La izquierda murciana en su laberinto

Viernes 23 de julio de 2004

Patricio Hernández Pérez *

IDENTIDAD LIQUIDA

Desde mediados de los años 90 los murcianos ostentamos el dudoso y desasosegante mérito de comunidad autónoma más conservadora de España, según los resultados electorales producidos en el ámbito regional. Desde su primera victoria en 1993, el PP no ha hecho sino aumentar su ventaja respecto al principal partido de la oposición, llegando el pasado año a obtener en las autonómicas el 56,66% de los votos emitidos, frente a un raquítico 34,11% de PSOE. Rotos todos los techos, no resulta quimérico considerar que el PP esté en condiciones de aspirar a doblar en votos –ya lo hace en escaños- en las próximas elecciones a su más inmediato adversario, extremo absolutamente inédito en la historia política democrática de la región y sencillamente inimaginable hace sólo unos años.

En estas circunstancias no sólo la pluralidad se ve seriamente limitada (IU ha desaparecido del Congreso y del Ayuntamiento de la capital y el PSOE retrocede sustancialmente en todos los frentes), sino que se extiende la sensación de bloqueo fáctico de nuestros sistema político regional, fundado al cabo en la posibilidad de la alternancia y en los contrapesos políticos. Se evidencia cada vez con más nitidez que estamos ante un ciclo largo de gobiernos de la derecha –como lo han sido los 23 años de pujolismo en Cataluña- , ganando verosimilitud el supuesto de que quienes alcanzaron la mayoría de edad con la primera victoria del PP tal vez no lleguen a ver un gobierno de otros signo antes de cumplir los cuarenta años.

No podemos minimizar ni llamarnos a engaño sobre las consecuencias que producirá este hecho sobre importantes aspectos de la vida de la región: la derecha también modela y transforma la realidad, sólo que sobre sus propios parámetros.

La pregunta que debemos hacernos es si la izquierda regional, en todas sus formas de expresión, está a la altura de la magnitud de su derrota y si será capaz de romper esa sensación de fatalismo. Por la trayectoria seguida hasta ahora, no encontramos muchos argumentos para el optimismo.

Cuatro factores concurrentes, diferentes pero de gran calado, marcan fuertemente a nuestro juicio una tendencia de fondo contraria a las posibilidades de recuperación de una alternativa de la izquierda en Murcia.

En primer lugar nos encontramos con la hegemonía de la derecha al imponer con relativo éxito sus soluciones al problema del déficit de identidad política subjetiva de la región.

En efecto, tras veinte años de autonomía no se ha consolidado un sentimiento de pertenencia a una comunidad política definida. Lo local, el propio pueblo, y lo nacional español prevalecen como ámbitos de identificación. Los murcianos mostramos la peor valoración de las encuestas sobre el Estado de las Autonomías y nuestro sentimiento regionalista es, con diferencia, el más bajo de España (2,5 en una escala de 1 a 10, donde 1 es el mínimo regionalismo, según datos del CIS para 2003; el resto de comunidades, excepto Castilla y León –con 4,75- pasan del 5 y siete de ellas pasan del 7). Somos los más identificados con el Estado Unitario Centralista (hasta un 15% serían partidarios de un menor grado de autonomía).

El único elemento que históricamente ha funcionado –bien que escasamente- para cimentar nuestro sentimiento regional ha sido la tensión reivindicadora respecto del gobierno central. La utilización de este recurso esta políticamente limitada por la habitual coincidencia de signo entre los partidos que ocupan los respectivos gobiernos lo que obliga a una política de gestos calculados. Pues bien, en la construcción y gestión del “problema del agua”, a través del PHN y el trasvase del Ebro, el PP ha logrado introducir un factor, que se ha calificado de “nacionalismo hidráulico”, que puede actuar como suplemento identitario regional, y gestionarlo políticamente en su beneficio: el trasvase no trae por ahora agua, pero ya trae votos.

