Declaración de Izquierda Anticapitalista 
 

La ofensiva del capital internacional, y en este caso del europeo, ha reanudado su política de ajuste sobre las condiciones de la relación salarial, tanto en materia de la regulación de las relaciones laborales como de los derechos que atañen al Estado del Bienestar. Definitivamente, los gobiernos europeos en su gran mayoría han hecho propios los postulados para adoptar políticas de ajuste. 

Estamos ante una operación a gran escala del capital para diseñar una “salida” de la crisis. La Reforma Laboral del gobierno ZP no es más que una pieza dentro de una estrategia integral: reducciones salariales de trabajadores públicos y privados, recortes del gasto público, ampliación de la edad de jubilación y reforma del sistema de pensiones son elementos que avanzan en la misma dirección: un incremento de la “parte del pastel” del que se apropian los grupos de mayor renta y riqueza a expensas de las clases trabajadoras y populares, que verán disminuir sus salarios, sus derechos sociales y su espacio político. Para ello es necesario infligir una derrota de grandes dimensiones y alcance al movimiento obrero y popular. O, lo que es lo mismo: para obtener una mejor correlación de fuerzas, la burguesía necesita eliminar cualquier discurso disidente que cuestione el imperante, debilitar las libertades públicas, torpedear la participación social, neutralizar o eliminar las organizaciones sociales, debilitar la izquierda política y, muy especialmente, acabar con el papel que incluso desde posiciones pactistas y pasivas juegan las organizaciones sindicales por el mero hecho de existir de forma autónoma. En particular, el objetivo es desacreditar a aquellos sindicatos que mantienen posiciones de clase. En esa operación, los voceros del capital quieren desprestigiar la misma idea de agrupación sindical y, sobre todo, quieren dinamitar la negociación colectiva. 

Por un lado, estamos constatando cómo los gobiernos conservadores y los social-liberales adoptan las medidas dictadas por sus patronales nacionales. Prácticamente se han borrado las tenues fronteras que separaban a unos y otros, con partidos y programas casi intercambiables (al menos en la práctica).  

En segundo lugar, es patente la incapacidad de la UE para ofrecer soluciones políticas y medidas económicas favorables para las y los trabajadores. De momento no hay proyecto común más allá del euro y hemos visto reaparecer en el escenario las viejas rivalidades intergubernamentales en defensa de los intereses nacionalistas de las propias burguesías. 

La tercera cuestión es constatar el transfuguismo hacia las filas de la CEOE y el credo liberal sin matizaciones del gobierno “socialista”, con Zapatero a su cabeza y sin contestación ni contrapeso en el seno del PSOE. Es el final de un proyecto político que, al rebufo de la lucha contra la guerra de Irak, la propuesta de nuevos derechos civiles y la bonanza económica del crecimiento basado en el ladrillo, nunca se planteó confrontarse con el capital para hacer avanzar las conquistas y derechos de las gentes de abajo. Simplemente repartió las migajas del banquete. Primero vino la agresión contra las y los empleados públicos y pensionistas. Ahora viene un ataque contra el conjunto de la clase: éste es el sentido de la reforma laboral. 

Como correlato de lo anterior, también cabe destacar el fin de época de la estrategia sindical basada en la concertación social. Los últimos meses son la expresión acabada de su fracaso, tanto en el ámbito europeo como en el del Estado español. Desgraciadamente, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) no ha emitido una sola declaración útil para el conjunto del movimiento obrero europeo, y mucho menos ha formulado una línea de acción y resistencia común. El único instrumento sindical europeo realmente existente no ha servido para nada en el momento álgido de los primeros ataques. La jornada de movilización del día 29 de septiembre puede ser un trámite o el inicio de una nueva época de solidaridad y lucha a escala europea. Izquierda Anticapitalista, pese al escepticismo que nos inspira la dirección de la CES, apuesta por convertirla en lo segundo. 

