El fin de E.T.A. y la renovacion de la izquierda vasca

José Ramón Castaños

1.- A la hora de pensar en las perspectivas de la izquierda vasca hay que referirse principalmente a la masa social que se agrupa en Batasuna y se expresa electoralmente a través de ella. No quiero decir con esto que Batasuna sea la única izquierda existente entre nosotros, sino que es la más numerosa, la más combativa y la que en mayor medida influye en la conciencia de la sociedad y en el curso de los acontecimientos.

El hecho que la dirección política de este movimiento lo haya ejercido en los 30 últimos años una organización como ETA que ha practicado el terror intensivo como arma de acción política contra sus enemigos, ha hecho de ella un factor decisivo en la historia reciente, hasta el punto que todo cuanto ocurre en su entorno marca el devenir de los acontecimientos. Esta circunstancia no exime de responsabilidad a las otras izquierdas sociales, sindicales y políticas, pues el resultado final de los procesos políticos también depende de las ideas y de la acción que ellas realizan

 
2.- El alto el fuego de ETA abre un tiempo político nuevo que puede considerarse como un momento constituyente de la política y de la izquierda vasca.

Los ingredientes de ese proceso empezaron a reunirse en la tregua anterior y en el pacto de Estella de 1998 pero se frustraron con la ruptura de la tregua del año 2000. El Parlamento Vasco reabrió el proceso en diciembre de 2004 con la aprobación de un nuevo Estatuto de perfil marcadamente soberanista, pero las Cortes españolas lo cerraron bruscamente rechazando su propuesta en febrero de 2005. La izquierda y el nacionalismo vasco planteó en ambos casos la solución a los tres problemas que venimos arrastrando desde la Constitución española en 1978: el reconocimiento del derecho de autodeterminación, el respeto a la soberanía de las instituciones vascas, y la unidad territorial vasco-navarra.

El "alto el fuego" de ETA reabre ahora, en 2006, el mismo debate de entonces pero en condiciones distintas a las anteriores. En efecto, la iniciativa política no corresponde ya al nacionalismo vasco (que la perdió cuando renunció a convocar un referéndum de ruptura democrática después del rechazo español a la propuesta del 2005), sino al gobierno socialista de Madrid, que ha pactado con ETA los términos "del alto el fuego" y la metodología de trabajo para la reforma del Estatuto. Si a esta circunstancia le añadimos el impacto negativo que ha tenido en la opinión pública la cadena de atentados de ETA contra cargos electos del PP y del PSOE, obtendremos un cuadro de situación que favorece poco a los intereses vascos.

La lucha armada ha quitado legitimidad democrática a las reivindicaciones nacionales, y aún cuando el "alto el fuego" restablezca en parte la posibilidad de recomponer una mayoría social a favor de ellas, no está claro que sea suficiente para cambiar la correlación de fuerzas ni la opinión contraria de la mayoría española a las reivindicaciones vascas. Aún así, el anuncio del fin de la violencia es positivo en sí mismo (y necesario a todas luces para abrir el debate sobre el reconocimiento de los derechos del pueblo vasco), añadiendo así un ingrediente nuevo al debate, pues ETA y Batasuna necesitan a su vez elaborar un nuevo discurso democrático y una nueva estrategia política que sustituya el discurso y la estrategia de la violencia. El momento constituyente que empieza a vivir la política vasca será también, por ello mismo, el momento constituyente de un nuevo nacionalismo y de una nueva izquierda.

 
3.- La agenda del debate abarca un sinnúmero de temas que pueden agruparse en cinco capítulos:

1. Las cuestiones relativas a la paz y la reconciliación: políticas de distensión (verificación del desarme efectivo y derogación de leyes antiterroristas); políticas de reconocimiento de las víctimas y de los presos políticos, incluidas las medidas de excarcelación.
2. Las cuestiones relativas a la unidad institucional de los territorios vasco-navarros. El establecimiento de marcos de relación confederal entre ellos (o de otro tipo), desde el respeto a las particularidades de cada territorio y a la voluntad de sus ciudadanos.
3. Las cuestiones relativas a la autodeterminación nacional, a la soberanía política y al modelo de relación con el Estado español.
4. Las cuestiones relativas a la democracia participativa y al modelo social.
5. Las cuestiones relativas a la nueva identidad que debe adquirir la izquierda vasca para construir una ética política en ruptura con el discurso y las prácticas totalitarias de ETA.

