Editorial
La crisis económica,
lejos de haber tocado fondo, sigue avanzando con bota de hierro. Así
lo demuestran los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes
al cuarto trimestre del año 2008: una tasa de paro que se eleva al
13,91% y 3.207.900 personas sin trabajo. Frente a esta situación El
Gobierno del PSOE, después de ir adoptando un abanico de medidas la
mayoría de las cuales dan nuevo apoyo al sector privado, dice ahora
por boca de su vicepresidenta que vigilará
la situación de los hogares con todos sus miembros desempleados
para cumplir con el compromiso de "no abandonar a nadie a su suerte".
Algo sumamente difícil, por no decir imposible, con la política que
se está aplicando.
Medidas
contra la crisis
Para que las
medidas contra la crisis favorezcan a la mayoría social su punto de
partida debe ser la defensa del empleo contra los despidos, la creación
de empleo público, el aumento de los salarios y el freno a las privatizaciones.
Existen sobrados recursos para ello, como evidencian los planes de rescate
planteados, y sólo hace falta voluntad política. Por otra parte,
las ayudas incondicionales al sector financiero privado deberían ser
sustituidas por una apuesta decidida por un sistema financiero público
al servicio de las necesidades sociales actualmente insatisfechas. Para
salvar el empleo es preciso hacer incursiones en la propiedad privada
de las grandes empresas que se hunden y no hay que dudar en defender
su nacionalización bajo control de los trabajadores. Finalmente, considerando
que la crisis es también ecológica, hay que reconvertir el modelo
productivo y de consumo.
Respuestas
insuficientes
Los sindicatos
mayoritarios se posicionan frente a la crisis de manera timorata y ridícula.
UGT pidiendo “responsabilidad a los empresarios, a las entidades
financieras y a las administraciones públicas”. CCOO solicitando
al Gobierno que “active el diálogo social” . Por otra parte,
en cada empresa que se cierra, en cada ERE que se abre, UGT y CCOO,
responden de manera aislada, dando en general por válidos los argumentos
de los empresarios y buscando “el mal menor” con salidas negociadas
que sólo consiguen, cuando lo hacen, arrancar unas pocas migajas.
Las respuestas
obreras a la crisis son de momento puntuales y aisladas, a pesar de
la potencia de algunas de ellas. Mientras no se produzca una lucha conjunta
de la clase trabajadora las posibilidades de éxito son tremendamente
limitadas y la crisis seguirá avanzando, destruyendo empleo, generando
malestar social y favoreciendo el crecimiento- ya visible -de las opciones
de extrema derecha.
Política
represiva en Euskadi, alineada en el exterior con Washington
Pero el gobierno
de Zapatero no sólo da una mala respuesta al problema crucial de la
crisis económica, sino que sigue obcecado en su política represiva
contra ETA y el entorno abertzale. Para ello cuenta con el apoyo decidido
del Poder Judicial, como lo demuestra la reciente detención de
ocho de los dirigentes del proyecto político abertzale D3M realizada
por Garzón. El objetivo inmediato de las detenciones no parece ser
otro, según ha manifestado el mismo juez impulsor del operativo, que
el de impedir que D3M se presente a las próximas elecciones.
Frente a estos
ataques la izquierda abertzale, muy debilitada, puede ahora mismo ofrecer
escasa resistencia. Desde otros ámbitos, dentro y fuera de Euskadi,
resulta también muy difícil dar respuesta. El Gobierno parece tener
la voluntad de acabar con cualquier expresión política de los abertzales
y de hacer lo mismo con ETA por la vía policial. Pero, aunque en estos
momentos tal pretensión pueda parecer viable, no hay que olvidar que
en el trasfondo del problema de la violencia se encuentra la negación
del derecho democrático de Euskadi a la autodeterminación, impedimento
que seguirá originando múltiples conflictos.
En la misma
tónica, el gobierno socialista, junto con el resto de gobiernos de
la UE, ha permitido la masacre perpetrada por Israel en Gaza, sin hacer
otra cosa que ambiguos llamamientos a la paz.
Para hacer frente a la crisis económica y promover cambios sustanciales en materia de derechos democráticos, política exterior y otros muchos ámbitos, es preciso, como venimos repitiendo, que se produzca una intensa movilización social y que emerja una nueva fuerza anticapitalista capaz de plantear una firme alternativa política. En esta dirección continúa trabajando Izquierda Anticapitalista.

































