En el ámbito español, el punto final de la mesas sindicatos-CEOE y el alineamiento inequívoco del gobierno socialista con la patronal, es la mejor expresión de que las direcciones de CCOO y UGT llevan años confiando en una quimera: la mesa de negociaciones sin movilización, no puede dar frutos. El largo periodo de pacto social sólo ha logrado debilitarnos a las y los trabajadores, fortalecer a las clases dominantes y permitir la ambigüedad gubernamental. Pero nunca es tarde si la dicha llega. Los sindicatos mayoritarios han convocado a la calle, y la calle vamos a tomar; han convocado a la huelga, y la huelga vamos a preparar. Y lo queremos hacer para ganar, con objetivos claros, con propuestas alternativas y pensando en el largo plazo. Necesitamos coraje, determinación y victorias contundentes para levantar la moral de los y las trabajadoras. 

ANATOMIA DE LA REFORMA LABORAL 

El Real Decreto que entra en vigor supone una nueva, pero ni la primera ni la última, agresión. Con mala fe, entre el borrador inicial y el redactado definitivo, se ha pasado de importantes agresiones a un claro endurecimiento de los contenidos de la reforma laboral, posiblemente para recabar, si no el apoyo, sí la abstención y beneplácito tácito de las fuerzas de la derecha parlamentaria. Ahora se inicia el trámite para validarlo en los próximos meses. 

Los grandes medios de comunicación y los poderes fácticos de la burguesía machacan constantemente a la opinión pública con la falsedad de que la reforma laboral es necesaria. Pero no lo es, y de serlo tendría que tener una orientación opuesta a la adoptada. En cambio, las políticas eficaces contra la crisis no se están adoptando en ningún país: cambio de modelo y de objetivos de la Unión Europea, regulación de los mercados financieros, recuperación de la Banca pública, desarrollo de una reforma fiscal progresiva, persecución delenorme fraude fiscaldesarrollo de una inversión pública planeada al servicio de las necesidades sociales, regulación y orientación de las actividades de la economía privada en sus áreas estratégicas. En suma, hacer que la crisis la paguen los capitalistas. 

Las reformas laborales regresivas no crean empleo. Y ésta ciertamente no lo creará. Los neoliberales defienden cínicamente que rebajar el coste del factor trabajo promueve la competitividad y con ello estimula el crecimiento y el empleo. Sin embargo, la realidad se muestra tozuda desmintiéndolo. La creación de empleo, bajo el capitalismo, depende de la actividad productiva, de las expectativas de beneficio, de las condiciones de la demanda y la inversión. Por mucho que se abaraten costes laborales, si no se dan esas condiciones, y ahora estamos en una fase de crisis en la que ciertamente no se dan y que durará, no habrá ni inversión productiva (no confundir con la especulación financiera) ni creación de empleo. Abaratar costes laborales, en cambio, sí mejorará la tasa de rentabilidad de las empresas que sobreviven (el objetivo real pero no declarado de la contrarreforma laboral en curso), pero a costa de deprimir la economía. El despido barato ha permitido un rápido aumento del desempleo, ya que las empresas han ajustado rápidamente, de manera fácil y barata, la caída de la demanda sobre los y las trabajadoras. En realidad, la patronal quiere, y el gobierno acepta, que se aumente el paro como medio para incrementar los beneficios de las empresas. Esto es lo que realmente subyace al cinismo de la patronal y a la hipocresía del gobierno. 

Además, esta reforma es injusta. El gobierno dice que favorecerá el empleo estable. Pero no es así. La contratación indefinida en este país no es estable, pues la media de continuidad de un trabajador no pasa de cinco años en el mismo empleo actualmente, y además la diferencia entre un contrato temporal y otro indefinido (el fijo sólo es, en la práctica, para el funcionariado) es el coste del despido, porque en este país despedir, si bien no es gratis, es prácticamente libre. Mientras el coste de emplear por vía temporal sea menor que hacerlo por vía indefinida, seguirá siendo más barato y por tanto será la modalidad preferente del empresariado. 

