Izquierda AnticapitalistaLluís Rabel
El Consejo Nacional de Esquerra Unida i Alternativa, reunido el pasado miércoles 7 de Septiembre en Barcelona, confirmó la orientación, avanzada desde hacía días por su Coordinador General,
Jordi Miralles, de apoyar el actual proyecto de Estatuto de Cataluña, adaptándolo a las recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo a fin de ajustar plenamente el texto a los parámetros de la Constitución española. Tres miembros del Consejo Nacional de EUiA (pertenecientes a “Revolta
Global” y al agrupamiento que se ha dado en llamar “sector crítico del POR”) manifestamos nuestro desacuerdo con esa línea, por considerar que lleva a la izquierda transformadora a un callejón sin salida. Como lo explica la resolución alternativa que propusimos y que reproducimos a continuación, la idea – pretendidamente
“realista” y “sensata”, dada la actual correlación de fuerzas políticas y sociales – de obtener por esa vía un progreso significativo para Cataluña se revela totalmente ilusoria. La Constitución monárquica no reconoce la soberanía de las naciones ibéricas. Las competencias que se detallan en el proyecto estatutario no pueden ser realmente “blindadas” – como tampoco puede serlo la financiación autonómica – frente a un Estado que
“cede”, y por lo tanto puede retomar, las primeras y sigue teniendo el control de la fiscalidad. Sin libertades políticas y sin instrumentos para hacer efectivos los derechos proclamados, estos representan tan sólo un deseo, pero no constituyen en modo alguno una conquista efectiva. Peor aún: ese camino “posibilista” que propugna el gobierno tripartito y que hace suyo EUiA... aleja la perspectiva de un cambio constitucional democrático. ¿En nombre de qué lo exigiría una Cataluña
“satisfecha” con su nueva carta autonómica?
La mayoría dirigente de EUiA, encabezada por el PCC, se equivoca gravemente al empecinarse en seguir una orientación tan desmovilizadora. Se había dicho que, tras la derrota de la derecha en Cataluña y a nivel estatal, se abriría paso a una “segunda transición”. Hoy por hoy, parece que vamos de cabeza a una segunda frustración. La unanimidad de los partidos de izquierdas y de los sindicatos mayoritarios a la hora de embellecer la realidad acabará
pasándonos factura cuando dicha realidad, decepcionante, termine también por imponerse. ¿Que el problema más acuciante es defender al tripartito frente a la derecha? Un gobierno de izquierdas sólo puede defenderse haciendo políticas progresistas, diciendo la verdad al pueblo y recabando su apoyo activo. Las cesiones ante las multinacionales y las prácticas social-liberales van minando la confianza de la clase trabajadora. La subordinación al marco jurídico del régimen vigente permite que la burguesía nacional, que ha sido durante años su valedora, vuelva a arroparse con la senyera. Así no es posible hacer avanzar al movimiento obrero. Así no construimos ninguna alternativa.
Sin embargo, lo más lamentable de la reunión – aunque en realidad no sorprendió a nadie – fue la actitud del POR. Pues, lejos de esforzarse por reconducir esa orientación de la mayoría, se dedicó a confortarla del modo más injustificable. En efecto: el POR empezó presentando un proyecto de resolución propio y notablemente crítico que denunciaba la adaptación del Estatuto al dictamen del Consejo Consultivo, decía que “el intento de vía catalana estatutaria... conducía a un callejón sin salida”... y afirmaba solemnemente que “el Estatuto constitucional choca con las necesidades de Cataluña”. Pues bien, apenas iniciado el debate, el portavoz del POR anunció que retiraba su resolución (transformándola en una simple
“aportación a la discusión de la organización”)... y se adhería al texto propuesto por el Coordinador. ¿La justificación de semejante vuelco? Esencialmente, un punto de la resolución mayoritaria que proponía “incorporar al Preámbulo del nuevo Estatuto el voto particular de la Coalición ICV-EUiA que defiende el derecho del pueblo catalán a determinar libremente su futuro como pueblo, en paz, democracia y solidaridad”. Es decir, una dudosa formulación que pretende evocar el derecho de autodeterminación
sin nombrarlo... en un preámbulo carente de cualquier fuerza normativa. ¿Acaso sería posible por medio de tamaña estafa política suscitar la “necesaria movilización de la población trabajadora”, repetidas veces invocada por los dirigentes del POR? ¿Qué esperan ganar al cabo de toda esa ceremonia de confusión? La izquierda alternativa desde luego no gana nada con tales manejos. De hecho, contra ella iban precisamente dirigidos, como se hizo patente en las votaciones finales. Nuestra resolución fue rechazada con 3 votos a favor, 45 en contra y 15 abstenciones. (Conviene precisar, por lo que se refiere al voto de los miembros del POR, que si bien todos y todas brindaron su apoyo a la propuesta del Coordinador, frente a nosotros se produjo una teatral “división de opiniones”: el POR votó en su conjunto contra la resolución alternativa... excepto sus principales responsables, que se abstuvieron. Una copla bien conocida: los votos estaban contados de antemano... y el gesto “magnánimo”
de unos pocos salía gratis). Así está la izquierda. Ni que decir tiene lo que habrá que pelear hasta llegar a renovarla de verdad...
