EDITORIAL ¡Es la hora de la movilizacion!

Año y medio después de la derrota del PP en las urnas, el panorama político sigue condicionado por una permanente prueba de fuerzas entre una derecha parlamentaria y extraparlamentaria cada vez más envalentonada, por un lado, y una izquierda política y social que se ha mantenido adormecida y dependiente del recurrente “talante” de Zapatero, por otro.

Los debates sobre la LOE y el Estatut se han convertido ahora en los instrumentos movilizadores de una derecha que resucita los viejos discursos de defensa de los privilegios de la Iglesia católica, de la libertad empresarial y de la “unidad de España”. El propósito que la anima es bastante claro: mantener la tensión mediante una ola movilizaciones dispuestas a seguir deslegitimando los resultados electorales de un 14-M que nunca llegó a reconocer como válidos. El problema está en que la mayoría del PSOE se muestra cada vez más vacilante y vulnerable frente a esa ofensiva, temerosa de perder a una parte de su electorado más moderado y de no alcanzar así su sueño de obtener una mayoría absoluta en la próxima ronda electoral.

Pero no es sólo en la LOE y el Estatut en donde se puede percibir en el gobierno una tendencia a mirar más a la derecha o a ceder ante el neocentralismo español presente en su propio partido: es también en la política exterior (evidenciada ahora con la docilidad mostrada ante la utilización del territorio español por la CIA y su Guantánamo volante), en la política económica y social (con las nuevas contrarreformas laborales anunciadas o con su resignación ante las deslocalizaciones en sectores como el automóvil), en la política migratoria (asumiendo el papel de guardián de la Europa fortaleza en el Mediterráneo, como pudimos comprobar en Ceuta y Melilla y su apoyo entusiasta al régimen marroquí o, más recientemente, en la Conferencia de Jefes de Estado del Mediterráneo en Barcelona) o en la política universitaria (renunciando a derogar la LOU, tal como había prometido), por no hablar de su temor a hacer el ajuste de cuentas con el franquismo y a reivindicar sin complejos la memoria de sus víctimas, en donde se comprueba que el aliento que le llegó de las movilizaciones anteriores al 14-M se acabó ya hace tiempo.

La conmemoración del treinta aniversario de la muerte del dictador Franco y del nombramiento de Juan Carlos I como su sucesor ha venido a recordar, más allá de los panegíricos de la gran mayoría de la opinión publicada, una “transición” basada en un falso consenso en torno a una “reforma pactada” que acabó pariendo un nuevo régimen en el que el “cinismo político” fue el cemento cultural dominante. Ahora, por desgracia, estamos pagando los frutos amargos de un proceso que Vidal Beneyto ha definido como la “autotransformación mansa del franquismo”: al calor de la ola neoconservadora, autoritaria y militarista que recorre el mundo. la derecha vuelve a agitar los viejos fantasmas e incluso se atreve a practicar el “revisionismo histórico” con total impunidad, mientras que la mayoría de la izquierda repite su idealización de la “transición” y mitifica una Constitución que blindó pilares y símbolos básicos de aquella dictadura como la monarquía, la Iglesia católica y la “unidad de España”.

Y sin embargo cada vez es más visible la demanda de un número creciente de gentes de izquierdas de salir a la calle, de responder con la movilización a la que tan intensamente está desplegando la derecha. Han sido los estudiantes de los institutos los que han dado un primer ejemplo movilizándose ante una LOE que, como hemos criticado desde Espacio Alternativo, está llena de concesiones a la Iglesia y al sector privado, pese a que éstos quieran arrancar más concesiones todavía. Ese camino está siendo ya seguido por distintas luchas, entre ellas las de los trabajadores de SEAT o las de los universitarios contra la mercantilización de la educación superior, y debemos esforzarnos por buscar la convergencia entre todas ellas, forzando también a los sindicatos mayoritarios a salir de su pasividad.

Es cierto que la propuesta de Nou Estatut catalán genera reticencias y divisiones entre las gentes de izquierda, ya sea por el peso en muchas de ellas de la creencia de que los catalanes forman parte de la nación española o bien por el temor a que la “solidaridad interterritorial” se vea afectada por el modelo de financiación que se propone desde el parlament catalán. Pero ni el sentimiento de pertenencia a la nación española debería impedir el reconocimiento de que otr@s puedan tener ese mismo sentimiento respecto a la nación catalana en pie de igualdad con aquélla (ya que eso es lo que se pide desde allí), ni los aspectos discutibles del modelo de financiación deberían ocultar que el principal problema no está ahí sino en la necesidad de exigir desde todas las CCAA una política basada en la progresividad de los impuestos directos y en una verdadera justicia fiscal y social frente a las políticas neoliberales (lo cual implica frenar las privatizaciones y la lucha contra la directiva Bolkestein y el AGCS, ahora que se celebra la nueva Cumbre de la OMC), únicas vías por las que se podrá conseguir los ingresos suficientes y la calidad y la nivelación necesarias de los servicios públicos para el conjunto de las personas residentes (incluida, por tanto, la población inmigrante) aquí y en la Unión Europea. El reconocimiento de nuestra realidad plurinacional y pluricultural, la solidaridad entre los pueblos y la defensa de los derechos sociales fundamentales no tienen por qué ser incompatibles entre sí ni tampoco subordinarse unas a otras, sobre todo cuando lo primero sigue siendo una tarea democrática pendiente.

Porque fue precisamente en la cuestión nacional en donde el fracaso de la “transición” fue más evidente: si ahora no forzamos una “segunda transición” que conduzca efectivamente al reconocimiento del derecho a decidir su futuro –o sea, el derecho de autodeterminación- de pueblos como el catalán y el vasco, el riesgo real con el que nos vamos a encontrar pronto va a ser el de la imposición de una nueva LOAPA, similar a aquélla que quisieron forzar la derecha y el PSOE tras el golpe del 23-F de 1981. Por eso sería un error apoyar que el Parlamento español reforme el Nou Estatut, ya que eso implica no sólo negar la legitimidad de lo aprobado en catalunya sino permitir unos recortes que van a ir en el sentido de adaptarlos a una Constitución que fue escrita bajo la presión de los poderes fácticos. Si el desenlace del Estatut acabara mal, entonces sí que sería fácil constatar con mayor razón que no cabría ya solución democrática tampoco para el conflicto vasco en el marco jurídico español y que la vía de la ruptura sería la única por la que habría que apostar definitivamente. Para esa tarea es para la que creemos que hay que prepararse desde la izquierda anticapitalista, alternativa e internacionalista.