Normalmente, el valor jurídico que se invoca para justificar la utilización de la violencia “legítima” de la policía es el mantenimiento del orden público. Este concepto es enormemente ambiguo y elástico, pero dentro del ideario liberal se refiere al funcionamiento armonioso de los quehaceres cotidianos y a la reproducción de las relaciones sociales existentes y de las instituciones establecidas. En este sentido, el “orden público” sería un valor cívico inspirado en el “interés general”, que se situaría por encima de la legitimidad parcial de la defensa de intereses “particulares”. El constitucionalismo burgués insiste en la necesidad de salvaguardar el “interés general” cuando sea vulnerado por una lucha que busca defender determinados intereses. La doctrina opera así, el libre funcionamiento de la sociedad entra en contradicción con ciertas formas de defender intereses específicos “particulares”, aunque sean, o al menos se admita a regañadientes que son, legítimos. De ahí que la función del Estado constitucional es imponer límites a los repertorios de acción que ciertos actores pueden desplegar para defender sus intereses. El gran debate, como siempre, es definir quién defiende “el interés general” y quién está salvaguardando “intereses particulares”. Es decir, que cualquier conflicto social y político se dirime tras la evolución de correlaciones de fuerzas objetivas y de luchas por la legitimidad y por ganarse a la opinión pública. En buena medida, la hegemonía que ejercen las clases dominantes consiste en su capacidad de limitar al máximo el ámbito de lo imaginable y de lo cuestionable en la cabeza de la gente y presentar la defensa de sus propios intereses como la defensa del “interés general”, ya sea hablando en nombre de la nación, de la patria, del sentido común, del buen funcionamiento de “la economía”, de los derechos humanos o de la seguridad ciudadana.

Pues bien, así es como el 18 de marzo, a pesar de admitir “excesos”, se intentó legitimar la intervención represiva de los Mossos contra los estudiantes anti-Bolonia. Sin embargo, lo que a ningún “tertuliano” (¡a cuál más pretencioso e ignorante!) se le ocurrió platear fue, justamente, que el factor que más alteró el orden público fue la intervención de los antidisturbios, quienes desalojaron una ocupación pacífica por la mañana, machacaron a quienes protestaron al mediodía y disolvieron brutalmente una manifestación de varios millares de ciudadanos indignados por la noche. Resumiendo: los incidentes violentos y la alteración del orden público fueron responsabilidad casi exclusiva de la policía.

La batalla por la legitimidad

Como decíamos más arriba, cuando las fuerzas represivas utilizan la violencia para imponer límites a la acción del movimiento estudiantil, del movimiento obrero o de cualquier otro movimiento social lo hacen invocando la defensa del “orden público” como valor superior al que defienden los sectores en lucha: los derechos sociales, la educación pública, los empleos, etc… La gente debe “entender” que la defensa del orden público no puede ser coartada por sus intereses “particulares”. “Si has perdido tu empleo es tu problema, pero el orden público nos incumbe a todos, por tanto debes resignarte a no utilizar formas de lucha y de presión que coarten derechos generales”. Para contrarrestar este discurso es necesario reconquistar el sentido común de que “antes el desorden que la injusticia”, que ha retrocedido mucho con la restauración conservadora de las últimas décadas. Ahora bien, el problema político de fondo es obtener una legitimidad política de las luchas y presentarlas como iniciativas que interpelan a todo el mundo y que defienden valores e intereses universales. De ahí la importancia de que las formas de lucha y acción sean comprensibles y legítimas a ojos de las mayorías sociales (algo que depende del nivel de conciencia política medio de la población, en relación con el cual hay que medir bien lo que se hace y cómo se hace). Aquí intenvienen muchas variables, que deben calibrarse de un modo concreto en cada lucha determinada: masividad, relación entre el sector activo y el conjunto de los colectivos concernidos, las modalidades de acción, la capacidad de tejer alianzas, el uso que se haga eventualmente de formas de coacción o de violencia… Ciertamente, la batalla por contrarrestar los sutiles efectos ideológicos de la parcialidad mediática es una tarea estratégica (y los medios alternativos, ya sean electrónicos o impresos, y la propaganda de distribución masiva, son instrumentos fundamentales para ello). Ahora bien, hay que cuidarse bien de caer en el simplismo a ese respecto: los medios de masas siempre manipulan, pero, a su vez, son muy sensibles a los cambios en la opinión pública, adaptando muy ágilmente su discurso a esas oscilaciones, evitando de ese modo que su parcialidad se vuelva patente. No es por azar que los medios y los responsables políticos, empresariales o académicos insistan en cuestionar la representatividad real de los intereses que defienden los sectores en lucha: “son una minoría radical que manipula a los estudiantes buenos”, “son agitadores que vienen de fuera de la universidad… cuando no son extranjeros” (ayer eran agentes cubanos o libios, hoy son roñosos okupas berlineses armados con perros y litronas…), “esto es una rencilla corporativa de los sindicatos que no incumbe al común de los trabajadores”, “lo que dicen es legítimo, pero la violencia es intolerable… (cuando no la ejerce la policía, desde luego)”, “los que no se movilizan están de acuerdo con el Proceso de Bolonia”, “estos se divierten, los serios estudian”, “se trata de un malestar generacional, nos ha pasado a todos”… Estas batallas por deslegitimar las luchas sociopolíticas tienen un peso determinante en su desenlace.

