Izquierda Anticapitalista
La detención, en la madrugada del pasado martes 24 de Noviembre, de 36 miembros de la organización juvenil de la Izquierda Abertzale, SEGI, supone una nueva vuelta de tuerca en la criminalización de un amplio sector de la población vasca, ratificando así la firme voluntad del Estado -con el ministro Rubalcaba a la cabeza y los grandes medios de comunicación coreando e “intoxicando” permanentemente- de bloquear y no dejar ningún resquicio a cualquier intento por parte de la Izquierda Abertzale de emplear las vías políticas y legales para una salida dialogada y democrática al denominado conflicto vasco.
Este nuevo
episodio represivo se produce un mes largo después del registro de la
sede nacional del sindicato LAB y la detención de destacados dirigentes
de la Izquierda Abertzale, y dos semanas después de la presentación del
documento de Altsasu que pretende marcar uno de los caminos para
avanzar hacia un escenario democrático de superación de la violencia.
La respuesta del Gobierno del PSOE ha vuelto a ser la misma: la
represión y la negación de cualquier viso de negociación y dialogo
político.
Del mismo modo,
denunciamos la vulneración de los derechos elementales de las personas
detenidas. Para empezar su "presunción de inocencia". Los grandes
medios de comunicación parece que, una vez más, han redactado ya la
sentencia. Para mayor disparate, estos mismos medios han recogido lo
que el Ministerio considera delitos y que, según el propio
relato periodístico, no son sino actividades estrictamente políticas y
legítimas. Una vez más eso que llaman Estado de Derecho aparece convertido en una triste burla.
Por otra parte, y
también una vez más, debemos denunciar la situación de incomunicación a
la que se ven sometidas las personas detenidas, vulnerando el Gobierno
español y la "Justicia" todas las recomendaciones de Amnistía
Internacional y de la relatoría de Derechos Humanos de Naciones Unidas
en este sentido. Se hace necesario volver a insistir en la denuncia del
mantenimiento del régimen de incomunicación y de la ley Antiterrorista
así como de una Audiencia Nacional que se mantiene como cordón
umbilical atado al franquismo.
Por todo ello,
frente a este nuevo ataque a derechos fundamentales, como los de
reunión y participación política, no cabe la indiferencia por parte de
nadie que se declare defensor de las libertades y la democracia. Porque
la inseguridad jurídica que está generando semejante arbitrariedad del
poder judicial y del gobierno no afecta sólo a este sector de la
izquierda abertzale sino al conjunto de fuerzas políticas, sociales y
culturales que cuestionen, de una u otra forma, una democracia cada vez
más autoritaria y corrupta.
Desde
Izquierda Anticapitalista queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo
a este nuevo atropello a las libertades políticas fundamentales en
Euskal Herria, en este sentido nos sumaremos a cualquier iniciativa
política de solidaridad y denuncia, que contribuyan a frenar esos
ataques y a seguir buscando una solución política, dialogada,
democrática y no violenta, al “conflicto vasco”.
26 de noviembre
Izquierda Anticapitalista