Más allá del necesario debate racional y riguroso sobre nuestro déficit hídrico y los usos del agua, que no ha existido en Murcia, se ha impuesto la opción de que hay que aumentar los recursos y que la única solución es el trasvase del Ebro, descalificando cualquier otra alternativa, reduciendo el agua a recurso productivo y escamoteando la discusión sobre el destino y beneficiarios finales de los nuevos aportes y de las obras mismas del trasvase.

Los problemas políticos y sociales no son reflejo directo de una realidad externa, sino una construcción, una operación de categorización y filtrado de la realidad. El llamado “problema del agua” era en 1990 la mayor preocupación en Murcia sólo para el 0,4% de los ciudadanos (según un estudio del departamento de Sociología de la UMU). Hoy no parece existir otra.

Al plantear el problema imitando a los repudiados nacionalismos, en la “lógica patriótica” de amigo-enemigo, lo que convoca una retórica de “guerra del agua” y donde cualquier discrepante interior será inevitablemente “traidor”, se apela sobre todo a una adhesión emocional, pre-política, bastando identificar los intereses de la región –el amigo- con el PP y sus apoyos sociales y mediáticos, y al segundo con el PSOE y sus soportes para asegurar una dialéctica endiablada que erosiona sistemáticamente a este último, incapaz hasta el momento de salir de este laberinto. El adversario externo frente al que nos afirmamos ya no es el gobierno central sino los de las comunidades opuestas al trasvase y la dirección socialista. Poco importa que el sentido común señale la conveniencia de buscar un acuerdo entre los principales actores en juego, pues la solidaridad no se impone sino que se negocia y es difícil creer que el trasvase del Ebro pueda prosperar contra el principal partido de la oposición, los gobiernos de Aragón y Cataluña y las reticencias de Bruselas.

Para completar este inducido marco favorable para el partido del gobierno solo resta añadir como tema central de la campaña la tensión nacionalista y agitar los riesgos para la unidad de España, estrategia que, por las razones antes señaladas, promete rendir sus beneficios en el escenario murciano.

La vivienda inasequible que hipoteca nuestras vidas, las insufribles cifras de temporalidad y precariedad laboral que nos alejan del sueño del Arco Mediterráneo para devolvernos a la geografia del Sur profundo, los graves problemas de una sanidad pública que no logra abandonar “urgencias”, un modelo de desarrollo depredador al servicio de las grandes promotoras urbanísticas que son el verdadero poder en la sombra, la criminal falta de modernización de nuestros trenes, los abrumadores datos sobre terrorismo doméstico- que mata e hiere treinta veces más que el otro terrorismo-contra las mujeres,etc., etc., problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos y ciudadanas- y los miles que entre nosotros están despojados de la plena ciudadanía- en su vida cotidiana, la única de que disponemos, que con toda probabilidad no lograran su espacio en una campaña que amenaza con inundar y ahogar de agua virtual el debate político en Murcia.

ECONOMIA POLITICA DE LA INCERTIDUMBRE

Dos fenómenos relevantes, que ya preexistían, pero que se han desplegado notablemente desde mediados de los 90, coincidiendo con las mayorías conservadoras, están modificando las bases de nuestro paisaje social y provocando importantes efectos políticos contrarios a las posibilidades de recuperación de la izquierda. Nos estamos refiriendo a la creciente precarización laboral y a las repercusiones sobre el imaginario social de las políticas de inmigración.

Una lectura gubernamental sesgada y falaz nos repite que Murcia crece económicamente más y tiene tasas de desempleo menores que la media nacional. Se minimizan o se silencian los demás datos: la renta real por habitante crece menos que la media y nuestra convergencia regional está estancada desde hace una década; el 69,26% de las familias murcianas reconocen dificultades para llegar a fin de mes (frente al 56% de media nacional), lo que se explica porque nuestra renta familiar es también una de las más bajas del país (el 80,27% de la media nacional); somos líderes en temporalidad laboral, bajos salarios, alta inflación y economía sumergida.