Correlaciones de fuerzas, coerción, violencia

Dicho esto, hay otro elemento que interacciona dialécticamente con la batalla por la legitimidad y que, a su vez, la sustenta: las correlaciones de fuerzas. En la lucha de clases, la movilización es, en todas sus variantes, una demostración de fuerza que puede tradicirse en capacidad de presión política (manifestaciones), de coacción socioeconómica (huelgas), de coerción (determinados tipos de piquetes) o de violencia (enfrentamientos con el Estado o la clase antagónica, que pueden ir desde la violencia simbólica del lanzamiento de pintura a la policía, o de pasteles a autoridades, hasta la insurrección armada o la guerra civil). De lo que no hay duda es de que cualquier modo de movilización supone un esfuerzo por alterar la correlación de fuerzas en favor de sus protagonistas. Para l@s marxistas, las sociedades están atravesadas por contradicciones permanentes que pueden manifestarse de un modo distorsionado, aproximado, a veces hasta codificado, en todos los conflictos sociopolíticos. Aquí, la comprensión de la omnipresencia de la contradicción irreconciliable entre los intereses del capital y del mundo del trabajo (entre burguesía, los que viven del trabajo ajeno, y proletariado, los que están obligados a trabajar para vivir) es vital para orientarse ante conflictos complejos, en los que a menudo se superponen otras contradicciones y especificidades. En este sentido, hay que entender que las clases dominantes ceden a un aparato especializado y separado de la sociedad la gestión directa de los conflictos sociales. Esta es una de las especificidades de la modernidad capitalista (a diferencia de las sociedades de clases precapitalistas): en las sociedades tradicionales el ejercicio del poder era más orgánico, el dominio político tenía una función económica clara y, a su vez, los aparatos ideológicos estaban directamente imbricados en las estructuras socioeconómicas precapitalistas. Bajo el capitalismo moderno, y por efecto de la división del trabajo y la concurrencia, se alteran los ámbitos geográficos (división campo-ciudad), la economía se emancipa de la tutela del poder político (aparece una sociedad civil diferenciada del Estado, donde se afianza el poder socioeconómico e ideológico de la burguesía), los aparatos de dominación política se autonomizan y se centralizan. En este sentido, las clases que concentran el grueso de la propiedad privada –la fuente última del poder político bajo el capitalismo– ejercen su dominio coercitivo sobre el proletariado indirectamente, delegando esa función en un aparato más o menos autónomo y altamente sofisticado. A su vez, la autonomía relativa de ese aparato de poder hunde sus raíces en la naturaleza competitiva del capitalismo y las diferenciaciones internas de la burguesía como clase social, ya que el Estado debe garantizar la defensa de los intereses, no de tal o cual capitalista particular, sino los intereses de la burguesía en su conjunto, independientemente de sus contradiciones y su pluralidad interna. Pero el Estado debe defender esos intereses presentándolos, no como intereses de una clase particular, sino como intereses “generales”, no como intereses de “los empresarios”, sino como intereses “del conjunto de la economía”. En este sentido, la fuerza represiva del Estado se presenta como el garante de los derechos políticos de toda la sociedad, de la legalidad y la convivencia. Así, se crea un monopolio de la violencia pública para garantizar que nadie recurrirá a la violencia privada para imponer sus intereses particulares. Se representa a la sociedad como una interacción entre individuos abstractos a los que se otorga derechos y se exige deberes (ciudadanos) y el Estado (un supuesto árbitro que regula conflictos interindividuales y que, a cambio, otorga derechos e impone deberes), encubriendo una realidad muy distinta de esta mistificación: un antagonismo entre clases sociales que es gestionado por un aparato separado de la sociedad civil y que se erige en juez y parte.  En realidad, el Estado es el principal instrumento de dominación de una clase social por otra y, en última instancia, “un grupo de hombres armados”, en palabras de Engels. El monopolio de la violencia por parte de una minoría que consigue legitimar su uso ante la mayoría es la fuente última del poder necesario para reproducir una distribución desigualitaria y clasista de la riqueza en una sociedad dada. En este sentido, las desigualdades sociales son las fuentes últimas de la existencia del poder político coercitivo que representa el Estado. A más desigualdad, cuanto más se agudizan las contradicciones sociales, más tiende a hipertrofiarse el Estado como aparato coercitivo (algo que no es en absoluto contradictorio con el desmantelamiento de las funciones redistributivas y asistenciales del mismo). Cuando se reducen las desigualdades y las contradicciones sociales, menos conflictos sociales se desencadenan y menos se necesita un aparato represivo para imponer la paz social.

