¿La OMC tiene Género?

Sábado 19 de julio de 2003

Por Graciela Rodríguez y Norma Sanchís

1. El escenario actual

La próxima batalla contra la globalización sin reglas tendrá lugar en Cancún, México, en septiembre de 2003. En el actual contexto internacional, no es posible soslayar el hecho de que esta Quinta Reunión Ministerial de la OMC, ocurrirá después de los recientes acontecimientos bélicos, y sus enormes implicancias para el futuro del mundo y los pueblos.

La invasión de Irak y su destrucción, a través de una guerra ilegal e inmoral, cambia la naturaleza y las perspectivas de las futuras negociaciones internacionales. Después de que el unilateralismo pudo avanzar sobre décadas de infructuosas negociaciones sobre las reglas de convivencia internacional y apoyado en la reactivación de concepciones ya adormecidas como la corrida armamentista y el fantasma de la proliferación nuclear, es imposible retomar las negociaciones comerciales como si nada hubiese ocurrido.

La opción estratégica por la fuerza como instrumento para doblegar soberanías y de intimidación de respuestas autónomas desde los países, inclusive de países desarrollados, implica la necesidad de repensar las reales posibilidades multilaterales de la negociación mundial. El desconocimiento del derecho internacional acarrea un duro golpe al ordenamiento global y sus principios normativos. Curiosamente, en este escenario de dominio unilateral y hegemónico de Estados Unidos como la mayor economía del mundo, las alianzas, oposiciones y estrategias bélicas están estrechamente ligadas a acuerdos o condicionamientos comerciales, en términos de sanciones o compromisos a futuro.

En este momento extremadamente especial, la OMC con su rol y poderío creciente, realizará su Reunión Ministerial donde se delineará su nuevo papel estratégico.

No es secreto que el tipo de multilateralismo practicado por la OMC, si es que así puede llamarse, siempre actuó en favor de los intereses de las corporaciones y de los países centrales y que en realidad las reglas acordadas en ese ámbito siempre se obtuvieron a través del power politics, amenazas de sanciones, represalias y todo tipo de chantajes de parte de los que ostentan el poder sobre los países de la periferia del sistema. "A pesar de esto, la mayoría de los que luchan por la democratización del sistema internacional opinan que la existencia de instituciones multilaterales - basadas en principios opuestos a los de la OMC, como los de universalidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y de preservación de la capacidad de los estados nacionales para formular políticas públicas de acuerdo con los intereses de la sociedad puede ser de enorme utilidad para alcanzar una mejor correlación de fuerzas entre los países, evitándose las situaciones hobbesianas del conflicto de todos contra todos; de la primacía del poder del más fuerte, sin que haya ningún tipo de regla o norma capaz de garantizar al sistema internacional alguna civilidad".

Sabemos que la OMC extrapola los aspectos de comercio y cada vez más su amplitud y poder se hacen determinantes para la gobernabilidad y la hegemonía mundial.

En este sentido, debemos reconocer que se presentan muy sombrías las perspectivas negociadoras en el actual clima de desprecio por un orden mundial negociado sobre bases plurales, que en este contexto involucra a las negociaciones comerciales.

Reconociendo estas dificultades, se torna cada vez más importante el esfuerzo y la presencia de los movimientos sociales, incluyendo los movimientos de mujeres, que puedan exigir la profundización del proceso negociador multilateral desde una perspectiva de democratización del sistema de comercio internacional y del mecanismo que otorga a cada país un voto dentro de la OMC.

Es necesario fortalecer las críticas y la resistencia a algunas propuestas existentes dentro de la OMC, como la modificación del sistema de participación igualitaria hacia un sistema donde el poder de voto de cada país estaría determinado por su poder comercial,o el recurso al uso de la "sala verde" donde algunos pocos (y más poderosos) miembros toman la decisiones "informalmente" para después presionar al conjunto de los países.

También es necesario seguir debatiendo la dinámica que toman las negociaciones en el ámbito de la OMC y la inclusión de los "nuevos temas", que significa avanzar en la incorporación de cuestiones no comerciales, y por ende aumentar la presión hacia los países periféricos para negociar todo a cambio del prometido "acceso a los mercados " de los países desarrollados.

Es evidente que la agenda del comercio internacional está sobrepasando las áreas tradicionalmente ligadas al acceso a mercados (barreras arancelarias y no arancelarias) de los bienes, para incluir servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual e incorporando temáticas que impactan en la vida cotidiana de hombres y mujeres en el mundo entero.

De esta forma, es relevante el debate sobre la pertinencia de la actuación de la OMC en temas que se están negociando como agricultura, propiedad intelectual, patentes y servicios, que se suman a los nuevos temas que estarán siendo disputados por los países centrales en Cancún, especialmente inversiones, políticas de competencia y compras gubernamentales. En este sentido, la IGTN - (International Gender and Trade Network), participó en Doha con un documento que proponía la reforma del sistema de la OMC y una reducción en el contenido de su agenda. Se argumentaba allí que la reforma y la agenda dedicada estrictamente al comercio, deberían basarse en un principio según el cual las prioridades no son el comercio y el lucro, sino el desarrollo, la vida humana, la igualdad y la justicia social.

