El «miedo al terrorismo» como coartada liberticida

Jueves 17 de marzo de 2005

Jaime Pastor

La conmemoración del primer aniversario de la matanza del 11-M ha sido la ocasión aprovechada por nuestros gobernantes para promover cumbres como la del “Club de Madrid” y hacer que la Comisión parlamentaria del 11-M presentara una serie de recomendaciones presuntamente destinadas a evitar que lo ocurrido aquel día no vuelva a pasar.

En la cumbre de “expertos” y líderes políticos hemos podido comprobar de nuevo el esfuerzo llevado a cabo para alcanzar un consenso sobre la definición de “terrorismo” a partir de la fórmula propuesta en la ONU el 1 de diciembre del año pasado; según ésta se hallaría incluido en él cualquier acto “destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla”. La primera pregunta que algunos tímidamente se han atrevido a hacer ante esta propuesta ha sido si incluye también las acciones armadas indiscriminadas practicadas por los propios gobiernos y Estados en muchos países y en particular por Estados Unidos, Israel o Rusia; obviamente, la respuesta oficial ha sido negativa, sobre todo teniendo en cuenta que la lista de organizaciones terroristas es elaborada por el Departamento de Estado de EEUU y seguida fielmente, salvo alguna excepción, por la UE. Por tanto, la doble moral seguirá funcionando y la tolerancia ante las acciones terroristas israelíes, rusas, estadounidenses o...francesas (como en Costa de Marfil) seguirá siendo la regla de la llamada “comunidad internacional”.

La segunda pregunta que también ha surgido ha girado en torno a qué sentido tiene hablar de lucha contra el “terrorismo” cuando, en realidad, éste es una forma de violencia política y no define a los actores que la ejercen. Porque hasta el mismo Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de James Carter, ha llamado la atención sobre lo absurdo de plantear la lucha contra un “enemigo” que es sólo un método de acción y que habría llevado a decir, siguiendo esa lógica, que la Segunda Guerra Mundial fue emprendida contra la ‘blitzkrieg’ y no contra los nazis (The Choice: Global Domination or Global Leadership). Pero no nos engañemos: detrás de esa sinrazón hay una razón instrumental poderosa, ya que mediante la conversión del “terrorismo de alcance global” (el de “los otros”, especialmente el de referencia islámica) en la amenaza principal de la humanidad se ha encontrado un excelente sustituto del viejo “enemigo soviético” para justificar el papel de gendarme global de EEUU y el aumento constante de los gastos militares.

Sin embargo, ahora se quiere ir más lejos por ese camino y utilizar los efectos de atentados como el 11-S y el 11-M para sembrar un miedo en la población que sirva de coartada para desarrollar todo un arsenal de leyes y medidas represivas. Estas irían dirigidas contra un número cada vez creciente de personas consideradas “sospechosas potenciales”, ya sean inmigrantes, musulmanes, vascos o, simplemente, disidentes del desorden global dominante. Para todas ellas se aplicaría un régimen jurídico especial, el Derecho penal del “enemigo”, que permitiría incluirlos en la categoría de “no personas”, es decir, aquéllas que puedan ser vistas como “extrañas a la comunidad”, resucitando así el viejo discurso nazi, como muy bien han denunciado algunos juristas (por ejemplo, Guillermo Portilla: “Fundamentos teóricos del Derecho penal y procesal del enemigo”, Jueces para la Democracia, nº 49, marzo 2004).

Por eso, y pese a las reticencias retóricas que expresan algunos gobernantes de la UE, es de temer que la “Patriot Act” estadounidense, la cárcel de Guantánamo y los “centros de internamiento” para inmigrantes acaben transformándose en el paradigma de la nueva era del panóptico global . De seguir avanzando por ese camino, nos encontraríamos con el triunfo definitivo de la mutación del Estado de derecho en Estado penal que se está produciendo a pasos acelerados desde el 11-S de 2001 y que hemos visto ya asumida, sin complejos, por Anthony Blair al afirmar que la seguridad “ciudadana” está por encima de la libertad.

La tercera pregunta que se ha planteado en estos foros ha sido qué actores se van a encargar de la “lucha contra el terrorismo”. Ahí es donde nos encontramos también con una escalada en la que no sólo los recortes de libertades básicas tienden a aumentar sino que, además, a los distintos cuerpos y tribunales especiales ya existentes se va sumando cada vez más la implicación directa de los ejércitos dentro de nuestras propias sociedades, tal como aparece en las conclusiones de la Cumbre de Madrid.

Por desgracia, en las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria sobre el 11-S también hemos visto la inclusión de propuestas como la “colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo en coyunturas excepcionales y alarmas específicas”; esto no debería ser, desde luego, nada tranquilizador, con mayor razón cuando la Directiva de Defensa Nacional aprobada por el gobierno asume también esa prioridad a la lucha contra el “terrorismo” e inscribe esa tarea en el marco de la necesidad de estar preparados (de acuerdo con el Documento de la UE “Una Europa segura en un mundo mejor”) ante “la posibilidad de realizar intervenciones tempranas, rápidas y, de ser necesario, contundentes”: ¿incluiría eso el interior de nuestras fronteras en caso de que se produzcan determinadas “coyunturas” y “alarmas”? Detrás de estas formulaciones aparece la tendencia a la militarización de la política interna en nombre de una lucha “preventiva” contra el terrorismo sujeta a las interpretaciones más arbitrarias. Por eso no se entiende que fuerzas como Izquierda Unida o ERC hayan podido suscribir ese tipo de recomendaciones (que incluyen otras tan siniestras como la adopción de “acuerdos de cooperación policial, especialmente con Estados Unidos y países del Magreb”, el control de los centros de culto musulmán o la creación de una “Escuela Antiterrorista”), ya que se sitúan dentro de una lógica “securitaria” y xenófoba y van a ser gestionadas por un gobierno que, con Bono a la cabeza, no oculta sus ganas de reconciliarse con Bush.

Es cierto que en todos estos foros se ha hablado también de las causas del “terrorismo” y que hay algunas modestas sugerencias al respecto. Alguno de los “expertos” ha llegado a reconocer incluso que “la presencia de tropas de EEUU en algunos países sirve para predecir la posibilidad de que surjan en ellos fenómenos terroristas”. ¿No habría que extender esto a la injusticia que genera un neoliberalismo cada vez más agresivo en el conjunto del planeta, sobre todo si se habla de la pobreza y el hambre como lacras que explican el apoyo social que encuentran acciones de ese “terrorismo de alcance global? A la vista de la “lucidez” en el reconocimiento de algunas de esas causas, ¿no habría sido bueno recomendar, por ejemplo, la retirada inmediata de las tropas de EEUU de Oriente Medio y, de paso, de Europa? ¿No se podría haber planteado el compromiso inmediato de alcanzar el 0,7 en la Ayuda Oficial al Desarrollo y abolir la deuda externa de los países empobrecidos, en lugar de, como también dice la Directiva Nacional de Defensa española, comprometerse a seguir aumentando el presupuesto militar? ¿No se podría haber sugerido el reconocimiento de plenos derechos para todos los inmigrantes, en lugar de esa confusa y etnocéntrica propuesta de la “Alianza de civilizaciones”? Pero ya sabemos que hablar de todo esto era pedir mucho a las elites reunidas en Madrid y a una Comisión que ha estado más preocupada por sus peleas con un PP que sigue sin reconocer su derrota electoral. Por eso no hay más remedio que seguir luchando para poder parar esa involución hacia el estado de excepción permanente que, de puertas adentro, acompaña ya a la “guerra global permanente”en marcha.

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