Redacción Corriente Alterna-Madrid

El pasado sábado 12 de abril más de 1500 personas recorrieron el madrileño barrio de Aluche para reclamar el cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), al grito de "Cerremos nuestros Guantánamos". 

Tenemos que recordar que en el barrio de Aluche, en una parte de las antiguas dependencias de la cárcel de Carabanchel, se encuentra uno de los principales CIEs de la Comunidad de Madrid, sobre el que pesan numerosas denuncias de malos tratos y torturas a los internos, parte de los cuales mantienen desde el pasado lunes una huelga de hambre para reclamar el cierre de los CIEs y un trato humano para los inmigrantes.

En este ambiente, una treintena de grupos sociales, asociaciones de inmigrantes y organizaciones políticas, como el propio Espacio Alternativo, convocaban la marcha del pasado sábado. Esta partió de la plaza del metro de Aluche hacia el CIE de la antigua cárcel de Carabanchel, que si en su momento albergó a numerosos presos políticos, como los del proceso 1001, actualmente ha sido reciclada en un Guantánamo a la madrileña. Recorriendo la Avenida de los Poblados cientos de personas gritaron contra la injusticia rompiendo el silencio institucional y mediático que pesa sobre estos centros de reclusión. Durante la marcha numerosos/as compañeras/os subieron al camión de la organización para relatar las espeluznantes situaciones a las que son sometidos los internos, desde el conocimiento personal o por el contacto con sus familiares allí recluidos.

Además, se consiguió contactar con los propios reclusos que narraron en primera persona su dramática situación. En la propia entrada del CIE se leyó el comunicado redactado por las organizaciones convocantes en diferentes idiomas, pidiendo la entrada al centro de una comisión compuesta por médicos y abogados, que fue rechazada. Después de casi dos horas de manifestación, se concluyó la convocatoria, regresando a la plaza del metro de Aluche.

Hay que recordar que los Centros de Internamiento de Extranjeros fueron aprobados por la Ley Orgánica 7/85 de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que establece en su artículo 26.2 la posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en centros "que no tengan carácter penitenciario" de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión, mientras se sustancia el expediente. Actualmente estos centros son cárceles "encubiertas" para inmigrantes que no tienen papeles.

Una directiva del Consejo y del Parlamento europeo que tiene por objeto agilizar los procedimientos de retorno y pendiente de inminente aprobación permite encierros de hasta 18 meses a las personas inmigrantes en situación no legal en el territorio de esos Estados. ¿Qué es o puede ser una situación ilegal a los efectos de esta Directiva?. En un porcentaje muy elevado de ocasiones, simplemente el no tener renovada alguna de las autorizaciones de residencia temporal o de trabajo y residencia que establecen las normativas estatales, por ejemplo por haber perdido el empleo y no haber encontrado otro o por no poder acreditar medios de vida o seguro médico.

Un importante número de juristas han denunciado lo que llaman perversa invasión del Derecho administrativo por figuras del Derecho penal o, lo que es lo mismo, la extensión y generalización de prácticas punitivas sin las garantías que las acompañan en los ordenamientos jurídicos. "Ninguna  pena sin ley", rezaba el viejo aforismo latino, estableciendo así un valladar (siquiera sea formal) a la arbitrariedad del Estado y sus aparatos represivos.

Con la aprobación de la "Directiva Retorno" toda situación irregular de un/a inmigrante es susceptible de ser penalizada por un tiempo máximo de 18 meses. Con este expeditivo trámite, tod@ inmigrante deviene automáticamente un potencial peligroso, independientemente de su voluntad y conducta.

Mientras se aprueba la Directiva, los Estados miembros no han estado inactivos. En el Estado español la derecha parlamentaria ha promovido una proposición de ley muy represiva que se encuentra pendiente de su tramitación parlamentaria. Por su parte el PSOE, en su ganador programa electoral, incluye propuestas como la ampliación del período máximo de detención en los CIEs para "homologarlo con el resto de los Estados miembros de la UE" o la agilización de los procedimientos de expulsión de las personas inmigrantes en situación irregular. Ni la menor referencia a la mejora de las condiciones de vida en los centros o a la necesidad de  restablecer las condiciones de efectiva tutela judicial que impidan la repetición de las violencias policiales denunciadas por algun@s inmigrantes que han pasado por ellos y han tenido la oportunidad y el coraje de contar sus experiencias.

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