Por el diálogo sin exclusiones, por el respeto a la voluntad del pueblo vasco.

Jueves 26 de mayo de 2005

Editorial Corriente Alterna nº 35 | junio 05

El debate parlamentario sobre el mal llamado “estado de la nación” ha venido a confirmar que en el proyecto de gobierno que representa Zapatero existe una notable continuidad con los gobiernos anteriores tanto en la política económica y fiscal neoliberal (la promesa reciente de reducir el impuesto de sociedades viene a corroborar ese rumbo) como en la política de “defensa” otanista y pro-USA (siendo el refuerzo de la función estratégica de la base de Rota el símbolo de la tan buscada reconciliación con Bush), insertas ambas además en las de una Unión Europea que, sin embargo, se encuentra hoy en profunda crisis y ante una nueva oportunidad de girar a la izquierda.

Que esas políticas vayan acompañadas de medidas “progresistas” en el reconocimiento de determinados derechos civiles o de una disposición a dialogar en torno a la idea de una “España plural” mediante las reformas estatutarias, son no obstante diferencias a tener en cuenta, sobre todo por el escándalo que crean en una Iglesia ultramontana alentada por el inquisidor Ratzinger y en una extrema derecha dispuesta a explotar un nacionalismo español abiertamente racista. Pero, más allá de esto, los límites que marca la propuesta de reforma constitucional (incluida la voluntad de blindar la monarquía) también son claros y no cabe hacerse ilusiones en una “segunda transición” sin un desborde de esos mismos límites desde Euskadi o Catalunya. La necesidad, por tanto, de una izquierda capaz de impulsar un camino alternativo al círculo vicioso de la “alternancia” y de crear las condiciones para una efectiva ruptura democrática y antineoliberal sigue estando vigente y hay que lamentar que ni los dirigentes de IU ni los de ERC hayan estado a una altura similar a la de las otras izquierdas que prosiguen su avance en países vecinos como Francia, Portugal o, ahora, Alemania, en donde emerge una nueva coalición de fuerzas alternativa a la socialdemocracia y los verdes.

Pero ha sido sin duda el anuncio por Zapatero de su disposición a dialogar con ETA si ésta deja las armas el que ha desatado las iras y la demagogia del Partido Popular y de sus aliados mediáticos, erigidos todos ellos en únicos firmes defensores de las víctimas...de ETA. La práctica paralización del “pacto antiterrorista” y la ratificación por la mayoría del parlamento de esa voluntad de diálogo confirman que existe un cambio de actitud del gobierno, facilitado por los resultados producidos en las elecciones vascas y, también, por las propuestas que desde hace tiempo vienen de la izquierda abertzale y de la propia ETA.

Se abre por tanto una nueva oportunidad histórica que no debería desperdiciarse en función de criterios electoralistas o de la “razón de Estado”. La propuesta de dos mesas –una en la que dialoguen el gobierno y ETA y otra en la que estén los partidos vascos- parece razonable y permite distinguir dos procesos, el de la paz y el de la búsqueda de un nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado español, que deberían apoyarse mutuamente. El primero implica abordar tanto la adopción de medidas de acercamiento e incluso puesta en libertad de presos vascos como la declaración de un cese de la violencia por parte de ETA que condujera a un reconocimiento del daño causado a las víctimas. El segundo debería empezar por la derogación de la Ley de Partidos y la renuncia, por tanto, a cualquier intento de ilegalizar a EHAK, y seguir por el compromiso de respetar lo que libremente pueda decidir la mayoría de la sociedad vasca sobre la propuesta que pueda surgir de su nuevo Parlamento. Sin embargo, hechos como el atentado en el barrio de San Blas de Madrid y la posterior detención de Otegui a instancias de la fiscalía van justamente en dirección contraria a la requerida y benefician tan solo a los sectores opuestos al diálogo y la negociación.

Por ello es evidente que los resultados de ambos procesos son muy inciertos todavía. Además, los sectores que actúan voluntariamente en contra de que se materialicen positivamente son poderosos y se encuentran no sólo en el PP y la “Brunete” mediática sino también en el interior del PSOE, con Bono y Rodríguez Ibarra a la cabeza: la capacidad de resistencia de Zapatero a esas fuerzas está todavía por ver y parece estar lejos el momento en que se produzcan tanto una negociación efectiva como una declaración política en la que se comprometa a no repetir el espectáculo mostrado en el parlamento español ante la presentación del “Plan Ibarretxe”. Por el lado de ETA, la experiencia de la corta tregua de 1998 debería servirle para evitar la impaciencia mostrada entonces y ser consciente de los nefastos efectos que puede tener retorno a los atentados mortales en el logro de sus propios objetivos políticos.

En cualquier caso, ni en Euskadi ni fuera de Euskadi podemos mantenernos pasivos ante el nuevo escenario que se abre. No se trata, desde luego, como ha hecho la dirección de IU, de proponer nuevos “pactos antiterroristas” en aras de la “unidad de los demócratas” sino de demostrar la incapacidad de ese tipo de pactos para abordar las causas de la violencia y, sobre todo, de la persistencia de un conflicto que sólo se puede resolver de forma democrática. Urge, por tanto, que las organizaciones sociales, foros y redes ciudadanas que puedan reconocerse en iniciativas como las promovidas por Elkarri y otros colectivos hagan oír su voz y consigan contrarrestar la movilización que desde la derecha y la extrema derecha se empieza ya a producir y sin duda se intensificará en los próximos meses.

Porque asumiendo esa labor de presión social y ciudadana a favor de la paz y del respeto a la voluntad del pueblo vasco no sólo estamos haciendo muestra de solidaridad con quienes apuestan en Euskadi y en Madrid por esas vías sino que estamos luchando también por la solución del verdadero problema, el “problema español”, el de la incapacidad histórica del nacionalismo español para reconocer a las otras realidades nacionales existentes dentro del Estado en condiciones de igualdad y sobre la base de respetar su derecho de autodeterminación. Por eso, cuanto más se avance por ese camino en Euskadi más fácil será hacerlo a favor de nuevos Estatutos que profundicen en el autogobierno y en la ruptura con el corsé de la Constitución de 1978, la cual, no lo olvidemos, fue “consensuada” bajo la estrecha vigilancia de una jerarquía militar y de una monarquía que lograron imponer la “indisoluble unidad de la Nación española”.

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