controles racistas... A través de Móvil e Internet Unos Presupuestos Generales regresivos y antisociales
Enviado por miquel el Lun, 01/02/2010 - 22:43
revista corriente alterna | estado español
Tres son los desafíos que, desde una perspectiva de izquierdas, deberían enfrentar unos PGE: el primero, levantar un “escudo social” que protegiese a los trabajadores y las clases populares frente a la crisis; en segundo término ayudar no sólo a salir de la crisis, sino a hacerlo de forma favorable a los intereses de la mayoría social; y, en tercer lugar, constituir un importante punto de apoyo para la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo (caracterizado fundamentalmente por un nuevo patrón de distribución de la renta, y por la sostenibilidad ecológica).
Con la tramitación de los PGE el gobierno tenía ante sí dos opciones: frenar el proceso de socialización de perdidas al que asistimos desde que estalló la crisis y atender las urgentes necesidades sociales y ecológicas del país o, por el contrario, seguir gobernando de espaldas a dichas demandas sociales. Parece que el ejecutivo ha optado por esta segunda opción.
La austeridad caracteriza sin duda las partidas de gasto de estos PGE. El gasto público disminuye un 3,9% respecto de los presupuestos del año pasado, y los estímulos fiscales para enfrentar la crisis se reducen de 20.000 a 6.000 millones de euros. Se congelan los salarios de los empleados públicos y sólo se cubrirán el 15% de sus vacantes.
Aunque más del 50% del gasto público irá destinado a gastos sociales, dado el tremendo impacto de la crisis laboral y social que vive actualmente la economía española, estas partidas de gasto no van a garantizar ningún “escudo social”.
El gasto público en infraestructuras se reduce un 2,4% y el gasto en I+D+i lo hace un 3,1%. Además, estas partidas de gasto se concentran de nuevo en megaproyectos “productivos”, desatendiéndose la necesaria transición ecológica de la economía.
Por otro lado, estos PGE traen consigo una reforma fiscal caracterizada por su regresividad. El gobierno prevé un aumento de los ingresos del estado de casi 6.000 millones de euros, fruto del aumento del IVA (que pasa del 16% al 18%), y del incremento del Impuesto sobre las rentas del Ahorro (desde el 18% hasta el 21%). Ambas medidas presentan un claro componente regresivo.
Unos presupuestos alternativos, coherentes con gobernar a favor de los intereses de los trabajadores, podrían ser financiados, por ejemplo, mediante una subida de los tramos más altos del IRPF, la restauración del impuesto sobre patrimonio, la instauración de un impuesto sobre las grandes fortunas, elevando el gravamen de las plusvalías de las SICAV, eliminando las exenciones del impuesto de sucesiones y donaciones o combatiendo el elevado fraude fiscal.
Con la tramitación de los PGE el gobierno tenía ante sí dos opciones: frenar el proceso de socialización de perdidas al que asistimos desde que estalló la crisis y atender las urgentes necesidades sociales y ecológicas del país o, por el contrario, seguir gobernando de espaldas a dichas demandas sociales. Parece que el ejecutivo ha optado por esta segunda opción.
La austeridad caracteriza sin duda las partidas de gasto de estos PGE. El gasto público disminuye un 3,9% respecto de los presupuestos del año pasado, y los estímulos fiscales para enfrentar la crisis se reducen de 20.000 a 6.000 millones de euros. Se congelan los salarios de los empleados públicos y sólo se cubrirán el 15% de sus vacantes.
Aunque más del 50% del gasto público irá destinado a gastos sociales, dado el tremendo impacto de la crisis laboral y social que vive actualmente la economía española, estas partidas de gasto no van a garantizar ningún “escudo social”.
El gasto público en infraestructuras se reduce un 2,4% y el gasto en I+D+i lo hace un 3,1%. Además, estas partidas de gasto se concentran de nuevo en megaproyectos “productivos”, desatendiéndose la necesaria transición ecológica de la economía.
Por otro lado, estos PGE traen consigo una reforma fiscal caracterizada por su regresividad. El gobierno prevé un aumento de los ingresos del estado de casi 6.000 millones de euros, fruto del aumento del IVA (que pasa del 16% al 18%), y del incremento del Impuesto sobre las rentas del Ahorro (desde el 18% hasta el 21%). Ambas medidas presentan un claro componente regresivo.
Unos presupuestos alternativos, coherentes con gobernar a favor de los intereses de los trabajadores, podrían ser financiados, por ejemplo, mediante una subida de los tramos más altos del IRPF, la restauración del impuesto sobre patrimonio, la instauración de un impuesto sobre las grandes fortunas, elevando el gravamen de las plusvalías de las SICAV, eliminando las exenciones del impuesto de sucesiones y donaciones o combatiendo el elevado fraude fiscal.
