25 de noviembre, Día Mundial contra la violencia machista

Viernes 7 de noviembre de 2003

Por Mª Jesús Miranda

La violencia contra las mujeres es un fenómeno global que afecta a muchos millones de mujeres. Desde nuestra óptica eurocéntrica, solemos considerar que es una cuestión de pueblos "atrasados": en África, trece millones de niñas sufren cada año la amputación del clítoris, muchas mujeres de los paises islámicos son condenadas a prisión o a muerte por haber cometido adulterio. Por eso hemos de recordar, constantemente, que en el estado español han muerto, en los últimos cuatro años, 315 mujeres víctimas de sus maridos, novios o excompañeros.

Las asociaciones de mujeres llevan hablando muchos años de la violencia que sufren dentro de la familia patriarcal: en un primer momento, se hablaba de "violencia doméstica". Esta definición expresa muy bien la vulnerabilidad estructural de las mujeres en el ámbito en el que han depositado su mayor confianza y aplica la consigna "lo privado es público", tan querida al movimiento feminista. Pero establece fronteras innecesarias entre el hogar y el espacio público, la calle, en el que también se ejerce gran cantidad de violencia contra las mujeres. Por esta razón, en el momento actual prefiere hablarse de violencia de género o violencia machista.

En lo que respecta a la cuantificación del fenómeno, la situación es muy similar en España a la de Francia o Italia, países con los que existen estudios comparados, en aplicación del mandato de la UE de 1997 de recoger, elaborar y publicar anualmente datos sobre la violencia doméstica en cada uno de los países miembros.

Las cifras de denuncias por malos tratos son la fuente básica de estimación de la incidencia de la violencia contra las mujeres. En el caso español se ha producido un incremento en la última década: de 16.657 en 1991 a 24.158 denuncias presentadas en 2001; en el año 2002, hasta el mes de septiembre se habían contabilizado 22.826 denuncias

El número de mujeres asesinadas por su pareja o ex-pareja también continua aumentando: de 68 en 1999 a 45 en el primer semestre de 2003. Un 80% de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente a su agresor, lo que prueba la escasa utilidad de los mecanismos públicos de protección a las mujeres y detención de sus agresores.

Según una encuesta realizada por el Instituto de la Mujer en 1999, casi la tercera parte (67,7% de las mujeres que se reconocen maltratadas) llevan padeciendo esta situación desde hace al menos cinco años. Las mujeres separadas o divorciadas son las principales víctimas del maltrato declarado, las mujeres casadas o que viven en pareja ocupan el segundo lugar. En todos los casos predominan las mujeres con hijos: 8 de cada diez mujeres víctimas de la violencia doméstica tiene descendencia.

A pesar de todas estas evidencias, la política del Partido Popular ha sido dar largas a la situación: el Segundo Plan contra la Violencia Doméstica, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de mayo de 2001, con vigencia desde el 2001 a 2004, continúa la línea del primer plan: medidas de educación y prevención y creación de infraestructura de asistencia. Entre las medidas asistenciales está el establecimiento de puntos de encuentro donde se lleven a cabo las visitas de padres y madres a menores en los casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia doméstica. Muchas asociaciones de mujeres han criticado la escasa dotación presupuestaria de este Plan, que además se ha aprobado sin disponer de una evaluación del primer plan.

El 11 de diciembre de 2001, el Grupo Socialista presentó a la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica integral contra la Violencia de Género. Se pretende que las normas dispersas en materia civil, penal y social se unifiquen en un único texto legal que abarque todos los ámbitos de actuación, lo que permitiría superar la situación actual en la que la descoordinación entre órganos judiciales hace frecuentes situaciones kafkianas, como que el juez penal decrete el alejamiento y el civil no acuerde la separación, o que el juez penal acuerde una indemnización y el civil no la tenga en cuenta a la hora de liquidar la sociedad de gananciales. El Partido Popular se opuso a esta proposición, y se ha limitado a hacer una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar el alejamiento de los maltratadores.

Se escudan en que no pueden hacer nada más, pues son las Comunidades Autónomas quienes tienen las competencias en materia de servicios sociales: casas de acogida, tratamiento psicológico, fomento del empleo, etc.. Aunque en relación con la violencia doméstica existen grandes diferencias entre unas autonomías y otras en su rapidez de respuesta y en el nivel de importancia que conceden a la cuestión. Así, las que cuentan con Institutos de la Mujer independientes han realizado una labor más intensa en relación a la prevención y atención de las víctimas de la violencia doméstica, según el informe presentado en 2002 por Amnistía Internacional.

El movimiento feminista y las asociaciones de mujeres vienen reivindicando un tratamiento diferente de la violencia machista: una implicación más activa de los poderes públicos en la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres como mejor garantía de la prevención de la violencia, la adopción de medidas legales, judiciales y administrativas que garanticen la seguridad de las mujeres y la dotación de medios para gestionar la atención social y psicológica que precisan las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.

En definitiva, se trata de impulsar una nueva cultura, en la que se ejerciten constantemente los valores de la igualdad y la dignidad humanas, y la resolución no violenta de los conflictos.

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