Izquierda Anticapitalista 
Eric Toussaint
La situación política, social y económica en Venezuela sufre una gran transformación desde el fracaso de la reforma constitucional de diciembre de 2007, que constituyó una advertencia para el gobierno de Hugo Chávez (1)
El domingo 15 de febrero de 2009, el 54,36 %
de los ciudadanos dijeron «sí» a la enmienda constitucional que
autoriza a los mandatarios políticos a presentarse a sucesivas
consultas electorales de manera ilimitada. Hasta ese momento, la
Constitución limitaba a dos los mandatos consecutivos: era necesaria
una interrupción del mandato antes de poder presentarse de nuevo (2)
Chávez podrá presentarse en el 2013, al término de su segundo mandato
en curso, y ser de nuevo candidato a presidente. Si es elegido otra
vez, su mandato terminará en el año 2019. Por ello, los militantes
chavistas discuten actualmente la naturaleza de todos los cambios que
pueden ser efectuados de aquí a dicho año.
Evidentemente, muchas cosas pueden suceder
durante todos esos años, entre las que hay que tener en cuenta las
iniciativas y maniobras tanto de Washington como de sus aliados.
Nacionalizaciones y control obrero
En abril de 2008, como consecuencia de una
huelga de casi dos meses de 15.000 obreros de la siderúrgica SIDOR
(Siderurgia del Orinoco), que pertenecía al grupo argentino Techint,
Hugo Chávez anunció la nacionalización de la empresa. Los obreros
luchaban por la conversión de 9.000 subcontratos a contratos
indefinidos. Visto el rechazo patronal, la nacionalización constituía
la mejor vía para permitir al Estado garantizar la reivindicación de
los trabajadores, que apreciaron esta decisión como una gran victoria.
SIDOR había sido creada como empresa pública durante la década de 1960
—era la concreción de un proyecto concebido en 1953 bajo la dictadura
de Marcos Pérez Jiménez—. SIDOR fue privatizada y vendida al capital
extranjero en 1997, durante la presidencia de Rafael Caldera, por el
ministro de Planificación Teodoro Petkoff (antiguo líder de la
izquierda convertido al neoliberalismo en los años noventa y
actualmente una de las principales figuras de la oposición
antichavista). La renacionalización efectuada en abril de 2008 es
particularmente importante, ya que esta empresa, moderna y con buenos
resultados, constituye una herramienta de producción que el gran
capital argentino, y en particular Techint, desean conservar.
Otro elemento importante a tener en cuenta,
es que el gobierno chavista del estado donde se encuentra SIDOR, había
ordenado al comienzo de la huelga a las fuerzas del orden la represión
de los huelguistas. Así mismo, el ministerio de Trabajo no hacía nada
para sostener las reivindicaciones de los trabajadores. En
consecuencia, la decisión de Hugo Chávez de nacionalizar la empresa y
de revocar al ministro fue vista como un giro a favor de los
trabajadores. Tanto más cuando, en el mismo período, Chávez anunció un
aumento del salario mínimo interprofesional y el de los funcionarios
públicos, así como la nacionalización del sector del cemento, que hasta
ese momento estaba en manos de tres transnacionales (Lafarge de
Francia, Holcim de Suiza y Cemex de México).
En los meses siguientes y en el curso del
año 2009, el gobierno procedió a otras nacionalizaciones en el sector
de la industria alimentaria (3) (lo que afectó tanto al capital
nacional —Lácteos Los Andes— como al transnacional —la cerealera
Cargill—). El gobierno justificó estas nacionalizaciones por la
necesidad de mejorar la provisión de alimentos a la población.
Finalmente, el Banco de Venezuela, uno de los principales bancos
privados, perteneciente al Banco de Santander, uno de los dos
principales grupos bancarios españoles, pasó también al control del
Estado.
Todas estas nacionalizaciones, como las
precedentes (los sectores de la electricidad, las telecomunicaciones,
los campos petrolíferos del Orinoco, etc.), fueron objeto de una
indemnización más bien generosa a sus propietarios privados: Venezuela
utiliza una parte de la renta petrolera para retomar el control de
ciertos sectores estratégicos de la economía. El recurso a la
indemnización tiene el objetivo de evitar condenas por no respetar los
tratados bilaterales sobre inversiones firmados por Venezuela. El
derecho internacional permite, en efecto, a los Estados proceder a
nacionalizaciones si indemnizan en forma adecuada a los propietarios.
Venezuela podría tomar un camino más radical, retirando su firma de los
tratados bilaterales sobre inversiones, retirándose del CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones: el
tribunal del Banco Mundial en materia de inversiones) y poner a
resguardo la liquidez y otros tipos de haberes que Venezuela dispone en
el exterior, para evitar embargos. Evidentemente, optar por ese camino
implicaría aumentar todavía más la hostilidad de las autoridades de los
países más industrializados y de las grandes transnacionales presentes
en el país (todas las principales transnacionales petroleras están
presentes en Venezuela y también General Motors, Mitsubishi,
Daimler-Chrysler, etc.).
El camino, bastante prudente, que tomó el
gobierno venezolano no impidió que una empresa como ExxonMobil
intentara en el 2008 el embargo de 12.000 millones de dólares que
pertenecían a PDVSA por tribunales británicos y holandeses. Y esto
justifica el pedido de que Venezuela se una a otros países del Sur con
el fin de repudiar los tratados bilaterales de inversiones que incluyen
cláusulas perjudiciales para los intereses de la nación, que se retire
del CIADI y de la OMC y constituya un órgano multilateral del Sur para
solucionar conflictos, o sea, en otros términos, crear un CIADI del Sur
alternativo al CIADI del Banco Mundial, que está al servicio de los
intereses de las grandes transnacionales.
En julio de 2009, Rafael Ramírez, ministro
del petróleo, que hasta ese momento había sido muy prudente con
respecto al CIADI, comenzó a alzar el tono de su discurso y denunció el
unilateralismo de los mecanismos de la resolución de conflictos
dominados por los países del Norte.
La profundización de las nacionalizaciones
relanzó en el año 2009 el debate sobre el control obrero.
Efectivamente, las organizaciones sindicales de izquierda y los
colectivos de trabajadores exigen la puesta en marcha de los mecanismos
de control por los trabajadores de los órganos de gestión de las
empresas nacionalizadas. Los sindicatos quieren que los objetivos
perseguidos por las nacionalizaciones sean realmente respetados;
quieren también evitar la mala gestión, el despilfarro, las
malversaciones, la corrupción, el abuso de los bienes sociales, en
particular accediendo a los libros de cuenta, consiguiendo la
transparencia en la estrategia comercial e industrial de las empresas y
la presentación regular de los balances de gestión. Las organizaciones
obreras sienten, con toda justicia, desconfianza con respecto a una
gran parte de los ejecutivos privados de la empresa, que conservaron
sus cargos después de las nacionalizaciones, pero también en relación
con los nuevos ejecutivos, quienes, en ciertos casos, privilegian sus
intereses personales frente a los de la colectividad. El control obrero
aumentaría también la confianza de los propios trabajadores y de sus
organizaciones al permitir la intervención colectiva para asegurar un
contenido socialista a la gestión y a las relaciones de trabajo en las
empresas, tanto de las nacionalizadas como de las que están todavía en
manos del capital privado.
