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NOTA: El texto tiene su origen en una conferencia dada por el autor el 12 de Febrero del presente año dentro de la XIV Semana del Aula Popular José Luis García Rúa en Gijón (Asturias) y que en esta ocasión se enmarcaba dentro del título “Planes públicos, intereses privados”. Las diferencias, escasas, en el estilo que puedan apreciarse entre el texto leído en la conferencia y el aquí publicado, derivan de la conveniencia de adaptarlo a un tono más dado a la reflexión, como es el que facilita la lectura. Posteriores consideraciones acerca del tema de la corrupción me han sugerido la necesidad de incluir un apunte final al texto que extraiga conclusiones más allá de lo que la descripción de los acontecimientos sugiere. Agradezco desde aquí la amable y afectuosa acogida de los compañeros organizadores del acto tanto al autor de la conferencia como a ésta misma.

1.- A modo de contexto:

Actividad política y corrupción son, desde que la primera existe, dos conceptos demasiadas veces unidos. La relación y cercanía entre los poderes políticos y económicos es un hecho fundamentado, entre otros motivos, en el carácter oligárquico de la naturaleza del poder, así como en el modo en el que el poder político se subordina al económico.

La selección real de las elites que componen dichos poderes tiene muy poco de democrática, ya sea en un régimen dictatorial o en uno pluralista.

El primero, por su idiosincrasia, es opuesto al control ciudadano de la actividad económica y política. Los órganos judiciales, los medios de comunicación, las instituciones de control fiscal y financiero y un largo etcétera están sometidos al dominio absoluto del vértice de la pirámide del poder que responde a los intereses económicos del bloque social o clase dominante.

Al llegar aquí, más de uno habrá caído ya en la tentación de preguntarse ¿dónde está la diferencia entre una dictadura y un sistema parlamentario, pluripartidista o “democrático” formal y dederechos fundamentales?

Manuel Vázquez Montalbán dijo una vez que la diferencia más importante entre la democracia formal y la dictadura es la que hay entre la vida y la muerte, respectivamente. Con esta comparación, un tanto dramática, el escritor y hombre de izquierda nos hacía ver que no son baladíes las distancias entre un sistema y otro. Quizá, si estuviese aún entre nosotros y pudiese ver de qué modo los sistemas democráticos se han degradado enlos últimos 20 años en la calidad de sus democracias –Italia, Francia, USA, España, por citar sólo algunos ejemplos- las diferencias que en su día estableció entre dictadura y democracia formal fuesen menos tajantes.

En todo caso, y cada vez más con menor eficacia, la ventaja de las democracias sobre las dictaduras en cuanto al combate contra la corrupción radica más en la posibilidad de presión y denuncia de la ciudadanía y las fuerzas más sanas de la sociedad que en los mecanismos de control legislativo, judicial, fiscal o de los propios medios de comunicación. Dichos mecanismos, por el contrario, se enfeudan cada vez más al poder económico y político.

La movilización ciudadana y de los sectores más decentes y progresivos de la sociedad tienden a ser decrecientes en su eficacia en la lucha contra los corruptos porque en las últimos décadas asistimos a la desmovilización, la resignación, el discurso de la impotencia y la frustración, cuando no la consideración del corrupto como un sujeto admirable y hasta benéfico para su entorno. Recordemos el respeto, la popularidad y el apoyo del que un sujeto como el desaparecido Jesús Gil gozaba en Marbella. Y no sólo en Marbella.

Y es que el signo de los tiempos viene marcado también por la carga moral y ética de las sociedades en las que la corrupción se asienta. Cuando el valor supremo es el dinero y el héroe social el delincuente de cuello blanco, encumbrado al éxito a hombros de su propio aventurerismo, hay algo que colectivamente está fallando y que apunta a una crisis de valores.

Sirva esta pesimista digresión para acercarnos al tema central de la charla sobre la especificidad de la aportación madrileña de la corrupción Ppera al lodazal de la corrupción general en el país para ir acercando luego el foco al territorio del que vengo.

2.-Entrando en materia:

Durante la dictadura fenómenos como los del estraperlo, practicados masivamente por personajes económicos cercanos al poder franquista, fueronlas primeras avanzadillas del carácter intrínsecamente corrupto del mismo. Posteriormente el desarrollismo de los 60 y primeros 70 del pasado siglo daría como fruto escándalos como Matesa (1969), en la industria (maquinaria textil), y Sofico (1973), en la construcción, ambos auspiciados por prohombres del sistema político fascista (Juan Vila Reyes y Eugenio Peydró Salmerón; respectivamente). Habría que atribuir a Sofico el dudoso honor de ser uno de los antecedentes de la mafia del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, que ya empezaba a destruir el litoral español.

