AnticapitalistasAlicia López (Espacio Alternativo)
El Gobierno ha elaborado el anteproyecto de Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Está previsto el debate a lo largo de este curso en el Congreso de Diputados y su entrada en vigor sería el 1 de enero de 2007.
En él se plantea un Sistema “Nacional” de Dependencia que ha de dar cobertura a todas las personas. Actualmente hay 3.500.000 de personas dependientes y cuando esta ley llegue a su plena implantación en el 2015 serán atendidas 1.500.000. Para decidir qué es una persona dependiente se recogen tres niveles: el primero, personas que necesitan atención al menos una vez al día; el segundo, atención varias veces al día y el tercero, la presencia continua de un/a cuidador/a. Quedarán fuera del Servicio Nacional de Dependencia todas las personas que se encuadran con una discapacidad moderada para alguna actividad básica y/o instrumental y que por lo tanto precisan de ayuda con cierta frecuencia
En un principio la valoración desde muchos grupos de mujeres fue positiva, ya que por fin el cuidado había salido de la esfera de lo privado a la esfera de lo público, dejando de considerarse innato a las mujeres y a los afectos debido a que el colectivo masculino, con sus excepciones, no se hacía cargo. La reivindicación del movimiento feminista de que el cuidado se visibilizara como un trabajo que realizan las mujeres era escuchada y el cuidado es reconocido como un problema social y político que pasa a ser responsabilidad del Estado. Pero después de una primera lectura se observa que todavía queda mucho para conseguirlo. Se presentan afirmaciones nada positivas. En la exposición de motivos, por ejemplo, para presentar este anteproyecto se achaca a la incorporación de la mujer al mercado laboral, como si no tuviéramos derecho a ello, la disminución de los cuidados familiares. ¿Dónde se queda entonces nuestra reivindicación?
En su articulación se reconoce que el cuidado seguirá recayendo sobre la familia pero en esta ocasión con rango de ley. Pero, aunque quieran englobarlo en ese concepto, sabemos que en el 84 % de los casos son las mujeres las cuidadoras. Por otra parte, se contempla una ayuda, que no un salario, a las cuidadoras, por lo que tendrán que cotizar a la Seguridad Social, ¿pero entonces qué es?. Además, se dice que ésta será una medida excepcional, pero se sabe ya que serán atendidas en sus domicilios entre 300.000 y 400.000 personas, más que la suma de las 275.000 plazas de residencia y 104.000 plazas en centros de día que tienen previsto crear. Es cierto que el trabajo que estas mujeres vienen desarrollando debe ser reconocido y valorado, ya que en muchos casos su dedicación ha supuesto la pérdida de oportunidades para incorporarse al mercado laboral pero esto debe ser considerado como el punto de partida y progresivamente ir desapareciendo.
Se habla de que va a ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar y que la prestación es universal pero en su articulado se habla de que la finalidad es configurar una red de utilización pública que integra centros y servicios públicos y privados. Para acceder a este sistema y sus prestaciones y/o servicios, la persona dependiente deberá pagar parte de éstos según su renta y patrimonio. Se establece un sistema de copago y lo que falta por ver es donde se sitúa el umbral de entrada y salida del sistema. Los que no consigan entrar se verán dentro de otro sistema muy conocido ya, el de la mercantilización y privatización del cuidado. Además, se abre la posibilidad de la suscripción de un seguro de dependencia privado que permitirá desgravar a los de siempre.
En buena lógica no saldrán muy beneficiadas ni las personas dependientes, ni las cuidadoras, tampoco las que sean contratadas en los domicilios, ya que seguirán siendo mano de obra barata, especialmente mujeres inmigrantes, sin cualificación, es decir, sin especificar la categoría laboral y en consecuencia sin convenio colectivo que lo regule.
Se inicia, por tanto, un proceso de debate a nivel social en que deberemos incidir en que el cuidado es algo que nos va a suceder a todas y todos en un momento u otro de nuestra vida, que es un derecho fundamental el ser asistida o asistido cuando no puedes valerte, diferente e independiente de las relaciones afectivas mantenidas en el ámbito familiar. Hay que exigir que sea universal, basado en la atención a todas las personas dependientes con residencia estable en el país, y que se financie a través de un sistema fiscal progresivo con el fin de obtener los recursos necesarios para garantizar la mayor calidad posible de los servicios públicos. Debería realizarse también una identificación de todas las necesidades con la correspondiente creación de servicios diversos y garantizando la regulación del trabajo por sectores como cualquier otro trabajo asalariado.
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