En 2001 la tasa de temporalidad de la región alcanzaba un escalofriante 40,8% (frente al 31,7% nacional y al 11,1% de la Unión Europea). Más del 90% de los contratos formalizados en 2003 son temporales. Murcia es el paraíso de las ETTs (de 1.997 a 2001 sus contratos han pasado de 32.745 a 126.826). Añádase el altísimo empleo irregular, estimado en torno al 30%, reflejo de una economía sumergida que oficialmente (Instituto de Estudios Fiscales) se fija en torno al 20%, pero que en realidad es más alta (por comparación piénsese que en la India es de un tercio de su actividad económica). Se generaliza el trabajo precario, la subcontratación, la rotación en el puesto, el alargamiento de jornada, el deterioro de la protección social, en tanto que los salarios apenas crecen y, como consecuencia de todo ello, no aumenta –e incluso retrocede- la productividad y se mantienen altas tasas de siniestralidad laboral. “La précarite est partout”, que dijo Bourdieu.

La generalización de la “inseguridad existencial socialmente producida” (U. Beck) tiene efectos políticos muy precisos. Sin dominar mínimamente el presente no se puede construir el futuro, pues todo futuro deviene incierto y todo el mundo potencialmente innecesario o sustituible. Es lo que Bauman llama “la economía política de la incertidumbre”, que hace languidecer la voluntad política. Entramos, dice él, en la “época de la conformidad universalizada”. Los procesos de precarización e individuación erosionan las condiciones socioestructurales que han hecho posible hasta ahora la acción política. Es todo el sistema político el que sufre las consecuencias desligitimadoras de este proceso, pero es la cultura de la solidaridad que preconiza la izquierda, comenzando por los sindicatos, la primera en sufrir los embates de la incapacidad para actuar políticamente y ejercer una ciudadanía responsable.

No es difícil imaginar los efectos “despolitizadores” de este proceso en una sociedad como la murciana que, según los datos de las encuestas del CIS, muestra en su cultura política rasgos evidentes de apatía y desinterés por la política (diez puntos por debajo de la media nacional) y cuyos ciudadanos confiesan tener escaso grado de información política (el 82% decía en 1.998 estar “poco o nada informado”).

Muy relacionado con este contexto de la precariedad está el tercer factor que queremos considerar, el de la instrumentación política de la inmigración. Del efecto que provocan las representaciones construidas a su cargo obtiene la derecha crecientes réditos políticos, como demuestran distintos ejemplos europeos. Se trata de políticas inmigratorias que recrean continuamente, como ha señalado Sami Nair, el chivo expiatorio que justifica la propia marginación de la víctima propiciatoria.

Estas políticas, articuladas sobre el racismo social subyacente que muestran las encuestas, fomentan el miedo y la desconfianza hacia el extranjero (pobre) que a su vez nutre la incertidumbre generalizada que favorece el rechazo y provoca la demanda de políticas de control represivo, especialidad de la derecha, aportando en nuestro caso al partido único de la derecha española –que representa por tanto desde la ultraderecha al reformismo social-liberal, a diferencia de lo que ocurre en otros países- un creciente número de votos.

El aumento de la inmigración económica es reciente. En 1.991 había en la región censados 3.109 extranjeros (el 0,3% de la población), que en el 2.002 eran ya 83.546 (el 6,81%). Si añadimos los inmigrantes irregulares no censados podemos acercarnos en poco tiempo al 10% de la población regional, cifras que nos ponen por encima de países con una larga tradición inmigratoria. Pero no es el número –que no constituye “avalancha” o “invasión” alguna- el que preocupa, sino las condiciones en que muchos de ellos se encuentran. Es sencillamente un escándalo y un ejemplo lamentable de doble moral y doble lenguaje para una sociedad democrática.