Por otra parte, asistimos a ocupaciones de
empresas privadas por los trabajadores, que exigen su nacionalización.
Inevitablemente, será necesario reavivar el debate sobre el control
obrero en el sector de la producción petrolera. Esta reivindicación se
había expandido durante el lock-out petrolero (diciembre de 2002-enero
de 2003), cuando los trabajadores que luchaban por relanzar la
producción convocaron un Congreso del sector. Pero luego el presidente
Chávez descartó la perspectiva del control obrero en ese sector por
considerarlo estratégico, cuando, al contrario, esto sería una razón
suplementaria para organizarlo en esas empresas. Pasa lo mismo en el
sector de la producción y de la distribución eléctrica, que también fue
nacionalizado. Los trabajadores de este sector profundizaron la lucha
por el control obrero en el mes de septiembre de 2009. El suministro
eléctrico en el país se encuentra en una situación muy difícil, pues
más del 50 % de la producción (4) se «pierde» o es desviada (robada) en
la distribución. Las pérdidas se deben principalmente a la decrepitud
de las instalaciones, debido a que, antes de su nacionalización por el
gobierno de Chávez, algunas empresas como Electricidad de Caracas
(propiedad de la multinacional estadounidense AES) fueron víctimas de
una falta generalizada de inversiones y de renovación de las
instalaciones. Por otra parte, grandes empresas industriales privadas
consumidoras de grandes cantidades de energía son responsables de un
desvío de electricidad, que despilfarran y que no la pagan. Están
también las conexiones piratas en los barrios residenciales y también
en los hogares populares que no siendo grandes consumidores sólo
ocasionan pérdidas limitadas. Los trabajadores de este sector son los
que se encuentran en mejor situación para resolver los problemas de la
distribución de electricidad, luchar contra el despilfarro y la mala
gestión de los directivos a fin de evitar los cortes de electricidad.
Esto es lo que argumentan los dirigentes sindicales que exigen la
implantación del control obrero.
Ángel Navas, presidente de la Federación de
Trabajadores del Sector Eléctrico (FETRAELEC), declaró a la prensa
local, con ocasión de una manifestación de 3.000 trabajadores del
sector, en Caracas el 25 de septiembre de 2009: «Los trabajadores somos
los que estamos dando la cara a las comunidades. Sabemos cómo podemos
resolver esta crisis... hay que modificar las estructuras burocráticas
y cambiar las estructuras de administración capitalista por una
estructura con visión socialista. Tenemos que cambiar las relaciones de
producción y eliminar toda esa burocracia que está matando a la
empresa.» (5) Aymar Plaza, trabajadora del sector eléctrico, agrega:
«Cuando nuestro presidente dice que tenemos que darle poder al pueblo,
nosotros, los trabajadores, somos el pueblo. Nosotros tenemos que tener
el control de la empresa y ser parte de la transformación de esta
política capitalista hacia una política socialista.»
Esta batalla por el control obrero sobre la
gestión de las empresas es absolutamente fundamental. Su solución es
decisiva para la profundización del proceso en curso en Venezuela.(6)
Durante el primer semestre de 2009, Hugo Chávez declaró, con ocasión de
una reunión pública con los dirigentes obreros, que era favorable a la
adopción de una ley sobre la elección de los dirigentes de las empresas
nacionalizadas. (7)
Un encuentro de intelectuales revolucionarios que ha hecho mucho ruido
A comienzos del mes de junio de 2009, el
Centro Internacional Miranda (CIM), institución oficial creada por la
presidencia de Venezuela y financiada por el ministerio de Educación
Superior, organizó unas jornadas de reflexión que causaron mucho ruido
en el país. (8) Una treintena de los más importantes intelectuales de
izquierda venezolanos debatieron sobre los avances y los bloqueos del
proceso revolucionario en curso. He aquí unos extractos de la síntesis
publicada por el CIM que muestran la profundidad de los debates
realizados en estas jornadas, tituladas «Intelectuales, democracia y
socialismo: callejones sin salida y caminos de apertura». (9)
«Una de las discusiones centrales del debate
giró en torno a lo que es el PSUV, dando así origen a una serie de
interrogantes: ¿En qué se diferencia el PSUV de los partidos políticos
tradicionales o de viejo cuño? ¿Los partidos siguen teniendo sentido o
no lo tienen en una sociedad compleja? En el caso de que el partido sea
la solución ¿debe tener una dirección única o una dirección colegiada?
¿Es conveniente que una persona pueda tomar decisiones al margen de las
bases o contra la voluntad de las mismas? ¿Qué futuro tiene un partido
donde las bases raramente tienen la oportunidad de expresarse? ¿Deben
las bases elegir a los miembros de la dirección o se trata de una
decisión no participada en aras de otras razones? ¿No debilita al
propio partido que la dirección sea elegida al margen de las bases?
¿Cómo participan las bases en la elaboración de las grandes líneas
programáticas, de las directrices del gobierno y del contenido del
socialismo del siglo XXI? ¿No es un problema para el partido que
algunos de los funcionarios que están al frente de áreas fundamentales
del gobierno sean al mismo tiempo dirigentes del partido? ¿No conduce a
la ineficiencia la acumulación de responsabilidades? ¿Y no es repetir
un problema del socialismo del siglo XX el confundir el partido con el
Estado? ¿Nació el PSUV cupularmente, de arriba hacia abajo, más como
una necesidad política entendida como tal desde el gobierno que como
una necesidad sentida como tal por las bases?»
«Otro elemento relevante reiterado es la
necesidad de que el instrumento cuente con una dirección colectiva. Que
se articule efectivamente con los movimientos sociales de base (no que
los utilice en tareas electorales o como correa de transmisión del
gobierno), que derrote el mal del clientelismo partidista y que
instituya las bases de un verdadero partido revolucionario,
reconociendo la libertad de crítica y profundice la democracia dentro
del partido; estos son elementos que formaron parte central de la
discusión.»
El nuevo Estado revolucionario
«Si el Estado ha sido el instrumento que
utilizó el neoliberalismo para imponer sus propuestas ¿Tiene que ser
también el instrumento para liberarnos del neoliberalismo? […] ¿Este
Estado puede conducirnos rumbo al socialismo o por el contrario es un
freno para ello? ¿Se trata de debilitar el Estado actual o de
fortalecerlo? ¿Se trata de inventar un nuevo Estado que puede llamarse
comunal o socialista? ¿Cuáles son los rasgos del Estado comunal?»
