Estado español: Hace falta un giro en las luchas

 Lluís Rabell  

 Las últimas semanas, con una acentuación de los efectos de la crisis, están mostrando el agotamiento del modelo de acción sindical que ha prevalecido en el período de “crecimiento”. La etapa de “bonanza” se caracterizó por una larga fase de contención salarial – pactada entre CCOO, UGT y la CEOE, que acotaban año tras año a nivel estatal los márgenes de la negociación colectiva – y por la extensión de la precariedad contractual. Por esa vía, y gracias también a una fiscalidad favorable a los grandes ingresos, hemos asistido a una ingente transferencia de las rentas del trabajo a los bolsillos de los capitalistas. El limitado poder adquisitivo de los salarios tendía a compensarse con un abaratamiento de los créditos – generando una situación de endeudamiento de las familias que la recesión nos revela hoy con toda su crudeza.

 Pero, la existencia de una demanda sostenida de mano de obra – sobre todo mientras se mantuvo pujante el ramo de la construcción y, con él, el enjambre de industrias que gravitan a su alrededor – no sólo hizo más suave la percepción general de la pendiente por la que se deslizaba la economía del país, sino que, conjugándose con lo anterior, determinó un cierto modelo de gestión de los conflictos sociales, generalmente a la defensiva, por parte de los sindicatos mayoritarios. De modo significativo, la fase anterior a la crisis financiera, industrial y medioambiental en que estamos sumidos estuvo marcada por un largo rosario de deslocalizaciones. La “cultura sindical” que fraguó en las empresas durante esos años no fue tanto la defensa del puesto de trabajo como la obtención de indemnizaciones dignas: entre prejubilaciones y perspectivas de nuevos empleos para los colectivos más jóvenes – cada vez más inciertos en cuanto al futuro, pero empleos al fin y al cabo – resultaba posible ir trampeando la situación.

 Todo eso ha terminado. Con la implosión del modelo productivo y de crecimiento, la tradición sindical de estos años revela toda su impotencia. El movimiento obrero va tomando consciencia de la gravedad de la crisis. Pero, ante las estrategias ineficaces de sus organizaciones y la ausencia de una alternativa, todavía acumula tropiezos y temores más que otra cosa. Basta comparar la situación de conflictividad laboral que teníamos en Catalunya – especialmente afectada por la crisis industrial – durante el otoño y la que tenemos ahora. El indicador de horas de trabajo perdidas por huelga ha bajado en enero y febrero. Pero no es sólo eso: algunos de los conflictos que teníamos abiertos el año pasado han ido resolviéndose, o están en camino de hacerlo si no se le pone remedio, de la peor manera.

 Cuando la plantilla de Nissan salió a la calle contra el ERE que se le venía encima, llegó a polarizar muchas otras resistencias fabriles de variadas dimensiones: Pirelli, Tyco, Delphi, Simon… Hoy, muchos de esos expedientes han acabado imponiéndose. La batalla empresa por empresa se demuestra insostenible a medio plazo frente a la determinación patronal y, con harta frecuencia, la connivencia de la Conselleria de Treball. Caso emblemático donde los haya, el Comité de empresa – y luego, en referéndum, la plantilla - de Pirelli, en Manresa, aceptaron el pasado mes de enero, “como mal menor”, el despido de más de doscientos trabajadores y trabajadoras. El president Montilla, se decía, había obtenido garantías de la multinacional en cuanto a la continuidad de la factoría. A las pocas semanas del desgarrador espectáculo de los despedidos recibiendo la carta que rescindía su contrato en la misma puerta de la fábrica, repelidos por los guardias de seguridad mientras los más “afortunados” se dirigían cabizbajos a sus puestos de trabajo, Pirelli anunció su intención de liquidar toda actividad productiva a finales de año. ¿Cómo relanzar la lucha después de esto?

 ¿Y Nissan? Después de meses peleando contra la pretensión de la multinacional de despedir a más de 1.600 trabajadores y trabajadoras… los sindicatos mayoritarios, USO, CCOO y UGT, junto con la Generalitat, presentan como una “victoria” un acuerdo en virtud del que se suprimirían 1.400 puestos de trabajo (unas 200 personas han ido acogiéndose ya a las bajas voluntarias promovidas por la empresa). ¿Se ofrecen fuertes indemnizaciones? Desde luego, no alcanzarán a los miles de puestos de trabajo que se perderán en la industria auxiliar como consecuencia de esa reestructuración. Curiosamente además, el costo de tales indemnizaciones coincide con el montante de las ayudas económicas que el gobierno ha concedido a Nissan. ¿Y qué decir de SEAT, donde bajo el chantaje de Volkswagen y la cobardía de las burocracias sindicales, se ha empujado la plantilla a votar la congelación salarial, sentando un pésimo precedente de cara a la negociación colectiva en toda Catalunya?

 Sólo en el sector público, como en TMB o en la enseñanza, se han dado luchas de envergadura por mejoras contractuales y en defensa del servicio público. En la empresa privada las cosas son distintas. Contrastando con la masividad de la huelga y las manifestaciones de maestros y estudiantes del día 19, la manifestación del pasado 14 de marzo, convocada por CCOO y UGT para “plantar cara a la crisis”, reunió a cuadros y delegados de esas centrales, pero apenas alguna plantilla de empresas en lucha (Bosch).

 Los sondeos de opinión, siempre manipulables, deben ser vistos con recelo. No deja de ser significativo, sin embargo, que ante la crisis una mayoría de la ciudadanía se declare favorable a un cogobierno de la izquierda y de la derecha nacionalista (CiU). Eso refleja hasta qué punto el movimiento obrero ha ido perdiendo fuerza como referente de polarización social. Urge abrir una perspectiva creíble de resistencia, de coordinación de luchas y de preparación de una huelga general, levantando un plan de medidas de urgencia. La izquierda sindical, que debe ser la primera en empujar en ese sentido, tiene una enorme tarea por delante.