El Gobierno ha publicitado ampliamente el bono social para los usuarios de la electricidad de reciente aprobación. Lo cierto es que el citado bono es sólo una más de las diversas medidas contempladas en el  Real Decreto Ley (RDL) 6/2009 recientemente aprobado y permite que se beneficien de él, en cuantía aun no determinada, ciertos usuarios vulnerables como familias con todos sus miembros en paro, pensionistas con bajos ingresos, familias numerosas y consumidores con poca potencia contratada (hasta 3 kW). Se ha llegado a escribir que la electricidad no subiría para estos colectivos en los próximos años, pero eso aún no puede asegurarse de lo publicado y depende de una orden ministerial que se aprobará en el futuro.

En el citado RDL se introducen además una nueva fórmula para que los propietarios de centrales nucleares paguen la gestión de todos los residuos radiactivos extendiendo un  modelo aplicado desde 2005 a los que se produjeran desde entonces. Pero ahí se terminan los aspectos progresistas.

Las contrapartidas que obtienen las compañías eléctricas son espectaculares, pese a que nada se ha hablado al respecto. Muy en primer lugar les asegura que puedan sacar de sus balances hasta 10.000 millones de Euros del déficit acumulado durantes los últimos años y que no pudieron convertir en títulos que colocar en el sector financiero por las difíciles condiciones del momento. Al carecer, hasta ahora, del aval del Estado varias subastas de títulos con cargo a este déficit habían quedado desiertas por falta de bancos interesados y porque los precios que ofrecían resultaban desmesurados. Con ello se alivia sobremanera la difícil situación financiera de las eléctricas. Porque el déficit lo saldan (anticipan) las compañías productoras que tienen derecho a recuperarlo en años posteriores. Las compañías reflejan el déficit en sus cuentas de resultados como si fuera un préstamo a la tarifa eléctrica. Pero cada vez les costaba más obtener créditos para cubrir este hueco y el precio a pagar era cada vez mayor.  Pero una vez que el Gobierno avala las emisiones renuncia a un arma de intervención frente a un sector en el que ni existe planificación ni compañías públicas.

En el citado RDL se establece (no por casualidad en el artículo 1.1) que no existirá déficit de tarifa a partir de 2013 y que este déficit deberá reducirse en los próximos años de forma escalonada. En 2009, deberá ser menor de 3.500 millones de Euros, en 2010 no podrá pasar de 3.000 millones y luego descenderá de forma continua hasta su desaparición. Esto asegura una significativa subida de los precios eléctricos en los próximos años una vez que las tarifas llamadas integrales van  a desaparecer en julio de 2009 y dan paso a un sistema de precios máximos, muy probablemente similares a los que regulan el precio del gas natural, a los que se llamará Tarifa de Último Recurso (TUR).  Por señalar sólo un caso, el déficit que la Comisión Nacional de la Energía estimaba para este año era de 4.662 Millones de Euros, que deberán recortarse hasta 3.500 por imperativo de la nueva norma, lo que obliga a que la subida de tarifas de julio muy probablemente distará de ser  moderada. Para los próximos años le confiere gran importancia a cómo se configure la TUR porque esto determinará la parte del déficit que pagará el sector industrial de nuestro país y que parte los usuarios domésticos, el sector servicios y las pymes. Una vez que el gobierno se ha desarmado ante las eléctricas, que han generado espectaculares beneficios en las últimos años en un sistema de teórica competencia, la pregunta es quién paga los platos rotos: la industria que vería incrementar los costes en un periodo de gran dificultad, o el resto de los usuarios a baja tensión, incluyendo los hogares que no se beneficien del bono, que serán la inmensa mayoría. La paradoja es que, como todo el mundo sabe (e incluso el RDL reconoce al indicar  que “los peajes de acceso  serán suficientes para cubrir la totalidad de los costes…”) los hogares y las pymes siempre han pagado cumplidamente por su electricidad, y ahora, pagarán más en los próximos años por un déficit que seguro no han generado.

Otra grandísima concesión al sector eléctrico es la supresión de la ley que permitía restar de sus ingresos los beneficios obtenidos por la asignación gratuita de los permisos (incorrectamente llamados derechos) de emisión de gases de efecto invernadero. Debido al mecanismo de oferta competitiva con que funciona el sistema eléctrico, las compañías han estado cobrando por unas emisiones de gases de efecto invernadero que habían conseguido de forma gratuita de la administración. La cantidad varía mucho porque el precio de la tonelada de CO2 en el mercado europeo ha resultado muy volátil desde su creación, pero no resulta descabellado cifrarlo en unos 1.000 Millones de euros anuales. A partir del RDL “del bono social”, no será posible recortarles estos beneficios.

Otra consecuencia de calado de este RDL es la transferencia a los Presupuestos del Estado del sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).  Si se tiene en cuenta que el precio de la electricidad es único en todo el Estado y que sin embargo el coste de generación en los sistemas extrapeninsulares es mayor debido a sus singulares características se puede entender la existencia de este desfase entre ingresos y gastos de las eléctricas. Hasta ahora esto se pagaba por parte de todos los usuarios eléctricos, a partir de ahora se cargará de forma gradual contra el presupuesto del año posterior. En 2009 se pagará vía presupuesto el 17 % del total del sobrecoste (estimado por la CNE en casi 1.300 Millones de Euros) y ese porcentaje crecerá gradualmente hasta representar el 100% en 2013. Esta medida es neutra desde el punto de vista social, pero significa reducir una señal vía precios eléctricos más altos, para facilitar el uso racional de la electricidad. Ambientalmente es regresiva.  

Preocupado porque no se repita el boom de la energía solar fotovoltaica (en 2008 se instaló en nuestro país la mitad de toda la potencia fotovoltaica mundial y se superó ampliamente las presiones de esta energía del Plan de Energías Renovables), el RDL fija condiciones más severas y mecanismos adicionales de control  para las energías renovables. Aunque algunas de ellas son razonables, otras constituyen una traba gratuita a su desarrollo.

En resumen, lo que el Gobierno presentó como un gran avance social ha sido en realidad una negociación con el sector eléctrico, en el que el gobierno ha realizado grandes concesiones que se harán notar en los próximos años. ¡Un cuento un poco menos feliz de lo que nos contaron!.