Sobre el origen del nombre estraperlo debiéramos retrotraernos a la Segunda República, época en la que el término aparece por primera vez. Tres empresarios holandeses sobornaron en 1934 a altos cargos del Gobierno, entre ellos a un sobrino de Alejandro Lerroux para que permitiera la introducción el casino de San Sebastián de una ruleta eléctrica de marca “Straperlo” (contracciones de los apellidos de Strauss, Perel y Lowann, los tres empresarios que introdujeron el juego) . El juego, como demostró la policía, era fraudulento porque la banca ganaba siempre que quería, ya que la rueda de la ruleta se controlaba con un botón

Los primeros años de la transición, durante el mandato de la UCD son escasos en denuncias de corrupción. Rastreando en su busca encontramos la acusación a Jaime Ignacio del Burgo, ya a final de la agonía centrista, sobre malversación de fondos durante su mandato en la Diputación Foral de Navarra, órgano precursor del Gobierno Autónomo Navarro.

El caso más sonado será el de la colza, extremadamente grave, aunque más que de corrupción política cabe hablarse de actuaciones de la administración del gobierno criminales e irresponsables (calificación del aceite de colza comercializado por la principal empresa responsable, Raelca, como “Apto para el consumo humano" por parte de Roberto Conty Larraz, subdirector general de Higiene de los Alimentos, estudios de control de la enfermedad falseados,...). Recuerden a Jesús Sancho Rof , Ministro de Sanidad por entonces, diciendo aquello de “es un bichito tan pequeño –el de la colza- que si se cae se mata”, atribuyendo, en un primer momento, la causa de la intoxicación a un microorganismo.

Para las oligarquías económica y política del momento era prioritario asegurarse que el modelo de transición amnésica que trataban de instaurar en España no descarrilase. Por otro lado, la UCD estaba por aquel entonces bajo la mirada escrutadora del conjunto de la oposición política. Así pues, era lógico que se evitase al máximo cualquier elemento que pudiera cuestionar el papel dirigente del bloque social y político dominante durante los primeros años de la Reforma.

Será durante los sucesivos gobiernos del PSOE de Felipe González cuando la corrupción y la percepción social de la misma se disparen, hasta el punto de ser este el principal problema del desgaste de este mandatario y su partido en el poder, precipitando su caída en las elecciones de 1986, a las que ambos llegaron extenuados. Los casos Filesa, Roldán, fondos reservados, el fraude del BOE, son sólo algunos jalones de un largo etcétera. Las características de esas corrupciones fueron fundamentalmente la existencia de comportamientos mafiosos por parte de políticos que dejaban el entramado del montaje corrupto bastante a la vista. Indicaban un cierto amateurismo y un proceder delincuencial un tanto bisoño. No es de extrañar: el PSOE era un recién llegado a la política, tras su larga ausencia durante la dictadura, y un partido poco experto en encubrir sus crímenes económicos.

Es interesante ver el modo en que la corrupción da un giro durante el período de José María Aznar y el PP en el poder (1996-2004). En ese período la derecha emplea el BOE como medio de iniciar un experimento de corrupción institucionalizada o de mecanismo de apariencia legal de sus tramas corruptas.

Durante los períodos de gobierno de la derecha en España la percepción del fenómeno será menor: si no hay denuncias, por apariencia de legalidad, no hay apenas medios de comunicación que pongan su mirada sobre ellas; ergo, no hay condenas; ergo, la corrupción resulta invisible; ergo no parece haber corrupción pero “haberla hayla”, como en el caso de las meigas.

Dicho de otro modo, al contrario de las corruptelas durante el período de gobierno de Felipe González, que sucedían tratando de ocultar los chanchullos a la vista de los medios de comunicación, los partidos políticos y la ciudadanía, la corrupción del PP en el Gobierno se realiza a la vista de todos pero envuelta en el papel regalo de la ley, lo que le daba apariencia de legalidad y la convertía en inatacable.

