Gran Bretaña: Huelgas polémicas

Lunes 23 de marzo de 2009

B.A.

La huelga de miles de trabajadores de diversas refinerías petrolíferas y centrales eléctricas contra una empresa italiana contratada para construir la ampliación de una refinería en el Este de Inglaterra con 300 trabajadores italianos ha suscitado valoraciones fuertemente encontradas dentro de la izquierda.
 
La controversia se centra en las demandas de los huelguistas. Haciendo eco de una frase del primer ministro Gordon Brown, enseguida aparecieron carteles reivindicando "Puestos de trabajo británicos para trabajadores británicos". A primera vista, parece que esta consigna va más allá de un proteccionismo o corporativismo "normal" hasta convertirse en un ataque chovinista de extrema peligrosidad. Y no es casual que el Partido Nacional Británico (BNP - fascista) intentara meter baza.

No obstante, las declaraciones oficiales de los huelguistas criticaban el hecho de que este contrato excluía toda posibilidad de contratación local y que muy probablemente el salario y las condiciones de los trabajadores italianos serían sensiblemente inferiores a los establecidos en el convenio colectivo correspondiente vigente en Gran Bretaña.
 
Conviene precisar que el concepto de contratación local engloba el gran número de polacos que trabajan en el sector y que muchos trabajadores polacos participaron en las huelgas solidarias (tipificadas como ilegales por la legislación sobre derechos sindicales en vigor desde el tiempo de la Thatcher y nunca revocada por el Partido Laborista).
 
En un interesante comunicado titulado "Unidos contra la libre circulación de los servicios", el círculo Karl Marx de Rifondazione Comunista de Londres (RC) analizó una serie de prácticas empresariales amparadas por normativas comunitarias que van contra los intereses de todos los trabajadores afectados.

RC subraya que el marco regulatorio de la Unión Europea, especialmente la Directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores y diversos resoluciones del Tribunal Europeo de Justicia (TEJ), establecen que las empresas extranjeras que suministran un servicio tienen que cumplir sólo con las normativas legislativas del país huésped, pero no con los convenios colectivos.

Incluso cualquier huelga contra este tipo de "deslocalización temporal" podría contravenir la legislación comunitaria, dejando a los sindicatos vulnerables a sanciones económicas.
 
En 2003 la compañía finlandesa de transbordadores, Viking Line, colocó su flota bajo otra bandera y contrató a tripulaciones procedentes de Estonia, recortando así los costes salariales en un 60%, acción avalada después por el TEJ.

En 2004 una empresa letona, Laval, envió a Suecia un contingente de trabajadores de la construcción a los cuales pagaba según los salarios mucho más bajos fijados en el convenio letón, opción igualmente revalidada por el TEJ.

Como dice el círculo de RC de Londres, expresando su "solidaridad con todos los trabajadores implicados en el conflicto", "independientemente de su nacionalidad, ellos son las principales víctimas de las políticas neoliberales de la desregularización". Políticas, hay que añadir, que esencialmente permanecerán en pie a pesar de la crisis.
 
Y como remata Socialist Resistance (agrupamiento que incluye a las personas afiliadas a la Cuarta Internacional), es imprescindible reivindicar la igualdad de acceso a todos los puestos de trabajo, defender los convenios colectivos, promover la solidaridad internacional y rechazar el racismo y la xenofobia.

 

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