Desprovistos de la condición de ciudadanos –salvo la minoría procedente de la UE y otros países ricos -, no tienen derecho a la participación política, que en nuestro marco legal depende de la nacionalidad y no de la residencia, estando abocados a una progresiva precariedad que los somete a sobreexplotación y degrada indecentemente sus condiciones de vida.

El clamoroso fracaso de las políticas de integración va acompañado de un paulatino endurecimiento de la legislación de extranjería. La última reforma, apoyada por el PSOE, consagra la existencia de bolsas de inmigración no regularizada, limita aún más los derechos políticos de los inmigrantes, aumenta los mecanismos de control (acceso policial a los datos del padrón), multiplica las expulsiones (de 855 expedientes de expulsión en 2.001, se pasó a 2.430 en 2.002), refuerza el papel de esos centros de reclusión encubiertos que son los CIE, empujando a muchos inmigrantes sin papeles a la clandestinidad, sin que quede probado el valor “disuasorio” de una ley más dura respecto a la inmigración indocumentada que pretende frenar. Pero continuará produciendo efectos políticos sobre los españoles con derecho a voto. Ejemplos como el de Totana, un gobierno municipal de la izquierda con una gestión destacable, desplazado el año pasado por la mayoría absoluta del PP a partir, sobre todo, de la explotación de los fantasmas de la inmigración, pueden ilustrar la tesis que sostenemos.

LA RESISTENCIA DE LO REAL

Aunque haya quien pueda considerar la crítica al papel de los medios de comunicación un recurso fácil, antiguo tal vez, para explicar las dificultades de la izquierda –en este caso en Murcia- distrayendo de las propias insuficiencias y errores que no se quieren o no se saben afrontar, considero que hoy constituyen objetivamente un obstáculo para la igualdad en el juego democrático de las distintas opciones.

A la descarada manipulación de los medios públicos, uno de los mayores fraudes del supuesto regeneracionismo con el que el PP accedió al poder, se ha sumado la influencia inocultable y hasta agobiante sobre los medios privados, dependientes crecientemente de la publicidad institucional o comercial de los sectores económicos afines a la derecha. La actitud por lo general complaciente con el poder político se completa con la crítica sistemática, cuando de la descalificación e incluso el insulto, hacia la oposición y sus propuestas y el ninguneo (el silencio es otra forma de censura) de otras expresiones críticas de la izquierda social, configurando un cuadro de clara hegemonía mediática conservadora que ya es más que preocupante. Una democracia sin isegoría (igual libertad de palabra), ha llamado Javier de Lucas a esta situación.

La crítica al comportamiento de los medios es, además, una cuestión tabú, un mero asunto de la libertad de empresa y de expresión, eludiendo cualquier referencia a su responsabilidad pública, que nadie se atreve a abordar, temiendo justificadamente efectos contraproducentes ante quienes monopolizar la información. Y aunque el panorama regional de los medios no es homogéneo y en cada caso es preciso matizar el argumento, lo resultante es, a mi juicio, inequívoca, sin que quede desmentida por las diferencias en las líneas editoriales- que no negamos- o por eventuales colaboradores con otro talante o sesgo.

No se trata de una conspiración del poder mediático con el resto de poderes (político, No se trata de una conspiración del poder mediático con el resto de poderes (político, económico), sino que estamos más bien –como ha señalado Chomsky- ante una confluencia natural relacionada con las mutaciones de la industria de la comunicación. Caminamos hacia la fusión de publicidad e información. Es la nueva economía de la información-mercancía, que supone la capitulación de la noble profesión periodística ante las llamadas “exigencias del mercado”. Un mercado que en este caso es el de la publicidad: el gasto per cápita mundial en publicidad es ya de 156 dólares anuales, acercándose a los 180 dólares anuales por persona en educación. “En esta sociedad no se vende información a los ciudadanos, sino que se venden ciudadanos a las empresas de información”. (I. Ramonet).