Analicemos algunos de los ejemplos de corrupción institucionalizada en España, a partir de 1996, durante los Gobiernos de José María Aznar, modelo que luego sería copiado por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid:

§El primero de ellos sería el proceso de privatizaciones de las empresas públicas españolas, entre ellas Telefónica, Argentaria-BBVA, Endesa, Iberia, Indra, Tabacalera-Altadis o Repsol. Este proceso ya había sido iniciado por Felipe González, todo ello bajo el eufemismo de la “reorganización de sectores productivos enteros”. Con el PSOE se inician las fusiones que afectaron a muchas corporaciones, antes de o durante su privatización parcial. Supuestamente “en aras de la modernización y la competitividad del sistema productivo nacional”. La Corporación Bancaria de España (luego conocida como Argentaria), el holding público multisectorial TENEO, vasta sociedad anónima que acogió a todas las empresas del INI, la Agencia Industrial del Estado (AIE), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales jalonarán el proceso hacia la privatización durante la última etapa del Gobierno González. En todo ese período, los sucesivos holdings fueron vendiendo paquetes de acciones (privatización parcial) de, entre otras, la eléctrica Endesa, la electrónica Indra, la papelera Ence y Repsol. Lo mismo sucedió con Argentaria y con el monopolio Telefónica. Era el ajuste a los criterios de Maastricht.

§Pero la gran orgía privatizadora llega con José María Aznar que se encarga de liquidar el resto de control público de las 47 empresas del antiguo INI bajo el argumento de ajustarse a los nuevos criterios de Convergencia europea de 1997 y de cumplir los objetivos para acceder a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El “sistema” de privatización fue el siguiente: siendo públicas, las empresas de las que estamos hablando, el gobierno nombraba la dirección de la empresa con gente del PP y afín (Juan Villalonga en Telefónica y Cesar Alierta en Tabacalera-Altadis serían claros ejemplos de lo que estamos hablando), se hacían cambios normativos y de contratos para evitar el despido de los directivos (los famosos contratos blindados), y la empresa se privatizaba. Luego vendrían chanchullos, escándalos, stock options y demás.

§Detengámonos, por un momento, sólo en el ejemplo Villalonga (el compañero de pupitre de Aznar al que éste entronizó en Telefónica): Una de sus primeras decisiones en 1996 fue vender la filial Sintel a la empresa Mas Tec International, propiedad de la familia de exiliados cubanos de extrema derecha Más Canosa (que habían apoyado al PP en la campaña electoral). Desde el PP se les prometió un cambio en la relación con Cuba, como así se produjo.

Sintel se vendió por 4.900 millones de pesetas, asegurándole a su vez una cartera de trabajo de 75.000 millones, durante los tres años a los que se acordó el periodo de plazo de pago.

Sin embargo, y a pesar de que existía una viabilidad para la empresa, 2000 trabajadores fueron despedidos pocos años después tras ser aquella llevada a la quiebra fraudulentamente por distintos testaferros y desangrada, finalmente, en paraísos fiscales (se vendió “por partes” en las Islas Vírgenes y Luxemburgo).

Mientras 2000 familias se iban a la ruina, Juan Villalonga se hacía multimillonario: adquirió 198 millones de pesetas en opciones sobre acciones de Telefónica mientras negociaba en secreto una fusión con la compañía telefónica estadounidense MCI-WorldCom. Villalonga ganó en esta operación 21,3 millones de pesetas en sólo 14 días, ya que decidió vender sus títulos antes de que vencieran. Esa cantidad es pequeña comparada con el cobro de las famosas “stock options”: casi 506 millones de euros de plusvalías de Telefónica en la Bolsa, que se repartió con otros directivos poco antes de dejar la compañía ante la presión del gobierno del PP que se veía salpicado por sus chanchullos.

§Pero el Gobierno Aznar hubiera pecado de “injusto” si no hubiese compensado a estos admirables capitanes de empresas por sus situaciones de “desventaja”, nótese la ironía, en un entorno de libre competencia de mercado, ironía con redoble de tambor. Así, con Piqué de Ministro de Industria y Energía, se permitió a las eléctricas inflar el coste del kilovatio y cobrar del Estado compensaciones de miles de millones de euros por tener que vender a precios que oficialmente no cubrían los gastos. Otra trampa, a la que en su día se le puso el cínico nombre de déficit presupuestario, que aún seguimos pagando los consumidores.