Propuesta de Resolución
(Presentada por
Anna Gabarró, Diosdado Toledano – “RG” – y Lluís Rabell)
1- El dictamen del Consejo Consultivo sobre el actual proyecto estatutario evidencia la imposibilidad de alcanzar las libertades, los derechos sociales y el autogobierno que precisa la gente trabajadora de Cataluña en el marco de la Constitución monárquica española. Y pone de relieve, al mismo tiempo, el fracaso de la denominada “vía catalana”. Es decir, la pretensión de una reforma encorsetada en el orden jurídico vigente, basada en un consenso entre las distintas fuerzas políticas y negociada “en frío” con el Estado en el ámbito exclusivo de sus instituciones. Ese camino ha confundido y desmovilizado a la ciudadanía; ha dividido a las izquierdas y ha envalentonado a la derecha burguesa. Todo ello puede acabar por hundir incluso al propio gobierno tripartito, generando una enorme frustración. Es necesario cambiar de rumbo.
2- El informe demuestra que un Estatuto ajustado a la Constitución sólo puede significar un escarnio para las legítimas aspiraciones de este pueblo. “Nación” sin soberanía, competencias y financiación que dependen de la voluntad del Estado central, materias inalcanzables – como las atribuciones referidas a inmigración... Todo aquello que el país necesita gestionar con criterio propio es literalmente
“anticonstitucional”. Pues bien, si la Constitución española no puede ni siquiera dar cabida a una mesurada reforma autonómica, eso quiere decir que se ha vuelto imperativo cambiar esa Constitución. La discusión sobre el hecho de saber si la vía estatutaria representa o no la manera “apropiada” de emprender la reforma constitucional, es un debate estéril. Para llevar a cabo una reforma consecuente – y no puramente cosmética, como la que propugna el PSOE – así como para obtener un buen Estatuto sólo hay un método: la movilización consciente de ciudadanos y ciudadanas. Y, por lo que respecta a Cataluña, dado el peso específico determinante que tienen en nuestra sociedad, se trata ante todo de la implicación del movimiento obrero, de la juventud y del tejido asociativo popular.
3- La izquierda no puede caer en la trampa de seguir recortando sus pretensiones. Si el proyecto elaborado por la Ponencia parlamentaria presentaba ya graves deficiencias, las exigencias que ahora se nos plantean para que pueda acabar siendo aceptable para el Estado lo convertirían en un engendro inservible y peligroso. Este no es nuestro Estatuto, ni puede ser el de Cataluña. Ceder ante tales exigencias significaría ni más ni menos admitir que continuasen vigentes un ordenamiento jurídico y un régimen político opresivos e insostenibles. La Monarquía es una herencia del franquismo. La “indisoluble unidad de la nación española” que proclama la Constitución de 1978 fue una garantía concedida por las fuerzas democráticas al ejército de la guerra civil, bajo cuya amenaza se llevó a cabo la llamada
“transición”. Al cabo de casi treinta años, los cambios sobrevenidos en el país y en toda Europa, combinados con los efectos de la globalización neoliberal, hacen que las viejas aspiraciones democráticas de Euskadi, Galicia y Cataluña, entonces frustradas, se tornen insoslayables y se tiñan cada vez más de un profundo contenido social.
4- Ha llegado el momento de reivindicar la representatividad del Parlamento de Cataluña y su soberanía nacional. Partiendo de la legitimidad que le confiere el pueblo, el nuevo Estatuto debe proclamar de manera irrenunciable su derecho a la autodeterminación. El ejercicio de este derecho es inseparable de los instrumentos que necesita la población trabajadora para cohesionarse frente a la dictadura planetaria de las grandes multinacionales: desde el reconocimiento de los derechos sociales hasta la defensa y extensión de los servicios públicos; desde una financiación autosuficiente y solidaria, basada en una fiscalidad progresiva, hasta la incorporación, con rango de ciudadanía, de la oleada migratoria que está cambiando la faz de nuestro país... Y sin olvidar la cuestión lingüística, terreno en que, lejos de cualquier exaltación identitaria, se trata de promover el uso del catalán como vehículo de entendimiento y de comunicación social frente a una realidad cada día más mestiza.
5- En lugar de esforzarnos por hacer pasar todas esas necesidades por el filtro de una Constitución arcaica que, manifiestamente, no puede integrarlas, proponemos emprender el camino de la República y del federalismo. Empecinarse en una supersticiosa lealtad constitucional sólo puede dar alas al PP y abandonar la enseña de la libertad nacional en manos de una burguesía mezquina, preocupada ante todo por la marcha de sus negocios. Cada vez que el movimiento obrero actuó así
acabó dividido y vencido. Así pues, llamamos a todas las fuerzas de izquierdas y progresistas, no a inventarse un Estatuto “posible”, sino a hacer posible el Estatuto que necesitamos. Corresponde a tales fuerzas construir unitariamente un amplio movimiento social y buscar la complicidad de las capas populares del resto del Estado. Propondremos a ICV y al resto de componentes del Pacto del Tinell emprender juntos un giro decisivo: rechazar firmemente las limitaciones constitucionales y elaborar, con el empuje y la participación de la ciudadanía, el Estatuto progresista que necesitamos. El próximo 11 de Septiembre, EUiA se manifestará inequívocamente en este sentido.
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