Dominio y hegemonía

Como analizó correctamente Gramsci, no ha existido nunca ninguna sociedad de clases que se haya sustentado exclusivamente en la dominación, la coerción y la violencia para afianzar su poder. En todas las sociedades, las clases en el poder han debido cultivar su hegemonía político-ideológica, labrarse consensos, homologar sentidos comunes conservadores, inocular en los oprimidos la resignación, la impotencia y el escepticismo. Toda clase dominante debe convencer a los dominados de que su situación es inevitable (“Bolonia es imparable”, dicen los rectores), de que es la menos mala posible y de que es inútil intentar mejorarla, ya que todo intento de mejorar las cosas puede tener costes… que no valgan la pena. La ideología dominante en una sociedad es siempre la de la clase dominante. En tiempos de estabilidad y normalidad, la mayoría del proletariado se ve a si mismo con los ojos de la burguesía, piensa con no pocas de sus categorías, ya que ésta es la clase que modela la percepción de la realidad (los medios de comunicación mediatizan enormemente la representación de lo que es real y/o relevante), del realismo, de lo posible y lo deseable. Este monólogo de las clases dominantes sólo se rompe cuando los y las de abajo se movilizan y toman conciencia de que tienen intereses diferentes de los de los sectores acomodados, que la lucha vale la pena y que los medios manipulan. Con la lucha también se experimenta que la gente solitaria no tiene poder, pero que, cuando se une, se siente fuerte y con capacidad de incidir en la realidad. Otro elemento clave de la toma de conciencia política que propician las luchas es la percepción clara (a veces un porrazo es más ilustrativo al respecto que cien tratados de teoría marxista del Estado) de que el Estado, aunque sea “democrático”, utiliza la represión contra quienes luchan (una represión que hasta puede ser encarnizada, como hemos visto estos días). En definitiva, el poder de la burguesía se sustenta en una dialéctica entre dominación y dirección ideológica, entre coerción y consentimiento, entre palabra y violencia, un círculo vicioso de la dominación que sólo puede cortocircuitarse cuando los y las de abajo irrumpen en escena. Y los que mandan son perfectamente coscientes de ello.

En efecto, las clases dominantes a menudo son más conscientes del potencial subversivo de ciertas luchas que sus propios protagonistas. La tolerancia paternalista de las autoridades hacia movimientos sin arraigo de masas es muestra de que no crean problemas significativos. El aislamiento de los individuos, las rutinas de la división clasista del trabajo, la privatización de la vida cotidiana son dinámicas que facilitan la manipulación y la atomización de las personas. La organización de los de abajo es lo que da miedo. Cuando hay luchas sostenidas que pueden romper el aislamiento de los individuos y propiciar una toma de conciencia política, sobre todo cuando se trata de la juventud, la función de la represión es imponer la atomización por las malas, romper los procesos incipientes de autoorganización, dividir a los sectores en lucha… La lucha estudiantil es, sin duda, aquí, pero también en Europa, una preocupación central de las autoridades. Desde los años sesenta constituye una vanguardia táctica temible que hay que aislar del movimiento obrero.

Pero el recurso a la represión depende de muchas variables. Cada sociedad capitalista concreta, cada formación social, recurre a una combinación específica de coerción y consentimiento para afianzar su poder y, al contrario de lo que puede parecer a primera vista, las sociedades más represivas (dictaduras, dictablandas o hasta regímenes fascistas) manifiestan una debilidad sociopolítica de las clases dominantes mayor que las sociedades en las que la cooptación y la corrupción, el “consenso”, “el machaque propagandístico-mediático” y “el diálogo” (léase el engaño) son los medios predilectos para afianzar el poder de la burguesía. Decía Trotsky que la democracia burguesa es un modo de dominación muy aristocrático, ya que los métodos brutales de dominación se trasladan a las áreas de influencia o a las colonias para garantizar un flujo de riqueza suficiente a los centros imperialistas que permita comprar la paz social e integrar en el sistema a las capas mejor retribuidas de asalariados y a los aparatos políticos y sindicales reformistas. Aún así, la apariencia de “neutralidad” del Estado burgués es mucho más abrumadora cuando hay bonanza económica y crece el pastel para todas las clases sociales en un contexto de desmovilización. Con la crisis actual, conforme se reducen las porciones de la tarta, los conflictos van a ser muy amargos, algo que necesariamente forzará al Estado a mostrar su cara más fea: las porras… quizás hasta incluso las balas.

¿Error de cálculo?