§Otra técnica de corrupción institucionalizada durante el Gobierno Aznar se puso en práctica con el proyecto de las obras del AVE Madrid-Barcelona, siendo Ministro de Fomento Rafael Arias Salgado. Nos referiremos a la cuestión con detalle más adelante. Por ahora baste que nos detengamos en la figura de la recalificación de terrenos, a través de los Planes Generales de Urbanismo. El sistema de recalificación (cambiar de uso, de industrial a residencial, por ejemplo) o la reclasificación (pasar de la clase de suelo rústico a urbanizable o de urbanizable a urbano) de terrenos, sostenida en los sucesivos Planes de Urbanismo. La clave es definir en qué fincas podría llegar a edificarse. Dado que los Planes son públicos aplican lo que dice la ley. La vigente ley del suelo revaloriza el valor del terreno urbanizable, no sobre el real de su uso actual, antes de urbanizarse sino sobre su valor virtual. Su valor oficial es le que le garantiza la ley, el valor futuro (virtual) que tendrá cuando esté ya urbanizado. Mediante la simple firma del regidor municipal, responsable último del Plan, un terreno revaloriza varias veces su valor actual; es el regalo que la administración pública hace a sus amigos de la empresa privada. Este valor regalado permite hipotecar el terreno por un valor muy superior al que tiene en la actualidad, con el fin de poder acometer las obras de construcción. Es decir, del valor de la renta de una finca se pasa de un día para otro a un valor de mercado artificial 50 o 100 veces mayor, sin que su propietario haya invertido….ni un euro. El valor futuro y virtual creado por el Plan en un 90 % pasa al día siguiente íntegro al patrimonio privado del propietario de ese terreno agraciado. Y este capital regalado es vendible o hipotecable –aquí está la clave para que los bancos presten capital- ya desde mucho antes de emprender gasto de proyecto o ejecución de obra alguna. A mayor altura y volumen edificables y a mayor "calidad" de usos admitidos (como residencial libre, comercial o de oficinas, frente a vivienda social o industrial), mayor será el beneficio del propietario del suelo original. ¿Cabe mayor flexibilidad de la rentabilidad de un capital sin arriesgar nada?Evidentemente, no descubrimos nada si decimos que esa técnica es tan antigua como los Planes Generales de Urbanismo pero, como veremos más adelante, el PP la usa con prodigalidad aunque no es el único en hacerlo. También con el PSOE se han pegado sustanciosos pelotazos recalificatorios.

3.-Y por fin Madrid, cueva de tahúres pperos:

Pero ¿dónde está el aporte del PP madrileño al creativo concepto de la corrupción institucionalizada? Tranquilos, que todo llega. Este largo preámbulo ha sido necesario para contextualizar los antecedentes en los que se enmarcan las fechorías de la derecha madrileña. El PP a nivel nacional, a nivel general, y madrileño, en particular había escarmentado en cabeza ajena (escándalos de corrupción de la etapa de Gobierno González) y descubierto la importancia de la legalidad en el ejercicio de las corruptelas.

El PP madrileño usa el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid como un auténtico amuleto protector de sus desmanes. Veamos algunos ejemplos de la corrupción institucionalizada en beneficio propio de los miembros del partido, los empresarios amiguetes y su financiación como organización:

§Venta de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid: En su anterior etapa como Presidente del Real Madrid, el reelegido Florentino Pérez saneó las cuentas del club de fútbol vendiendo los terrenos de la Vieja Ciudad Deportiva del Club por la sustanciosa cantidad de 501 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid.En 1960, el Ayuntamiento de Madrid expropió una parcela de 141.961 metros cuadrados para que el Real Madrid tuviera un campo de entrenamiento. El club lo compró por 11.000.970 pesetas. El suelo siguió calificado como deportivo en los planes urbanísticos de 1963, 1985 y 1997. En 1987, Mendoza intentó, sin éxito, una recalificación. En 1997, Lorenzo Sanz insistió de nuevo buscando edificar en los terrenos y sólo obtuvo una pizca de sus pretensiones. Tras negarle el permiso, el Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambas del PP, le compraron 30.000 metros por 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros) para aliviar las cuentas del club. Aun así, la deuda del Madrid seguía creciendo exponencialmente. Cuando en 2000 Florentino Pérez accedió al cargo, la cifró en 46.200 millones de pesetas (277 millones de euros).