El papel de los medios de comunicación
«Otra de las grandes discusiones tuvo que
ver con los medios de comunicación, los ajenos y los propios. El debate
se centró en qué hacemos con nuestros medios, cuando pese a disponerse
de seis televisoras públicas, en total no se alcanza, se dijo, el 8 %
de la audiencia. ¿A qué se deber este evidente fracaso? ¿Están
malbaratando acaso esos recursos públicos quienes no consiguen
incrementar los índices de audiencia? […] Aun siendo evidente el gran
crecimiento de los medios comunitarios y alternativos durante el
proceso revolucionario, la solución aún no se ha articulado. […] ¿No es
hora, igualmente, de que CONATEL (10) haga cumplir las leyes de
telecomunicaciones? ¿A qué se espera para frenar el abuso de los medios
de comunicación privados? […]»
El carácter de la Revolución
«Otro gran rasgo del debate tuvo que ver con
el signo de esta Revolución. Se planteó que en esta Revolución se
sumaban varias revoluciones: la estudiantil, la campesina, la obrera,
la socialista, la de mujeres, la militar y la popular. […] Es
importante abrir un debate fuerte, aún pendiente, con estudiantes, con
intelectuales, con trabajadores, con campesinos. Hay que volver a
sentar en un dialogo permanente a todos estos sectores. Otro aspecto
pendiente no menor es la definición del socialismo del siglo XXI. No
obstante, por un lado es una ventaja no definirlo, porque implica que
no estamos repitiendo modelos; por otro lado muestra una falta de
concreción que quizás lo deja demasiado abierto. El socialismo del
siglo XXI, se defendió, tiene que ser del siglo XXI pero también tiene
que ser socialismo. No puede fracasar en el elemento emancipador. […]”
La participación popular
«Otro de los elementos que parece
caracterizar al socialismo del siglo XXI es la idea de la
participación, que ha aparecido como un elemento central en lo que ha
sido este proceso. Se planteó si los consejos comunales (véase el
recuadro «Los consejos comunales») aunque son el ejemplo por excelencia
de participación, no estarían respondiendo a una lógica muy poco
participativa. Esto se explicaría porque o bien no funcionan o bien
responden directamente al poder ejecutivo. Además está presente el
problema de que corren el riesgo de ser cooptados por el partido, lo
que de alguna manera genera problemas entre la lógica institucional del
partido y la lógica social de los consejos comunales. […] Existe un
profundo riesgo de que la lógica institucional limite a la lógica
social, que ha tardado 30 años en construirse en este país, y que fue
la que hizo posible la revolución y la que la defendió el 13 de abril
(11)
«El último elemento apuntó a los modos y
formas en que se debe articular la critica. Incluso entre los
intelectuales comprometidos con el proceso, la crítica ha perdido parte
del espacio que le corresponde, especialmente entre aquellos con alguna
responsabilidad institucional. No es difícil encontrar en los medios
del proceso comportamientos del socialismo del siglo XX, en los que se
acusa de “contrarrevolucionario” o de “agente de la CIA” a cualquier
persona, incluidas personas con una incuestionable semblanza
revolucionaria, que formula críticas en voz alta. Esto debilita
fuertemente al proceso, pues el gobierno deja de recibir insumos para
su ajuste.»
«Esta pregunta se repitió con frecuencia:
¿Es posible que avance una revolución que no hace de la crítica el
principal de sus motores? Se planteó que con esta reunión de los
intelectuales afectos al proceso, la revolución se revisaba, a la vez
que se fortalecía. Los asistentes se felicitaron por el hecho de que el
Ejecutivo pusiera a disposición de la intelectualidad del proceso un
ámbito para la crítica que en diez años no había tenido lugar.
Igualmente insistieron en que con este evento quedaba demostrado que no
es cierto el discurso del miedo a las críticas. Es igualmente falsa la
denuncia de la oposición de que no hay libertad de expresión en
Venezuela. Esta revolución es capaz de reinventarse constantemente
gracias a los espacios de libertad existentes. […]»
«Los intelectuales —concepto que fue
ampliamente criticado por los presentes como elitista— militan con el
compromiso de que es necesario aunar teoría y práctica, no olvidando
que la praxis hace a la teoría útil.»
Estas jornadas fueron transmitidas
íntegramente por una cadena pública (TVES) en directo y retransmitidas
después en diferido durante unos diez días. Algunos sectores del
gobierno, y no de los menos importantes, criticaron con dureza tanto la
iniciativa del CIM como los resultados de las jornadas. Entre ellos, en
particular, Rafael Ramírez, ministro del petróleo, y Nicolás Maduro,
ministro de relaciones exteriores, ambos altos responsables del PSUV.
VEA, uno de los diarios chavistas, publicó varios artículos críticos
con la iniciativa del CIM, afirmando que: «Fabrican encuentros de
intelectuales cuyos pronunciamientos son confusos, dejan traslucir su
resquemor por el liderazgo de Chávez, que ellos denominan
“hiperliderazgo” o “cesarismo progresista”; sin duda, son chavistas sin
Chávez, pero avergonzados de salir a la luz del día, de saltar
definitivamente la talanquera.» (Publicado el 6 de junio de 2009 con la
firma colectiva «Grano de maíz»)
Después de diez días de polémica en la
prensa, tanto chavista como opositora, Hugo Chávez en su programa de
televisión «Aló presidente» del 14 de junio, parecía dar la razón a
quienes critican al Centro Internacional Miranda. Esto no hizo más que
aumentar el interés del público en el evento: diferentes dirigentes
sindicales obreros así como el Partido Comunista de Venezuela y el
Patria Para Todos (partidos que apoyan al gobierno pero rechazan
integrarse en el PSUV) salieron en defensa del CIM, afirmando que el
aporte crítico de los intelectuales revolucionarios constituye una
fuerza, un evento positivo. Por un momento se temió que el CIM fuera
relegado o incluso cerrado pero, por el momento, esto no ocurrió. Lo
que refleja una vez más complejidad de la evolución en curso en
Venezuela, y que su gobierno no puede ser considerado totalitario.
Los consejos comunales
La ley titulada «Ley de los consejos
comunales» LCC (12) fue sancionada sin un verdadero debate el 7 de
abril de 2006. En su artículo 3 precisa: «La organización,
funcionamiento y acción de los consejos comunales se rige conforme a
los principios de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad,
transparencia, […] honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad
social, control social, equidad, justicia e igualdad social y de
género.»
La asamblea de ciudadanos y ciudadanas, «la
máxima instancia de decisión del consejo comunal» (art. 6), está
integrada por los habitantes de la comunidad mayores de 15 años
(Consejos comunales, Expresión del poder popular). El propio consejo
comunal delimita su territorio y sus miembros son ad honorem (art. 12).
Los diferentes ámbitos de intervención están definidos de la siguiente
manera: «salud, educación, tierra urbana o rural, vivienda y hábitat,
protección e igualdad social, economía popular, cultura, seguridad
integral, medios de comunicación e información, recreación y deportes,
alimentación, mesa técnica de agua, mesa técnica de energía y gas,
servicios, y cualquier otro que considere la comunidad de acuerdo a sus
necesidades.» (art. 9)
La institución de los consejos comunales en
el 2006, bajo el impulso del presidente Hugo Chávez, está fuertemente
marcada por la voluntad de instaurar la participación en la concepción
y la realización de la política local. El gobierno puso grandes
esperanzas en estos consejos, que concibe como «unidades territoriales
de base de la participación popular y de autogobierno». El poder
atribuido a los consejos comunales no es despreciable, puesto que da
derecho a una «comunidad» a proponer y ejecutar proyectos que pueden,
desde el primer año, llegar a los 30 millones de bolívares. Según las
palabras del presidente, esta «explosión revolucionaria del poder
popular» debe constituir la base realista y duradera de un nuevo tipo
de Estado, de «un socialismo del siglo XXI».
