El juez Lino Rubio Mayo ha dictado un auto, este viernes, que ratifica la multa de 2.160 euros como “condición necesaria” para aplicar a los sindicalistas Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero la reducción de tres a dos años de prisión dispuesta por el Consejo de Ministros en la condena por daños en una protesta laboral. Es decir, que el gobierno que “concedió”  la “reducción de la pena” a estos dos sindicalistas, y que no deja de ser el principal beneciario, en el terreno de la imagen, de su lucha en los astilleros, que tanto se utilizó en la famosa Gala de los Goya del año 2003, ahora quiere obligarles a arrodillarse ante él, como condición para no enviarlos a prisión, a pesar de que la Agrupación Socialista de Gijón encargó a un propio que abonase la reclamación de los 5.624 euros del ayuntamiento de Gijón.

Los sindicalistas podrían volver a entrar en prisión si no se abona la multa, aunque el auto del juez no especifica la fecha para hacerla efectiva. Los dirigentes sindicales se han negado reiteradamente a pagar las cantidades fijadas en la sentencia, aunque la resolución de indulto parcial exigió el pago de daños al Ayuntamiento, pero no especificó nada sobre la multa. En su auto, el juez afirma que se han hecho “las consultas pertinentes” al Consejo de Ministros y que no se ha cometido “extralimitación” alguna al demandar su pago, el cual “se ajusta a derecho”. A pesar de que esta información se ha divulgado convenientemente, no parece haber sido recogida por ningún medio de comunicación.

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