 
4.- La explicación de ETA sobre el cómo y el porqué del "alto el fuego" es clara en su decisión de poner fin a la lucha armada pero ofrece demasiadas dudas sobre el curso de su orientación política posterior.

En su comunicado habla de "alto el fuego permanente" (lo que equivale a decir que está decidida a realizar el abandono definitivo de las armas), pero en la explicación que da a sus bases militantes y al electorado de Batasuna en el nº 110 de su revista ZUTABE, correspondiente al mes de abril, se puede encontrar un cuadro de intenciones muy alejado de la autocrítica y de la realidad política. Se dice, por ejemplo, que:

1. "el alto el fuego se presenta como la oportunidad de recoger los frutos aportados por décadas de lucha";
2. "que basamos nuestra decisión en el convencimiento de que la respuesta del Gobierno esté a la misma altura que la apuesta de ETA", aportando como prueba "el procedimiento acordado de dos mesas para el diálogo": una mesa ETA-Gobierno para todas las cuestiones relativas al abandono de las armas y a la excarcelación de los presos, y otra mesa formada por todos los partidos políticos para acordar las bases políticas del nuevo marco jurídico";
3. "que quienes piensen en una paz sin contenidos se equivocan porque la paz será consecuencia del reconocimiento de los derechos de Euskal Herria (autodeterminación nacional y unidad territorial), definidos como "mínimos democráticos";
4. "que a los Estados español y francés les corresponde respetar los resultados del diálogo entre los partidos vascos"; y,
5. que "la legitimación del acuerdo se hará por medio de una consulta ciudadana en todos los territorios vascos".

En esta larga explicación sólo hay dos verdades contrastadas: (1), que ETA dejará definitivamente las armas a cambio de que el gobierno español ofrezca una salida digna a los presos y exiliados políticos; y, (2) que al trasladar a una mesa de partidos la responsabilidad de elaborar un nuevo Estatuto vasco y navarro está renunciando a ser el interlocutor del pueblo vasco en la negociación política con el Estado. Ambas cosas son un gran avance, ¡que duda cabe!, pero llegan 6 años tarde (debían haber sido hechos en la tregua anterior, cuando la iniciativa política era del nacionalismo vasco), y no son consecuencia de sus avances en la lucha de liberación nacional sino expresión del rechazo de la sociedad vasca a la violencia de ETA y a su pretensión de representar sus intereses colectivos en la negociación con el Estado.

Se puede pensar que la explicación dada es para autoconsumo de sus bases militantes y de sus electores, pero esta circunstancia no quita importancia al hecho sino que agrava las consecuencias, porque el socorrido intento de tomar los deseos por realidades y de transformar las derrotas en victorias, impiden la autocrítica política y la corrección de errores.

 
5.- La dirección de ETA ha justificado la acción armada recurriendo a teorías distintas según las épocas, pero ninguna de ellas ha servido para legitimarla socialmente.

La primera codificación teórica fue realizada bajo el franquismo recurriendo a la idea del cambio revolucionario mediante la "acción combinada de la lucha guerrillera de la vanguardia y del movimiento insurreccional de la sociedad civil". La sustitución de la dictadura por un sistema democrático que ha recogió en parte las reivindicaciones vascas, aunque desnaturalizándolas (Estatutos de autonomía separados entre Euskadi y Navarra), abrió una segunda etapa en la que "se sustituye la idea del cambio revolucionario por la idea de la ruptura democrática", actuando siempre la acción armada como soporte de la movilización ciudadana. A partir de entonces, la autodeterminación nacional y la unidad territorial serán las demandas con que se intenta justificar la sucesión de atentados mortales contra la cadena de mandos del Ejército y de las policías, pero cuando el sistema democrático se consolida y la perspectiva de la ruptura se pierde en el horizonte, ETA cambia el discurso para encontrar una nueva justificación a la violencia. La idea de la ruptura se cambia por la idea de la negociación, y la lucha armada (los atentados mortales) se justifica ahora como medio para obligar al Estado a hacer una negociación política en la que se intercambien paz y autodeterminación. La extensión de los atentados mortales contra jueces y magistrados, periodistas y cargos electos del PP y del PSOE es una variante particularmente cruel de la estrategia anterior. En opinión de la propia ETA, se trata de "socializar el dolor" hasta hacerlo insoportable a los servidores del Estado.

