Enmiendas al Proyecto de Tesis sobre movimiento obrero

Miércoles 29 de octubre de 2003

ENMIENDAS AL PROYECTO DE TESIS PARA LA VII ASAMBLEA FEDERAL DE IU (continuación).

Por MANUEL COLOMER, OSKAR MATUTE y JAIME PASTOR, miembros de ESPACIO ALTERNATIVO y del CPF de IU

3) SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO

- En el cap. 5.1, pág. 26, sustituir el párrafo que empieza por “Resulta particularmente preocupante.....” y el siguiente por:

“Resulta especialmente preocupante la situación de la clase trabajadora. El modelo impulsado por el PP ha seguido el guión de las doctrinas neoliberales y ha perseguido la precarización y la inseguridad, en la convicción de que un mercado laboral desregulado hace más dificil la defensa de los derechos de los trabajadores. Con una tasa de paro cercana al 12%, según el Gobierno, los trabajadores en el Estado español sufren la tasa más altas de precariedad de la UE: el 31% son trabajadores temporales, el 7,62% trabajadores a tiempo parcial y el 4,26% son trabajadores de agencias temporales.

La precariedad se ha convertido en una enfermedad estructural de la clase trabajadora, perjudicando especialmente a los colectivos más vulnerables, como mujeres, jóvenes e inmigrantes. Afecta directamente a su salud. Desde la reforma laboral de 1994, que introdujo la flexibilización del mercado de trabajo, la sinestralidad laboral ha aumentado anualmente alrededor de un 3,5%, especialmente en el sector servicios y en la construcción. En los dos últimos años, las enfermedades profesionales han crecido en cifras asombrosas que rondan el 19%. Ha hecho falta el desastroso accidente ocurrido este verano en la planta de Repsol en Puertollano para que la sociedad española haya tomado parcialmente conciencia de una situación que no tiene comparación con ningún otro país de la OCDE. Aunque la normativa de seguridad laboral es semejante a la que existe en la UE, en el Estado español simplemente no se cumple: según la IV Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, sólo un 30,2% de las empresas españolas han realizado una evaluación nacional de riesgos, es decir, 7 de cada 10 empresas no cumplen la ley.

La precariedad ha debilitado la capacidad de resistencia sindical de los trabajadores a su explotación, con una tendencia a la reducción del número de convenios colectivos a todos los niveles, pasando de 5.252 acuerdos colectivos de todo tipo en el año 2000 a 3.562 en el 2002. Tras el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC) del 2002, aunque el aumento medio de los salarios fue de un 3%, la inflación real superó el 3,5% produciendose una caida en el poder adquisitivo de los trabajadores que se suma a la de años anteriores. Esta caída es especialmente fuerte en algunos sectores, como la Administración Pública, porque el Convenio de noviembre de 2002 no sólo no ha recuperado las congelaciones anteriores impuestas por el Gobierno del PP sino que ha reducido las subidas a un 2,5% en dos años, muy por debajo de la inflación. Especialmente preocupante es la situación del Salario Medio Interprofesional, que en la última década ha perdido más de 6 puntos de poder adquisito, es uno de los más bajos de la UE, alcanzando solo al 35% del salario medio real y estando 24,5% puntos por debajo del nivel considerado digno por la Carta Social.

A pesar de las altas tasas de paro y la precariedad, los españoles trabajan una media de 38,5 horas a la semana de acuerdo con los convenios colectivos firmados. Pero esta cifra oculta la enorme cantidad de horas extras que en un 56% de los convenios se compensan simplemente con periódos de descanso para abaratar costes laborales. El Convenio Colectivo de la Administración pública del 2002 reduce la jornada a 37,5 horas semanales y solo 1,4 millones de trabajadores tienen actualmente una jornada acordada de 35 horas, especialmente en las administraciones públicas autonómicas. La flexibilización interna en las empresas, alentada por el ANC del 2002, se ha convertido en un importante elemento de disciplina de la fuerza de trabajo ante la falta de capacidad de presión sindical a nivel de empresa, cuestionando la estructura de cualificaciones profesionales en la que se plasma el “saber obrero”. La propia formación profesional, fuente de escándalos y corrupción por su privatización creciente en manos de la patronal, a pesar de los acuerdos existentes para asegurar una cierta presencia sindical, se ha visto subordinada a esta flexibilización interna en las empresas.

Todo ello obliga a una importante reorientación de las estrategias sindicales seguidas hasta ahora y justificadas en nombre de la defensa del empleo, sacrificando el poder adquisitivo de los salarios. Las políticas de concertación sindical con los gobiernos del PP no han sido capaces de frenar el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. La propia calidad de la negociación colectiva tiende en los últimos años ha sufrir esta situación con solo un 28% de acuerdos sectoriales en el ámbito nacional y un 53% de convenios sectoriales provinciales, que aumentan las diferencias entre los trabajadores. Esta situación no puede ser indiferente para una organización de la izquierda transformadora como IU. Porque las posibilidades reales de un proyecto social alternativo pasan necesariamente por la recuperación de la capacidad de resistencia de los trabajadores, empezando en la esfera sindical.

Las posibilidades de esa resistencia se manifiestan a pesar de todo. La economía española es una de las de la OCDE con el mayor número de jornadas de trabajo perdidas por huelga. Se trata de conflictos aislados, encerrados en sí mismos en muchas ocasiones, en los que los trabajdores hacen prueba de una enorme dignidad en la lucha por sus derechos. Si Sintel y Repsol de Puertollano son ejemplos que vienen inmediatamente a la memoria, tambien hay que recordar las luchas de Lear, Fontaneda, Iberia, Ericson y Siemens, Miniwatt y autobuses de Barcelona, entre otras muchas. La Huelga General del 20-J demostró que es posible hacer retroceder las políticas anti-obreras del Gobierno del PP y defender los derechos sociales de los sectores más desprotegidos, como los trabajdores del campo.

Si estas luchas no se coordinan, se extienden en la solidaridad y cuentan con el apoyo de las centrales sindicales, la resistencia de los trabajadores y las posibilidades mismas de un proyecto de izquierda transformadora serán imposibles. Frente a los peligros de la precariedad y del “dumping” social provocado por la Ampliación de la UE hacia Europa del Este (que ya ha sufrido la planta de SEAT Martorell con el traslado de la producción a Eslovaquia alegando la mayor flexibilidad interna) es necesaria una intervención consciente de toda la izquierda para reconstruir la capacidad de resistencia de los trabajadores a escala española y europea frente a las políticas neoliberales de los Gobiernos del PP. En este sentido IU debe mantener un diálogo continuo con los sindicatos de clase, en la defensa de la negociación colectiva, contra la precariedad y un trabajo digno y seguro, por la extensión de la jornada de 35 horas semanales y por los derechos sindicales en las empresas, estimulando al mismo tiempo su convergencia con el conjunto del movimiento ‘antiglobalización’”.

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