§Con Florentino Pérez al frente las cosas cambiaron radicalmente. Lo que antes negó el Ayuntamiento al Madrid, ahora se lo concedía, aunque el alcalde era el mismo que había negado el proyecto a Sanz, José María Álvarez del Manzano. El club logró convertir en edificables los terrenos. En el barrio la edificabilidad era de 0,3 metros de pisos por cada metro cuadrado de suelo, pero el Ayuntamiento accedió a que el Madrid edificase 1,7 metros de pisos por metro cuadrado. El Ayuntamiento llevaba gastados en 2009 200 millones en infraestructuras y accesos a las torres. Pero apenas hubo crítica social al respecto.

§Hay que destacar que de las 4 torres, conocidas como Cuatro Torres Business Area, de 250 metros de altura y 50 plantas cada una, construidas en los antiguos terrenos de la Vieja Ciudad deportiva vendida por el Real Madrid al Ayuntamiento de la capital, ACS, la empresa de Florentino Pérez, se aseguró la construcción de dos de ellas:torre Repsol (comprada luego por Caja Madrid), en colaboración con FCC, y torre de la Mutua Madrileña, construida por ACS en solitario. La Torre Sacyr-Vallehermoso fue construida por la propia Sacyr y la Torre Espacio por OHL. Todo un ejemplo de pelotazo urbanístico del PP en beneficio de su amigo Lorenzo Sanz, un empresario de pro que, en declaraciones al diario EL PAÍS, tras ser elegido de nuevo Presidente del Real Madrid pidió que se recuperara el código ético del Club para que ningún directivo se beneficiara de la institución, afirmando que en su anterior etapa se firmó ese código por todos los directivos y se cumplió y respetó. El cinismo elevado a categoría artística.

§El eufemismo de la “externalización de los servicios públicos” o la infamia de regalar las joyas de la corona de los servicios públicos a los amigos: el ejemplo más visible ha sido el llamado “Caso Funeraria”. El Ayuntamiento de Madrid vendió La Empresa Municipal de Servicios Funerarios a FunEspaña en 1992 por un precio equivalente a 0,6 € (100 pts.) cuando su venta (la sentencia judicial de la Audiencia Provincial posterior no cuestionó el expolio de los bienes públicos, creados con impuestos de los madrileños, sino sólo la ausencia de justiprecio) debió haber sido de 7.430.132 euros (1.236.270.000 pesetas), "lo que supone un daño a los intereses públicos". Tras 16 años de litigios, el 2 de Febrero de 2008 se “condenó” a Luis María Huete, entonces primer Teniente de Alcalde de Madrid a dos años y un día de inhabilitación política. Huete tiene 81 años y lleva 7 retirado de la política. Le salió barata la gracia.

§Esta misma dinámica se va aplicando con servicios públicos como la Sanidad (el Consejero de Sanidad Guemes sabe bastante de cómo se potencian a hospitales y seguros privados de salud mediante el desmonte del sistema público de salud madrileño), el agua (Canal de Isabel II), el trasporte público interurbano,…si bien de un modo más sibilino, discreto y por entregas.

§En relación con la “externalización de servicios” cabe señalar que la Ley 15/97 presentada por el PP en el Congreso de los Diputados durante el Gobierno Aznar y aprobada por el PSOE, CIU, PNV y CC dice textualmente lo siguiente: “Artículo único:

En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza (lo que abre la puerta a las Fundaciones en la Sanidad como figuras rectoras hospitalarias y en las que cabe la naturaleza mixta, público-privada) o titularidad pública admitidas en Derecho.

En el marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al Gobierno, mediante Real Decreto, y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas -en los ámbitos de sus respectivas competencias-, determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de los centros y servicios mencionados. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”. Ésta es la vía de entrada a las derivas privadas a especialistas, hospitales privados, empresas de diagnóstico privadas, empresas privadas de catering en hospitales,....que el Sistema Madrileño de Salud está aplicando bajo el régimen liberal de la señora Esperanza Aguirre. Dicha ley está permitiendo la transformación de la sanidad en un negocio más, legitimando la entrada en la sanidad pública de empresas sin ninguna experiencia en el sector, que se han hecho con la propiedad de los centros sanitarios, anteriormente públicos (multinacionales como Apax Partners; empresas constructoras como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar, FCC, Hispánica; financieras como Bancaja, Caja Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid; así como otras del sector sanitario privado: Adeslas, Asisa, DKV Seguros,….).