Esta reforma no es un cambio menor de la regulación de las relaciones laborales. Y no es previsible ninguna moderación de sus contenidos. No, porque el capital internacional, la UE y otros organismos internacionales no cesan en exigir un endurecimiento mayor. Y porque los agentes que gestionan la crisis capitalista han decidido que la paguen los y las trabajadoras. Y si se exige que ésta sea la vía de cumplir el dictado neoliberal de los Pactos de Estabilidad, las últimas medidas del gobierno no serán más que el prólogo de un ataque contra los derechos sociales y democráticos de las clases populares sin parangón en Europa desde los años treinta del siglo pasado (con las terribles consecuencias que conocemos). 

Esta reforma actúa sobre el despido. Es una mentira inaceptable decir que abaratar y facilitar el despido creará empleo. Siempre, y más todavía en un contexto de crisis, sólo creará más paro. 

Esta reforma generalizará  el contrato de fomento, con indemnización de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, haciendo minoritario el uso del contrato ordinario de 45 días y 42 mensualidades. El despido disciplinario improcedente del contrato de fomento pasa también de 45 a 33 días de indemnización. 

• Esta reforma abarata sustancialmente y socializa el coste del despido, no entre la patronal, sino entre toda la población asalariada. En primer lugar, porque el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) aportará lo correspondiente a 8 días por año trabajado en los despidos de cualquier contratado indefinido. Porque facilita el despido objetivo, colectivo, con una justificación muy laxa, permitiendo el despido por 20 días (que serán 12 para el empresario, al aportar el FOGASA los 8 días restantes). Además, se prevé que próximamente se implante el Fondo de capitalización individual de la indemnización, sin incrementar las cuotas empresariales, con lo que así el coste del despido lo pagarán con su salario indirecto el resto de trabajadores, en detrimento de los recursos de la Seguridad Social. Además, al contar con un fondo habilitado para pagar el despido ya no habrá obstáculo económico que disuada de echar al personal. Y el FOGASA, mientras tanto, se arruinará, perdiendo su superávit actual. Ni que decir tiene que las compensaciones que incluye sobre un gradual y ridículo encarecimiento de la contratación temporal, el límite temporal (¡que puede ser de cuatro años!) al contrato de obra y servicio, o la mejor regulación del límite al encadenamiento de los contratos temporales, son elementos cosméticos y menores respecto al conjunto de las agresiones principales.

• Esta reforma privatiza parcialmente la intermediación laboral. En lugar de promover un servicio público más fuerte, con más recursos y más competencias, asistimos a la legalización y externalización de la intermediación laboral hacia las agencias de colocación privadas; y a la ampliación del margen de maniobra de las ETTs, que podrán actuar en la sanidad y en la construcción.

• Esta reforma destinará  en torno a 2.800 millones de euros para bonificar la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años, y mayores de 45 o más, en empresas que no hayan despedido de manera improcedente y que mantengan el empleo indefinido. Aunque la reordenación de éstas no es peor que la anterior, sería mucho más útil haber destinado estos fondos, o bien a fortalecer la Seguridad Social, bien a generar empleo público directo, bien financiar, por ejemplo, adaptaciones del entorno laboral para colectivos con dificultades como las personas con discapacidad. De otro modo, sólo servirá para cambiar la posición en la cola del paro de ciertos colectivos, pues esta medida no crea empleo, y a abaratar sustancialmente los costes laborales a la patronal. En este caso, y recordando que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad económica, la eliminación de  la bonificación para la contratación de mujeres, no siendo ésta nuestra propuesta para compensar la discriminación estructural de la mujer en el mercado laboral, y no aportando otras medidas , deja en una situación aún peor a la mitad de la población.

