Por una refundación democrática y social de la Unión Europea

Domingo 20 de julio de 2003

Contribución de Manuel Colomer, Oskar Matute, Manuel Monereo y Jaime Pastor al debate en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida

Ante el "Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa"

La Convención, después de 15 meses de trabajo, ha entregado al Consejo europeo de Salónica su borrador de Constitución europea. En un momento histórico caracterizado por la hegemonía internacional de los EE UU, impuesta por la fuerza de las armas en Iraq, y una nueva oleada de reformas neoliberales y recortes de los derechos de los trabajadores en la Unión Europea, el borrador de Constitución responde plenamente a los intereses y al proyecto de las clases dominantes europeas. No podía ser de otra forma porque tanto la composición de la Convención como su mandato para elaborar el borrador de la Constitución habían sido dictados por los jefes de estado y de gobierno europeos sin tener en cuenta la soberanía popular.

Los juegos de palabras no pueden ocultar la verdadera naturaleza de este documento. No se trata de una auténtica Constitución europea, surgida del poder soberano de los pueblos de Europa. Es un mero Tratado constitucional, elaborado y otorgado por los gobiernos de los estados miembros en una Conferencia intergubernamental, en la más pura tradición liberal conservadora, como cuando las coronas europeas interpretaban los intereses de sus súbditos y limitaban generosamente sus propios poderes otorgándoles Cartas de derechos.


UN TRATADO CONSTITUCIONAL ANTI-DEMOCRATICO Y NEOLIBERAL

El borrador de la Convención no da respuesta al profundo "déficit democrático" que existe en la Unión Europea desde su creación, sino que lo consolida. Incorpora la Carta de Derechos Fundamentales, pero los limita en el Título VII exclusivamente a las leyes de ámbito europeo y sin que éstas puedan tener precedencia sobre las leyes nacionales existentes en ningún caso. Esta "línea roja", impuesta por el gobierno Blair, hipoteca en el futuro cualquier intento de extender a toda la Unión Europea los derechos democráticos y sociales más avanzados que puedan adoptarse en los estados miembros más progresistas o a nivel comunitario. La Unión Europea seguirá construyéndose de manera asimétrica por lo que respecta a sus derechos y libertades.

No es casualidad que la palabra "federación" desapareciera del artículo primero en las primeras sesiones de la Convención. La referencia a la voluntad de los "ciudadanos y los estados" del art. I-1-1 no puede ocultar que las competencias de la Unión surgen del principio de "atribución" de los estados miembros, que son los únicos que las poseen en el proceso constituyente (art. I-9-2). La referencia a los "pueblos" de Europa, que aparecía en el primer borrador discutido en la Convención, ha desaparecido de la versión final, se proclama el respeto a la "integridad territorial" de los estados y con todo ello se quiere impedir cualquier posibilidad de ejercicio del derecho de autodeterminación, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ni siquiera se reconoce el derecho a decidir libremente la propia identidad de los ciudadanos en el contexto de la UE, porque el art. I-8-1 impone la doble nacionalidad de los actuales estados miembros y de la Unión.

El borrador constitucional de la Convención define claramente las funciones de los estados miembros reduciéndolas en sus obligaciones ante sus ciudadanos a los elementos básicos de la concepción liberal: el mantenimiento de la ley y el orden, la seguridad interna y la defensa de su territorio (art. I-5-1). Cualquier referencia a la "democracia social avanzada" -recogida en distintas Constituciones de después de la II Guerra Mundial como consecuencia de la resistencia anti-fascista-, como la del art. I-3-3, que fue en su primera redacción la expresión de la presión de la Confederación de Sindicatos Europeos (CES), ha quedado desfigurada por el veto de la patronal europea (UNICE) al exigir la inclusión de la condicionalidad de una "alta competitividad".

