Chiapas: siempre en tiempos de guerra

Lunes 23 de febrero de 2004

Por Rogéria Araujo *

El Estado de Chiapas, en México, representa un importante centro histórico. Es allí que todavía habita lo que hay de más fuerte de la cultura indígena: la herencia maya, una de las civilizaciones más ricas de que se tiene noticia. Hace 10 años, una parte de Chiapas también fue colocada en una situación única: un área subversiva donde representantes indígenas decidieron por la autonomía de la región y llevaron adelante el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que asumió la lucha por los derechos de los pueblos tradicionales, enfatizando lo que todavía no había sido resuelto hace años con la Revolución Mexicana.

Con el levantamiento a lo largo de esta última década, gran parte del territorio indígena chiapaneco fue invadido ilegalmente por tropas militares que estimulan el conflicto, sobre todo, en las áreas donde está localizado el comando general del EZLN. Pero entre tantos grupos paramilitares – que suman 91 campamentos – hay miles de indígenas a los que no se les respetan sus derechos y están obligados a convivir con esta situación.

Es con el propósito de abordar todo ese escenario, resaltar la dramática situación en las áreas indígenas ocupadas en Chiapas, que el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), de México, realizó y está divulgando el estudio "La Ocupación Militar en el Territorio Indígena de Chiapas: el Dilema del Prisionero". Sobre el estudio, el director del Capise Michael Chamberlin habla en esta entrevista sobre lo que implica el gran número de ocupaciones militares en las tierras tradicionales que pertenecen a lo que sobró del pueblo maya. "Descubrimos que el ejército opera bajo una lógica de zonas de operación que es la división territorial aprobaba por el presidente de la República en tiempos de guerra", afirmó.

Adital - ¿En cuánto tiempo fue realizado el informe "La Ocupación Militar en el Territorio Indígena de Chiapas: el Dilema del Prisionero" y qué tipo de material fue investigado? ¿Cuál es su principal objetivo?

Michael Chamberlin - La investigación duró un año y se enmarca en la preocupación por documentar y defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Chiapas. Uno de ellos es el derecho al territorio que, desde nuestro análisis, hoy se encuentra amenazado por tres principales factores: los proyectos de desarrollo sin consulta; los programas de privatización de la tierra que pulveriza al territorio como patrimonio no individual sino público; y la presencia desmedida del ejército que en su lógica de guerra ocupa de manera ilegal el territorio para su despliegue estratégico. El informe se detiene en este último.

Para realizar la investigación tuvimos que delimitar la zona predominantemente indígena (dado que no existe una demarcación territorial) en el estado de Chiapas. Visitar in situ a cada uno de los campamentos militares desplegados dentro de ese territorio, revisar la situación legal que guarda dicha presencia, en cuanto a la tenencia de la tierra y los problemas que de manera local enfrentan las comunidades por la convivencia con las tropas. Finalmente, cotejar en el mapa las posiciones militares con los manuales de guerra del ejército.

Adital - ¿Cuáles fueron los principales resultados del estudio?

Chamberlin - Con la información pudimos clarificar cuatro cosas: la ubicación de todos los campamentos en el territorio indígena que suman 91; la identificación de las tropas, particularmente cómo identificar a posibles violadores de derechos humanos y dónde operan las unidades; la operación actual del ejército que por su disposición territorial tiene una lógica de guerra regular (estrategia de combate). Encontramos que el ejército opera en una lógica de teatros de operación que es la división territorial que es aprobada por el Presidente de la República en tiempos de guerra. La distribución de las tropas permite ubicar en la zona de conflicto - que muestra límites extraordinariamente semejantes a los de mayor presencia indígena - tres teatros de operaciones: uno en la Zona Selva Norte de Chiapas donde habita principalmente el pueblo maya ch’ol. Es allí donde se han dado los peores crímenes en contra de los derechos humanos, ejecuciones, desaparecidos, desplazados, lugar donde opera el grupo paramilitar Paz y Justicia.

El segundo es en la Zona Altos, territorio maya tsotsil, en donde se encuentra por ejemplo Acteal (se recordará la masacre de 45 indígenas en diciembre de 1997). Esta zona ha padecido situaciones muy similares a la Zona Selva Norte. En estas dos zonas prevalece una estrategia de operaciones irregulares (guerra irregular, guerra de baja intensidad) se identifica por la presencia de grupos paramilitares, por graves violaciones a derechos humanos a lo largo de los 10 años de conflicto y al desplazamiento forzado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hizo un informe y recuento en 2001 sobre desplazados de guerra y contabilizó más de 12,000, de estas dos regiones solamente pertenecen más de 10,000 personas.