• Se amplían las posibilidades de emplear las modalidades del contrato de formación y del contrato en prácticas, destinadas a jóvenes, pero ya no tan jóvenes (puede emplearse a colectivos de hasta 25 años). Se trata de contratos de salarios por debajo del SMI y de los mínimos en convenio, compensados con formación teórica, un certificado profesional de valor simbólico y una minúscula prestación por desempleo.

• Se da más poder empresarial para la gestión de la flexibilidad de la organización del trabajo, acortando los plazos de consulta (y, por tanto, de diagnóstico, elaboración de propuestas alternativas y negociación), con los sindicatos. Bastará un acuerdo con los sindicatos, amparado en que la solución “mejora las condiciones de competitividad de la empresa” para poder realizar medidas de movilidad geográfica y cambios sustanciales de las condiciones de trabajo.

• Esta reforma anuncia el compromiso con una posible reforma de la negociación colectiva, y como anticipo plantea una mayor facilidad de inaplicación y descuelgue salarial de los convenios. Con ello, la reforma laboral abre las puertas a la liquidación de la propia negociación colectiva, del papel que juegan las organizaciones de los trabajadores y del propio Estatuto de los Trabajadores, imponiéndose un modelo de individualización de la relación salarial en el que los empresarios puedan negociar frente a los trabajadores sin tener que verse constreñidos por convenios colectivos o regulaciones laborales. No es éste un aspecto menor, pues la reforma tiene como uno de sus objetivos la derrota y desaparición de los sindicatos, como ya hizo Thatcher en su momento en Gran Bretaña, para poder marcar unas nuevas reglas del juego en Europa entre trabajo y capital, donde no haya ninguna posibilidad de preservar los intereses más elementales del mundo del trabajo y su organización colectiva.

• La reforma no elimina los incentivos a la contratación parcial, cuando lo que debería abordarse es la reducción de la jornada para repartir el emplo. Ésta es una causa fundamental de la dualización por género del mercado de trabajo (el 80% de trabajador@s a tiempo parcial son mujeres), refuerza la inserción laboral precaria y la sobreespecialización en tareas domésticas y reproductivas (es por eso por lo que las mujeres se acogen al tiempo parcial...). Y hacemos mención a que en la reforma no hay propuesta para incluir a las trabajadoras domésticas en el Estatuto de los Trabajadores y siguen en un régimen especial que las hace más vulnerables que otros colectivos.

Y AHORA ¿QUÉ?: ES LA HORA DE LUCHAR 

Esta ofensiva abierta por la burguesía y sus políticas neoliberales se prevé sostenida en el tiempo. De hecho, asistimos a un importante cambio de ciclo: se ha dado un salto cualitativo en la magnitud y calado con el que se aplican las políticas de ajuste contra la clase trabajadora en el seno de la UE. Hace décadas que convivimos con la ofensiva del neoliberalismo contra las conquistas democráticas y sindicales de los trabajadores en la UE. Sin embargo, la virulencia y la magnitud de las medidas recientemente tomadas por el gobierno español y por otros gobiernos de la UE se emparentan directamente con las medidas de ajuste estructural impuestas por el FMI en América Latina durante los años 80, y cuyas dramáticas consecuencias sociales son de sobra conocidas. La orientación de estas medidas es inequívoca: no sólo pretenden trasladar a la clase trabajadora el coste económico de la crisis, sino que además avanzan una durísima ofensiva contra las organizaciones sindicales y su capacidad de interlocución social.  