Esta evolución provoca un cambio significativo en su ideario político y en su escala de valores entre los que tuvo en las primeras etapas de su historia y los que ha adoptado al final de su recorrido histórico. Esto es algo que nunca se debe olvidar porque implica una degeneración política de la que sólo se puede salir por medio de la autocrítica y de la adquisición de valores democráticos y humanistas que sustituyan a los viejos valores totalitarios. Esta es la asignatura pendiente de su regeneración. El camino puede abrirse a partir de la declaración de "alto el fuego" pero no será un camino fácil ni corto, pues la "cultura de la violencia" ha penetrado con demasiada profundidad en la base social de una izquierda abertzale que ha rendido culto a ETA como a su dirección política indiscutida e indiscutible. Conocer los mecanismos que han permitido reproducir ese liderazgo a lo largo de la historia puede ser útil para entender lo que ETA pide a su base social, lo que puede esperar de ella, y las dificultades que tiene para llevar a término su giro político.

 
6.- Lo que ETA pide a su base social no es renovación sino fidelidad, confianza en su liderazgo y movilización social.

Son peticiones no escritas pero ampliamente secundadas por todos los dirigentes, militantes y electores de Batasuna. El sistema funciona con los mecanismos propios de las democracias plebiscitarias. En la cúspide siempre hay una vanguardia autoproclamada, y en la base de la pirámide siempre existe una delegación de liderazgo en quienes asumen las responsabilidades y los riesgos de una lucha mitificada por los enormes sacrificios personales y costes en vidas humanas que ella comporta. La cohesión ideológica de este sistema está forjada en la identificación mítica entre la vanguardia (ETA-Batasuna), y la Nación (el pueblo vasco). La izquierda abertzale se ha construido en la pretensión de sustituir al PNV como el partido que estructura a la nación, y lo ha conseguido en parte.

Estos mecanismos de identificación generan lealtades que se parecen mucho a la sumisión que obtienen las iglesias de sus fieles. Sólo así se entiende que el rechazo producido por los atentados de ETA en la conciencia de la izquierda abertzale (de sectores significativos de ella), no hayan ocasionado ni movimientos críticos ni oposiciones públicas ni escisiones significativas en los últimos 25 años. La pauta de comportamiento ha sido siempre la "retirada en silencio" en espera de que la dirección cambie de rumbo.

Esta subcultura política deja a la dirección de ETA un amplísimo margen de maniobra para que pueda combinar a su gusto la intensidad de la violencia o su abandono, el aprovechamiento oportunista de las posibilidades que ofrece cada situación dada, y la radicalidad discursiva cuando sea necesario marcar el territorio propio frente a los enemigos externos. Lo único que la masa social pide a ETA-Batasuna para ser legitimado ante ella es que obtenga ventajas para la izquierda abertzale; que consiga réditos electorales; que obtenga nuevas parcelas de poder, y que conquiste nuevos espacios de hegemonía ideológica sobre la sociedad civil. Esto ha sido así en la historia, y no hay razones para pensar que sea de otro modo en la hora presente, cuando ETA justifica el ato el fuego como "expresión de su victoria política"

Los problemas vendrán después, cuando pasado un cierto tiempo se puedan comparar los resultados obtenidos con el alto coste en vidas humanas que su estrategia política ha provocado. ¿Aceptará el movimiento abertzale unos resultados distintos a los que han prometido las direcciones de ETA y de Batasuna?. La lealtad les empujará a ello, pero la otra parte de la cultura política en que se ha forjado su base social les empujará a lo contrario, pues nunca se debe olvidar que ese movimiento político se ha construido a contracorriente de todas las demás organizaciones de la izquierda; que su masa social ha tenido que ser necesariamente combativa y sacrificada para soportar durante tanto tiempo persecuciones y represión policial, movilizaciones de resistencia, descrédito social y aislamiento político. Esa masa social conoce bien al Estado español; tiene pocas ilusiones democráticas en él, y sabe bien lo que quiere. Es una base social que no aceptará fácilmente el engaño.

 
7.- El reconocimiento de los errores no sólo tiene un valor moral para quien lo realiza. También tiene un valor político, pues cuando ETA acepta un procedimiento de negociación que le saca fuera de la política porque sólo le reconoce legitimidad para negociar el intercambio de presos por armas, está reconociendo implícitamente que su estrategia de obtener reivindicaciones políticas por medio del terror contra cargos electos, ha fracasado.