De hecho, el borrador constitucional pretende hacer ley todo el programa de reformas neoliberales impulsadas en nombre del "Espíritu de Lisboa" y contra el que se han movilizado cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas por la justicia global y sindicalistas en toda Europa. El art. I-3-2 instaura un mercado único en el que la "competencia sea libre y sin distorsiones"; el art. I-3-4 garantiza el libre comercio; el art. I-4-1, la libertad de circulación de las personas, pero sobre todo de comercio, servicios, capital y establecimiento; mientras que el art. I-11-3 otorga competencias a la Comisión para promover y coordinar la política económica; para las políticas sociales utiliza solamente un condicional porque las competencias seguirán siendo de los estados miembros; el art. I-29-3 atribuye al Banco Central Europeo plena autonomía para conducir la política monetaria común fuera de todo control de los ciudadanos; el art. I-53-2 establece por ley el equilibrio presupuestario y el presupuesto cero, prohibiendo a la UE endeudarse de cualquier forma, mientras que seguirán siendo exclusivamente los estados miembros quienes decidan el monto del presupuesto europeo, sin participación del parlamento europeo.

Manteniendo estrictamente las competencias de los estados miembros por lo que se refiere a la política exterior y de defensa de la Unión, el borrador de Constitución de la Convención introduce a la UE en la "globalización armada". De entrada subordina la política exterior y de defensa de la UE a la hegemonía de EE UU a través de la OTAN (art. I-40-2). Crea un ejército europeo con "capacidad operacional"?de acuerdo con los "principios de la Carta de NN UU", los mismos que fueron utilizados por Bush, Blair y Aznar para justificar el ataque a Iraq violando el art. 51 de la misma Carta de NN UU que establece de manera expresa la competencia general del Consejo de Seguridad en materia de paz y guerra. ¿Por qué no se cita el art. 51 de la Carta de NN UU o se incluyen formulas de rechazo a la guerra como la que aparece en la actual Constitución italiana?. Pero el borrador va más allá y convierte en ley la lucha anti-terrorista a través del art. I-42 en nombre de la solidaridad comunitaria.

El entramado institucional de la UE, que garantiza la Europa potencia en su política exterior y de defensa, la Europa fortaleza frente a los emigrantes y la Europa neoliberal frente a sus trabajadores, queda sometido en el borrador de la Convención a un Consejo y a un Consejo de Ministros, éste ejecutivo y legislativo a la vez, que establecen un funcionamiento dominado por los intereses de las grandes potencias europeas, el llamado "directorio", en la Unión. La igualdad de los estados miembros queda sacrificada no sólo ante la nueva presidencia del Consejo, designada por los jefes de estado y de gobierno entre sus antiguos colegas, sino también en la propia Comisión, que hasta ahora era la garantía misma de esa igualdad. El borrador recoge asimismo en forma legal las "cooperaciones reforzadas" entre una parte de los estados miembros, creando una Unión asimétrica y con distintas velocidades y derechos. El "método comunitario", basado en los equilibrios internos institucionales establecidos por el Tratado de Roma, es la primera víctima de la "alta competitividad".

OTRA EUROPA ES POSIBLE: POR UNA REFUNDACION DEMOCRATICA Y SOCIAL DE LA UE

El borrador de Constitución de la Convención -en cuya redacción han participado los partidos neo-liberales y social-liberales pero no la izquierda transformadora y alternativa europea-, no es aceptable en sus actuales términos.

Los próximos meses exigen de la izquierda alternativa europea, de los sindicatos, organizaciones no gubernamentales y populares, de los movimientos sociales un especial esfuerzo para defender sus reivindicaciones y exigir una refundación radical democrática y social de la Unión Europea. La Constitución que apruebe la Conferencia Intergubernamental de jefes de estado y de gobierno no puede ser la que recoge el proyecto y los intereses de las clases dominantes europeas y niega los de los trabajadores y los pueblos.

Como han puesto de manifiesto las inmensas manifestaciones por la justicia global de los últimos años así como la resistencia de los trabajadores y sus sindicatos contra los recortes de sus derechos, pensiones y en defensa de los servicios públicos, otra Europa es posible y necesaria.

Por una Europa pacífica, frente a la Europa potencia. Proponemos que se incluya entre los primeros artículos de la Constitución europea uno en el que la UE "rechace la guerra como instrumento de agresión contra las libertades y la independencia de otros pueblos y como medio de resolver las disputas internacionales" y considere ilegal cualquier acción militar que viole el articulo 51 de la Carta de NNUU. Asimismo creemos necesario que la Constitución europea recoja el principio de desmantelamiento unilateral de las armas de destrucción masiva en territorio de la UE y proponga un proceso de desarme multilateral controlado y verificado por NN UU. La Unión debe apostar por la disolución de los bloques y alianzas militares, en una interpretación estricta del art. 51 de NN UU. Así mismo, la UE debe establecer entre sus objetivos de política internacional impulsar un nuevo "constitucionalismo global", mediante un Contrato Democrático de los Pueblos, para el establecimiento de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la lucha contra las enfermedades contagiosas y las epidemias.