Sin embargo, la importante indignación popular que estas medidas están generando, no se ha traducido hasta el momento en una contundente respuesta sindical y social. Buena muestra de ello es el carácter limitado de la huelga del sector público convocada el pasado 8 de junio (en la práctica una huelga de substitución, un pretexto de unas direcciones sindicales mayoritarias todavía obstinadas en evitar la convocatoria de una huelga general). Sin duda, los factores que explican esta dificultad para activar la contestación social son diversos. Sin embargo, hay uno que resulta evidente: la orientación de concertación y pacto social mantenida por las direcciones de CCOO y UGT durante esta última década ha erosionado notablemente la capacidad de contestación de estas organizaciones, con una ausencia de relevo sindical de generaciones educadas en las mejores tradiciones del movimiento obrero (asambleas generales, comités de huelga, ratificación o rechazo de acuerdos por los y las trabajadoras, piquetes…). Sin menospreciar su importancia táctica, muchos y muchas jóvenes cuadros sindicales sólo han aprendido a montar elecciones sindicales, pero ese trabajo no ha constituido un punto de apoyo para ir más allá, neutralizados por la lógica de la concertación. Las secciones sindicales se han diluido y, además, en esa ola de despolitización, los nuevos afiliados sindicales no tienen una perspectiva global de la lucha de clases, reduciendo a menudo su análisis a la relación dentro del centro de trabajo. Además, las direcciones sindicales han seguido apostando hasta el último momento por el diálogo social, insistiendo en la negociación de la reforma laboral y deslegitimando con ello la propia convocatoria de huelga en el sector público. Resulta imprescindible apostar por una forma distinta de hacer sindicalismo que supere esta orientación de diálogo, concertación y pacto social. Estamos convencidos de que una parte importante y creciente de cuadros sindicales reconocen este problema y están dispuestos a luchar ensayando fórmulas combativas y democráticas y recuperando lo mejor del movimiento obrero y a discutir una salida política alternativa a la crisis, que, como hemos señalado estos años Izquierda Anticapitalista, es  tan posible como necesaria. Frenar la ofensiva a la que en este momento se enfrenta la clase trabajadora y sus organizaciones exige una apuesta inequívoca por la confrontación y el conflicto frente a las medidas de ajuste y frente al gobierno que las impone. Sólo así será posible frenar estas medidas de ajuste y la política antisindical de la patronal y el gobierno.  

Resulta imprescindible preparar una respuesta sostenida en el tiempo, con un ciclo de manifestaciones y convocatorias que culminen en una potente huelga general el 29 de septiembre. Pero para ello es necesario convocar asambleas en los centros de trabajo, discutir, debatir y recuperar los espacios sindicales de intervención y confrontación, activando la respuesta social. La huelga del 29 de septiembre debe convertirse en un importante punto de apoyo para frenar la ofensiva de la patronal, así como para preparar las importantes luchas que vendrán. Desde Izquierda Anticapitalista consideramos fundamental que las direcciones sindicales defiendan como objetivo central de la Huelga General la retirada de las medidas de recorte del gasto público y del proyecto de contrarreforma laboral en curso. Es insostenible y absolutamente desmovilizador defender que el objetivo de la huelga es volver a la mesa de negociación con Gobierno y patronal. Exigiremos y defenderemos en los centros de trabajo y en las organizaciones sindicales en las que estamos implantados e implantadas que el conjunto de las organizaciones sindicales (mayoritarias y minoritarias, de ámbito estatal y de ámbito nacional o regional, de clase o de sector o ramo, todas) trabajen por consensuar un calendario de movilizaciones a la vez contundente y realista y que conceda el máximo protagonismo a las plantillas y a las iniciativas que lleguen desde abajo. Para que ello sea factible hay que luchar por generalizar métodos democráticos de toma de decisiones y de conducción de las luchas. Además, para garantizar el éxito de la Huelga General, es fundamental que las direcciones sindicales no se plieguen a negociar servicios mínimos concebidos para ahogar el derecho de huelga y coaccionar a los y las trabajadoras y maquillar las cifras reales de seguimiento. Hay que trabajar pues por paralizar totalmente la actividad y porque la huelga sea lo más contundente posible.  