Sin embargo, el hecho que no lo reconozca así, hipoteca la posibilidad de reconciliación de la izquierda abertzale con la sociedad civil. La fórmula de un final negociado al problema de los presos políticos implica reconocimiento, pero ETA haría mal en suponer que obtiene con ello la justificación de la violencia ejercida. Esa fórmula puede ser suficiente para que obtener justificación al abandono de las armas ante su base social, pero eso no la justifica ni ante la sociedad ni ante la historia, de tal modo que si la izquierda abertzale termina aceptando como buenas las razones de ETA, bloqueará la reflexión autocrítica y, con ello, su regeneración ética, pues la condición imprescindible para reconducir la dialéctica entre fines y medios es el abandono de la violencia por convicción democrática. Al no hacerlo así, ETA se ve necesitada de justificar "a priori" los resultados de una mesa de partidos políticos que escapa a su control. Sin embargo, el postrero intento de presentar sus deseos como realidades terminará pasando factura cuando haya que valorar los resultados prácticos de 30 años de violencia política en los que ha habido 1000 muertos de ambas partes y el sufrimiento añadido de decenas de miles de presos y exiliados políticos.

ETA dice que la paz se asentará en el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo vasco, pero, ¿qué garantías existen para pensar que el nuevo marco político resultante del diálogo entre partidos se asentará en la autodeterminación nacional y en la unidad territorial vasco-navarra?. Y, en el supuesto poco probable de que ese fuera el resultado del acuerdo entre los partidos vascos, ¿cómo pensar que los gobiernos español y francés permanezcan al margen de unos acuerdos políticos en los que eventualmente se juega el futuro de unos territorios considerados por ellos como "territorio nacional"?. El deseo de que así fuera no puede tomarse como una realidad, pues ocultando la injerencia de esos Estados en esta cuestión se niega la naturaleza misma del conflicto nacional en que estamos inmersos.

 
8.- El margen de negociación se mueve en una franja muy estrecha.

El Gobierno Zapatero combina los buenos modales (proclamas de respeto, tolerancia, consenso, etc), con la firmeza en el cierre de la Constitución española a toda reforma en profundidad del modelo de "Estado de las Autonomías". Es así como actuó frente al plan Ibarretxe en las Cortes españolas, y es así como ha actuado ahora contra el proyecto de reforma del Estatuto catalán. Su política no pasa de ser un intento de acomodar a los nacionalistas moderados vascos y catalanes en un nuevo "pacto de Estado" que reajuste las esferas de poder de cada uno sin tocar en lo fundamental su estructura unitaria. El federalismo debiera incluir el reconocimiento de las naciones y su derecho a la autodeterminación, pero eso es tocar la médula del nacionalismo español, y los socialistas no se atreven a tanto. Hay que considerar además la enorme presión que recibe el Gobierno por la derecha, en un desesperado intento de "atar en corto" su libertad de acción en la alianza con los nacionalistas vascos y catalanes. Esa presión ha impedido hasta el momento la reforma necesaria de la Constitución española con motivo del trámite en Cortes del Estatuto catalán, y hay que suponer que será de tanta o más intensidad en el caso vasco. Los primeros pasos ya se han dado mediante la utilización de las víctimas de ETA contra el proyecto de "salida negociada al conflicto vasco", y todo hace pensar que volverán a utilizar la "cuestión navarra" como hicieron en el 78, desestabilizando los acuerdos por cualquier procedimiento. No hay que olvidar que la ofensiva de la extrema derecha contra el carlismo democrático (asesinatos de Montejurra), y contra el abertzalismo vasco (asesinato del militante de la IVº Internacional Germán Rodríguez), consiguieron modificar la política socialista favorable hasta entonces a la unidad territorial vasco-navarra.

Hay que suponer por tanto que la tibia reforma catalana sirva como modelo para cortar las aspiraciones del nacionalismo vasco. Cabe esperar por tanto un reconocimiento "sui géneris" de la Nación Vasca a semejanza de la Catalana, y una definición del pueblo vasco como "sujeto de derecho nacional" tan generalista y ambigüa como para que puedan reconocerse en ella el "socialismo vasquista" (PSE), y el "nacionalismo moderado" (PNV). Algunos dirigentes socialistas han adelantado incluso las definiciones nominalistas del derecho a través de fórmulas como ésta: "se reconoce el derecho del pueblo vasco a decidir su ordenamiento político interno y sus relaciones con el Estado español, en base a lo que acuerden previamente la mayoría de sus partidos políticos, y de común acuerdo con las instituciones del Estado". El problema que tienen estas fórmulas es que reconocen el derecho de veto de la minoría (los partidos vasco-españoles), y del Estado, obligando al nacionalismo vasco a pactar con los socialistas la rebaja de sus aspiraciones nacionales.