Actualmente vivimos un contexto marcado por un desplome financiero que ha ahogado la economía real y ha cortado en seco la orgía de endeudamiento privado que había propiciado la financiarización de la economía mundial. Hace unos meses todo el establishment seguía esforzándose en utilizar cualquier eufemismo que evitara la etiqueta fatídica de “crisis”. Hoy dicen que sólo es una crisis y no una segunda gran depresión mundial. Los cálculos oficiales pronostican que la situación actual se prolongará unos dos años más. Creemos que esto sigue siendo buena propaganda y mal análisis de la situación. En el Estado español las cosas están aún peor que en el resto de países industrializados, debido a la fragilidad estructural de su modelo de crecimiento –muy basado en la construcción, el turismo y las finanzas–. En este contexto de cierres de empresas en cascada, los poderes públicos son conscientes de que puede darse una situación social muy tensa, en la que la eventualidad de una explosición social sea cada vez más probable. Hace años, cuando algunos argumentábamos que era factible que algún día se diera una especie de argentinazo (la situación pre-revolucionaria que se vivió en la Argentina en 2001) a la española y que había que construir una izquierda revolucionaria a marchas forzadas para estar a la altura de la situación, los amigos escépticos pensaban que habíamos enloquecido. Pues bien, ya veremos qué sucede en los próximos meses o años.

Hasta el momento, las luchas han sido muy defensivas –cuando no desesperadas– y han creado pocas sinergias. No se ha conocido una dinámica de unificación de luchas y reivindicaciones, ni movimiento capaz de centralizar peleas fragmentarias. Una dinámica así es algo a lo que le tienen pánico los ejecutivos catalán y español. Cuando, rompiendo con un cierta tolerancia paternalista, los responsables (políticos y/o policiales) de Interior dan carta blanca a los Mossos, es señal inequívoca de que hay un cierto nerviosismo ante el potencial estratégico de determinadas luchas. La lucha contra Bolonia, con el movimiento de ocupaciones que se inició en noviembre (!) y las sucesivas oleadas de movilizaciones callejeras, es quizás el primer movimiento estudiantil desde la Transición política capaz de ser sostenido en el tiempo (cinco meses ya), de coordinarse a nivel estatal y de dar los primeros pasos, aunque sean difíciles y llenos de contradicciones, en la construcción de una dirección democrática, al margen de los aparatos parainstitucionales. Además, el movimiento ha creado una gran inquietud entre las autoridades académicas, que tienen dificultades para combatir su argumentario crítico (hasta el punto de que el gobierno ZP necesita hacer enormes campañas publicitarias para contrarrestarlo). Es más, el movimiento anti-Bolonia es una realidad europea que se sustenta en las impresionantes movilizaciones de la juventud que han recorrido Europa en los últimos meses y años: la lucha contra el CPE (2006) y las nuevas movilizaciones en la universidad francesa, los recientes envites de l@s estudiantes italian@s contra las barbaridades berlusconianas y la espectacular revuelta griega de diciembre pasado, tras el asesinato de Alexandros Grigoropoulos a manos de la policía. La actuación policial del miércoles 18 se inscribe en este contexto de agitación e inestabilidad (y no se entiende fuera de él). Quizás los responsables de la acción creían que una intervención violenta serviría para dividir lo que quedaba del movimiento, desmovilizando a un sector (por el miedo a la represión) y aislando a otro al provocar su radicalización (en los métodos de lucha, se entiende). Parece que han incurrido en un error de cálculo que, por el momento, está teniendo efectos opuestos.

¿Trabeta al conseller Saura?

A nadie se le escapa que no es la primera vez que ha habido actuaciones controvertidas de los Mossos de Esquadra en las que se detecta una actitud desafecta de un sector del cuerpo y de sus mandos intermedios hacia el responsable político de Interior: el conseller “ecopacifista” Joan Saura. Ya se acumulan los escándalos: montaje “antiterrorista” contra la libertaria Núria Pòrtoles, utilización del kubotán contra una manifestación del movimiento de la okupación, secuestro sistemático de manifestaciones minoritarias, abusos en comisarías… No parece demasiado aventurado suponer que los mandos policiales están utilizando la cobertura política de un responsable “de izquierdas” para ensayar nuevos métodos represivos, conscientes de que ello contribuye a desgastar al Govern, en general, y a Saura, en particular. Es notorio que las únicas medidas progresistas que se han implementado para domesticar a la policía catalana (cámaras en las comisarías) han creado un enorme malestar en el cuerpo, que se ha concretado en reproches (con manifestaciones de calle incluídas) de falta de apoyo a su labor por los responsables políticos (sobre todo cuando se han destapado vejaciones contra detenidos, como las que tuvieron lugar en la comisaría de Les Corts). No es casualidad que, pocos días antes del 18M, tres policías fueran condenados a penas de prisión e inhabilitados por abusos y detención ilegal de un ciudadano en una discoteca. En el caso de la acción policial del 18, es evidente que alguien tomó las decisiones, pero todos se pasan la patata caliente. Es mas, ciertos mandos han actuado siendo conscientes de que cualquier escándalo constribuiría a debilitar a Saura, en un momento en que el Govern d’Entesa está desacreditado por el bloqueo de las negociaciones sobre financiación y su incapacidad para frenar el hundimiento del tejido industrial catalán. La vinculación política del director de la policía Rafael Olmos (hasta el momento, el único chivo expiatorio de la crisis) con Convergència i Unió y el derechismo duro de Joan Delort (ideólogo del secuestro de manifestaciones) no hacen más que reforzar esta hipótesis. Por otro lado, tras observar detenidamente la intervención policial, no cabe duda de que las palizas contra periodistas, cámaras y otros informadores debidamente acreditados no fueron fortuitas. En más de una ocasión, sindicatos policiales y determinados responsables se han lamentado de supuestas “campañas” de la prensa para desacreditar al cuerpo. Ergo, las conclusiones son evidentes.

