La situación política en los últimos meses está conociendo una agravación creciente, debida fundamentalmente a la serie de atentados mortales ejercidos por ETA, pero también a la reafirmación del gobierno del PP en su opción exclusiva por la vía policial. El riesgo de confrontación política y social es cada vez mayor y obliga a las gentes demócratas y de izquierda en la sociedad española a mantener una firme y clara posición ante el conflicto vasco-español:

1. Las muertes provocadas por ETA no tienen ninguna justificación ética y política: sus consecuencias han sido nefastas no sólo por el sufrimiento humano que producen como por el perjuicio que suponen para el logro de una amplia mayoría a favor de los objetivos que dicen perseguir muchos de los que apoyan a EH-HB. ETA acompaña, además, a estas acciones un discurso cada vez más excluyente de quienes no comparten su proyecto de "democracia vasca". De esta forma, se ha ido despilfarrando todo lo que se había avanzado a lo largo de más de un año de tregua, lo que no ha hecho más que facilitar  la labor del gobierno y de otras fuerzas políticas y "mediáticas" contra el Pacto de Lizarra y su propuesta -que seguimos considerando válida- de un método consensuado y democrático para la resolución del conflicto vasco.

2. A esta estrategia el gobierno del PP sigue respondiendo mediante su negativa a reconocer la naturaleza política del conflicto, la pràctica de una creciente virulencia verbal y, sobre todo, la criminalización no sólo de ETA y HB sino también del conjunto del nacionalismo vasco, e incluso de cualquiera dispuesto a defender el respeto a la decisión de la sociedad vasca sobre su propio futuro. Las últimas declaraciones de Aznar de nuevo demuestran su rechazo a cualquier vía que permita encontrar una salida pacífica y dialogada a la situación actual. El anuncio de nuevas reformas del Código Penal y de mayores competencias para una institución de excepción como la Audiencia Nacional, con la excusa de la lucha contra la violencia callejera y la “apología del terrorismo”, confirma una política que puede suponer serios recortes a libertades y derechos básicos y que pueden afectar especialmente a la juventud.

3. Frente a esta conjunción de dinámicas de una ETA empeñada en una vía violenta sin salida, por un lado, y un PP dispuesto a utilizar las acciones mortales de aquélla para forzar elecciones anticipadas en la Comunidad Autónoma Vasca, por otro, la nueva dirección del PSOE ha terminado aceptando las condiciones previas que pretenden imponer Aznar y Mayor Oreja para un diálogo con el nacionalismo vasco moderado; en cuanto a los representantes del Grupo Parlamentario Federal de IU, su apoyo con escasas reticencias públicas a esas mismas condiciones –que excluyen la disposición a respetar el ámbito vasco de decisión- nos parece un error político. De seguir por el camino de la resignación o la adaptación al “pensamiento único” que se quiere imponer en la sociedad española, la izquierda corre el riesgo de ir a remolque del gobierno y de contribuir así a alejar la posibilidad de desbloquear el conflicto.

Volver a estas alturas, como hacen también dirigentes del PSOE y de IU-Federal, a asumir el discurso falaz de la "unidad de los demócratas" y  la búsqueda del "aislamiento político y social de EH" significa repetir y profundizar una estrategia errónea que no hace más que convertirles en fuerzas subalternas de quienes apuestan por reforzar la polarización entre españolistas excluyentes, por un lado, y nacionalistas vascos moderados y radicales, por otro. Porque ser demócratas en relación al conflicto vasco debería significar manifestar la disposición a respetar tanto el derecho a la vida de todas las personas como el de la sociedad vasca a decidir libremente su futuro. Si lo primero es negado por ETA, lo segundo es rechazado por el PP. Es una ironía que un partido cuyos fundadores no apoyaron ni la Costitución ni el Estatuto de Gernika pretenda erigirse ahora en intérprete exclusivo de los mismos, oponiéndose a explorar cualquier vía jurídica que permita reconocer lo que es una demanda democrática de una mayoría de la sociedad vasca, como se ha podido comprobar en todas las encuestas. En esas condiciones, la política de "aislamiento político y social de HB" no hará más que obstaculizar cualquier vía de diálogo con un sector significativo de la sociedad vasca, al que hay convencer del enorme daño que hace la actividad de ETA, pero también de la viabilidad de una defensa política y jurídica, activa y no violenta, del derecho a la autodeterminación, incluida la opción de la independencia.

4. Consideramos que la izquierda debe esforzarse por generar esperanza en las sociedades vasca y española para encontrar un camino de diálogo sin exclusiones, distinto del de la confrontación actual. Para ello hay que exigir de ETA que deje de matar y renuncie a su protagonismo en favor de la sociedad vasca; pero también es necesario reconocer la raíz política del conflicto y buscar, por tanto, una solución política. Esta pasa por pedir de todos los partidos políticos el compromiso democrático de respetar la voluntad que libremente exprese la sociedad vasca sobre cómo quiere organizar su futuro. Para ello, como se ha hecho en casos como Quebec o Irlanda del Norte, habría que buscar las vías jurídicas necesarias que permitan el ejercicio de ese derecho -que, lógicamente implica también la ausencia de violencia-, sin que la Constitución o el Estatuto de Gernika tengan por qué aparecer como una barrera para una mayor profundización de la democracia.

En ese proceso valoramos positivamente el esfuerzo de Esker Batua-IU a favor de la creación de un amplio espacio social, político y cultural dispuesto a tender puentes entre los distintos sectores de la sociedad vasca, sin exclusiones, en torno al logro de la paz, el diálogo, el final de la violencia y el derecho a la palabra y a decidir de Euskal Herría.

5. La búsqueda de más democracia en la solución del conflicto vasco debería ayudar también a evitar un deterioro de la democracia en el conjunto del Estado español, haciendo frente de inmediato a los anunciados recortes a las libertades y, sobre todo, abriendo la perspectiva de una reforma constitucional que permita superar el déficit democrático que en esta cuestión hemos heredado de una transición política inacabada. Hoy, nuestra realidad plurinacional es innegable y, por lo tanto, urge abrir el debate sobre cuál es la fórmula más adecuada para garantizar una convivencia libre y democráticamente expresada entre todos los pueblos que forman parte de este Estado. Desde nuestro punto de vista, ésta podría ser la de un federalismo plurinacional y solidario que, a su vez, debería insertarse dentro del proyecto de una Europa federal y/o confederal, capaz de permitir en su seno diferentes formas de soberanía compartida voluntariamente asumidas por los pueblos que la componen; estamos convencidos de que la defensa desde la izquierda de esa doble perspectiva a escala española y europea ayudaría a desdramatizar y racionalizar el debate actual.
 
 
 
 

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