Juan Leonel M. (FONDEMI, Fondo de desarrollo
microfinanciero), evocando, en junio de 2007, los 15.000 Consejos ya
formados, no oculta que las relaciones con las municipalidades son
delicadas: «De hecho, los alcaldes, en fin, muchos de ellos, se oponen
a este nuevo modo de elección y de organización de las comunidades. Ven
a los consejos comunales como una organización que compite con su
municipio. Pero actualmente la idea es que el poder constituido, que
son los alcaldes, debe avanzar tomados de la mano, con el poder
constituyente que son los consejos comunales. El Estado está en vías de
llevar a cabo una revolución dentro del sistema estatal. El poder
constituyente del pueblo debe ser el motor de este cambio. Los consejos
comunales son la piedra angular del autogobierno comunal, donde el
pueblo ejerce directamente el poder.» (Fragmentos de: Anne
Florence Lopuzé, «Les conseils communaux au Venezuela: un outil
d’émancipation politique?» in Olivier Compagnon, Julien Rebotier et
Sandrine Revet (sous la direction de), Le Venezuela au-delà du mythe.
Chavez, la démocratie, le changement social, Editions de
l’Atelier/Editions Ouvrières, París, 2009.
La ley del 2006 sobre los consejos comunales
está en vías de modificación, y es probable que próximamente sea
reemplazada por una nueva ley, cuya elaboración está en curso. Para
saber más sobre esta experiencia, recomendamos leer los trabajos de
Martha Harnecker, residente en Venezuela, que ha dedicado estos últimos
años a la experiencia de los consejos comunales. (13)
El PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) en vísperas de un congreso
El partido, fundado por Chávez en el año
2006, dio la impresión de que había abortado con el referéndum
constitucional del 2007, dado que el número de venezolanos que votaron
«Sí» era inferior al número de inscriptos oficialmente en el partido
(14). Pero este juicio fue parcialmente desmentido en los meses
siguientes, pues las reuniones en la base se multiplicaron, lo que
llevó a la designación de candidatos a las elecciones municipales y los
cargos de gobernador de los 23 estados que constituyen Venezuela. Aquí
también el proceso es contradictorio, pues si bien la base ha tenido
una participación dinámica, y ha designado los candidatos a las
elecciones, lo cierto es que cuando, en otro registro, se trataba de la
composición de la dirección del partido, la base no pudo elegir la
totalidad de los dirigentes y fue Chávez quien puso en los cargos
principales del partido (los 8 vicepresidentes del PSUV) a los
ministros de su gobierno, lo cual creó una confusión perniciosa entre
el Estado, el gobierno y el partido. Sobre esta cuestión crecen las
críticas en el seno del PSUV sobre el hecho de que la animación y la
dirección del partido, en el más alto nivel, sean responsabilidad de
los ministros, que ya están recargados por su trabajo gubernamental.
Además, su posición de ministros otorga a estos dirigentes el poder de
influenciar desproporcionadamente las decisiones que toma el partido.
Así mismo, pueden influir con más facilidad que otros sobre una
fracción de los miembros del partido cuando son llamados a votar.
Martha Harnecker expresa así una crítica que comparte un número
importante de militantes: «Una de las cosas que a nosotros nos extraña
y a los extranjeros supongo que les chocará muchísimo, especialmente en
Europa, es que el Estado sea el instrumento con el cual se construye el
partido. Eso es algo absolutamente contradictorio con nuestra visión de
partido (15)
Gonzalo Gómez, militante del PSUV y
cofundador de Aporrea, se inquieta: «Carecemos de estatutos, porque no
se aprobaron, y el partido anda a capricho de las correlaciones de
fuerzas eventuales, porque no hay reglas, las reglas aparecen en el
transcurso del juego mismo. Eso debe ser cambiado garantizando la
democratización plena de la organización y, por otro lado, está la
relación con el Estado, con el poder popular y los movimientos
sociales.» En lo concerniente a la relación entre el partido y el poder
popular, al que llama también el «actor constituyente», agrega: «El
partido puede aspirar a proponer y orientar, desde el acompañamiento a
los movimientos sociales en la construcción del poder popular, pero no
puede someter al poder popular: someter a ese actor constituyente por
lo constituido.» (16)
El próximo congreso del PSUV (inicialmente
convocado para el 10 de octubre de 2009 y luego postergado hasta fines
de noviembre de 2009) plantea numerosos interrogantes. Los 7.253.691
militantes inscriptos en el PSUV son convocados a reunirse en
estructuras de base, denominadas «patrullas», compuestas cada una por
entre 20 y 30 miembros. Para que sea válida, cada reunión de una
patrulla debe contar con la asistencia de más de la mitad de sus
miembros. Cierto número de militantes expresan su inquietud: se
preguntan cómo se puede organizar democráticamente un congreso que debe
tratar tanto un programa como los estatutos y el balance de tres años
de existencia, sin olvidar las perspectivas.
Las paradojas de la economía venezolana: el
sector capitalista se desarrolla con más rapidez que el sector público
y controla aún muy ampliamente la economía, a pesar de las
nacionalizaciones
El peso del sector privado (ampliamente
dominado por el sector capitalista) (17) en el producto interior de
Venezuela pasó del 64,7 % en 1998 (en vísperas de la elección de Chávez
como presidente) al 70,9 % en el tercer trimestre del 2008. (18)Aunque
el gobierno ha nacionalizado un número significativo de empresas de
gran tamaño en los sectores de la electricidad, de las
telecomunicaciones, de la siderurgia, de la agroalimentación, del
cemento y de la banca, el sector capitalista tuvo un crecimiento mayor
que el público, lo cual explica que su peso relativo en el PIB haya
aumentado (véase más arriba), mientras que el del sector público bajaba
(del 34,8 % en 1998 al 29,1 % en el 2008). (19)
Esto se explica, en particular, por el tipo
de utilización de la renta petrolera. Una aplastante mayoría de los
recursos del Estado venezolano provienen de la exportación de petróleo.
El gobierno emplea masivamente estos recursos para mejorar las
condiciones de vida de la mayoría pobre de la población (así como de
otros sectores de ingresos medios) en los ámbitos de la salud (con
resultados impresionantes), de la educación (idem), de la provisión de
productos básicos a precios comprimidos a través de los canales de
distribución y de comercialización Mercal(20) y Pdval (21) (alimentos y
otros bienes de primera necesidad para las familias), de la
construcción de viviendas, de la construcción de infraestructuras y de
medios de comunicación colectiva (metro, tren), del aumento de los
salarios en la función pública, del aumento del número de becas y
rentas sociales, sin olvidar los gastos en los sectores de la cultura y
los deportes, y la distribución de subvenciones importantes a las
cooperativas y los consejos comunales.
El resultado es indiscutiblemente positivo:
la proporción de venezolanos que viven por debajo del umbral de la
pobreza se ha reducido a la mitad entre el 2003 y el 2008, pasando del
62,1 % al 31,5 % de la población. En cuanto a las personas en situación
de pobreza extrema, la proporción se redujo dos tercios, pasando del 29
% en el 2003 al 9,1 % en el 2008 (22) El analfabetismo tuvo una fuerte
disminución, el nivel de formación aumentó, el acceso a la atención
sanitaria gratuita tuvo un alto aumento, el consumo de masa aumentó...
Pero el sector capitalista se beneficia
también largamente de estos gastos gubernamentales, pues es quien
domina, de lejos, la banca, el comercio y la industria alimentaria. El
dinero suplementario que llega al pueblo proveniente de los gastos
gubernamentales acaba concentrándose en los bolsillos de los
capitalistas, pues es en los bancos capitalistas donde los particulares
(y también las cooperativas, los consejos comunales, las
municipalidades y otros numerosos entes públicos) depositan su dinero.