La unión institucional de los territorios vasco-navarros (la territorialidad), tiene un encaje más fácil, aunque sólo sea porque se está produciendo un cambio en la política asimilacionista de ETA-Batasuna sobre Navarra (la idea de que Navarra es Euskadi aún a pesar de la opinión de los navarros), y un acuerdo con los socialistas vascos para que estos promuevan entre los socialistas navarros la idea de un compromiso entre las instituciones de ambos territorios. Se trataría de formar una alianza general entre socialistas y abertzales para ganar las elecciones de Navarra, desalojar a la derecha de las

instituciones Forales y promover desde ellas la Dieta Vasco-Navarra pactada en 1995 entre el presidente socialista de Navarra (Otano), y el presidente nacionalista de Euskadi (Ardanza) para incorporarla a sus Estatutos respectivos después de un referéndum ciudadano en cada territorio por separado. Si este acuerdo se lleva a efecto, estaríamos en presencia de un avance significativo en la solución de uno de los problemas más agudos que presenta la cuestión vasca, pues esa fórmula puede servir además para encarar el problema de la división de identidades, toda vez que el sentimiento de pertenencia de cada cual no impediría el consentimiento ciudadano a una Confederación vasco-navarra asentada en los principios de igualdad, de autonomía de las partes y de colaboración mutua en las cuestiones previamente definidas como de interés común.

 
9.- Hace falta un nuevo discurso para construir el consenso sobre la autodeterminación.

Este es el principal reto que tiene por delante la izquierda y el nacionalismo vasco porque si no se resuelve adecuadamente no habrá solución satisfactoria para nadie. La tarea no es fácil pero tampoco imposible. Entre otras cosas porque la necesidad obliga a ello, y porque en una sociedad dividida entre un 60% abertzale y un 40% vasco-español no se pueden activar las diferencias identitarias hasta el punto de llevarlas a la confrontación. Nadie en su sano juicio pondría esto en cuestión. También hay acuerdo general en que es más deseable hacer el cambio político por consenso que por mayoría, pues la experiencia demuestra fehacientemente que los sistemas constitucionales instaurados por mayorías simples producen generalmente democracias débiles y sistemas políticos inestables. La experiencia histórica de la 2º República española y del Estatuto de autonomía del 79 está tan próxima en la conciencia política de la sociedad vasca que nadie duda de la conveniencia de buscar consensos políticos y mayorías cualificadas que permitan obtener la legitimación social y la estabilidad política necesarias. El problema es que, más allá del deseo, hay que buscar los mínimos aceptables para una convivencia democrática.

Algunas escuelas de pensamiento revisionista que han aparecido en sectores del PNV, de Zutik-Batzarre y del PSE, plantean resolver esa dificultad exigiendo al nacionalismo vasco que renuncie temporalmente a la autodeterminación, a la soberanía política y a la construcción nacional, y mucho nos tememos que si no acepta ese chantaje se volverá a cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de un eventual fracaso de las negociaciones

Al nacionalismo vasco se le debe plantear que entienda adecuadamente las características del tiempo político en que vivimos; que comprenda que cada generación política debe intentar resolver sólo los problemas que puede resolver, y que nuestra generación no puede plantearse acabar el proceso de construcción nacional vasco iniciado hace 150 años con la industrialización y la modernidad. El nacionalismo vasco sabe por experiencia propia que los procesos de construcción nacional son procesos dilatados en el tiempo porque necesitan una sedimentación de la conciencia y de la identidad cultural y nacional que son lentos por definición, y que, salvo circunstancias excepcionales de la historia en las que pueden abrirse procesos de ruptura y de revolución, el método de construcción nacional es un método lento y gradualista. Esta convicción (y nuestra idea de la democracia), nos llevan a demandar al nacionalismo vasco un cambio de discurso en cuestiones como estás: (1) el compromiso con la democracia, con la tolerancia y con el pluralismo. (2). El compromiso con políticas de respeto de las minorías y de inclusión política en la sociedad en que viven. (3). El ejercicio del derecho de autodeterminación en un sentido de soberanía compartida con el Estado, porque es eso lo que corresponde al sentimiento de identidad nacional vasco en el momento presente, y porque el sistema político que se deriva de ese concepto no sólo debe incluir garantías de no injerencia del Estado en el autogobierno vasco sobre las materias reservadas a su soberanía exclusiva, (algo evidente para cualquier demócrata que se precie de ello), sino que debe incluir también y simultáneamente, la corresponsabilidad de este último en la solidaridad debida a los pueblos de España. Nunca está de más insistir al nacionalismo vasco para que haga otra mirada hacia esos pueblos en razón a la justicia, a la proximidad, y a los vínculos comunitarios que nos unieron en la historia y nos unen en el presente.