Así, la polémica sobre la incorporación en la OMC de los temas no comerciales, incluye necesariamente consideraciones de carácter más amplio, como son la soberanía de los países y sus propias agendas de desarrollo, el combate a la pobreza y las desigualdades y la negociación de un orden mundial con justicia, derechos humanos y sustentabilidad.

2. Democratizar la OMC significa también incorporar una perspectiva de género:

La magnitud y profundidad de los impactos de los acuerdos sobre un amplio espectro de actividades económicas, tienen implicancias directas en el mercado de trabajo, en los ingresos familiares, en la calidad de vida, en la disponibilidad de servicios básicos como la educación, la salud y aún el agua.

Cuáles son las implicancias de estos acuerdos sobre las mujeres? Dicho de manera muy directa, y partiendo de los condicionantes que moldean el género, se trata del acceso a los recursos básicos para la reproducción social (agua, comida, salud, educación) y a su posibilidad de disponer de manera equitativa de la propiedad y los ingresos. Todas estas variables se ponen en juego en los acuerdos comerciales que se están negociando en la OMC desde la perspectiva de los intereses de las corporaciones y de las economías más poderosas.

Además, es necesario comprender que la globalización en curso y la liberalización del comercio se asienta en el trabajo no pagado y no reconocido de las mujeres en la reproducción social. Es decir, - la disponibilidad sin costo del trabajo doméstico y comunitario de las mujeres es central en el actual proceso de acumulación regido por el libre mercado.

En este contexto, identificar los mecanismos para incrementar la equidad de género es un elemento fundamental de la democracia. La igualdad entre hombres y mujeres no es un aspecto secundario: por el contrario, forma parte de los elementos que contribuyen a la profundización de la equidad social y al ejercicio pleno de la democracia en todos los países.

En este sentido, la incorporación de la perspectiva de género en la OMC es un aspecto insoslayable de su democratización, tanto en términos de su estructura, como en sus temas de ingerencia clave.

Hay dos aspectos básicos que deben ser tomados en cuenta a la hora de construir las propuestas para la efectiva democratización de las negociaciones multilaterales en la OMC, tanto en términos de los mecanismos de toma de decisiones como en el concepto de desarrollo al que se alude.

La falta de programas y políticas destinadas a pensar los impactos diferenciales del comercio sobre hombres y mujeres, así como la escasa presencia de mujeres entre los negociadores que puedan alertar sobre tales consecuencias y reflejar la preocupación con esos efectos, muestra la ausencia de una perspectiva de género en la propia estructura de la Organización.

La equidad de género, está también completamente ausente hasta el momento en las negociaciones y acuerdos alcanzados. Y esto es así, porque no se pone en cuestión la asociación automática entre comercio-crecimiento-desarrollo y no existe un debate sobre la concepción de desarrollo que se proocura alcanzar.

3. La OMC y la equidad de género:

La apertura comercial en muchos países produjo la expansión de las importaciones, con un consecuente desplazamiento de la producción local, que constituía una fuente de ingresos importante para las economías familiares y de pequeñas empresas. En otros casos, el incremento de las exportaciones, si bien generó nuevos puestos de trabajo, afectó seriamente la calidad del empleo, particularmente del empleo femenino. Evaluando los efectos y principales consecuencias de las negociaciones en términos de su influencia sobre las desigualdades entre géneros, pasaremos a considerar algunas de las diversas áreas de negociación.

- Agricultura: la intensificación de la comercialización de la agricultura ha impactado fuertemente el acceso a la tierra con la consecuente movilización de trabajadores, provocando desarraigos y migraciones hacia las ciudades, con graves consecuencias socio-económicas. Por otro lado, la limitación de políticas nacionales que garanticen la seguridad alimentaria para enormes sectores de la población de los países del llamado Tercer Mundo, permanentemente incentivados a la exportación de bienes agrícolas, frente a una agricultura ineficiente y fuertemente subsidiada en los países centrales, perpetúa y alimenta un círculo viciado de desigualdad. En este marco, las mujeres cargan con la responsabilidad de la subsistencia familiar, sin programas ni medios de acceso a la propiedad de la tierra, al agua, el crédito, a las semillas patentadas, etc. y desde un lugar deprovisto de poder político y económico para garantizar sus derechos.

