Izquierda AnticapitalistaNuevas amenazas de recorte a los derechos laborales: ¿Más de lo mismo?
Como viene siendo habitual en cada legislatura, el nuevo gobierno, una vez pasado un periodo de rodaje y tanteo, plantea la necesidad de una nueva reforma del mercado de trabajo.
En anteriores ocasiones la razón alegada era la necesidad de aumentar la competitividad de la economía española y de adecuarla a las condiciones vigentes a escala internacional. Esta vez se esgrimía un objetivo interno y, en principio, positivo desde el punto de vista social: la necesidad de reducir la temporalidad.
Con esta loable intención, la declaración suscrita por el Gobierno y los agentes sociales tras su reunión de 8 de julio de 2004 apostaba por “cambiar el modelo productivo para avanzar en la estabilidad del empleo y la reducción de las desigualdades laborales y sociales”.
A escasos meses de este idilio, y una vez constituida el pasado 14 de marzo la mesa del diálogo social, las cosas parecen torcerse y negros nubarrones en forma de agresiones y recortes aparecen de nuevo.
Aún siendo pronto para adelantar una previsión sobre el desarrollo de esta negociación, ha bastado una sola reunión y la presentación de los puntos de partida de los respectivos agentes sociales, sindicatos mayoritarios, patronal y gobierno para que la cuestión aparezca en términos similares a los de anteriores reformas laborales, desvaneciéndose de este modo las expectativas, modestas eso sí, pero expectativas al cabo, que en el campo laboral se habían generado con la llegada de Zapatero al gobierno.
El planteamiento inicial de los sindicatos, UGT y CC.OO., ha sido básicamente coincidente. Ambos sindicatos exigen que se reduzca la temporalidad que afecta sobre todo a las mujeres y los jóvenes, y que se da sobre todo en las administraciones públicas, el sector de la construcción y los sectores de servicios; que se regulen las contratas y subcontratas; que se fomente la vigilancia y control de la inspección de trabajo y que se potencien los Servicios Públicos de Empleo y la protección por desempleo. Además CC.OO. propone que se aumente la participación laboral de las mujeres; que se reforme el contrato de obra; que se pongan límites al encadenamiento de contratos y que se dote de garantías para el empleo a tiempo parcial y fijos discontinuos. Ambos han anunciado la preparación de un documento conjunto con la posición común.
La CEOE, por boca de su presidente Cuevas, plantea el establecimiento de un nuevo tipo de contrato “estable de duración determinada” ligado a un servicio o producto concreto (como ejemplo citó la fabricación de un modelo de coche) que ya ha sido rechazado por los sindicatos y que no sería sino una nueva versión del ya conocido de lanzamiento de nueva actividad que fue suprimido en la reforma de 1997. Además Cuevas se queja de la “rigidez en el mercado de contratos indefinidos” y plantea “no incidir tanto en el coste del despido, sino en el proceso conjunto de la extinción de la relación laboral” dado que a su juicio “este proceso no está mínimamente automatizado”.
A pesar del carácter oportunista y de la cara dura que se desprenden de estas declaraciones, es desde el gobierno desde donde aparecen posiciones más preocupantes. Inicialmente fueron las declaraciones del ministro Caldera que en pocos días pasó de “hacer más atractivo el contrato indefinido y menos atractivo el temporal” a lisa y llanamente “hacer más atractivo el despido” para los nuevos contratos. Posteriormente, en un documento elaborado tras la reunión de la mesa del 14 de marzo, el gobierno plantea extender a todos los contratos nuevos la reducción de la indemnización por despido a 33 días por año; aumentar el periodo de prueba para los contratos fijos; revisar las condiciones que determinan el despido por causas económicas ¿?; modificar el régimen de indemnizaciones para los distintos tipos de despido; revisar las cotizaciones de los empresarios para ciertos tipos de contrato y favorecer la actuación de las ETT´s como intermediarias en el mercado laboral. En cuanto a los servicios públicos de empleo, se pretende que su labor fomente la movilidad geográfica de los trabajadores.
A la vista de esta batería de propuestas, que, de concretarse, se convertirían en un nuevo y muy grave recorte de los derechos laborales, se comprende que la patronal no necesite “incidir tanto en el coste del despido”. Lo que ya se comprende menos es la actitud de práctica pasividad con la que los sindicatos CC.OO y UGT han recibido esta bofetada del gobierno. Si bien es cierto que UGT en un comunicado público ha acusado al gobierno de alejarse de la declaración de 8 de julio de 2004, planteando que ahora “no toca hablar de despido sino de reducir la temporalidad” -CC.OO. se ha limitado a mostrar su malestar por que no se haya vuelto a reunir la mesa-, la realidad es que no han tomado ninguna medida para atajar lo que puede acabar siendo una nueva agresión.
Además, y por otra parte, en el comunicado conjunto tras la reunión ambos sindicatos, junto a patronal y gobierno, “apuestan por un modelo económico equilibrado y duradero basado en el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas”. Es decir, más de lo mismo.
Es imprescindible que las organizaciones sindicales trasladen cuanto antes la información referente a la negociación e inicien el debate sobre la reforma laboral tanto en el ámbito público como en el de las empresas, de forma que el conjunto de la clase trabajadora pueda participar en lo que se cuece y esté preparado para dar una respuesta en caso de que ésta acabara siendo necesaria. Lo que no debe repetirse, una vez más, es una negociación “por las alturas” de la que sólo tendremos noticias cuando su final, con acuerdo o sin él, esté decidido.
Abril de 2005
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