Ante la presentación del anteproyecto de Ley para prohibir las descargas gratuitas en Internet

Declaración de Izquierda Anticapitalista

La disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que busca el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a contenidos para su descarga muestra una vez más que el Gobierno está empeñado en defender los intereses de una industria obsoleta: la Industria de distribución de contenidos e intermediaria de la creación cultural y también los intereses de las entidades privadas de gestión de derechos, como la SGAE. Ambas instituciones han visto una vez tras otra cómo se desestimaban sus denuncias contra los portales que ofrecen enlaces a contenidos y no han conseguido ni una sola resolución judicial que decrete el cierre de una web de este tipo que no tuviera ánimo de lucro. Todos los casos fueron sobreseídos.

Sin embargo, el gobierno del PSOE, haciendo de brazo ejecutor de las demandas de este lobby, ha encontrado la fórmula para salvaguardar los intereses de esta industria a costa de las libertades civiles en Internet. Todo ha sido planeado a través de un procedimiento mixto administrativo-judicial, en el que la Justicia no entra en el fondo del asunto, sino que se limita a decretar el bloqueo o cierre de las web. Porque quién decidirá que los enlaces o archivos son ilegales será una comisión ministerial, o lo que es lo mismo, el poder político que decreta ya de antemano la ilegalidad de determinados contenidos. Además, se habilita un procedimiento de urgencia que durará como máximo cuatro días y que presenta el aspecto de un juicio sumarísimo en el que ya se ha decidido la sentencia y en el que el juez lo único que hace es autorizarla y darle el visto bueno. Este procedimiento sumario vulnera también el principio de igualdad ante la ley, pues supone una vía privilegiada para "los titulares de los derechos de propiedad intelectual" frente a otros sectores sociales y económicos, armando un procedimiento administrativo para un tema sobre el que existe legislación jurídica.
La redacción del anteproyecto de ley establece el "ánimo de lucro, directo o indirecto", o " quién pretenda causar un daño patrimonial" como los requisitos para que la comisión declare sus contenidos ilegales y proceda a solicitar el bloqueo o cierre al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Esto siginifica que cualquier tipo de página web podrá ser cerrada.
 
Una vez más, se produce un recorte de libertades y garantías civiles en lo que constituye un ataque más a la división de poderes y a las libertades fundamentales. El número de páginas web que podrían clausurarse si esta disposición es aprobada podría llegar a las 700, como ha señalado la inciativa denominada, La lista de Sinde. El alcance de la censura será mucho mayor que el cierre de unas escasas 200 webs, como esgrime el Ministerio de Cultura. El gobierno pretende utilizar para ello, además, a la Audiencia Nacional, heredero directo del TOP franquista. Es significativo que, cada vez que el Gobierno pretende suspender derechos fundamentales y decretar la suspensión de libertades civiles utiliza la Audiencia Nacional.
 
 El anteproyecto de ley que pretende elevar a “derecho fundamental” la propiedad intelectual para combatir el intercambio de archivos no se conseguirá hacer realidad sin modificar cuatro leyes: la Ley Orgánica del Poder judicial, la Ley de la Juridiscción Contencioso Administrativa, la Ley de Servicios en la Sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual. En definitiva, un "monstruo jurídico" al servicio de los intereses corporativistas y en contra de las libertades de los ciudadanos, violando incluso derechos reconocidos en el actual marco constitucional. Sin duda, la Presidencia española de la UE va a ser aprovechada por el Gobierno para intentar exportar estas medidas restrictivas de las libertades fundamentales en Internet a escala europea. Por ello, es importante promover respuestas en la calle también en este tema, junto con el resto de movimientos sociales, durante el actual semestre de presidencia española.
 
 Las entidades de gestión de derechos privadas, y en particular la SGAE, se han aprovechado de su connivencia con los poderes públicos. Han sido estas entidades privadas quienes han recaudado y gestionado impuestos públicos, como el del CANON digital, que gravan hasta a la propia Administración. Desde Izquierda Anticapitalista reclamamos el desmantelamiento de las entidades de gestión de derechos, como la SGAE, y el embargo de sus bienes y su consiguiente paso al patrimonio público. Desde Izquierda Anticapitalista creemos además que estas entidades suponen un obstáculo porque "impiden que la profesión artística desarrolle posibilidades fuera de su control, frenando el avance tecnológico" como dice el colectivo Exgae.
 
 Por tanto, nos oponemos rotundamente a estas medidas que pretenden decretar el estado de excepción en la Red y apoyamos los bienes comunes en Internet mediante el intercambio de archivos en base al derecho a la información y a la comunicación libres. Por todo ello, promoveremos tanto a nivel estatal como europeo medidas surgidas de los movimientos de internautas como Hacktivistas, la Exgae o el Foro de la Cultura Libre. Solicitamos la retirada inmediata de la disposición primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) y la retirada de la normativa sobre cortes a Internet , el deasmantelamiento de la estructura de las entidades de gestión, entre ellas la SGAE y por consiguiente la retirada del Canon Digital. Desde Izquierda Anticapitalista defendemos la cultura libre y los bienes comunes, también en Internet y por eso apoyamos la Carta por la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, promovida en el Foro Cultura Libre.

Hace tiempo que llegó la hora la acción, ahora es preciso actuar, también en Internet!

Izquierda Anticapitalista
15 de enero de 2010

http://www.anticapitalistas.org