Cerco al África Negra

Susana López *

¿De qué invasion hablamos? En su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación (30-5-06) lo ha dicho el inconsistente Rajoy: "por las fronteras europeas entran cien veces más" que en pateras o cayucos por Canarias. Y por Barajas, y por el Prat... Gil Arias, de la Agencia Europea de Fronteras, decía hace unos meses: "En el caso de España, las entradas irregulares van por este orden: fronteras aéreas, fronteras terrestres, fronteras marítimas. El verdadero agujero de Schengen son los aeropuertos".

De los cerca de 4 millones de inmigrantes empadronados, los que pertenecen al Africa subsahariana representan un 3%, reconoce Moratinos. Según el padrón (INE), mientras solo de Ecuador hay 492.000 personas empadronadas y 208.000 de Rumanía, y cifras similares de Marruecos, de trece países del Africa subsahariana hay en conjunto 140.000. A bordo de pateras u otras embarcaciones, fueron 100.000 los que arribaron a nuestras costas en los últimos SIETE AÑOS, mientras en solo un año (2004) se registraron 700.000 nuevos empadronamientos de extranjeros.

La población extranjera en Canarias (El País, 24-4-06), está encabezada por personas provenientes de países de la Unión Europea (Alemania 28.957, Reino Unido 25.013…). De los de fuera de la UE, encabeza Colombia (21.096), Marruecos (14.984), Venezuela (13.301), Argentina (11.446), Cuba (10.110), Ecuador (6.979)… Es decir, en su mayoría, países de los que somos deudores por la acogida de nuestra emigración (¿lo hemos olvidado ya?), de la que Canarias fue puntera, y con importantes núcleos, aún asentados allí, de población española y descendientes que en número considerable están retornando, pero con otra nacionalidad. Y podemos seguir la lista, sin encontrar hasta el final, en la cola, más que algunos cientos de senegales. Los mayores aumentos de inmigración en Canarias, durante 2004/2005, provienen de Uruguay, China, Chile, o de Rumanía y Bulgaria, que próximamente se incorporarán a la UE.

Los inmigrantes subsaharianos que logran llegar con vida a sus costas no se quedan en Canarias. Los recluyen de inmediato en campos de internamiento (o en celdas de comisarías, o en garajes) en condiciones muchas veces lamentables, hasta que los expulsan (en muchos casos sin garantías y a país distinto del suyo), o los mandan a la península, pero con un expediente de expulsión y la prohibición de permanencia o entrada por un periodo de entre 3 y 9 años, lo que les perpetúa en la clandestinidad.

En definitiva, pese a que son negros, muy negros, no son visibles para la población canaria, salvo en la arribada, aunque es cierto que el espectáculo es terrible, que hay que destinar recursos (la mayor parte, del Estado) y que puede deteriorar la "imagen turística" de las islas. Todo lo cual no parece que justifique -sin que nos llene de vergüenza e indignación ante el drama de los que llegan con semejante destino y de los que nunca llegaron ni llegaran- el clamor de sus dirigentes políticos para que se tomen medidas tan extremas como la intervención de la Armada (naturalmente, para "labores humanitarias", como ahora se asigna a toda maquinaria de guerra que se precie).

Parecen querer obviar que Canarias no es la opción de los inmigrantes, sino la única salida que les ha dejado (por el momento) la decisión de gastarse cantidades ingentes de dinero en blindar con SIVEs costosísimos las costas andaluzas, o los muros y alambradas de Ceuta y Melilla, agravados por los tremendos sucesos del año pasado: muertes por disparos, palizas, deportaciones ilegales a un Marruecos con políticas criminales que los condena al desierto, sin que hasta el momento se haya investigado ni depurado responsabilidades, como volvió a denunciar recientemente Amnistía Internacional.

Y suma y sigue, con la instalación de la terrible SIRGA tridimensional, que ya se ha iniciado en Melilla. No hay mucha más afluencia de inmigración subsahariana, como saben perfectamente los dirigentes políticos y los medios de comunicación, sino concentración en puntos determinados (ahora Canarias) cuando se van cerrando uno tras otro aquellos que permitían su diversificación y una menor "visibilidad". Lo que si hay es un riesgo infinitamente más alto en la búsqueda de nuevas rutas y un aumento exponencial de quienes mueren en el intento, cuya magnitud real nunca llegaremos a conocer. También más desesperación y premura en la huida, ante las noticias de un continuo y cada vez más agresivo "encerramiento" del Africa negra.

