La guerra de Afganistán, que ahora llega a su séptimo año, es presentada por el gobierno español como una guerra "distinta" de la de Irak, amparada por resoluciones de la ONU. Pero esta guerra nada tiene de diferente, y nada tiene que ver con la democracia y la libertad, sino que, como la de Irak, defiende los intereses de las grandes potencias.
El pueblo afgano tiene la mala suerte de vivir en una zona de gran importancia geoestratégica, fronteriza con Irán, China, Pakistán, y cerca de los importantes yacimientos energéticos del Mar Caspio. Después de los atentados del 11-S, los dirigentes de los EEUU vieron la oportunidad de imponerse en la región.
Después de casi siete años de ocupación, decenas de miles de civiles han muerto en Afganistán y millones continúan siendo refugiados. El país está en una situación terrible que no tiene posibilidad de mejorar sin el fin de la guerra y la ocupación.
La OTAN ha aprovechado la ocasión para reciclarse en policía mundial. Y no olvidemos la sombra de Guantánamo. La guerra contra el terror ha producido un enorme retroceso en los derechos humanos en todo el planeta, dando a los gobiernos una coartada para criminalizar expresiones de oposición al sistema que no tienen nada a ver con el terrorismo.
La participación española
El gobierno sostiene que las tropas españolas no forman parte de la ocupación, sino que trabajan en la reconstrucción. Pero el propio Secretario General de la OTAN rechaza cualquier separación entre reconstrucción y guerra, declarando que "Afganistán es un solo país. Es un solo teatro estratégico para la OTAN". También según la OTAN, la función los equipos de reconstrucción en los que trabajan los soldados españoles es de "extender la autoridad del Gobierno central"; es decir, fortalecer el gobierno impuesto por la ocupación.
La presencia española en Afganistán forma parte de un cuadro preocupante. El Estado español ha votado repetidamente en la ONU para legitimar la ocupación de Irak; las bases militares de EEUU en el Estado español continúan siendo escala para los vuelos ilegales de la CIA, y ahora se plantea la construcción de una nueva base en Zaragoza; el gobierno español mantiene su apoyo al gobierno israelí y después de la guerra de Israel contra Líbano en el 2006, las tropas españolas vigilan no al agresor, sino a la víctima de guerra; durante el mandato del gobierno de Zapatero, tanto el gasto militar como el comercio de armas se han disparado; e incluso la nueva ministra de Defensa ha declarado "obsoleto" el límite de 3.000 soldados españoles destinados al exterior, abriendo así el camino a todavía más intervenciones militares.
Es evidente que el gobierno de Zapatero se ha alejado mucho del sentimiento popular antiguerra que lo alzó al poder en 2004. Actualmente, más de la mitad de la población ve como negativa la presencia de tropas españolas en Afganistán, y pide su retirada.
¿Cuál es la solución?
La retirada de las fuerzas españolas de Irak -fruto de las masivas protestas antiguerra de 2003- fue un paso importante, y motivó a muchos otros países a salir de aquella guerra ilegal. Los mismos argumentos se aplican a este caso: se trata de una guerra ilegal e ilegítima que persigue un interés estratégico en detrimento del bienestar de la población.
Hasta hoy, el Estado español ha gastado más de 1.100 millones de euros en la invasión y ocupación de Afganistán. Ante la actual crisis económica, la retirada de las tropas de Afganistán -idealmente como parte de una reducción global al gasto militar- liberaría recursos para invertir en servicios públicos y trabajos.
Exijamos la retirada inmediata de las tropas españolas de Afganistán, y que no las envíen a otra misión en el exterior, sino que sea el primer paso del replanteamiento de la política militar del Estado.
Por este motivo se está organizando una gran campaña que culminará con un día de movilización a favor de esta demanda el 22 de noviembre en casi todo el Estado, y el 29 en Madrid.
* Extractos adaptados de artículos de la Plataforma Aturem la Guerra
Izquierda Anticapitalista




