P. Alonso, Abogado y Militante de Espacio Alternativo-Zamora

 Ante la noticia del auto, por el que el juez Garzón, declara competente a su juzgado para investigar las desapariciones provocadas por el golpe de estado del 17 de Julio de 1936, con el intento de acusar a Franco y a sus 34 generales y militares, así como a los lideres de la falange desde el 17 de julio de 1936  a diciembre de 1951, y buscar a los desaparecidos, uno tiene unos sentimientos contradictorios, por un lado de emoción, de  inocente alegría, pero por otro lado, uno se siente frustrado, se siente estafado, ya sabía que había habido una estafa, pero ahora la siente uno, más evidente, más clara, más indecente.

Desde el punto de vista jurídico, no sirve “el más vale tarde que nunca”, en derecho  no sirve. Nos encontramos ante un auto, que mas allá de las críticas a su técnica procesal, que recibe el juez, siempre por supuesto, por los que lo odian, en este caso coinciden los herederos del franquismo, con los felipistas ( no olvidan el  GAL).

El proceso en sí, es un intento evidente de saldar una cuenta pendiente con las victimas, pero en realidad las victimas hemos sido tod@s los españoles, que de una u otra manera, sufrimos ese atroz régimen y a sus defensores.

Cuando se estudia la carrera de derecho,  a uno  le llenan de teorías en torno al imperio de la ley, la tutela judicial efectiva, la lucha contra la impunidad, la retribución como principio básico en el derecho penal, etc.

De entrada el que suscribe, no tiene ninguna simpatía, ni por el Magistrado- juez estrella, ni por el tribunal de excepción en el que trabaja, tribunal heredero del antiguo Tribunal de orden publico, de infausto recuerdo para los antifranquistas, y tribunal que ahora se dedica a elaborar y aplicar  lo que se llama en derecho, la justicia “ad Hoc”, para contribuir a la represión contra todo el que se posicione a favor de la independencia en Euskalherria.

Pero mas allá de esto, la realidad nos indica que el auto se arma de un entramado de derecho nacional, derecho comparado y legislación internacional, jurisprudencia y doctrina,  absolutamente acertado, y eso si cabe, hace más sangrante la impunidad de los últimos 33 años. Evidentemente las criticas tienen que venir por el hecho de que el juez se limita a circunscribirse al año 1951, como fin de las órdenes de exterminio del régimen contra el bando derrotado, de nada se habla  de los 23 años restantes de dictadura y sus gobiernos responsables de torturas, ejecuciones ilegales y responsabilidad en el mantenimiento de la situación de ocultamiento de los desaparecidos.

Nos encontramos ante un auto que deja a las claras la responsabilidad de los gobiernos españoles, desde el año 1978 a 2008, en el mantenimiento de la impunidad y el no resolver y acabar con el delito de desaparición ilegal, pues es un delito que ha seguido en el tiempo, mientras no aparecieran los cuerpos de estas personas. También queda claro que ha sido ya entrado el año 2003, cuando han sido introducidos los delitos de lesa humanidad en el código penal, lo que demuestra el desinterés de los gobernantes por abrir puertas que pudieran resultarles peligrosas.

El que escribe este, modesto articulo, es un modesto abogado, que tiene que ver todos los días como los juzgados y la ley, son implacables con los que cometen los pequeños delitos, de los que se nutre el funcionamiento de la administración de justicia de este país,  uno tiene que ver como chicos y chicas jóvenes, todos hijos de la clase obrera,  son condenados a 5, 6 o 12 años, por unos delitos y unos principios jurídicos e interpretaciones legales absolutamente disparatadas,  y ahora, después de haber tenido conocimiento de los delitos tan brutales que se imputan, en el auto de Garzón, nadie y menos este sistema, este régimen político,  salido de la transición, tiene legitimidad ni moral ni jurídica para procesar a nadie. Han dejado que los criminales de guerra murieran en sus camas, llevando una vida de señores que no merecían, Serrano Suñer muere en el año 2003, Fernández Cuesta en 1992 y Arrese y Magra en 1986, es simplemente vergonzoso. Seguramente los que se plantea procesar Garzón están ya muertos.

La impunidad, es el elemento clave de lo ocurrido en los últimos 72 años en este país, dieron un golpe de estado contra un gobierno legitimo, asesinaron, torturaron con toda impunidad, robaron, detuvieron ilegalmente a miles de personas  que siguen sin aparecer, mantuvieron secuestrado a todo un pueblo durante 40 años y cuando el dictador muere, el régimen amenaza con seguir en su línea si se le piden cuentas,  y esto es lo que pasa, un pacto entre los políticos del régimen y la socialdemocracia, en sus dos vertientes.

La impunidad, en este caso, es de tal gravedad que deslegitima de una manera clara, cualquier petición de responsabilidad a cualquier ciudadano. En cualquier manual de derecho penal nos enseñan lo básico que es la persecución del delito, como elemento clave en  la prevención  de conductas antijurídicas futuras, y como elemento imprescindible en el adecuado  resarcimiento de las victimas.

La impunidad ante estos hechos, mantiene la continuidad del delito y por lo tanto el daño a las victimas, la impunidad es el principio clave en la victoria del delito y del autor del mismo, marca la pauta de nuevos comportamientos y le deja marcado el camino a futuros criminales de guerra o de lesa humanidad.

Cualquier código  procesal penal, el nuestro también, establece la apertura de una investigación  de oficio o a través de una denuncia de la fiscalia o de parte, si se tuviera conocimiento de la comisión de algún delito, está claro que todo el mundo sabia de la existencia de la  situación que denuncia el auto del magistrado, por lo que solo desde una actitud de ocultar la realidad y los delitos y proteger a los culpables, se pueden  entender la actitudes omisivas, por parte de los ejecutivos de este país y de la administración de justicia, desde 1978.

La impunidad, de los criminales de guerra y genocidas, que muy posiblemente ya hayan muerto, no puede dejar olvidado la situación de los gobiernos posteriores a diciembre de 1951, pues plantear su no responsabilidad en los delitos de detención ilegal, y desapariciones, es cuando menos ridículo. ¿Señoría, no será que de esos años todavía quedan vivos algunos, Fraga entre otros?

Solamente, todo esto, será creíble, si empezamos a abrir procesos judiciales contra los responsables de los gobiernos posteriores a esa fecha, y se investigan los asesinatos, las torturas, las desapariciones, las detenciones ilegales, etc, así como el establecimiento de un régimen ilegal, en una Gran Causa General contra el golpe de estado del 17 de julio de 1936 y el régimen salido de él.

Así mismo, es básica la tipificación en el código penal del delito de negación de los crímenes contra la humanidad cometidos por los fascistas y los militares golpistas, así como se hace necesaria la tipificación del delito de apología del régimen fascista. Es necesario todo esto, por cuanto, sigue siendo intolerable que desde determinados medios de comunicación, desde partidos de la derecha y desde personalidades de la misma ,o  desde la iglesia, todavía tengamos que oír como justifican tan atroz régimen y a sus figuras. Esta apología constante, es una indecencia, pues contribuye a mantener la humillación hacia las victimas y a profundizar en su tortura y en darle continuidad al delito.

Nuestra obligación es recordar a las victimas, de aquel genocidio, es básico mantener levantada la bandera de la libertad, y esto solo lo podemos hacer si somos conscientes, que la batalla debe ser clara y contundente en la persecución de cualquier pequeño vestigio de aquel ominoso régimen y sus defensores.

 

P. Alonso

Abogado y Militante de Espacio Alternativo Zamora