Son bancos capitalistas los que emiten la moneda de crédito al consumo
bajo la forma de tarjetas de crédito y que mantienen una parte
creciente del consumo (cobrando unas elevadas tasas de interés). Son
las empresas capitalistas de la industria alimentaria las que producen
o comercializan la mayor parte de los productos alimentarios consumidos
por las masas. Son las empresas capitalistas importadoras las que hacen
llegar del exterior —a un tipo de cambio oficial muy favorable— los
variadísimos productos importados que consumen los venezolanos (por
otra parte, estas firmas organizan un comercio import-export
fraudulento masivo entre Venezuela y Colombia que hace perder ingresos
al Estado aumentando los beneficios capitalistas). Son las cadenas
privadas de grandes superficies que aún dominan el comercio, aun si
Mercal y Pdval tienen un papel no despreciable en la distribución de
productos de base. Cuando el Estado nacionaliza empresas privadas
pertenecientes al capital nacional, es a capitalistas locales a los que
paga indemnizaciones de recompra.(22)
En síntesis, el sector
capitalista sigue absorbiendo la mayor parte de los gastos que hace el
Estado a favor de la población pobre o de ingresos medios.
Según un estudio de Mark Weisbrot y Luis
Sandoval (23)cuyo contenido es, por otra parte, muy favorable al
gobierno de Chávez, el sector financiero privado ha tenido un
crecimiento del 37,9 % en el 2004, del 34,6 % en el 2005 y del 39,2 %
en el 2006, mientras que el sector público (todos los sectores juntos)
no creció más que el 12,5 % en el 2004, el 4,1 % en el 2005 y el 2,9 %
en el 2006.
Como ha escrito Víctor Álvarez: «En el
anterior período gubernamental del presidente Chávez (2000-2006), la
mayoría de los incentivos financieros, fiscales, cambiarios, compras
públicas, asistencia técnica, etc. fueron dirigidos al aparato
productivo existente, conformado fundamentalmente por empresas
mercantiles, las cuales reproducen el modo de producción capitalista
que, paradójicamente, es el que se quiere superar y trascender.»
Estamos muy lejos de las afirmaciones de la
prensa dominante, que ve en la gestión de Hugo Chávez una estatización
galopante de la economía venezolana.
Un problema adicional, antes mencionado, se
debe a una política de sobrevaloración de la moneda venezolana con
respecto al dólar. Esto requiere una explicación. Desde el año 2003,
las empresas que quieren importar mercaderías y servicios deben comprar
los dólares a una administración del Estado llamada CADIVI. Esta
medida, tomada para luchar contra la fuga de capitales, es útil. El
problema es que el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar
sobrevalora el primero. En efecto, esto agrava un comportamiento
perverso: para un capitalista que dispone de una suma importante de
bolívares, es más rentable cambiarlos por dólares, que compra al Estado
a bajo precio, y comprar bienes en Estados Unidos o en otra parte, que
producirlos en el país. Por lo tanto, la política del bolívar
sobrevaluado inhibe la inversión productiva y favorece la actividad
comercial volcada a la importación frenética de mercancías (24) ny su
venta en las grandes redes privadas de distribución. De hecho, esta
importación masiva está subvencionada por el Estado, dado que éste
vende al sector privado a bajo precio unos dólares acumulados gracias a
la exportación de petróleo. Así mismo, habría que analizar el papel de
esta política del bolívar sobrevaluado y del alto nivel de
importaciones sobre la tasa de inflación, particularmente alta en estos
últimos años. Una inflación que se come los aumentos salariales
dispuestos por el gobierno.
Un ejemplo de la naturaleza viciosa de esta
política cambiaria y de los regalos que el gobierno hace a los bancos
privados. El Estado venezolano compró títulos de la deuda emitidos por
Argentina en 2004-2005. El problema es que vendió una parte de estos
títulos, denominados en dólares, a los bancos privados. Éstos los
pagaron en bolívares al tipo de cambio oficial sobrevaluado. ¿Qué
hicieron con ellos algunos (o muchos) compradores? Los vendieron en
Estados Unidos o en otra parte en dólares. Esto les permitió eludir el
control sobre los movimientos de salida de capitales que ejerce el
Estado venezolano. Es decir, oficialmente no exportaron capitales, no
hicieron más que sacar del país títulos de la deuda argentina. Otras
maniobras astutas de los bancos han podido brindarles jugosos
beneficios, sería largo de detallar.
En conclusión, aunque el Estado trata de
poner en marcha una política de desarrollo endógeno (esto es, volcado a
la satisfacción de la demanda interna mediante la producción cada vez
mayor dentro del país), la manera de operar la redistribución de la
renta petrolera tiende a reforzar el sector capitalista y su
comportamiento importador.
En su intervención en el encuentro de
intelectuales organizado por el CIM, el escritor y jurista Luis Britto
resumió así la situación: «Vivimos en una sociedad dual y yo digo en
una fábula que hice que cuando uno intenta hacer un sistema mixto con
gallinas y con zorros en un mismo gallinero, a la semana sólo quedarán
zorros y además se comerán al granjero.» (25)
Algunas pistas para avanzar hacia una transición al socialismo del siglo XXI en Venezuela (26)
Una de las soluciones que se pueden poner en
marcha a fin de que el Estado pueda recuperar (en lugar del actual
sistema bancario privado) una parte sustancial de lo que distribuye (o
destina) consiste en transferir al sector público (nacionalizar) la
mayor parte o la totalidad del sector bancario capitalista venezolano
(27) Recuperando de este modo una parte de lo que distribuye (a partir
de la renta petrolera), podrá reinvertirla en la economía en forma de
gastos sociales o de inversiones productivas, a fin de crear un círculo
virtuoso de acumulación y de desarrollo de un sector público de la
economía, así como de otras formas de propiedad que se ha de apoyar y
reforzar (pequeña propiedad privada, propiedad cooperativa, formas
tradicionales de propiedad de las comunidades indígenas, etc.)
Una segunda medida podría consistir en la
estatización del comercio exterior, a fin de evitar que una gran parte
de los beneficios del mismo sea desviada hacia la acumulación
capitalista o hacia el exterior vía la fuga de capitales. Habría que
establecer así mismo una serie de estímulos de diferentes tipos
(impuestos, subvenciones, prioridades en las compras del Estado, etc.)
a favor del sector no capitalista de la economía (naturalmente,
incluida la pequeña propiedad privada). (28)
Pero lo que es absolutamente esencial es
establecer unos mecanismos para evitar dos grandes escollos: 1) El
monopolio de las decisiones por la burocracia del Estado, y 2) la
emergencia de una nueva burguesía desde las entrañas del chavismo, lo
que ya se denomina popularmente la «boliburguesía» (de burguesía
bolivariana, la parte de los dirigentes chavistas que se benefician de
sus funciones acumulando un capital). (29) Entre estos mecanismos
citemos: fijación de un límite al abanico de salarios (por ejemplo,
entre 1 y 6) reduciendo los más altos y aumentando el mínimo, así como
los salarios medios; la obligación de los mandatarios y altos
funcionarios de presentar una declaración anual de los ingresos
globales (salarios, remuneraciones y otros ingresos) y del patrimonio
(pues la acumulación de capital por los burócratas pasa a menudo por
cobros bajo mano que aparecen en el patrimonio); la obligación de los
ciudadanos de declarar las diferentes cuentas bancarias que tengan en
el país y en el exterior (levantamiento del secreto bancario); un
fuerte aumento de la progresividad del impuesto sobre los ingresos.
Un remedio indispensable, y ciertamente el
más eficaz, es la aplicación de una política de control obrero y de
control ciudadano de la contabilidad y la gestión de las empresas y de
las instituciones públicas. Esto permite imponer la transparencia de la
gestión (a fin de evitar los desvíos, el derroche, e empleo de los
recursos de las empresas e instituciones en proyectos que no se
justifiquen desde un punto de vista social, ambiental, etc.) mediante
una política de auditoría integral, en la cual deben participar
activamente los trabajadores y los usuarios de los servicios. Esto
implica también la dotación de los organismos de control, y de las
personas que forman parte de éstos, de la formación necesaria para
pasar del control a la autogestión de las empresas (manteniendo siempre
un control externo). Toda esta batalla por el control obrero, por el
control ciudadano (control de usuario), por la autogestión forma parte
de la construcción de órganos de poder popular. Habría que encontrar la
forma adecuada para que el desarrollo de estos órganos no se limite a
una visión fragmentada, lo cual plantea el problema de la construcción
de una federación nacional de órganos de control y de poder popular.
Por otra parte, es también vital mejorar la
formación de los gestores de las empresas públicas. Pues las
nacionalizaciones requieren la creación de una reserva de reclutamiento
de cuadros de alto nivel técnico y de una sólida formación política y
social, que también tengan una formación ética. En efecto, para
acelerar el ritmo de las nacionalizaciones, es necesario crear al mismo
tiempo una reserva de cuadros y desarrollar, como se ha dicho más
arriba, una política de control obrero y ciudadano. En caso contrario,
se corre el riesgo de crear empresas públicas ineficaces, cuando no
corruptas.
Algunas observaciones suplementarias concernientes a Venezuela
Reducir la dependencia de los hidrocarburos y de Estados Unidos
Uno de los desafíos a los que se enfrentaron
varios gobiernos anteriores, así como el de Hugo Chávez, es la
diversificación del aparato productivo a fin de salir de una extrema
dependencia de los hidrocarburos (demás está decir que esto vale para
la mayoría de los grandes exportadores de petróleo). Es por esto por lo
que, en los años 60, se creó una empresa como SIDOR. Más tarde, en el
curso de los años 80 y 90, los gobiernos neoliberales (30) privatizaron
muchas empresas públicas, como SIDOR, y recurrieron a las inversiones
extranjeras para diversificar la economía. Fue un fracaso.
En estos últimos años, el gobierno de Hugo
Chávez trató a su manera de diversificar el aparato productivo con las
siguientes medidas:
1. Desarrollo y refuerzo de un polo
siderúrgico y metalúrgico aplicando una política de sustitución de
importaciones (por ejemplo, Venezuela producirá los tubos necesarios
para sus oleoductos, que hasta ahora son importados; con ayuda de
China, ampliará la red y fabricará material rodante);
2. Apoyo a la producción agrícola local para
acercarse tanto como se pueda a una situación de soberanía alimentaria,
cuando cerca del 90 % de los alimentos consumidos en el país son
importados (herencia de décadas de empleo de los recursos petroleros
para importar todo lo que Venezuela necesitaba);
3. Desarrollo de la industria petroquímica;
4. Mejora de la producción y de la
distribución de electricidad, obtenida en su mayor parte a partir de la
energía hidráulica (felizmente, no a partir del petróleo). En este
aspecto, al contrario de las intenciones oficiales, hay que evitar
lanzarse a la producción de electricidad por centrales nucleares;
5. Nacionalización de la industria cementera a fin de desarrollar la política de construcción de viviendas.
En cuanto a la voluntad de reducir la
dependencia del petróleo, Venezuela trata también de disminuir la parte
de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos, (31) su principal
comprador de hidrocarburos, intentando reforzar las ventas a China
(según fuentes gubernamentales, se espera que este país compre tanto
como Estados Unidos de aquí al 2014, una meta que parece difícil
alcanzar).
Política agraria
Se ha llevado a cabo una reforma agraria,
(32)las cooperativas y las pequeñas explotaciones agrícolas reciben
importantes subvenciones, pero se parte de una situación muy difícil.
El peso de la agricultura en el PIB es muy débil (33) y, aparte de
excepciones muy importantes (como, por ejemplo, las regiones de grandes
huertas de los Andes), (34) Venezuela es uno de los países en los que
el campesinado está considerablemente debilitado debido a la aplicación
durante décadas del modelo importador.
¿Cómo reconstituir un campesinado que
asegure la soberanía alimentaria de una población que llegará a los 30
millones en los próximos años? Hay que reconocer que es muy difícil
resolver el problema. Para ello, es necesario que el Estado ponga en
marcha una amplia batería de medidas de estímulo, entre las cuales: una
mejora sustancial de la calidad de los servicios públicos en zonas
rurales para reducir el éxodo rural; el aporte de una ayuda a
diferentes niveles a la agricultura familiar y otras formas
tradicionales de producción agrícola, sin ejercer una presión exagerada
a favor de las cooperativas (35) el desarrollo de una red pública para
la comercialización de los productos de los campesinos, que asegure la
estabilidad de la salida y precios suficientemente altos para
estimularlos y ponerlos fuera del alcance de las garras de las redes
privadas, que imponen su precio a los productores, y asegurarles unos
márgenes de beneficio mucho más altos. (36)
Michael Lebowitz ha hecho unas propuesta
concernientes a la política agrícola en Venezuela que se tendría que
poner en práctica para mejorar la situación: «Teniendo en cuenta el
contrabando existente debido a un bolívar sobrevaluado y el desvío de
mercancía vía mercado negro, no es apropiado subsidiar a través del
suministro gratis de insumos, tales como medios de producción o
subsidios monetarios directos, a la producción agrícola (excepto en la
caso de que se establezcan nuevas instalaciones productivas). ¿Por qué?
Porque dadas las circunstancias, no hay ningún control que asegure que
los productos se dirijan al lugar apropiado —sobre todo con la falta de
mecanismos de seguimiento y vigilancia que involucran costos de
transacción muy importantes.
»Por lo tanto, para asegurar que los
subsidios resulten en un verdadero incremento de alimentos en el
mercado nacional y a precios apropiados, la mejor forma de subsidio es
a través de una agencia del Estado que compre los productos a un precio
determinado. Esta agencia estatal puede otorgar un precio a los
productores que estimule la producción y luego puede hacer que estos
artículos sean vendidos a la población en general través de la red de
Mercal a precios más bajos que lo que pagó a los productores.» (37)
Política del gobierno venezolano en materia de endeudamiento
El peso de la deuda pública con respecto al
PIB ha bajado en el curso de los últimos años, pero hay que señalar que
el gobierno de Hugo Chávez sigue sin ordenar la realización de una
auditoria integral de la deuda pública a pesar de que se comprometió a
hacerlo en varias ocasiones. (38) Una parte de la deuda, que Venezuela
sigue pagando, fue heredada del régimen anterior (la IV República) y
está muy tachada de fraude. Pero no es necesario atenerse a las deudas
contraídas por los gobiernos anteriores a la V República, instituida en
1999. En efecto, es muy importante para el gobierno que demuestre a la
ciudadanía que está dispuesto a auditar su propia política de
endeudamiento.
Además, no se puede dejar interrogarse sobre
la oportunidad de contraer nuevas deudas en un momento en el que el
precio del barril de petróleo era elevado y en el que no faltaba
liquidez. Sin embargo, PDVSA se endeudó por un monto de 12.000 millones
de dólares en el 2006 emitiendo títulos en los mercados financieros
internacionales. ¿Cómo justificar esta medida que no fue discutida en
la Asamblea nacional? Con un precio del barril en baja desde julio de
2008 (aun si su nivel actual —entre 50 y 70 dólares el barril en el
verano del 2009— pone a Venezuela fuera de peligro inmediato), los
desembolsos que debe efectuar PDVSA ¿no recargan su presupuesto? ¿No
reducen exageradamente su liquidez? ¿Por qué endeudarse y transferir
intereses a los mercados financieros privados internacionales (o
nacionales), si se dispone de suficiente liquidez para no tener que
recurrir al empréstito? Lamentablemente, estas preguntas siguen sin
respuesta.
Hay que destacar que Hugo Chávez pone el
acento en el desarrollo endógeno del país, que define como
«autocentrado, basado en los recursos propios y consubstancial del
retorno con fuerza a la escala nacional». Reducir el endeudamiento
exterior de PDVSA tendría que constituir una aplicación de esta
definición tan interesante.
La defensa de Venezuela frente al
peligro de agresión exterior y a la amenaza de los paramilitares
colombianos en territorio venezolano
Ante la agresividad de Estados Unidos y de
Colombia (las fuerzas armadas colombianas son muy superiores a la
venezolanas y es público y notorio que paramilitares colombianos ya
están presentes en territorio venezolano, por ejemplo, en el estado de
Tachira, al suroeste del país) la población es cada vez más consciente
de la necesidad de prepararse para afrontar posibles ataques.
Hay que recordar que, para hacer frente al
putsch del 11 de abril de 2002, el pueblo no disponía de armas. Fueron
centenares de miles de personas desarmadas las que rodearon los
cuarteles, el palacio presidencial, las radios y la TV cómplices del
golpe. Muchos militantes no quieren que esta situación se repita, tanto
más cuando los enemigos del proceso han aprendido la lección del
fracaso del golpe.
El general Alberto Müller Rojas, miembro de
la dirección del PSUV, dice en un editorial de A la Izquierda, revista
del partido, que hay que imaginar «una agresión armada [...] en la cual
nuestro pueblo tendría que enfrentar fuerzas no sólo cuantitativamente
mayores, sino cualitativamente superiores. Y habría un agravante. Las
hostilidades contarían con el apoyo de factores de poder internos...».
Más adelante agrega: «Y la respuesta de nuestra organización no puede
ser otra que la promoción de un debate sobre el problema en el marco de
las organizaciones populares.» (39). Por su parte, Stalin Pérez Borge,
dirigente de Marea Socialista y responsable sindical, escribe: «... la
única respuesta es el pueblo en armas. Es necesario que nosotros, los
trabajadores, nos incorporemos de inmediato a la Milicia Bolivariana
para formar lo más pronto posible los batallones obreros.» (40)
Traducido por Raúl Quiroz
Notas
(1) El «no» en el referéndum constitucional promovido por Chávez el 2 de diciembre de 2007 recogió el 51 % de los votos contra el 49 % del «sí». Fue el único fracaso «electoral» de Chávez entre 1998 y 2009. Véase Eric Toussaint, «Transformar el fracaso del 2 de diciembre de 2007 en una potente palanca para impulsar el proceso en curso en la Venezuela de Hugo Chávez», http://www.cadtm.org/Transformar-el...
(2) Hay que destacar que en Francia no había, hasta julio de 2008, límite para el número de mandatos consecutivos; actualmente este límite es de dos mandatos consecutivos. En España no existe ninguna limitación.
(3) http://voixdusud.blogspot.com/2009/...
(4) De todos modos, hay que destacar un elemento estructural muy positivo en Venezuela: la electricidad proviene en su casi totalidad de la energía hidráulica. El uso de combustibles fósiles es absolutamente marginal y no hay ninguna central nuclear.
(5) Véase un video muy interesante de la manifestación, con entrevistas a varios dirigentes sindicales en el sitio de Marea Socialista: http://mareasocialista.com/trabajad...
(6) Para saber más sobre las iniciativas o las tomas de posición en materia de control obrero en Venezuela, léase, en especial, los números 19, 20 y 21 de la revista Marea Socialista, julio-agosto de 2009, que presenta la situación en SIDOR, Corpoelec, Cadafe, las cementeras, Cafeaca, Alcasa, Carbonorca, etc. http://mareasocialista.com/
(7) Este ha sido, en particular, el caso el 21 de mayo de 2009, durante una reunión de Hugo Chávez con los 400 delegados de la industria del acero y del aluminio realizada en el estado de Guayana. Otra reunión para concretar los compromisos asumidos en el curso de esta importante asamblea tuvo lugar el 21 de agosto en el marco del «Plan Guayana socialista 2019». Véase Marea Socialista, nº 22, p. 3.
(8) Todas las intervenciones, que en total llenan más de 300 páginas, son accesibles en español en el sitio www.aporrea.org y han sido publicadas en el número cero de la revista La Comuna, con fecha julio-agosto-septiembre de 2009. Hay que señalar que el sitio www.aporrea.org, creado justo después del fracaso del golpe de Estado de abril del 2002 por un grupo militante en torno a Gonzalo Gómez (por otra parte, fundador del CADTM Venezuela), desempeña un papel muy importante en el plano de la información y de los debates sobre el proceso en curso. Supera el millón de visitas mensuales. Así mismo, varias intervenciones pueden verse en el sitio www.cadtm.org y en www.rebelión.org
(9) Véase la síntesis completa en http://www.cadtm.org/Venezuela-prem...
(10) Comisión nacional de telecomunicaciones, instancia independiente de regulación.
(11) Fecha del retorno de Chávez al poder (después del golpe de Estado del 11 de abril de 2002) tras la movilización masiva y espontánea de la población.
(12) http://www.tecnoiuris.com/venezuela...
(13) Véase Martha Harnecker, «De los consejos comunales a las comunas», http://www.rebelion.org/docs/83276.pdf . Este estudio, de 61 páginas, contiene une bibliografía de los 21 trabajos de Harnecker sobre el tema de la participación popular. Véase también, de la misma autora, «Las Comunas, sus problemas y cómo enfrentarlos».
(14) Oficialmente, seis millones de venezolanos estaban afiliados al PSUV en el momento del referéndum del 2 de diciembre de 2007. Pero el «Sí» obtuvo sólo un poco más de cuatro millones de votos, algunos de los cuales evidentemente no provenían de militantes del PSUV, puesto que el PCV (Partido Comunista de Venezuela) y el PPT (Patria Para Todos) también llamaban a votar «Sí». Por lo menos, dos millones de afiliados del PSUV no votaron «Sí». En la fase de lanzamiento del partido, se fijó a los ministerios unas cuotas de inscripciones de nuevos miembros que debían lograr, lo que ha viciado el proceso y abultado el número de partidarios sin que ello correspondiera a la cantidad real de venezolanos que pensaban adherirse al partido.
