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El pasado martes 29 de Septiembre, 2000 personas participaron en la manifestación contra la última (hasta ahora) medida privatizadora de la sanidad pública puesta en marcha por el gobierno de Esperanza Aguirre. Asociaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos (entre ellos el grupo de IZAN en Vallecas), acudieron a la – pese a la lluvia - nutrida manifestación que contó, además con abundantes muestras de simpatía entre los transeúntes.

La Comunidad de Madrid sorprendió – pero no tanto – a los vecinos de Vallecas con un desagradable anuncio a la vuelta del verano: el cierre de los dos laboratorios públicos existentes en el barrio (más un tercero en Aranjuez), para traspasar su actividad a un laboratorio privado de la empresa Ribera Salud, en la localidad de San Sebastián de los Reyes.

Esta medida, como denuncia el MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de la Sanidad) “facilita que algunas (muestras) se estropeen en el camino e imposibilita las consultas entre médicos y analistas, bioquímicas, microbiólogos, etc.” Además, según la convocante Plataforma en Defensa del Hospital Virgen de la Torre de Vallecas, el traslado del laboratorio de este hospital que atiende a enfermos crónicos compromete “las pruebas urgentes, que ahora tienen un resultado casi inmediato (y que) se retrasarán horas”. Tanto el MATS como el sindicato SAS (Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid) denuncian la connivencia del PSOE con esta política y la firma de acuerdos por parte de CC.OO. y UGT que permiten el traslado de los trabajadores afectados y hacer así efectivo el cierre de los servicios.

El cierre resulta especialmente doloroso para los vecinos de Vallecas que a lo largo del 2008 arrancaron a la Comunidad de Madrid el compromiso de mantener abierto el hospital Virgen de la Torre que la Comunidad pretendía cerrar, así como de sus dotaciones de Radiología y Laboratorio. De hecho, tanto en el Hospital Virgen de la Torre como en el otro laboratorio afectado (el del Ambulatorio Vicente Soldevilla que presta asistencia a más de 700.000 personas en la zona sur) la Comunidad de Madrid ha realizado inversiones multimillonarias desde el año 2005, dándose el caso de que el laboratorio del Hospital Virgen de la Torre había sufrido una reforma completa de la climatización este mismo verano.

Al deterioro en el servicio a los usuarios se suma el despilfarro de los recursos públicos invertidos. Todo para ofrecer un negocio lucrativo y sin riesgos a los dueños de Ribera Salud (propiedad de Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaixa) empresa adjudicataria de los hospitales valencianos (otro gobierno del PP) y el nuevo hospital privado de Torrejón de Ardoz (uno de los cuatro privados previstos para esta legislatura).

Es pertinente señalar que, en la habitual confusión entre intereses públicos, privados y directamente personales, el actual director de hospitales de la Consejería de Salud madrileña fue directivo de ADESLAS, empresa que junto con Ribera Salud, forma parte de la UTE que gestiona el privatizado hospital valenciano de Alzira. Tampoco es baladí recordar que Bancaixa aparece relacionada con el “Miamigate” a través del director de la oficina de Bancaixa en Miami, imputado en la trama Gürtel por el juez Garzón (Grimaldos, 2009).

La externalización de los servicios es solo una estrategia más del proceso de privatización de la sanidad pública madrileña que se verá completamente desnaturalizada si finalmente se implanta el “área única”. Esta medida junto a la privatización de la atención primaria, también en la agenda del gobierno madrileño, haría efectivo un verdadero mercado de servicios médicos tal como el PP desea en nuestra comunidad.

La manifestación, que recorrió el tramo que separa el Centro de Salud Federica Montseny y el Hospital Virgen de la Torre, fue ocasión para denunciar la tibieza, cuando no directa colaboración del PSOE con la política sanitaria de Aguirre. La presidenta de la comunidad se ampara en la ley 15/97 aprobada en el parlamento nacional con los votos del PP, el PSOE y la derecha nacionalista, y que amplía las opciones de gestión de los servicios sanitarios, para dar entrada en la sanidad pública de las empresas con ánimo de lucro.