución fue llamar a la cacerolada y marcha a Plaza de Mayo del viernes 25 de enero, exigiendo soluciones a sus problemas. Marcha que fue reprimida con fuerza por los efectivos policiales.
Ambos sectores, históricamente divididos política y socialmente, han comenzado a coincidir obligados por las circunstancias, al identificar al enemigo común: el gobierno, los bancos, la deuda externa. Se han producido numerosos actos de solidaridad mutua, cuando las columnas de parados avanzaban hacia el centro de Buenos Aires y desde las casas de clase media se les hacían llegar bebidas y alimentos. Así mismo cuando distintas asambleas resolvían marchar en común hacia la histórica Plaza. El gobierno ha tratado de frenar este acercamiento, incluso a través de sus servicios de inteligencia que propiciaron el choque de pobres contra pobres, pero parece haber fracasado en sus intentos.
Es cada vez mas clara: defender los intereses de la banca y el gran capital, continuar pagando la deuda externa y hacer recaer el costo de esta política sobre los sectores mas empobrecidos de la sociedad, que son cada día mas numerosos.
Para ello se ha devaluado el peso, iniciando el camino de una gran inflación que hará bajar aun mas el nivel de vida. Un 20 % de devaluación -mínimo que se estima probable- haría caer a otros 3 millones de personas bajo la línea de pobreza, llevando de 14 millones a 17 las personas que se encontrarán en esa situación. Con igual propósito se ha "pesificado" el capital de los ahorristas que perderán aproximadamente el 50 % de su capital, al cobrar 1.40 por dólar que ya vale 2 pesos y que sigue aumentando, y que no recuperarán su dinero de inmediato, sino dentro de meses o años. Pero al mismo tiempo se beneficia a los grandes capitalistas, que salen indemnes de la crisis, con medidas excepcionales.
Además el gobierno estrecha sus relaciones con las Fuerzas Armadas y policiales, dispuesto a emplearlas en la represión si el descontento popular lo hiciera necesario, represión que ya empleó en las últimas semanas.
Las claves de esa nueva política propuesta por economistas de izquierda serían dejar de pagar la deuda externa, cobrar un impuesto a las mas grandes empresas, restaurar el pago de los aportes patronales al sistema jubilatorio, reestatizar las empresas privatizadas, establecer un control sobre el comercio exterior y el cambio de divisas y exigir a los bancos la devolución de los depósitos que retiraron del país.
Y al mismo tiempo establecer un salario mínimo de 500 pesos para todo trabajador activo o parado y para los jubilados, fijando un salario base de 1000 pesos para todos los gremios. Con estas medidas se pondría nuevamente en marcha el aparato productivo y progresivamente se reduciría la desocupación.
Sin duda esta política sería muy dura, ya que se enfrentaría con todos los intereses del capital. Pero no empeoraría la situación actual, por el contrario la mejoraría.
Para aplicar tal política sería necesaria una amplia y permanente movilización popular, con formas de organización democráticas desde la base. Cualquier otro camino que no se enfrente al sistema atraerá males mayores, mas miseria y represión.