DIÀLEG, JA! ELKARRIZKETA ORAIN! ¡DIALOGO, YA!

Declaración de la Coordinadora Confederal de Espacio Alternativo
 

Espacio Alternativo quiere manifestar su rotundo rechazo del atentado mortal cometido por ETA contra Ernest Lluch, una persona que en repetidas ocasiones se había manifestado firme partidaria del diálogo sin exclusiones entre todas las partes implicadas en el conflicto vasco. Con esta acción ETA confirma su voluntad de dar un paso más en su escalada atacando a quienes, aun desde posiciones políticas ajenas al nacionalismo vasco, aspiran a tender puentes entre quienes siguen empeñados en profundizar una estrategia de confrontación.

La protesta masiva de la población catalana frente a este atentado ha venido acompañada esta vez, a diferencia de las que se han sucedido en otros lugares y en otras ocasiones, por un clamor popular a favor del diálogo y de la búsqueda de una salida democrática frente a la actual situación de bloqueo. Sin embargo, la respuesta de Aznar y Mayor Oreja sigue siendo la apuesta por la solución policial y la negativa a reconocer la naturaleza política del conflicto, en nombre de la defensa de un “Estado de derecho” que con las reformas penales aprobadas ofrece menores garantías para el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, así como de una interpretación interesada y cerrada del actual marco constitucional y estatutario.

Desde Espacio Alternativo nos reafirmamos una vez más en nuestra convicción de que la ruptura de la tregua por parte de ETA fue un gravísimo error político que, con la serie de acciones mortales cometidas desde entonces, no ha hecho más que retrotraernos a una espiral de violencia y represión de la que, aun con notables resistencias por parte del gobierno de Aznar, empezábamos a salir. Por eso pedimos a ETA que proclame un cese del fuego unilateral y prolongado y delegue en las fuerzas políticas y sociales que dentro de la sociedad vasca aspiran a los mismos objetivos que dice defender.

Al gobierno de Aznar hay que exigirle de nuevo que, en lugar de seguir apostando por la solución policial del conflicto vasco, reconozca la urgencia de abrir un debate que permita hallar otras vías de solución política y democrática de ese conflicto. Convertir la demanda de que se respete la capacidad de la sociedad vasca de decidir su propio futuro en un “ataque a la democracia”, es no sólo criminalizar a la mayoría de la sociedad vasca sino negarse a profundizar esa misma democracia superando el déficit heredado desde el inicio de la transición política. Su reticencia a cumplir la ley en medidas relacionadas con los presos; su voluntad de endurecer el cumplimiento de las penas y su beligerancia electoralista frente a quienes apuestan desde el nacionalismo vasco por el soberanismo, la desobediencia civil o, simplemente, la defensa y la enseñanza del euskera, no hacen más que confirmar su intransigencia y su disposición a agudizar la dinámica de confrontación. Por eso compartimos la demanda expresada también en las calles de Barcelona de la dimisión inmediata de Mayor Oreja.

La creación de foros y mesas de diálogo sin exclusiones sigue siendo necesaria tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la de Navarra. Todas las opciones políticas respecto a la futura relación entre esas comunidades y el conjunto de la sociedad española tienen legitimidad para ser discutidas en esos lugares. El gobierno español –y los partidos de ámbito estatal- debería limitarse a asumir el compromiso, siguiendo el ejemplo que en su día dieron Major y Reynolds en el caso de Irlanda del Norte, de respetar lo que libremente decidan los ciudadanos y ciudadanas de esas comunidades, ya sea la fórmula actual de relación, la federación, la confederación o la independencia. Ni la Constitución ni los marcos estatutarios respectivos deberían ser un obstáculo para reconocer ese procedimiento democrático, ya que lo fundamental es mostrar voluntad política de solucionar el conflicto y esforzarse por lograr el mayor consenso posible para –a partir incluso del marco jurídico actual- encontrar las vías legales y políticas adecuadas, sin necesidad de supeditarlas al ámbito español de decisión.

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