Izquierda AnticapitalistaGrupo Sindical de EA-Madrid
Introducción
El pasado mes de octubre se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes el nuevo Informe de la Comisión del Pacto de Toledo.
El texto del pacto parlamentario no deja de ser un documento de consenso que avanza posibles desarrollos, dejando éstos en manos del ejecutivo y legislativo y recomendando la conveniencia de que el mismo sea pactado con los agentes sociales según un proceso ya conocido de anteriores ocasiones. El pacto y su revisión, sin reconocerlo explícitamente, tienen como objetivo central impedir el aumento del gasto, o incluso reducir éste, por medio del recorte de las pensiones.
En este sentido, se trata de un nuevo paso en la línea iniciada con la ley de pensiones de 1985 -que, entre otras cosas, amplió de 2 a 8 años el periodo de cómputo- y continuada con el Pacto de 1995, el cual se plasmó en la Ley 24/1997 llamada de “consolidación y racionalización del Sistema de la Seguridad Social” que amplió, a su vez, el periodo de cálculo hasta 15 años y con las leyes 18/2001 (General de Estabilidad Presupuestaria) y 35/2002 que estableció la jubilación gradual y flexible.
Esta secuencia de recortes sucesivos responde a una política basada no en el desmantelamiento radical sino en la laminación paulatina, con programación a largo plazo, que busca el debilitamiento de la oposición social a los mismos y la atenuación de sus consecuencias electorales (Mikel de la Fuente, Viento Sur nº 71).
Así, la renovación del Pacto de Toledo insiste en las recetas del anterior texto: aumento de la contributividad, retraso de la edad de jubilación y separación de las fuentes de financiación como ejes centrales, así como la potenciación de los Planes de Pensiones privados. Todo ello desde la subordinación a las directrices europeas en cuanto a la contención del déficit y al Pacto de Estabilidad.
Ya que el documento no explicita –más bien encubre- ni tampoco cuantifica el recorte de prestaciones, ni el alargamiento del periodo activo, tampoco tiene necesidad de justificar detalladamente las causas que motivan los retrocesos.
Este nuevo anuncio de agresión a las prestaciones sociales no se produce como un hecho aislado en el estado español sino que se inscribe en una ofensiva de ámbito europeo (Francia, Austria, Alemania, etc.) que en algunos casos ha sido impuesta, renunciando al consenso con los agentes sociales, por gobiernos y mayorías parlamentarias.
Dado el calendario político-sindical, tras las Elecciones Generales y una vez realizado el Congreso Confederal de CC.OO., un periodo probable para la negociación y acuerdo con los agentes sociales es el que va de la celebración de las Elecciones Europeas al debate parlamentario de la Ley de Presupuestos y de Acompañamiento del año 2004, es decir entre Julio y Octubre de 2004, aunque también es posible que en la agenda del nuevo Gobierno haya otras cuestiones más prioritarias.
(...continúa...)
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