Ha desaparecido el periodismo de investigación y la actitud exigente y crítica con los responsables públicos que, con sus limitaciones, pudo existir en otro momento. (¿Qué pasa, que ya no hay corrupción, pelotazos, tráfico de influencias, nepotismo...?) En la actitud de fondo se percibe incluso una suerte de cálculo adaptativo sobre las posibilidades de cada cual, que en el caso de la región parecen muy claras. Como “andar a viva quien vence” dice Ferlosio que se infamaba esta actitud en el siglo XVII.

Hasta aquí llega nuestro análisis de algunos de los factores que, sin duda junto a otros, explican “externamente” las serias dificultades de la izquierda en Murcia y la dimensión de su derrota. Quedan además los obstáculos internos, los propios del tipo de organizaciones y estrategias de quienes pretenden representarla, que no son el objeto de nuestra reflexión, aunque no podamos resistirnos a apuntar algo sobre ellas.

En primer lugar los grandes partidos con representación institucional tienen estructuras que no son democráticas ni participativas. Están “oligarquizados” por pequeños grupos que los patrimonializan. Han perdido el contacto capilar con la sociedad y la función ético-educativa que en otros tiempos tuvieron. Un estudio sobre el caso alemán, donde los partidos son más representativos, ha arrojado el dato de que las grandes decisiones políticas son adoptadas por el 0,14% de la población. ¿Cuántos murcianos han participado en las grandes decisiones de la Región que no aparece en los vagos programas electorales?. Una situación parecida puede predicarse de los grandes sindicatos de clase- a los que debemos grandes conquistas, como las vacaciones pagadas o la jornada de 40 horas- pero que se han deslizado por la pendiente burocratizadora y son ahora plenamente dependientes de las subvenciones públicas.

El electorado y la militancia de la izquierda, de suyo crítico, ha venido sancionando con la desmovilización y la abstención este estado de cosas. La pérdida de legitimidad que se deriva de esta realidad exige una radical transformación democratizadora y una adaptación a las nuevas realidades sociales.

Recuperar el impulso transformador requiere un nuevo análisis de la sociedad y del sujeto del cambio, que permita confrontar lo que Santiago López Petit ha llamado “la resistencia de lo real” y que identifica con la contradicción de que “lo que es políticamente factible no cambiará nada, y las acciones que podrían traer consigo cambios realmente significativos son a menudo políticamente impensables”.

Tal vez sea una tarea excesiva para organizaciones tan debilitadas y esclerotizadas, que apenas tienen capacidad como intelectual colectivo y que no logran, allí donde gobiernan en la región, reflejar en el espejo de su gestión una ilusión de cambio que pueda devolver la confianza al electorado. Se comportan demasiado como gestores de un mismo sistema que trabajan con los mismos instrumentos para conseguir los mismos objetivos. Aunque existan aciertos, son muy parciales, concretos o de matiz, aquellas actuaciones que más podrían diferenciales de la derecha, como por ejemplo las experiencias de presupuesto participativo que ya ensayan otros municipios españoles ( Albacete, Córdoba...) , aquí permanecen inéditas.

Esta confianza no se va a recuperar compitiendo con la derecha en reducciones fiscales a los sectores enriquecidos y satisfechos. Probablemente sea necesario, de entrada, recomponer el pacto con la izquierda social, atender las propuestas que incorporan los nuevos movimientos sociales y el movimiento altermundista, entre otros, y ser capaces de proponer programas y proyectos – no improvisados a salto de mata en gabinetes de expertos- sino conectados con las preocupaciones de las organizaciones sociales que encarnan un nuevo horizonte moral de justicia social, profundización de la democracia, lucha por la paz y la sostenibilidad ambiental, etc.

Frente a la tentación de la resignación, hay que atreverse ha actuar en el margen de libertad de una acción política decidida que se proponga reabrir el espacio de los posibles frente a la clausura ideológica del “pensamiento único” y del “no hay alternativas”, y la paulatina demolición de la vida pública a que nos conduce.

* Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

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