Ahora bien, hablar de democracia es mirar también (y sobre todo), hacia el lado del Estado y de la minoría vasco-españolista que se apoya impúdicamente en él para negar el derecho de autodeterminación en nombre del respeto al pluralismo de identidades nacionales. El verdadero problema de la normalización política está aquí, pues si no se reglamenta el derecho del pueblo vasco a decidir libremente su futuro, ni se respeta la soberanía nacional sobre las materias de autogobierno que libremente decida, el nuevo marco político que sustituya al Estatuto no será nunca un marco democrático, y la estabilidad del sistema resultante estará cuestionado desde el inicio.

Reconocemos como válidos los consensos que están basados en principios democráticos universales, pero rechazamos los consensos impuestos por minorías nacionales que se autoconstituyen en minorías de bloqueo apoyadas en la fuerza coercitiva del Estado, como han hecho hasta ahora las minorías vasco-españolas en Euskadi. La mayoría de la sociedad vasca no quiere consensos que limiten la democracia sino consensos que la amplíen, lo que aplicado al caso que nos ocupa quiere decir: (1) que la mayoría abertzale tiene la obligación de respetar a las minorías que no lo son, pero estas últimas tienen el deber de respetar a su vez el derecho de la mayoría a construir una Nación Vasca diferenciada de la española, siempre que se haga por procedimientos democráticos. (2), que el derecho al disenso de las minorías y el respeto debido a su identidad vasco-española es algo muy distinto a la utilización inmoral del Estado español para negar el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. (3) que el reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir libremente su futuro (la autodeterminación), no equivale a "más nacionalismo" como dicen los intelectuales del poder, sino a "más democracia", como dice y siente la sociedad civil.

El consenso necesario no puede hacerse renunciando a la democracia sino afirmando el derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro y a construir su Nación, si esa fuese la voluntad mayoritaria. Lo único que cabe exigir (y hay que hacerlo con la fuerza que la ocasión requiera), es que el proceso de construcción de la Nación Vasca se haga con métodos democráticos. Nada debe pactarse por debajo de eso

 
10.- La izquierda vasca debe recuperar el discurso que relaciona la autodeterminación y la idea de socialismo.

En primer lugar, porque siendo como es una idea constitutiva de su identidad, ha ido quedando disociada por olvido de las demandas sociales. En segundo lugar, porque las izquierdas no pueden estar al margen del proceso de construcción nacional que se vive hoy en la sociedad vasco-navarra, y mucho menos oponerse a él. La izquierda tiene que comprometerse en la construcción nacional vasca con un proyecto propio. Se debe promover y fomentar la identidad nacional vasca como una identidad incluyente de otras identidades, y hay que incorporar al debate del nuevo marco político la propuesta de una legislación social distributiva del trabajo y de la riqueza, formulada con fuerza por los movimientos sociales y por el sindicalismo vasco a pesar de su división.

El "momento constituyente" al que nos referíamos al principio de este artículo debe aprovecharse así para promover un impulso regeneracionista de valores y de recomposición de fuerzas para sentar las bases de un nuevo ciclo expansivo a la utopía y a la transformación social. En ello está ocupada una corriente de opinión que recorre transversalmente a las organizaciones sociales y políticas de la izquierda vasca, incluida la propia izquierda abertzale. Una corriente que terminará abriéndose paso porque su demanda de ruptura con las viejas fidelidades y con los viejos discursos se hace necesaria para la renovación de la izquierda.

* Artículo publicado en Inprecor / Mayo 2006
** José Ramón Castaños "Troglo", militante de la Carta por los derechos sociales (GOGOA) y firmante de los acuerdos de Lizarra, fue uno de los fundadores de ETA-VI (una escisión mayoritaria de ETA tras su sexta asamblea en 1971).