Por una Europa democrática y de los pueblos, frente a la Europa del "déficit democrático". Creemos imprescindible restablecer la soberanía popular y su poder constituyente en lo referente a todos los temas europeos, sin limitarla a los estrechos límites de los estados miembros actuales. La Constitución europea debe recoger el principio de autodeterminación, con el que se crearon una parte importante de los estados miembros después de la I Guerra Mundial y en coherencia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tiene que recoger la igualdad jurídica de todas las lenguas europeas, sin perjuicio de que fije una o varias lenguas francas para el funcionamiento interno de sus instituciones. Debe otorgar el poder legislativo exclusivamente al Parlamento europeo y a un Congreso de los Pueblos europeos, constituido por representantes de los parlamentos estatales, nacionales y regionales de la UE. Los parlamentos estatales, nacionales y regionales deben tener derecho de veto, en base a una mayoría cualificada, para la no aplicación en su territorio de cualquier medida o ley comunitaria, abriéndose automáticamente un proceso de arbitraje constitucional, siempre que ello no atente al respeto a derechos fundamentales individuales y colectivos. La Comisión debe responder ante el Parlamento europeo, que debe tener plenos poderes para, a través de un voto de censura, destituir al Presidente de la Comisión o a cualquiera de los Comisarios en cualquier momento. El Consejo Europeo mantendrá con la Comisión el derecho de iniciativa legislativa pero no las funciones legislativas y su misión será la coordinación de la aplicación de las directrices comunitarias en los estados miembros decididas por la Comisión. Deberá haber una regulación flexible de las distintas fórmulas de democracia participativa, entre ellas la iniciativa legislativa popular y el derecho de referéndum, así como propuestas que faciliten la intervención ciudadana en los procesos de deliberación y decisión y en el control y revocación de cargos públicos, exigiendo la mayor transparencia informativa y la depuración inmediata de responsabilidades en cualquier caso de corrupción.

Por una Europa de la igualdad en la diversidad, frente a la Europa de los derechos desiguales y xenófoba. Exigimos la eliminación del Titulo VII que condiciona e interpreta la Carta de Derechos Fundamentales y crea ciudadanos europeos de primera o de segunda sin establecer una igualdad de derechos para todos. Por la garantía plena de todos los derechos para todas las personas residentes en la UE, independientemente de su procedencia, incluido el reconocimiento de su derecho a la ciudadanía tras un plazo máximo de cinco años de estancia en cualquier país de la UE. Por la incorporación plena a la Carta de Derechos Fundamentales de todos aquellos derechos establecidos legalmente por sentencia en el Tribunal de Justicia Europeo.

Por una Europa basada en la igualdad plena de las mujeres y en su autonomía, frente a la Europa discriminatoria y patriarcal. Exigimos el compromiso de remover todos los obstáculos ?en la política, en los distintos ámbitos de trabajo y de vida cotidiana- que impiden avanzar hacia un proceso real de emancipación de las mujeres, así como a favor del reconocimiento de la libertad de opción sexual, mediante medidas como la incorporación en la Constitución de la norma de paridad de géneros en los principales órganos comunitarios, la lucha contra la feminización de la pobreza y el reparto del trabajo doméstico, el derecho a la contracepción y al aborto y el reconocimiento de plenos derechos para las parejas de hecho.

Por una Europa social, frente a la Europa neoliberal del "Espiritu de Lisboa". La Constitución europea debe recoger un nuevo contrato social y ciudadano que asegure la satisfacción universal de las necesidades básicas de los ciudadanos europeos a través de servicios públicos como la seguridad social, la salud, la educación, la justicia, la energía, el agua, las telecomunicaciones y la vivienda. Aunque la responsabilidad sea de los estados miembros, la Constitución debe asegurar la obligación de la UE de intervenir en aquellos campos en los que los estados miembros no puedan garantizar unos derechos básicos iguales para todos los ciudadanos europeos independientemente de su lugar de residencia para asegurar el pleno ejercicio de su ciudadanía.

