Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de toda la República Mexicana, manifestamos nuestro total repudio a la salida represiva que el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Gobierno Federal están dando a las legítimas demandas del movimiento magisterial de esa entidad.

A pesar de la negativa de las autoridades a reconocer y reportar los hechos, por información obtenida a través de organizaciones civiles y sociales de derechos humanos del Estado de Oaxaca, sabemos que hasta el momento el saldo es de varias personas muertas, entre ellas dos niños; decenas de personas heridas, vejaciones contra mujeres y un número indeterminado de detenidos y/o desaparecidos.

Tanto el Gobierno Federal como el gobierno del Estado de Oaxaca se han negado reiteradamente a asumir su responsabilidad en el conflicto y a resolver la demanda por la vía del diálogo. Por el contrario, han priorizado la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de los movimientos sociales, tal y como lo hicieran con los altermundistas de Guadalajara, los mineros y los pobladores de San Salvador Atenco.

Los poderes del Estado no pueden responder con violencia ante los conflictos sociales en una democracia. Los hechos sucedidos enturbian el proceso electoral en el país, en particular en Oaxaca, y ponen en duda la voluntad política del gobierno de garantizar un ambiente propicio para avanzar en la democratización del país.

El gobierno mexicano está obligado a garantizar los derechos humanos de toda la población sin distinción tal y como esta establecido en la Constitución así como en los más de 70 tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano en la materia.

Por lo anterior, el gobierno federal y estatal debe inhibir cualquier acción represiva antes de que se siga agravando el conflicto. Demandamos la salida de los cuerpos de seguridad pública, la investigación inmediata y la sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos ya cometidas y el establecimiento del diálogo con el magisterio para resolver sus demandas.

Exigimos a las autoridades así como a los medios de comunicación, que garanticen el derecho a una información veraz, oportuna y objetiva sobre el conflicto.

Solicitamos la intervención urgente de los organismos estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos. En particular, exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, en cumplimiento de sus atribuciones, realicen todas las acciones para garantizar los derechos humanos del magisterio oaxaqueño y de los miembros de las organizaciones civiles y sociales que se han solidarizado con él. Desde la sociedad civil, se han conformado brigadas de observación para documentar las violaciones a derechos humanos, por lo cual exigimos todas las garantías para que puedan desarrollar esta labor.

La sociedad mexicana reclama cambios profundos que garanticen la paz social y la solución a la grave situación de pobreza, exclusión y autoritarismo que prevalece en nuestro país. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que se mantenga atenta a la situación y repudie toda violencia que ponga en riesgo el ejercicio de los derechos humanos.

Atentamente: