Lecciones del caso Gürtel

Editorial "Corriente Alterna" Noviembre 09

La trama de corrupción del caso Gürtel ha puesto al descubierto una vez más las miserias de un sistema político- el del estado español -en el que confluyen la adhesión más servil a los postulados económicos neoliberales junto con graves déficits históricos de control democrático sobre las instituciones. En este contexto no resulta nada sorprendente que el PP, que utilizó el argumento de la corrupción como afilada arma contra el PSOE de Felipe González, se vea ahora del todo inmerso en una situación con múltiples puntos de contacto con aquella que fuera objeto de sus críticas de oposición.

Que el entramado empresarial montado por Francisco Correa haya podido estar funcionando desde 1996 hasta ahora se explica por varias razones. En primer lugar, la base fundamental sobre las que se asienta la red, la adjudicación masiva de contratos públicos a empresas privadas, se convirtió ya hace tiempo en práctica habitual del conjunto de la Administración. Ésta fue desmantelando de manera progresiva empresas públicas y servicios de ámbito local, autonómico y estatal, con capacidad para hacer frente por si mismos a gran número de trabajos requeridos para su quehacer. Los argumentos neoliberales de la “eficacia” y de la “rentabilidad” sedujeron primero al PSOE y posteriormente el PP, encantado de ello, no tuvo más que recoger el testigo. Pero ha quedado de sobra demostrado que la “eficacia” de las empresas privadas en el ámbito público se limita a la obtención de sus propios beneficios y que las consecuencias de su intervención no son otras que un deterioro progresivo de los trabajos y servicios y de las condiciones laborales de la gente trabajadora contratada por las empresas externas.

Con el amplio margen que ofrece el hecho de que una cantidad ingente de los trabajos a realizar por la Administración sean externalizados, resulta relativamente fácil aprovecharse de ello. Y así lo ha hecho el PP. Se necesita, sin embargo, sortear también los impedimentos que la Ley de Contratos del Estado pudiese oponer a los posibles fraudes. Este aspecto de la cuestión ha sido resuelta haciendo uso de los mecanismos de adjudicación directa (a través en algunos casos del fraccionamiento de contratos) y de otros medios que permiten eludir las valoraciones puramente objetivas de los licitadores. Al respecto de lo anterior hay que decir que los técnicos de la Administración cuya deber es fiscalizar los procesos de contratación se ven casi siempre sometidos a enormes presiones, limitándose como consecuencia de ello y en muchos casos, a dar simple “forma legal” a aquello que sus “jefes políticos” han prefijado y decidido ya. La ausencia de estructuras sindicales no burocráticas, combativas y sólidas en el seno de las Administraciones, facilita enormemente las manipulaciones de los políticos corruptos, ante los cuales los técnicos y trabajadores se encuentran desamparados.

La red Gürtel ha puesto pie igualmente en otro de los agujeros negros de la Administración del Estado español, la corrupción urbanística. Ésta se asienta en la ausencia real de una planificación urbanística que atienda a las necesidades de la población, a la sostenibilidad ecológica y a un modelo económico equilibrado y también en la presencia de mecanismos recaudatorios que en la práctica lanzan a los Ayuntamientos en brazos de los promotores y constructores.

Pero el fenómeno es complejo y su análisis nos muestra muchas facetas. La “organización de eventos”, una de las patas fuertes de la trama Gürtel, saca provecho de la desmesurada afición de los gobernantes del PP hacia los fastos mediáticos. Actos cuya ejecución material podría realizarse con medios mucho más reducidos son sobredimensionados hasta convertirlos en grandes espectáculos de elevado coste. Y en más de un caso se realizan “eventos” cuya mera existencia es ya un despropósito. Todo esto guarda estrecha relación con la cultura política del neoliberalismo de la que nuestra sociedad se ha impregnado profundamente.

Un hecho importante a destacar es que así como al PSOE le afectaron gravemente en su momento los escándalos de corrupción, no parece que esté sucediendo lo mismo con el PP. Ejemplo paradigmático de ello sería el País Valencià, con un Francisco Camps puesto ya contra las cuerdas y muy cuestionado dentro de su propio partido. A pesar de ello, las más recientes encuestas otorgan al PP una diferencia de 14,8 puntos sobre el PSOE (4,2 puntos más que en las generales del 2008). El electorado de derechas se muestra muy sólido e impermeable, aparentemente, ante la tormenta a la que se ve sometido su partido de referencia. Esperar por lo tanto un cambio del panorama político como consecuencia del estallido del caso Gürtel parece ilusorio. El factor clave que podría servir de detonante, la movilización popular masiva, brilla por su ausencia. Sin combate, sin lucha, el sistema se muestra tremendamente capaz de perpetuarse. Ocurre con la corrupción pero también y sobre todo con la crisis económica.

Es obligado por lo tanto insistir una vez más en la necesidad de trabajar lo más intensamente posible por la movilización social y de la gente trabajadora: movilización contra la crisis económica y contra la crisis política, para imponer soluciones favorables a la mayoría y para imponer una democracia efectiva libre de las lacras que ahora padecemos.