Lluís Rabell

Las cifras del paro aumentan de día en día, mientras se suceden los pronósticos más alarmantes. ¿Acabaremos en el 2009 con cuatro millones de trabajadoras y trabajadores sin empleo? ¿Se verá afectado el 20% de la población activa, como lo afirman algunos expertos?

La realidad cotidiana hace temer lo peor: a estas alturas, ya hay en el Estado español más de 800.000 familias con todos sus miembros desempleados.

Hoy por hoy, la resistencia en las fábricas ante los expedientes constituye el primer vector de la reacción del mundo del trabajo. Pero estas luchas, generalmente encuadradas por los sindicatos mayoritarios, siguen las pautas y rutinas de la situación anterior a la crisis. El movimiento obrero todavía no ha tomado la verdadera medida de la misma.

La recesión se anuncia larga y duradera en todos los países industrializados. Por lo que respecta al Estado español, sus consecuencias son y serán de una gravedad extrema. La construcción, verdadero motor del modelo económico, ha colapsado, y no tiene perspectivas de reactivación a corto ni medio plazo.

El tejido industrial, transformado a lo largo de las últimas décadas bajo los parámetros de la globalización, no sólo no ha podido amortiguar el choque de la crisis inmobiliaria, sino que ha concentrado las formas más agudas de la recesión. Las grandes multinacionales, desde la automoción a la electrónica, han empezado a aplicar severos planes de ajuste y deslocalización de la producción en función de sus estrategias mundiales, precipitando a la ruina todo un enjambre de industrias auxiliares que orbitaban en torno a las grandes firmas. La crisis financiera se ha traducido en una brutal restricción del crédito, asfixiando empresas y familias.

Dos retos

Añadamos que, respetuosos con la gestión del sistema, los gobiernos de Zapatero y Montilla se revelan incapaces de esbozar alternativa alguna. Peor aún: perseveran en las políticas que nos han llevado hasta aquí, bajando impuestos a los más ricos, inyectando dinero público a los bancos y cediendo, atemorizados, ante los dictados de Volkswagen, Nissan, Renault o Sony.

En semejantes condiciones, batirse expediente por expediente, una fábrica tras otra, sólo puede conducir al fracaso. Tal vez, como en Pirelli, se obtengan mejores indemnizaciones después de semanas de movilización de la plantilla (55 días); pero nada frenará la destrucción de puestos de trabajo. Ahora mismo, el comité de empresa de Nissan está negociando un plan de viabilidad de la factoría de Zona Franca bajo la amenaza de cerca de dos mil despidos... y con la plantilla atomizada y dispersa como resultado de las drásticas reducciones de la producción decididas por la multinacional. Más de doscientos trabajadores y trabajadoras de la empresa auxiliar "Acciona" recibieron ya la notificación de despido tras las fiestas navideñas.

Aquí, como todas partes, se impone la necesidad de otra lógica: la construcción de un movimiento de conjunto que, para ser eficaz, tiene que superar dos retos. Primero, plantear alternativas globales - prohibición de despidos, intervención de las firmas que pretenden deslocalizar, creación de un gran servicio público de crédito y ahorro, planes de reconversión industrial con criterios de sostenibilidad y de interés social bajo control de asalariados y asalariadas… Y segundo, reencontrar formas de lucha y de organización a la altura de las circunstancias: la huelga con ocupación, la asamblea decisoria, la coordinación de las luchas, la unidad de acción... y la perspectiva de una huelga general (hoy denostada por los líderes de CCOO y de UGT), preparada a partir de jornadas de lucha sectoriales, como en el ramo del metal.

He ahí la lógica anticapitalista que la izquierda sindical tiene como tarea popularizar si desea encarar los tiempos que se avecinan.