(15) Intervención de Martha Harnecker en el encuentro «Intelectuales, democracia y socialismo: callejones sin salida y caminos de apertura», organizado por el CIM, http://www.rebelion.org/noticia.php...
(16) Intervención de Gonzalo Gómez en dicho encuentro http://www.aporrea.org/actualidad/n...
(17) La parte de la economía social en el seno del sector privado es muy débil:, por ejemplo, del 0,5 % del producto interior bruto en 1998 pasó al 1,6 % a fines del 2008. Sobre un total de 11.692.071 personas activas a finales del 2008, sólo 201.773 trabajaban en las cooperativas de la economía social. Es decir, apenas el 1,7 %.
(18) Véase Víctor Álvarez, «La transformación del modelo productivo venezolano: balance de diez años de gobierno», Revista La Comuna n° 0, pp. 37 à 55. Víctor Álvarez fue ministro de Industrias de base del gobierno de Chávez, de enero de 2006 a agosto de 2007.
(19) Hay que añadir un matiz importante: hasta el 2002, aunque pública, PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) había evolucionado hacia una gestión favorable al sector privado. Por lo demás, una gran parte de sus ingresos se declaraban y pagaban impuestos en Estados Unidos. Las medidas tomadas por el gobierno de Chávez a partir del 2002 permitieron recuperar la gestión de la empresa por el Estado, lo que se tradujo en un fuerte aumento de ingresos, que se destinaron a continuación a las políticas sociales.
(20) La Misión Mercal (MERCado de ALimentos) es uno de los programas sociales incentivados por el gobierno venezolano. Creada oficialmente el 24 de abril de 2003, la Misión Mercal está destinada al sector alimentario, dependiente del Ministerio de la Alimentación. El programa consiste en construir y dotar almacenes y supermercados con alimentos y otros productos de primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más necesitada. Los alimentos están subvencionados y llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios ofrecidos suelen tener un descuento de entre el 30 y el 45 por ciento de los observados en las otras cadenas de distribución. http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C...
(21) Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), creada en enero de 2008 http://www.abn.info.ve/go_news5.php...
(22) Citado por Víctor Álvarez.
(23) Véase Mark Weisbrot y Luis Sandoval, La Economía venezolana en tiempos de Chávez, Center for Economic and Policy Research, Washington, 2007, www.cepr.net
(24) Una anécdota personal: me quedé estupefacto al ver, a finales de noviembre de 2006, en los barrios de clase media de Caracas, puntos de venta de miles de árboles de navidad importados de Canadá. Los comercios también vendían, en gran cantidad, sistemas para esparcir nieve química sobre los pinos. Hay que tener en cuenta que para esas fechas la temperatura media en Caracas es de más de 20 grados. El bolívar sobrevaluado hace absolutamente rentable la importación masiva de los pinos provenientes del gran Norte. Es verdad que Hugo Chávez critica este modelo de importación sistemática, tanto más, —dice—, cuanto que esto corresponde a unos hábitos culturales (por ejemplo, el papá Noel) también importados y adoptados en detrimento de las tradiciones locales.
(25) Véase http://www.cadtm.org/IMG/article_PD... y Martha Harnecker, «Selección de las opiniones más destacadas de los intelectuales reunidos en el CIM», http://www.rebelion.org/noticia.php..., que presenta extractos de diferentes intervenciones realizadas en el curso del encuentro de intelectuales organizado par el CIM a principios de junio de 2009.
(26) Las recomendaciones que siguen son válidas también para Ecuador y Bolivia (cuya evolución reciente se analizará más adelante), aunque la situación en Venezuela es más favorable, desde muchos puntos de vista, para su aplicación.
(27) Ha tomado una primera medida en ese sentido en el 2009 al nacionalizar el Banco de Venezuela.
(28) En este sentido, véanse las propuestas de Víctor Álvarez en la parte final del documento antes citado.
(28) Roberto López, profesor en la universidad de Zulia, critica un proceso «en el cual sectores empresariales privados, que no son necesariamente los que están tratando de derrocar al gobierno, sino los sectores empresariales privados aliados a la burocracia bolivariana, que se han hecho multimillonarios en este período. Habría que hacer un análisis de los grupos empresariales y de la relación con los haberes económicos de muchos dirigentes y próceres del proceso. Pareciera que hay una nueva burguesía bolivariana asociada a sectores empresariales. Por ejemplo, un hecho que conozco casi directamente es el de las empresas contratistas que acaban de ser nacionalizadas, expropiadas en la Costa Oriental del Lago, donde prácticamente en todas esas empresas estaban empresarios que habían participado en el golpe, en el paro petrolero y todos estaban asociados con dirigentes del PSUV, con dirigentes de la revolución, con diputados, gobernadores bolivarianos, etc.» Véase:http://www.aporrea.org/actualidad/n...
(30) Entre ellos, la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando se aplicó en 1989 un plan de ajuste estructural impuesto por el FMI, que provocó la enorme sublevación popular del 27 de febrero de 1989, que fue sangrientamente reprimida. Pérez era por entonces vicepresidente de la Internacional Socialista.
(31) Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1999 las exportaciones a Estados Unidos representaban el 47,36 % del total y las importaciones provenientes de este país representaban el 40,61 % del total. En el 2007, los porcentajes respectivos pasaron al 52,4% y al 25,8 %.
(32) Se recuperó 2.675.732 hectáreas pertenecientes a los grandes propietarios rurales (latifundistas) y se concedió a los campesinos títulos de propiedad agraria y títulos de adjudicación por un total de 1.862.247 hectáreas a finales del 2008.
(33) El sector agrícola representa apenas el 4,39 % del PIB, mientras que en Colombia llega al 12,1 % del PIB. La media en Latinoamérica es del 6,22 % del PIB.
(34) Véase Alexandra Angelaume y Jean Christian Talet, «Mutation maraîchère et accompagnement institutionnel dans les Andes vénézuéliennes (1950-2007) in Olivier Compagnon, Julien Rebotier y Sandrine Revet (bajo la dirección de), Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social, Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, París, 2009, segunda parte, cap. 4.
(35) En efecto, el balance de la creación de muy numerosas cooperativas agrícolas (y otras) es particularmente moderada en Venezuela (como había sido el caso en una serie de países que dieron prioridad a las cooperativas con respecto a la explotación individual familiar).
(36) Como se ha visto, no son más que los pequeños productores europeos de leche los que se han enfrentado a este tipo de problema, que ha provocado movimientos de lucha en Francia, Bélgica y Alemania en 2008 y 2009.
(37) Michael Lebowitz, «De los subsidios agrícolas a la soberanía alimentaria», 2 de febrero de 2008,
(38) Hugo Chávez anunció el lanzamiento de una auditoría de la deuda con ocasión de un encuentro con un centenar de delegados de los movimientos sociales del mundo entero, en enero del 2006, al final de la 6ª edición del Foro Social Mundial, realizada de manera descentralizada en Caracas, Bamako y Karachi. El autor estuvo presente en dicha reunión, que por otra parte fue íntegramente transmitida en directo por la televisión pública. También se comprometió a finales del año 2008 en el marco de una reunión del ALBA.
(39) A la Izquierda, nº 19.
(40) Marea Socialista, nº 21, 28 de julio de 2009
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