Izquierda AnticapitalistaJuan Valera / Periodistas21
Los socialistas presentan esta tarde [12/12/2006] una proposición no de ley (pdf) para la promoción del software libre. Es una iniciativa engañosa y que acaba por no valorar el sofware bajo ninguno de los tipos de licencia abierta. Todo lo contrario, repite miméticamente los argumentos del lobby de empresas de sistemas propietarios y cerrados (Iniciativa para la Elección de Software) y no incluye ninguna de las definiciones oficiales de la GNU (Licencia Pública General o GPL) ni de la Fundación para el Software Libre (FSF), pero tampoco ninguna de las propuestas por la Unión Europea.
Los socialistas votaron hace un año contra una iniciativa de IU, ERC, BNG y Chunta Aragonesista porque obligaba a "comprar y utilizar siempre este tipo de software", según la diputada Lourdes Muñoz Santamaría, que firma y defiende ahora, un año después, la iniciativa socialista.
La diputada esgrime "el
criterio de que en todo concurso público o compra de aplicaciones o
desarrollos a medida por parte de la Administración Pública se deben
evaluar tanto las soluciones de software libre como las de propietario
en el caso existir-; es decir, no se pretende imponer un tipo de
software pero sí que como mínimo se valoren opciones de software libre".
En la iniciativa (pdf) se descartan las "recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia de la solución" para primar la "libertad
de opción (...), la interoperabilidad, la racionalidad técnica y
económica (...) y los criterios de seguridad, normalización y
conservación de las aplicaciones utilizadas".
Criterios algunos
muy sensatos, pero que no perjudican al software libre, mientras otros
mantienen la inercia, estructura y contratos con las empresas de
software propietario.
La proposición contradice en parte la política promovida por el programa Cordis de la Unión Europea y no menciona los resultados de los estudios sobre código abierto y sector público europeos.
La presión de la industria pesa más que la promoción de la participación de los ciudadanos y empresas de desarrollo.
Una exclusividad legal de utilizar software libre perjudicaría la libre competencia y la eficiencia, pero el carácter público y abierto podría ser un criterio favorable en la adjudicación y contratación pública. Al menos en los casos de funciones y coste similares.
Por el bien de los ciudadanos, pero también de la industria española, que podría ahorrarse un buen pico en patentes y licencias, y así mejorar nuestra I+D estimulando la innovación y la colaboración en proyectos internacionales, como propone la doctrina europea.
Actualización: aprobada la iniciativa. El Congreso ha aprobado la iniciativa. No era muy difícil, porque sólo compromete a incluir el software libre en las opciones a estudiar. Lo recogió muy claro Josep Sánchez Llibre (CiU) al apuntar que la proposición enumera sólo principios generales pero no concreta acciones ni fija compromisos o calendario. IU y ERC volvieron a defender su iniciativa de hace un año.
Entretanto, en Francia el Parlamento y los diputados usarán Linux. En España los nuevos ordenadores de los diputados funcionan con Windows XP.
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