¿Reformar la policía capitalista?

Cuando a principios de los años noventa Rafael Ribó empezó a diferenciarse del discurso resistencialista y principista de Julio Anguita para orientar decididamente a Iniciativa per Catalunya por la senda de la apuesta gubernamental (siguiendo la estela del eurocomunista Achille Ochetto, quien preparó la conversión del Partido Comunista Italiano en lo que hoy es un partido liberal denominado Partido Democrático) y para iniciar el lifting estético “verde-alternativo”, nadie imaginaba que, quince años más tarde, su sucesor en el cargo acabaría su carrera política como jefe de la policía catalana (tenemos pocas dudas de que Saura es ya un cadáver político al mando de una coalición que acelera su esprint hacia el precipicio). Cuando la seudo izquierda, esa que sustituye la lucha de clases por la lucha de cargos, entra en la vía de las claudicaciones, cae en una lógica infernal que no tiene límites (seguro que más de un aparatchik siente cada vez más asco al enfrentarse al espejo por las mañanas). A las claudicaciones del nuevo Estatut les sucedió la LEC (una liquidación progresiva de la enseñanza pública que la derecha jamás habría osado implementar…), los “minitranvases”, el “copago” en la sanidad, el Quart Cinturó y la MATT… Pero, cuando Saura aceptó sin escrúpulos la Consellería de Interior para seguir mamando de las tetas del poder, se estaba produciendo un verdadero salto cualitativo. Estaba hundiéndose en un lodazal cuya lógica es análoga, salvando las distancias, a la que siguió al socialdemócrata Noske en el Berlín de 1919 o del estalinista Rodríguez Salas en la Barcelona de 1937: “con lo que nos ha costado llegar hasta la sala de máquinas, hay que mantener a los extremistas a raya antes de que lo jodan todo”. O, parafraseando a Holloway: “dejarse tomar por el poder para que el mundo siga igual”. Obviamente, ICV-EUiA utilizaba el taparrabos ideológico de la reforma policial para aceptar tal responsabilidad. Se enarbolaba el discurso de la “policía democrática” para vender el acuerdo de gobierno a una militancia y un electorado perplejos. La izquierda gubernamentalista utiliza el discurso de que es mejor gestionar las políticas neoliberales, ya que un gobierno de derechas sería peor. Pues bien, en un contexto de ofensiva capitalista, a menudo la participación gobernamental de la izquierda, sin medidas que choquen contra los poderes fácticos y cuando utiliza todos sus medios para desmovilizar la calle, lejos de constituir una barrera contra los envites de la derecha y la patronal, divide a la clase obrera y la desarma políticamente, reduciendo enormemente su capacidad de lucha. Estas situaciones alteran siempre, sin excepciones, la correlación de fuerzas entre clases a favor de la burguesía. Como dice San Bensaïd, la política del mal menor es, a menudo, el camino más corto hacia el mal mayor.

A la vista de los hechos, la pregunta que hay que plantearse es quién utiliza a quién con más eficacia, la policía, escudándose en un gobierno progresista para perfeccionar su maquinaria represiva, o un gobierno que dice ser capaz de domesticarla… sin conseguirlo. ¿La izquierda gobierna para cambiar a la policía o la policía utiliza a la izquierda gubernamental para encubrir y legitimar sus actos represivos? Los hechos del 18 de marzo son un botón de muestra de hasta qué punto un aparato de Estado tiene mecanismos para escapar al control de los responsables electos –esa pequeña punta del iceberg que se sitúa por encima de la línea de flotación– y boicotear algunas de sus políticas. La suma de acusaciones cruzadas de estos días es bastante concluyente al respecto. Todo ello confirma la irreformabilidad de fondo de un aparato hostil a los gobiernos, pero sobre todo a los movimientos sociales, de izquierdas. En fin, como decía el Viejo, “los gobiernos cambian, la policía permanece”.