A este fin, la Unión debe ejercer una política redistributiva a favor de los sectores de la población y las regiones más deprimidas. El Parlamento y el Congreso de los Pueblos europeos deberán fijar un presupuesto comunitario, hasta el 5% del PIB comunitario, capaz de hacer frente a estas obligaciones con contribuciones directas de los estados miembros y estableciendo impuestos europeos. Estos impuestos europeos serán preferentemente sobre las energías no renovables, un 1% sobre la venta secundaria de títulos y bonos y sobre las transacciones internacionales de capitales y los cambios de divisas. El Banco Central Europeo dependerá del Parlamento Europeo, que aprobará las directrices económicas propuestas por la Comisión y cada cinco años someterá a referéndum unas orientaciones estratégicas económicas y sociales comunitarias para asegurar la más amplia participación ciudadana en los presupuestos.

El Pacto de Estabilidad, que hoy ahoga la economía europea y pretende hacer recaer las consecuencias de la recesión sobre los trabajadores, será sustituido por un Pacto por un Desarrollo Sustentable y un Nuevo Pleno Empleo, que tenga en cuenta también la necesidad de repartir y compartir los distintos tiempos de trabajo y de vida, liberando a la Constitución de los límites artificiales del presupuesto "cero", del actual "modelo" de precarización del trabajo asalariado y de la concepción productivista de la economía, permitiendo así al Parlamento y al Congreso europeos recuperar el control sobre la economía europea para asegurar un auténtico "modelo social europeo". Para ello se creará un Fondo Europeo de Solidaridad que funcione como un estabilizador automático frente a las crisis y recesiones, que podría llegar a un 1% del PIB comunitario. La Constitución europea recogerá por ley la semana de 35 horas en toda la UE, el principio de igual salario para igual trabajo y el derecho a un ingreso suficiente para todos y todas.

Por una Europa dispuesta a hacer las paces con el planeta Tierra, frente a la Europa del Prestige y del despilfarro. La Constitución europea debe recoger un contrato generacional para la producción y distribución de energía, incluido el cierre de todas las centrales nucleares en la UE ligado a un plan europeo de sustitución y seguridad energética y de fomento de las energías renovables. También promoverá una nueva cultura del agua, con el objetivo de lograr un equilibrio y racionalidad del uso y renovación de los ecosistemas acuáticos. Apostará por el cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto y la reducción de los niveles de gases contaminantes y contribuirá a crear las condiciones para un nuevo modelo de producción, transporte y consumo que sea compatible con la supervivencia del planeta.

Por una Europa laica, frente a la imposición de una Europa "cristiana". Frente a una derecha que pretende imponer un trato discriminatorio a favor de las instituciones religiosas cristianas y generar un rechazo de las otras culturas y religiones presentes en Europa, reivindicamos la laicidad plena y el respeto de la diversidad dentro de la Unión.


SOMOS CIUDADAN@S EUROPE@S: EJERZAMOS NUESTROS DERECHOS

No nos hacemos ilusiones. A pesar de lo moderado de la mayoría de las reivindicaciones aquí expuestas, que son sólo un hilo conductor de las exigencias democráticas y sociales básicas de movimientos sociales y sindicatos, para defender nuestros derechos como ciudadan@s europe@s necesitamos una amplia movilización de educación y debate popular. La izquierda alternativa europea no puede sustituir la soberanía constituyente de los pueblos europeos, pero puede y debe volcarse en una campaña por otra Europa posible que desemboque en las elecciones al Parlamento europeo y los referendum sobre el proyecto de Constitución europea que adopte definitivamente la Conferencia Intergubernamental.

Frente a la Europa conservadora, liberal o social-liberal que defiende los derechos de las clases dominantes europeas, la izquierda alternativa europea debe reconstruir la alianza más amplia con los movimientos sociales, con los sindicatos y organizaciones ciudadanas en general, y definir un bloque social, cultural y político lo más amplio posible que aspire a la hegemonía en la defensa de los derechos democráticos y sociales de l@s ciudadan@s y los pueblos de la Unión Europea. La celebración del próximo Foro Social Europeo en noviembre en París-Saint Denis tiene que ser una gran oportunidad para avanzar por ese camino.


19 de julio de 2003

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