Izquierda Anticapitalista
Ante la Reforma
Laboral del Gobierno: NO al abaratamiento
del despido y la privatización de la intermediación laboral. ¡Organicemos un
movimiento por una alternativa social y política!
Declaración de
Izquierda Anticapitalista -Abril de 2010
El gobierno lleva meses
sentándose con sindicatos mayoritarios y patronal para alcanzar algún
pacto encaminado a reformar la regulación de las relaciones laborales.
Ahora ha encontrado más comprensión por parte de la patronal con su
último documento de propuestas. Las direcciones sindicales mayoritarias
parecen estar disconformes con el abaratamiento del despido y el papel
de las agencias de colocación privada en la intermediación laboral,
pero, para no perjudicar electoralmente a un “gobierno amigo” y
su aceptación de ciertas medidas (bonificación por la contratación
juvenil, modelo alemán, etc…), no parecen decididas a moverse con
la contundencia que requiere la situación. Es preciso, ante lo que
se nos viene encima, impulsar una movilización general contra el
gobierno
y la patronal, exigiendo a las direcciones sinidicales que se sumen
a la presión en la calle.
El gobierno se mueve
inspirado en aquel manifiesto neoliberal de los 100 economistas. En
lugar de ver las contradicciones capitalistas, la crisis financiera
y especulativa y la bancarrota de la UE como las causas de la crisis
y como principal obstáculo de la recuperación, insisten en señalar
que radica el “modelo dual de mercado de trabajo” y en los costes
laborales. Esto es una falsedad manifiesta, una mentira escandalosa
y un fraude perverso. El Gobierno propone la enésima contrarreforma
que deteriora derechos, puesto que opera en el modelo de contratación
–desregularizando la contratación a tiempo parcial-, en las condiciones
de despido –abaratándolo-, en el sistema de bonificaciones y costes
laborales –reduciéndolos-, en el sistema de intermediación laboral
–privatizándolo- y en otros capítulos, como los Expedientes de
Regulación
de Empleo (los famosos EREs).
Medidas principales
que defiende el Gobierno:
- Apuesta por el abaratamiento del despido y de los costes laborales por diferentes vías:
- Generalizando el contrato de fomento con indemnización por despidos de 33 días, para que se use en vez del ordinario de 45 días por año trabajado.
- Reordenando la casuística de tipos de despido para hacer más fácil que las empresas se acojan a tipos de despidos que justifiquen menos costes.
- Ampliando las bonificaciones a la contratación indefinida de un amplísimo número de colectivos.
- Fomentando un abaratamiento o una desregulación del empleo a tiempo parcial –que, en la práctica, agudizará la actual segmentación del mercado laboral entre hombres y mujeres, ya que son estas últimas las que en mayor medida son contratadas a tiempo parcial-, bonificando la modalidad indefinida con horario fijo, o permitiendo adaptar los horarios del empleo a tiempo parcial a las variables condiciones productivas –en este caso, habría de ser empleo indefinido-. A efectos de días cotizados habría un coeficiente corrector a efectos de la pensión.
- Ampliando la posibilidad de usar el contrato de formación para el colectivo juvenil hasta los 24 años, exento de cotizaciones y de costes de la formación en las pequeñas empresas, y seguir permitiendo que el primer año se siga cobrando menos que el SMI (salario mínimo interprofesional). No obstante, recibirían derecho de prestación de desempleo.
- Estableciendo el sistema austríaco de indemnizaciones, en el que el trabajador porta consigo derecho a un fondo que acumula cuando pasa de empresa a empresa. Las empresas pagan mes a mes una pequeña cuantía que va a ese fondo y si el trabajador cambia de empresa no lo pierde, facilitando la movilidad laboral y la formación a lo largo de la vida. Todas las empresas (y no sólo las que despiden) lo pagan, pero lo anticipan y no supone un obstáculo a salvar cuando se decide un despido. A su vez, los nuevos contratos de fomento podrían conllevar una exención en los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para las empresas, con recurso al FOGASA (fondo de garantías salariales) para complementarlos (posiblemente un 40%). Aquí hay un abaratamiento de costes para el empresariado y que paga la Seguridad Social –en la práctica, fondo de salarios-.
- También se propone “privatizar” la intermediación laboral:
- Ampliando el margen de operatividad y el ámbito de actuación de las ETTs, incluso para emplear a trabajadores en actividades peligrosas (únicos casos en los que se supervisará) y con la aceptación originada en la negociación colectiva para ciertas ocupaciones.
- Buscando que las agencias
privadas de colocación con ánimo de lucro operen en la actividad
de intermediación que realizan los Servicios Públicos de Empleo, como
si se las quisiera subcontratar estableciendo un convenio de
colaboración.
En gran medida, esto supone una privatización, con todos los intereses
particulares que esto comporta, y una contribución a una mayor segmentación del mercado de trabajo, con efectos no solamente selectivos sino también discriminadores, sin una mayor garantía de dinamización, transparencia
y objetividad en las colocaciones.
- Aceptando la propuesta del
modelo alemán, que combina reducciones de jornada y prestación
de desempleo, y enmarcándolo en un conjunto de reformas de los Expedientes de Regulación de Empleo. Al ser en el marco de EREs de reducción de jornada o de suspensión, su efecto será muy limitado. Además, el modelo, aunque puede ser un amortiguador para ciertos colectivos, supone repartir el desempleo y recae sobre la seguridad social el coste –y, por tanto, sobre el salario indirecto de la clase trabajadora-.