El hecho de que estos escándalos se den en un cuerpo policial que acaba de concluir su despliegue en el conjunto del territorio catalán tampoco debe sorprendernos. Un cuerpo represivo nuevo necesita ganarse el respeto y el temor de la ciudadanía a la que debe mantener a raya. Cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Nacional, con un pasado de torturas, crímenes y represiones antidemocráticas han tenido muchos años para ganarse el temor y el desprecio de las clases populares (sólo compensado parcialmente por la religitimación propiciada por las acciones demenciales de ETA). Sin embargo, los Mossos tienen que hacer méritos para ponerse al día. Ésta es una situación que guarda grandes semejanzas con lo que sucedió durante la Segunda República con los Guardias de Asalto. Contradiciendo buena parte de las mistificaciones liberales y estalinistas de la II República, que han quedado grabadas en la memoria colectiva de la izquierda, y como se recoge en estudios recientes de historiadores como Julián Casanova o Chris Ealham, ese régimen fue enormemente represivo contra el movimiento obrero de la época (la Ley de Defensa de la República era una legislación de excepción draconiana), una represión en la que tuvieron un papel predominante, no sólo los cuerpos heredados de la monarquía, como la Guardia Civil, sino también los Guardias de Asalto. Éstos, como los Mossos ahora, se consideraban un cuerpo de élite concebido para ir al choque contra la CNT y las corrientes marxistas radicales que ulteriormente se incorporarían al POUM. Y, ayer como hoy, cuando es la izquierda liberal o la izquierda reformista quien machaca al movimiento obrero y a la vanguardia estudiantil, lo que ocurre inexorablemente es que se abren las puertas de par en par a la reacción.

Entre el recorte de libertades y los nuevos métodos represivos: destruir la democracia para salvarla

El contexto global de “guerra contra el terrorismo”, unido a los ya tradicionales legislaciones de excepción hispánicas –cuyos exponentes recientes más escandalosos son la Ley de Partidos y las llamadas “ordenanzas cívicas” de persecución de la disidencia, la pobreza y la marginación social–, está favoreciendo recortes gravísimos de libertades civiles y políticas. Las políticas de reforzamiento de los ejecutivos y de autonomización de los aparatos represivos –y la consiguiente pérdida de garantías jurídicas de los ciudadanos ante el Estado– ya se remontan a la lucha contra la radicalización política de los años sesenta y setenta. Sin embargo, con la irrupción del movimiento antiglobalización y los primeros síntomas de deslegitimación de masas de la globalización neoliberal, las clases dominantes se preparan para enfrentarse a un nuevo ciclo de dura conflictividad social. En los años veinte y treinta, ante el ascenso revolucionario de las masas posterior a la Revolución de Octubre, fracciones enteras de la burguesía optaron por destruir los sistemas parlamentarios con la imposición por asalto de dictaduras fascistas. Hoy, en una nueva depresión mundial del capitalismo, se proponen un proceso silencioso de recorte de libertades para ir maniatando a las masas con nocturnidad y alevosía antes de que levanten cabeza… en nombre de la defensa de la democracia, desde luego. Así pues, las clases dominantes están aplicando la lógica que manifestó en 1968, en Vietnam, un Mayor del cuerpo expedicionario norteamericano tras arrasar el poblado de Ben Tre, “Tuvimos que destruir la aldea para salvarla”…

Para que la involución silenciosa sea eficaz, debe ir acostumbrando a la opinión pública a ciertos espectáculos represivos. Se empieza reprimiendo brutalmente a los okupas y a los colectivos antifascistas, al liquidar de facto el derecho de manifestación en temas sensibles. A continuación, se pasa al secuestro de manifestaciones antirepresivas. El último paso ha sido la disolución de manifestaciones estudiantiles no comunicadas a las autoridades. Lo que hay que ver es que, cuando esta discreta escalada represiva no provoca reacciones ciudadanas significativas, campañas políticas de condena y exigencia de responsabilidades, envalentona a los aparatos represivos y a las autoridades a lanzarse a nuevos recortes. Ciertamente, Ley de Partidos, ilegalización de periódicos y redes sociales abertzales, secuestro de manis, etc… no serían posibles sin la complicidad y/o el apoyo directo de la izquierda institucional. Pues bien, muy pronto, conforme se profundicen los efectos sociales de la crisis y estallen confrontaciones más duras, las nuevas modalidades represivas también las sufrirán en sus carnes las grandes organizaciones sindicales y políticas de la izquierda. En este sentido, los recortes de libertades operan igual que los ataques a los derechos sociales y al mundo del trabajo y se dan por razones concomitantes. Se empieza golpeando en los flancos débiles; si los grandes bastiones no reaccionan, se buscan nuevas víctimas… hasta que se puede ir al choque frontal contra el enemigo principal, cuando el adversario está lo suficientemente debilitado. Así es la lucha de clases. Y si han llegado tan lejos es porque muchos dirigentes sociales, políticos y sindicales todavía no han entendido lo que está en juego.

