Francia: ¡República suicida!

Martes 15 de noviembre de 2005

 Etienne BALIBAR, filósofo, Fethi BENSLAMA, psicoanalista, Monique CHEMILLIER-GENDREAU, jurista y politóloga, Bertrand OGILVIE, filósofo, Emmanuel TERRAY, antropólogo

(Este artículo fue publicado a los diez días de empezar la revuelta de los adolescentes pobres en el país vecino)

Queremos expresar nuestra indignación y nuestra inquietud. La violencia a la cual se dedica desde hace ahora diez días una parte de los adolescentes de nuestras “banlieues” y de nuestras ciudades, y que nadie piensa que haya que estimular, los jóvenes excluidos la han observado y sufrido desde hace años a su alrededor bajo las formas más extremas: paro masivo, desmantelamiento de los servicios públicos, segregación urbana, discriminación profesional, estigmatización religiosa y cultural, racismo y brutalidad policial cotidiana. Una juventud que está “de más”, a la que la sociedad francesa no ofrece hoy ningún futuro y que lamenta ahora haber atraído a sus padres en los tiempos de prosperidad y a la que tiende a convertir en el chivo expiatorio de su mala conciencia colonial reprimida y de sus dificultades de adaptación al mundo económico de la competencia ilimitada. E incluso llega a verla como el objeto fantasmal de sus temores securitarios en la época del “choque de civilizaciones”.

Ese es el problema del que las violencias urbanas, los comportamientos “delictivos” o “sediciosos”, destructores y autodestructores, son el síntoma fehaciente. ¿Cómo responde el gobierno a ese problema? ¿Reconoce la existencia de una cuestión social? ¿Trata de esclarecer su naturaleza y de consultar a quienes conocen el terreno: profesionales, miembros de asociaciones, representantes elegidos, magistrados, enseñantes? ¿Suscita una concertación democrática de la administración, incluida la de la fuerza pública, con los consejos municipales y generales? ¿Se dirige al parlamento para estudiar y garantizar en nombre del pueblo francés las medidas de urgencia y a largo plazo que reclama una situación de crisis en la cual, junto a todos sus predecesores, tiene una enorme responsabilidad? ¿Toma respecto a los autores de los excesos policiales que encendieron la chispa de la protesta las medidas disciplinarias, aun provisionales, que tan bien sabe aplicar en otros casos, cuando los intereses diplomáticos están en juego, y que reflejarían su disposición a cumplir con la justicia y la legalidad?

Nada de eso: a la discriminación añade el insulto y la provocación. A la crisis social responde con la represión, al déficit de representación con el autoritarismo. “Hay que restablecer ante todo el orden”, aunque ese orden tenga que encubrir la perpetuación de todas las injusticias y la criminalización colectiva de las poblaciones –hasta se amenaza a los padres con llevarles ante un tribunal o con privarles de las ayudas familiares si se muestran incapaces de encerrar por la noche a sus hijos en el décimo piso de un inmueble “pendiente de renovación”..

Para acabar de arreglarlo saca el arma absoluta y reactiva de una ley de excepción, adoptada en la guerra de Argelia y aplicada hasta ayer mismo para impedir las resistencias al orden neocolonial, que no autoriza solamente el toque de queda sino también la definición de “zonas de seguridad”, los registros de día y de noche, las asignaciones de residencia y las sanciones penales expeditivas. “No temáis”, se nos dice, “este arsenal será utilizado con discernimiento, con moderación”. Y la oposición de su Majestad se limita a decir: “Nos mantendremos muy vigilantes”. Pero ya al día siguiente el Ministro del Interior anuncia el restablecimiento de la doble pena, la expulsión administrativa de los extranjeros, es decir, de los residentes a los que puedan aislar de otros simplemente por su identidad.

Parecen querer sembrar el odio recíproco entre los ciudadanos, crear una frontera entre la “nación” y su enemigo interior, empujar a las “banlieues” y las “cités” desfavorecidas a un estatuto de ghetto étnico, desaconsejar cualquier iniciativa económica y cualquier tentativa de rehabilitación social, hacer imposible el trabajo de la administración civil y el ejercicio de los servicios públicos, para así no encontrar otra salida. Es la política de cuanto peor mejor, pero también es la política de la estupidez, independientemente de cuáles sean sus motivos: ignorancia burocrática, arrogancia de clase o de raza, cálculo electoralista. Hace falta que se diga todo esto por todos los que en este país tienen todavía alguna preocupación por el bien común. República suicida.

Traducción de Jaime Pastor

 

 

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