El tercer teatro de operaciones es la Zona Selva en la región de las Cañadas, donde habitan sobre todo mayas tseltales y mayas tojolabales. Si bien esta zona también ha sufrido de violaciones graves a derechos humanos y persisten grupos paramilitares, la estrategia principal de combates es regular, es decir, una disposición de combate en contra de otro ejército (el EZLN). La disposición de las tropas apunta directamente hacia la región de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules en cuyas inmediaciones se encuentra la Comandancia General del EZLN. Debemos recordar que, en 1995, el presidente Zedillo (Ernesto) rompió las primeras negociaciones y ordenó capturar a Marcos y a la Comandancia, desde entonces el ejército está apostado con esa misión. La estrategia de combate regular consiste en rodear a la Comandancia, entre la Región de Montes Azules y la frontera con Guatemala, sirviendo como yunque, y enfrentar con fuerzas especiales al oeste de Montes Azules. (La jornada publicó un mapa donde esto se explica gráficamente: La Jornada.

Adital - ¿Hasta qué punto esas ocupaciones son realmente necesarias? ¿Qué puede ser dicho sobre la legalidad de las actividades?

Chamberlin - De las 91 posiciones, 29 son propiedad federal, cuatro son municipales, una es de un particular y 57 son tierras de propiedad colectiva, es decir, ejidos que han sido despojados de porciones de tierra importantes para el desarrollo de las comunidades indígenas. Este es el punto más débil de la presencia militar y su mayor contradicción. Mientras el ejército actúa impecablemente en una lógica de guerra, las condiciones legales no lo soportan puesto que no existe estado de excepción sino uno de derecho.

La propiedad del territorio indígena es protegida por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y por la Convención Americana de Derechos Humanos (caso Aguas Tigny de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), en nivel doméstico por el artículo 27 constitucional que prevé los ejidos y comunidades agrarias como formas de tenencia colectiva de la tierra. Al haber una ocupación arbitraria de la propiedad colectiva por parte del ejército en tiempos de paz, todo el tinglado del ejército en su lógica de guerra es ilegal.

Surge la pregunta de si esto es necesario, aún y cuando sea ilegal. Si las operaciones de guerra regular e irregular persisten son sólo porque el gobierno federal no ha querido aceptar los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 por las partes en el que precisamente se reconocen, en una primera parte, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su derecho a la autonomía. La presencia militar es la respuesta a los reclamos por derechos humanos.

Adital - ¿Esas ocupaciones militares abarcan cuántos municipios?

Chamberlin - La ocupaciones abarcan 30 municipios constitucionales, aunque insisto en que no se documentó todo Chiapas sino sólo la parte con mayor presencia indígena que constituye aproximadamente la tercera parte del territorio y la tercera parte de la población (cerca de un millón de personas).

Adital - ¿Cómo es la relación de esas ocupaciones con los municipios autónomos de Chiapas? ¿Los municipios que asumieron la autonomía gubernamental están más afectados o son más perseguidos que los otros?

ChamberlinLos municipios autónomos que suman también 30 (se disputan jurisdicciones dentro del mismo territorio sin que sean los mismos límites para ambos municipios) organizados en cinco juntas de buen gobierno, constituyen las bases civiles de apoyo del EZLN y una nueva estructura civil de gobierno en rebeldía. Es hacia esta población a la que se aplica la estrategia de guerra irregular en los tres teatros de operaciones. La estrategia de guerra regular está enfocada hacia las tropas insurgentes, particularmente a la Comandancia General del EZLN.

Adital - ¿Cuáles son los principales impactos sociales y económicos para el pueblo indígena de Chiapas después que se incrementaron esas iniciativas?

Chamberlin - Los impactos sociales y económicos no son parte de este estudio, sin embargo diversas organizaciones no gubernamentales han documentado la violación grave a derechos humanos (desaparición tortura, ejecuciones), el desplazamiento forzado, el hostigamiento constante de las tropas federales en contra de la población. La mayoría de las comunidades visitadas por Capise en la elaboración de este estudio denunciaron problemas de prostitución (externa e interna) desde la llegada del ejército, además de narcotráfico y narcodependencia. A esto debe agregársele las divisiones internas en las comunidades entre simpatizantes de uno y otro lado, ya sea por razones políticas (afiliación partidista) por razones económicas (muchas familias viven de prestar servicios o comerciar con los soldados).

Adital - Algunas informaciones encontradas en libros y en periódicos dicen que la mayoría del efectivo militar de México se encuentra en el Estado de Chiapas. ¿Esa información es verdadera?

Chamberlin - No se puede decir que la mayoría de los efectivos se encuentran en Chiapas. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa, existen poco más de 180,000 soldados mexicanos. Nuestro cálculo es que cuando mucho, en la región estudiada, debe haber un 10%. Sin embargo sí es la región militar con mayor presupuesto y la de mayor presencia por densidad poblacional, después de la Ciudad de México.

* Rogéria Araujo es periodista de Adital, 20-2-04 / Remitido por Correspondencia de Prensa germain@chasque.net

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