Pero, en el futuro más inmediato, todavía pueden llegar cosas más mórbidas. A diferencia de la izquierda y los movimientos sociales, los aparatos represivos europeos sí actúan centralizadamente, intercambiando experiencias, información y técnicas. La involución sí que opera gracias a una internacional de la contrarrevolución preventiva. En menos de 20 años los poderes ejecutivos europeos o, mejor dicho, los ejecutivos de los Estados miembros, reunidos hoy día en el Consejo de Ministros de Interior y de Justicia, han logrado desarrollar en la UE un complejo de instituciones policiales. Este se compone de un número continuamente creciente de grupos de trabajo político-policiales y unidades operativas. A ello se añade una oficina central, a saber, la Europol, con sus bases de archivos de trabajo y su sistema de registro, el Sistema de Información de Schengen (SIS), con sede en Estrasburgo. Desde la aparición del movimiento antiglobalización, el trabajo de puesta en común de métodos de intervención de los cuerpos policiales europeos se ha acelerado. Todo ello da a entender que existen poderosos vasos comunicantes entre los sistemas represivos de la UE que permiten generalizar nuevos métodos represivos a ritmos escalofriantes.

Durante la movilización estudiantil contra el CPE en la Francia de 2006, ante la gran combatividad y determinación de los estudiantes y debido a las dificultades de liquidar el movimiento de masas con la cooptación de aparatos –la dirección del movimiento era realmente democrática y representativa, al modo de la mejor tradición consejista, algo que deberíamos emular a este lado de los Pirineos–, las autoridades optaron por arrestar a los cuadros del movimiento. Para ello instauraron un sistema que combinaba de un modo temible la acción de las brigadas móviles (CRS y Gendarmería) de antidisturbios con las de los grupos de policía de paisano (las BAC). Éstas identificaban a los militantes que querían detener (aunque no participaran en los altercados), daban instrucciones a los caporales sobre cómo y cuándo cargar y, una vez la carga reventaba los cortejos, grupos de hasta diez o doce policías de paisano se lanzaban sobre sus víctimas con una violencia inusitada y protegidos por cordones de antidisturbios. Aquí todavía no han llegado a este tipo de métodos tan sofisticados. Si bien es cierto que la policía de paisano puede detener a gentes en manifestaciones en un contexto de cargas o cuando la gente coge el metro para irse a casa, lo habitual es que actúen discretamente en parejas o en grupos de cuatro o, a lo sumo, seis. Lo que es nuevo en el caso francés es que sea la policía de paisano la que (en manadas de diez o doce agentes) dirija a los antidisturbios, para que las cargas no sean tanto para dispersar como para detener, no a los alborotadores –supuestos o reales–, sino a los cuadros del movimiento. Si el movimiento anti-Bolonia del Estado español dura mucho más, habrá que estar muy atent@s a la posible utilización de estos métodos y trabajar para implementar dispositivos para repelerlos.

Noticias todavía más inquietantes llegan de Italia. El 29 de octubre de 2008, al final de una movilización estudiantil en la Piazza Navona de la capital italiana, se produjo una espectacular batalla campal entre estudiantes de izquierdas y un grupo estudiantil ultradrechista denominado Bloco Studentesco. El choque final fue precedido por infinidad de altercados entre escuadristas del Bloco y estudiantes pacíficos que huían despavoridos de los cadenazos y los cinturonazos de los fascistas. Y es que Italia vuelve a ser el laboratorio avanzado de la subversión derechista en Europa. Fue la cuna del fascismo en los años veinte, del terrorismo negro y la estrategia de la tensión de los sesenta-setenta y hoy está ensayando las fórmulas más radicales de reacción populista y neofascista del continente. Es oportuno recordar que el Estado español es, por el momento, el único de Europa donde no existe una extrema derecha independiente con representación parlamentaria. La excepción española se debe a un conjunto de especificidades: tener la derecha clásiva más cohesionada (al menos hasta la derrota de Rajoy en las últimas generales) y con sectores claramente ultraderechistas en su seno (que, parcialmente, ocupan ya ese espacio político) y menos renovación política de la extrema derecha extraparlamentaria. Sin embargo, las cosas están cambiando. Parece que, por primera vez, hay procesos de convergencia de partidos y plataformas ultraderechistas que pueden crear un referente político operativo. Habrá que estar muy atent@s a esa amenaza. Por el momento, es poco probable que se de una oleada de escuadrismo grupuscular ultraderechista homólogo al italiano. Para darse a esa escala debe haber condiciones políticas muy particulares, empezando por un gobierno que tolere considerables connivencias policiales con los fascistas. Es poco probable que suceda con un gobierno del PSOE. Sin embargo, un más que probable retorno de la derecha al poder, unido a una profundización de la agitación social, crearía un escenario muy propicio para fenómenos de este tipo. Dicho esto, lo que debemos analizar con seriedad es el proceso de reconstrucción de un activismo juvenil de la extrema derecha italiana y su giro movimentista. Sectores ligados a un sector de Alleanza Nazionale, a Fuorza Nuova y a Fiama Tricolore ha dado un giro hacia el activismo extraparlamentario: con centros sociales ocupados, frentes estudiantiles, movimientos de rock radical neonazi y neoescuadrismo de choque han articulado una base social muy considerable entre la juventud, hasta el punto de que los fascistas controlan institutos y liceos que habían sido bastiones históricos de la extrema izquierda. Hay que estar muy atentos a estos fenómenos y adelantarse a ellos. La izquierda revolucionaria debe esforzarse en recomponer tejido social de izquierdas y movimiento estudiantil autoorganizado para cerrar las puertas a la intervención ultraderechista. Hay que evitar que pongan pié en institutos y facultades, porque, una vez consolidados ciertos marcos de actividad cotidiana, es extremadamente difícil aplastarlos por la vía estrictamente militar.

