Daniel Albarracín

El gobierno del PSOE está enfrentando a la crisis con un diagnóstico erróneo. Creen presenciar un problema de liquidez crediticia y una crisis inmobiliaria, de carácter transitorio. Pero se trata de una crisis de solvencia y financiarización estructural que lastra la inversión y el valor de los activos por no satisfacer con la rentabilidad esperada para dividendos e intereses.

Se va a apoyar a los causantes de la crisis sin garantizar un cambio de criterios ni actores. No rectifica la línea que ha ocasionado este desastre, y la garantía de 20.000 euros para cada depósito causa desconfianza de por sí. Las compras estatales de activos “no tóxicos” de la banca (50.000 millones €) para reestablecer la liquidez va al síntoma y no al síndrome; igual sucede con la línea de créditos (3.000 millones €) para constructores. La condición de dar salida a viviendas en alquiler por un periodo, ni cubre las necesidades sociales, ni impedirá cierres inevitables. La creación de sociedades cotizadas de inversión para el sector inmobiliario con un régimen fiscal favorable reincide en salvar a los que no lo merecen.

Como ayudas a empresas en forma de avales se inyectan 10.000 millones de euros, y la devolución del IVA será cada mes. Se incide en apoyar al sector privado, y confiarlo todo al mercado, descapitalizando al Estado para abordar iniciativas de interés general.

Para el resto de la población, la deducción de 400 euros (6.000 millones €) en la retención de la nómina, beneficia con efectos regresivos a diversos colectivos. Ante las malas expectativas, no se traduce en más consumo. Hubiera sido mejor una apuesta por la inversión colectiva en bienes públicos de carácter social. La ampliación gratuita del plazo de las hipotecas por dos años, sólo es una medida de alivio momentánea.

La eliminación de impuestos, como el de Patrimonio, y la previsión de rebajas fiscales diversas, supone una nueva pinza sobre la sostenibilidad financiera del Estado, porque mientras se reducen los ingresos aumentan los gastos, en una línea de socialización de pérdidas que pagaremos las auténticas víctimas de la crisis. El Estado salva generosamente al capital privado y deviene en instrumento de explotación social, alardeando de austeridad con las políticas económicas de interés social.