Izquierda Anticapitalista - Granada

Desde Izquierda Anticapitalista queremos manifestar  nuestro más sincero rechazo hacia la ordenanza aprobada el dia 29 de Mayo 2009 por el ayuntamiento de la ciudad de Granada, la llamada “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana  en el espacio público de Granada”, uniendo así nuestra voz a la de las demás asociaciones, organizaciones y colectivos de la ciudad que han mostrado ya su repulsa.

Pensamos que la ordenanza es una herramienta selectiva en su aplicación y que el conjunto de medidas presentadas por el ayuntamiento son insuficientes e inefectivas si se trata de acabar con la marginación, la miseria y la pobreza de las personas más desfavorecidas. Es por ello por lo que sospechamos que no es ese su objetivo, sino más bien “limpiar la ciudad” de todo aquello que resulta indeseable para sus gentes bienpensantes, que viene siendo práctica habitual de este gobierno local. La criminalización de la pobreza y el ataque a los grupos más vulnerables, como son las mujeres inmigrantes y las prostitutas, que se desprende de esta ordenanza es más que evidente, así como la arbitrariedad de la administración local para dictaminar que es sancionable y penalizable. Esta lista de medidas prohibitivas que conforma la ordenanza se convierte en un arma política, ya que se dota a la policía local de una capacidad sancionadora que antes no poseía, haciendo posible la denuncia en función de la interpretación de las actuaciones.

No por esconder y ocultar las miserias más evidentes éstas desaparecen, no por invisibilizar aún más a las personas que sufren de la pobreza y la exclusión social acabamos con ella, es por ello, que lamentamos la falta de interés y propósito de proporcionar unas medidas sociales reales que hagan salir de la pobreza y la exclusión social a estas personas. Lamentamos una vez más que ayudar a mejorar la vida de los que menos tienen no sea una prioridad para ninguna de las administraciones que nos representan.

La regulación del espacio público también tiene como tarea fundamental buscar y solucionar las causas de la pobreza y de la marginación de los colectivos más desfavorecidos  y no por  invisibilizar y silenciar sus consecuencias con medidas policiales represivas de acoso y derribo a la usanza de la tan conocida ley de vagos y maleantes de la sombría dictadura del franquismo.

Hay que fomentar la inclusión en la sociedad de las personas y colectivos que se hallan en la marginalidad. Fomentando la solidaridad y la ayuda hacia ellos con políticas y dotaciones prespuestarias reales por parte de la administración local. Es necesaria y urgente una mayor protección social, una educación en la convivencia, en los valores sociales más democráticos en oposición a las multas, los hostigamientos, las persecuciones y represiones policiales que es lo que por parte del ayuntamiento de Granada con la ordenanza ya aprobada se pretende.

Hay que garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos a disfrutar del espacio público, velando y dando prioridad, como debe de ser para las administraciones públicas, a que las minorías más desfavorecidas tengan también sus derechos. Esto pasa por reconocer como interlocutores válidos en la negociación del espacio público a todos los agentes implicados en la convivencia, tanto los vecinos como las trabajador@s del sexo, extranjer@s, personas sin hogar e indigentes.

En lo referente a la prostitución callejera, hay que negociar en pie de igualdad entre vecinos y trabajadoras del sexo la utilización de espacios públicos.  No por trasladar a estas personas y alejarlas del nucleo urbano este  problema en la gestión del espacio va a ser solucionado. Los conflictos vecinales siempre van a existir a menos que se busque instrumentos para regular la prostitución y se acuerde zonas controladas para ejercerla.
Las trabajadoras del sexo son las primeras que aspiran a poder trabajar en la calle en mejores condiciones a las actuales, de forma digna, en zonas tranquilas, seguras, con higiene, sin ser molestadas y sin molestar a nadie y menos al vecindario.
Así mismo, si esta ordenanza pretende dar una salida a la pobreza y la exclusión a la que estas mujeres se ven sometidas, no será a través de la prohibición en la compra de los servicios sexuales ya que lo único que se va a conseguir es que las condiciones en que se realiza la negociación con el cliente sean aún peores, más precarias e inseguras, ya que el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución crea un mercado clandestino monopolizado por la delicuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobretodo a l@s inmigrantes, a la violencia, el abuso y la marginación.

Tememos así mismo que este conjunto de medidas represivas y criminalizadoras tomadas por el ayuntamiento sean copiadas y llevadas a cabo por otros municipios de la comunidad haciendo generalizada los posicionamientos fascistas de busca y captura hacia los grupos más vulnerables y los más desfavorecidos.

La solidaridad, el respeto y el reparto igualitario de derechos debe estar garantizado para todos y todas, porque sólo hay algo peor que la marginación y la estigmatización con derechos, y es la marginación y la estigmatización sin ellos.