Si bien la policía italiana parece no tener tiempo para desmantelar los grupos ultraderechistas que se infiltran en las manifestaciones estudiantiles, o que organizan razzias contra facultades (como el reciente asalto de escuadrista en la Universidad Roma 3, con varios heridos hospitalizados), el 18 de marzo, mientras los Mossos de Esquadra estaban hostiando a los estudiantes de Barcelona, sus colegas italianos acorralaban a porrazos a los de la Sapienza, para impedir que se manifestaran por el centro de la ciudad. Todo ello cuando las autoridades municipales de Roma (¡el alcalde es un neofascista!) están preparando una ordenanza municipal (de nuevo las ordenanzas…) para “regular” el derecho de manifestación en la ciudad…

En fin, sin ánimo de caer en el alarmismo o el catastrofismo, es importante que l@s revolucionari@s tengamos claro a quién nos enfrentamos y cuáles son nuestras tareas políticas.

Tareas de l@s revolucionari@s ante una primavera que se anuncia caliente.

Lo primero que hay que tener claro ante problemas de represión estatal o agresión fascista es que el primer factor de seguridad de cualquier organización o movimiento son sus vínculos con el conjunto de la izquierda y el movimiento obrero. Lo segundo es que el monopolio estatal de la “violencia legítima” es un poderoso hecho que sustenta un orden jurídico y político que no podemos ignorar. Hay que ser conscientes de que el Estado capitalista es un Leviatán represivo muy poderoso y sofisticado. Por consiguiente, luchar no es jugar. El Estado no juega. En tercer lugar, l@s revolucionari@s luchamos por un mundo sin desigualdades en el que haya desaparecido cualquier forma de violencia o dominación de unas personas por otras. Por esto, es un imperativo ético-político fundamental reducir cualquier expresión de violencia a lo estrictamente imprescindible para conseguir los objetivos emancipatorios. De ahí que, en situaciones de lucha de clases cotidianas, el rol de l@s revolucionari@s es educar a los movimientos de masas en la autodefensa de las iniviativas. La violencia reactiva contra la represión, una reacción natural ante la violencia del Estado, normalmente no tiene ninguna racionalidad política y dificulta, además, la unidad de los movimientos sociales. En este sentido, hay que poner todo el acento en la autoprotección para limitar los efectos de la represión: evitar en la medida de lo posible dispersiones, agresiones, detenciones, etc… Siendo conscientes de que, mientras el Estado siga monopolizando la violencia legítima, podrá ejercer la violencia con una cierta impunidad contra el movimiento social. Así son las cosas. Hay que mentalizarse y evitar reacciones irracionales (normalmente individuales y en caliente, las más arriesgadas, por otro lado) que sólo pueden abundar en más lesiones, sanciones y problemas.

En cuarto lugar, más que entrar en una dinámica de acción-reacción-acción, lo que más daño hace a la represión es hacer política, denunciarla y agotar todas las vías constitucionales para dificultar la acción de los aparatos represivos. Observatorios de derechos humanos, grupos de abogados progresistas, colectivos de defensa jurídica, observadores legitimados en las manifestaciones, etc… son iniciativas que realmente crean problemas políticos a los aparatos represivos (ya sea porque inhiben su acción, ya sea porque pagan un precio político más alto cuando cometen violencias). Ciertamente, hay que evitar cualquier ilusión sobre la “neutralidad” del Estado, pero también hay que evitar el ultraizquierdismo de no agotar las vías legales que permite el sistema a la hora de denunciar acciones represivas injustificables, incluso desde el punto de la legalidad burguesa.

En quinto lugar, un marco constitucional es la cristalización de una determinada correlación de fuerzas políticas. Los revolucionarios defendemos el poder constituyente de la acción de las masas y apoyamos cualquier transgresión del marco legal existente que se apoye en una dinámica mayoritaria. Ahora bien, hay que tener una comprensión clara de cuál es la correlación de fuerzas real en cada contexto. En este sentido, podemos dar un paso en la transgresión del marco legal existente, pero ir cuatro pasos por delante significa inexorablemente ser decapitados por un poderoso aparato represivo que sólo es vulnerable en situaciones revolucionarias extremadamente excepcionales en países capitalistas desarrollados.