Ladislao Martínez López / Grupo Ecosocialista de IA

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) lleva funcionando 38 años. A principios de julio se termina la licencia de explotación vigente y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno deben decidir sobre su futuro. Los promotores pretenden alargar la vida de la planta durante 10 años más, pero han encontrado la oposición de las ONGs ecologistas y de importantes sectores sociales. Sectores del propio PSOE, liderados por el ex ministro Jesús Caldera han manifestado el deseo de que se proceda a su cierre.

Ante esta situación, los propietarios de la central han realizado una campaña histérica en la que han señalado que el precio de la electricidad subiría un 10 % en este país si se procediera al cierre de la central. A pesar de que salta a la vista que es una evidente exageración (la planta produjo en 2008 menos del 1,5 % del total de la electricidad consumida en nuestro país pese a haber funcionado al límite de lo técnicamente posible), la prensa le ha concedido una enorme relevancia. Se trata de atemorizar a la población cuando se sabe que la electricidad subirá en julio…por motivos bien distintos. Lo hará para contener el déficit tarifario, por debajo de los 3500 millones de euros de acuerdo con lo establecido en decreto-Ley que todo el mundo conoce, paradójicamente, como el del bono social (RDL 6/2009, ya convalidado por las Cortes).

Cuando se conoce el funcionamiento del sistema eléctrico español, la sorpresa se convierte en indignación. Lo que realmente ocurrirá es que los usuarios apenas notarían el cierre de la planta, pero sin embargo se produciría una enorme merma en los beneficios de sus propietarios. De ahí su histeria.

En efecto, en el marco legal vigente en nuestro país (Ley 54/97 del primer gobierno del PP) se establece un sistema de "oferta competitiva" para atender la demanda prevista para cada período de media hora. De acuerdo con ello el "operador de mercado", ordena las ofertas de los productores de electricidad por los de precios solicitados y escoge las más baratas para atender la demanda. A todas las centrales que hayan sido requeridas para funcionar -y con independencia del precio que se haya indicado-, se les pagará el precio solicitado por la instalación más cara que haya sido necesario poner en marcha. Es decir, todas las centrales que funcionen cobrarán lo que pida la más cara entre las más baratas.

Por eso, si se cerrara Garoña, que sólo posee 466 MW, lo que realmente ocurriría, la mayor parte del tiempo, es que una nueva central de gas en ciclo combinado sería requerida para funcionar. El precio con y sin Garoña lo fijarían dos centrales de gas en ciclo combinado (con módulos de unos 400 MW) cuya diferencia sería muy pequeña. La subida del precio del mercado mayorista también lo sería. Además habría que recordar que, en las horas en las que está parada, su influencia en el precio de la electrcidad es nula. Los usuarios, apenas lo notaríamos.

Paradójicamente sus propietarios lo notarían mucho. Garoña es una central ya amortizada que para su funcionamiento sólo incurre en costes variables (fundamentalmente combustible y mano de obra) que son mucho menores que los correspondientes a la central que fija el precio del mercado mayorista. Sus márgenes de beneficios son siempre enormes… y eso es lo que les duele a sus propietarios. Moriría la gallina de los huevos de oro.

Tiene su ironía recordar que si funcionara el viejo sistema de reconocimiento de costes, conocido en su momento como el marco legal estable, la incidencia del cierre de Garoña sería mayor, aunque nunca del 10 %. Porque hasta 1997, se pagaba por cada kWh en función del coste que costaba generarlo. Y sin embargo en muchos otros aspectos se trataba de un sistema mucho menos irracional que el de oferta competitiva actual.

El gobierno no tiene por tanto ningún motivo para no proceder al cierre de Garoña. No hablamos de encarecimiento de la electricidad, hablamos de merma de sus beneficios. Y al otro lado queda nuestra seguridad y nuestro medio ambiente.