Valoración
La creación y el mantenimiento del empleo dependen de la política económica. La regulación laboral influye en el tipo y la calidad del empleo. Si la política económica es contractiva, el empleo, en un contexto de recesión, se seguirá destruyendo.
El modelo de inestabilidad y vulnerabilidad laboral no es sólo algo que afecte a la contratación temporal. La precariedad es un fenómeno complejo que incluye factores como la remuneración, la penosidad, la peligrosidad, el tiempo y el contenido del trabajo. Por otra parte, la inestabilidad e incertidumbre laboral es sólo gradualmente diferencial, pues actualmente el despido es prácticamente libre. El empleo indefinido sólo tiene un menor coste de despido y la figura del contrato fijo ya sólo es propia del funcionariado.
En términos globales, las bonificaciones y el abaratamiento del despido suponen deteriorar derechos del conjunto de la clase trabajadora, con el fin de aumentar la tasa de explotación del capital, en la medida en que supone abaratar los costes laborales sin estimular la creación de empleo, sino más bien al contrario, haciendo más fácil despedir.
Las bonificaciones a la contratación han demostrado históricamente que su único efecto es modificar la posición en la cola del paro de unos colectivos frente a otros. La pretendida concentración de las bonificaciones para la juventud, que suponen una gran cuantía de dinero, al final se desdibuja y pierde su pretendido efecto positivo, porque la lista de colectivos bonificados termina siendo amplísima. Además, cuando de lo que se trata es de “bonificar” la contratación de mujeres, se terminan impulsando fórmulas que promocionan su contratación a tiempo parcial (el 80% de este tipo de contratos son femeninos). Bajo la falaz bandera de la “conciliación”, el estímulo al tiempo parcial (en realidad, al tiempo parcial femenino) valida el modelo de “salario y medio” familiar sin corresponsabilidad del varón en las tareas de crianza y domésticas. No hacen más que reforzar la actual división sexual del trabajo: mujeres con contratos a tiempo parcial que llevan a cabo en soledad las tareas reproductivas y de cuidados frente a hombres con contratos a tiempo completo (y jornadas cada vez más largas). Ello constituye un obstáculo fundamental tanto para el logro de la autonomía económica de las mujeres como para conseguir la corresponsabilidad entre hombres y mujeres respecto al reparto del necesario trabajo de cuidados.
Si de lo que se trata es de crear empleo, sería mucho más eficaz dedicar todos esos fondos –que se drenan de las arcas de la Seguridad Social: es decir, de los salarios diferidos de la clase obrera- para emprender actividades y servicios públicos muy necesarios desde el punto de vista social y medioambiental, con efectos multiplicadores, creando empleo público directo.
El gobierno sabe perfectamente que reducir costes laborales no representa el factor fundamental de estímulo a la inversión y a la creación de empleo. En un contexto capitalista, el estímulo básico son las expectativas de beneficio y que éstas superen las exigencias de retorno del capital financiero. Mientras la ganancia sea el criterio del modelo económico, las crisis y los problemas sociales serán recurrentes, lo cual es una contradicción
consubstancial e insuperable del capitalismo.
El gobierno ha ido
degradando la supuesta orientación de convergencia de costes entre
empleo temporal e indefinido hasta abandonar los anunciados aumentos
del coste de despido y el aumento de cotizaciones por desempleo del
empleo eventual. Además, se quieren arbitrar todos los mecanismos para
determinar la modalidad más barata de despido.
Por una reforma
laboral a la ofensiva
En definitiva, esta enésima contrarreforma empeorará las condiciones sociolaborales de los y las trabajadoras. Sólo servirá para socializar la miseria y el desempleo y dar más manga ancha a una patronal incapaz de renovar el tejido industrial y que descarga sistemáticamente en la clase obrera las dramáticas consecuencias de su propia incompetencia.
El efecto de una
reforma
así, de llevarse a efecto, reforzaría una mayor segmentación del
mercado de trabajo. Al no encarecer la contratación temporal,
difícilmente
dejará de ser atractiva, y se continuará generalizando para
aplicar una gestión cada vez más precaria de la fuerza laboral. La
precarización seguiría extendiéndose en toda la clase trabajadora
asalariada, golpeando con más severidad a los colectivos que se
encuentran
peor posicionados: mujeres, jóvenes e inmigrantes.
Ni que decir tiene
que estas son agresiones inaceptables en un contexto en el que al
capital
no le queda otra que seguir agrediendo sin concesiones. Lo único que
van a discutir los partidos que optan a los gobiernos de este Estado
burgués es en el ritmo, la intensidad y la posibilidad de pactar por
dónde golpear de nuevo a los y las asalariadas.
Por este motivo, la respuesta de la clase trabajadora y toda la ciudadanía debería ser contundente, organizada y sostenida en el tiempo hasta bloquear iniciativas como esta e imponer un cambio de modelo. La línea inicial para un cambio
debe pasar por un cambio político e institucional internacional, un
cambio en las políticas económicas, productivas y energéticas, y
un modelo laboral que exija reformas laborales a la ofensiva desde la
óptica de los y las trabajadoras. Pero, para que ello sea posible,
es fundamental ir preparando una removilización masiva de la población
y vencer la resignación reinante ante los efectos devastadores de la
crisis capitalista en curso.
Abril de 2010
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