- Servicios. Es evidente que la mayor parte de los servicios públicos estratégicos tiene fuerte influencia sobre la vida cotidiana de las mujeres. En este sentido, la falta de reglamentación, los conflictos entre uso doméstico y consumo industrial (en el caso del agua, luz, gas, telecomunicaciones, etc.), la limitación en la oferta de los servicios sociales básicos en los países en desarrollo, agravan las situaciones de penuria familiar y agudizan los impactos de la pobreza y por ende, las inequidades, entre ellas las de género, en tanto la provisión de servicios de consumo familiar recae fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres. Por otro lado, las mujeres forman la mayor parte del contingente de trabajadores en el sector, y son utilizadas como mano de obra más barata en diversos servicios. Así el GATS requiere ser renegociado, formulando una clara definición sobre la naturaleza de los servicios públicos y el papel de los estados en resguardar el interés de la ciudadanía y asegurar la prestación de los servicios esenciales, como también pensar en las enormes implicaciones económicas y sobre el mercado de trabajo que este sector puede promover en las economias locales.

- Propiedad Intelectual: la vida no debe ser vendida ni comercializada, es decir, no puede ser patenteada. Se trata de una herencia colectiva y este principio fundamental debe ser defendido en términos de las negociaciones comerciales. Este es un tema especialmente sensible para el movimiento de mujeres por las consecuencias que puede generar en términos de la existencia de una vida digna para millones de seres humanos, a merced de un modelo tecnológico insustentable y falto de consideraciones éticas. El patentamiento de plantas, semillas, drogas para medicamentos, medicina natural, producciones culturales de los diversos pueblos, etc. implica consecuencias graves para los pueblos del Sur y sus efectos pueden ser especialmente dañinos para las mujeres y los pueblos indígenas. Junto a los temas mencionados, y para la consideración de los new issues lanzados en Singapur, resulta importante resaltar el marco político en que se realiza esta incorporación de temas al ámbito de la OMC. Ellos implican limitaciones a la autonomía de los países para la definición soberana de políticas públicas de desarrollo. "Los Estados Nacionales, particularmente aquellos del mundo en desarrollo, negociaron y continúan negociando su capacidad de regular y controlar el flujo externo de bienes y servicios, de proteger la integridad de su sistema monetario y financiero, de determinar sus programas antipobreza, de promover la sobrevivencia sustentable, de proteger el bienestar y el derecho de los trabajadores y de asegurar la provisión adecuada de servicios públicos e infraestructura".

Inversiones : Tal vez sea éste el tema más álgido entre los asuntos que integrarán la agenda de Cancún. En primer lugar, por su ingreso efectivo a la ronda de negociaciones, pero también por las graves consecuencias que puede tener para los países periféricos. Seguramente avanzar en la reglamentación y los requisitos de desempeño del capital financiero, se ha vuelto uno de los temas más importantes, especialmente a través de los requisitos de desempeño, para combatir las desigualdades de género, junto a la preservación de los derechos de los trabajadores y las cláusulas ambientales. Países como Argentina o Turquía, han visto sus sistemas productivos amenazados o desmantelados por las entradas y salidas del capital especulativo sin fronteras ni condicionantes para actuar en los mercados nacionales. Otros como Brasil, ven limitadas las posibilidades de un gobierno como el de Lula que pretende priorizar las empresas locales para poner en marcha un proyecto de desarrollo nacional.

Compras gubernamentales. En este punto, se trata del acceso irrestricto de las empresas transnacionales y las grandes corporaciones a las adquisiciones de los gobiernos, que así deben abandonar políticas nacionales (sean municipales, provinciales o federales) de incentivar compras a pequeñas y medianas empresas y cooperativas, que inclusive muchas veces favorecen e impulsan programas de equidad de género.

Políticas de competencia: Se trata de extender el principio del trato nacional y no discriminatorio a la competencia entre empresas de los países miembros de la OMC. La "libre competencia" implica la apertura de todos los sectores económicos, rompiendo monopolios estratégicos. No sólo quiebra el papel de los gobiernos como responsables por los proyectos nacionales autónomos, sino que también limita y hace "injustas" las posibilidades de implementación de programas que como los de equidad de género, tengan por objetivo corregir en ámbitos nacionales, las distorsiones y desigualdades sociales existentes.

Finalmente, podemos concluir que la OMC, con un poderío internacional creciente y que a diferencia de las Naciones Unidas tiene capacidad de implementación de los acuerdos negociados, cuenta con un arsenal de medidas para el cumplimiento de sus determinaciones, entre ellas sanciones, multas y represalias. Así, su papel y su importancia relevantes en el nuevo orden mundial, requiere ser comprendido y visualizado por la sociedad, especialmente de los países del Hemisferio Sur, que cada día más estarán enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Los intereses de los países centrales y de sus grandes corporaciones no debe prevalecer sobre los de la mayoría de los países, que precisan en cambio reglas comerciales enmarcadas en los tratados internacionales generados en décadas de debate y negociación en las Naciones Unidas, que les permitan retomar sus agendas de desarrollo.

Los pueblos y en particular las mujeres, precisan debatir y prepararse para resistir las propuestas injustas surgidas en la OMC y formular desde sus necesidades reales, las alternativas viables que sirvan para promover la justicia social y avanzar en la superación de las inequidades de género.

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