Igualmente, es inaplazable impulsar una orientación internacionalista de la respuesta a las medidas de ajuste neoliberales. En este sentido, la respuesta de la Confederación Europea de Sindicatos ha sido tardía y decepcionante: se ha abandonado a los trabajadores griegos a su suerte, apostándose por la inacción y la ausencia de solidaridad internacional. La orientación de un sindicalismo alternativo, ahora más que nunca, debe apelar en este momento a la solidaridad de los trabajadores europeos, quienes se enfrentan por igual a durísimos planes de ajuste por toda la geografía del viejo continente. La jornada de protesta internacional convocada por la CES para el día 29 de septiembre –fecha con la que se hará coincidir la huelga general en el estado español- debería avanzar hacia la convocatoria de una huelga general en todos los países de la UE, que traduzca el generalizado descontento social en una respuesta de calado internacional. 

Por último, y tal y como hemos señalado, es imprescindible también reforzar la orientación politicosocial del conflicto sindical. La dimensión de la agresión contra las conquistas sociales excede con mucho el mundo sindical. La respuesta que debemos preparar, también debe de hacerlo. Es importante concienciar a los activistas sociales de todos los movimientos de la importancia de la batalla que se libra, así como del hecho de que su magnitud no interpela únicamente a las organizaciones sindicales, sino al conjunto de la izquierda política y social.  

¡¡EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL!!  ¡¡A LA HUELGA GENERAL!! 

La convocatoria de movilizaciones generales, la realización de una Huelga General en Euskadi el 29 de junio, las manifestaciones del 30 de junio y la perspectiva de una huelga general el 29 de septiembre, que coincidirá con movilizaciones a escala europea, abre un proceso en el que tenemos la oportunidad de abrir debates e intercambios  en los que tienen escaso margen de maniobra las consideracione pactistas y “nacionalistas”. 

Hoy, más que nunca, es necesario adoptar una perspectiva internacionalista y anticapitalista contra la crisis sistémica. Es necesario organizar política y sindicalmente las luchas, es necesario dotarlas de alternativas y perspectiva política. De lo contrario, pueden darse repliegues nacionalistas, xenófobos y reaccionarios que pongan en peligro las frágiles conquistas democráticas del movimiento obrero, en particular en el Sur de Europa, donde la derrota del fascismo no deja de ser un hito relativamente reciente y cada vez más precario.  

Por eso consideramos que la preparación de la huelga general, reclamando su extensión a escala europea, la pedagogía en todo este proceso, y contribuir a desbordar contenidos y reivindicaciones para fortalecer la correlación de fuerzas a favor de los y las trabajadoras es ahora nuestra tarea prioritaria. 

Preparar la Huelga General, organizar la lucha, difundir las reivindicaciones que fortalezcan a las y los trabajadores frente al discurso y la propuesta del capital es la tarea central de las organizaciones anticapitalistas. 

Preparar la Huelga General significa revitalizar las reuniones de las secciones sindicales, pero sobre todo apoyar una dinámica de realización de asambleas en los centros de trabajo con dos objetivos: el impulso junto a las reivindicaciones generales de la huelga de plataformas reivindicativas sectoriales y lograr la máxima adhesión y participación activa y unitaria de las gentes en la planificación y ejecución de la huelga, de sus piquetes, de las culebras en la empresa, de las manifestaciones, del apoyo a la huelga en los sectores más débiles y en los más estratégicos, como el transporte. 

Preparar la Huelga General significa adoptar dos ejes de trabajo: la unidad de acción en todos los ámbitos de todas las fuerzas sindicales e impulsar una amplia alianza social de las organizaciones feministas, ecologistas, vecinales, deportivas, culturales, de emigrantes, de agricultores, trabajadores por cuenta propia, asociaciones de padres y madres, estudiantes, parad@s, jóvenes y jubilad@s y de cuanta gente tenga una cuenta pendiente con el sistema. El objetivo es lograr una Huelga General en los centros de trabajo y una movilización del conjunto de la sociedad contra el capital y sus gestores que tenga una dimensión política lo más pronunciada posible..