¿O no se trata de eso? Si los originarios de todos estos países juntos representan un raquítico 3% del total de inmigrantes; si uno solo de los países emisores, como exponemos arriba, triplica con creces el número de los subsaharianos de trece; si, como dicen, estamos tan "saturados" ¿cómo es que podemos "soportar" las verdaderas "avalanchas" que entran por aeropuertos y fronteras terrestres, sin la menor alarma política, social ni mediática, y en ningún caso es "soportable" el número incomparablemente menor de quienes llegan en pateras y cayucos huyendo de la pobreza y las guerras, hasta el punto de utilizar, aparte de sistemas de blindaje inhumanos, al ejército, a la legión o a la armada si es preciso, para impedir que lleguen los que logran sobrevivir?

Y en ese escenario de "saturación" e "invasiones" con el que siembran alarma y rechazo en la población, dados los altos niveles de desempleo y precariedad que de verdad nos invaden ¿cómo se explica que España sea "de los primeros" países de la UE-15 en abrir sus fronteras "sin ningún tipo de limitación" (Caldera, El Mundo 11-3-06) y desde el 1 de Mayo de este año, a los trabajadores de los 10 países de la ampliación, levantando la moratoria hasta 2011 para la libre circulación de las personas que les fue impuesta y que otros socios más potentes de los 15 van a mantener?.

Resultaría cómico, de no ser por la inmensa tragedia de aquellos señalados como víctimas propiciatorias de este caos de cinismo e intereses espurios, que la población acabe creyendo, como parece ser, que su bienestar, su empleo y su seguridad peligran por los pocos miles que logran llegar tan penosamente a nuestras turísticas costas desde el Africa negra. Porque además son negros y se ven mucho; a otros algo menos, y a los nuevos y futuros socios del Este prácticamente nada. Son como "nosotros".

Ni España ni Europa (hay que decirlo de una vez) quieren negroafricanos, pudiendo seleccionar mercancías más homologables o que contribuyan a fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales con sus respectivos países. Y del Africa negra nos interesan sus riquezas y materias primas, que "nuestras" multinacionales, con el apoyo incondicional del gobierno de turno, controlan cómodamente a través de gobiernos corruptos y señores de la guerra. Su gente no pinta nada. Total, su renta por habitante (capacidad de consumo) ha bajado del 38% de la media mundial en 1960 al 23% actual. Aún así, instalados en el cinismo, sobrecoge que medidas como las que se están anunciando desde el Gobierno y la UE (como un éxito del gobierno Zapatero) no hayan despertado el mínimo clamor en eso que llamamos opinión pública. Lo que se pretende ahora no es ya blindar la frontera sur de Europa sino cercar la parte de Africa que aún pueda significar una esperanza de salida, aunque sea hacia la muerte. En otras palabras, no es solo impedir la llegada sino impedir la salida desde Africa, con impactante aparato militar. La diferencia es sustantiva. Aún teniendo el "consentimiento" de países afectados (para eso hay dinero de sobra, son baratos), lo que queda sepultado definitivamente es el artículo 13 de la Declaración Universal de los DD.HH., que reconoce a toda persona el derecho a salir de su país para buscar una vida más digna o la simple supervivencia; y el Derecho de Asilo. Lo que creíamos conquistas irrevocables de la humanidad. Socialismo o barbarie no es un slogan: hoy es una angustiosa perentoriedad.

Madrid, 30 de Mayo 2006

* Susana López es responsable del Área de Migraciones de IU y Secretaría PCE

Nota de Susana López

Este artículo, sobre lo que considero un "Cerco al Africa Negra", intolerable para cualquier conciencia democrática, se publicará en Mundo Obrero de este mes. Otros medios no lo han considerado de interés.

En relación con el mismo tema, nuestro grupo parlamentario ha presentado una Proposición No de Ley, que está pendiente de debate en el Congreso y que también os adjunto:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN con motivo del Debate de Política General sobre el Estado de la Nación,

Propuesta de Resolución nº

Relativa a la política de inmigración y a los Españoles residentes en el Exterior

1. Inmigración

A pesar existen múltiples prioridades en materia de inmigración, nos centraremos en dos aspectos que para IU-ICV son prioritarios. Se trata, por un lado, de replantear el carácter represivo de las políticas migratorias que está llevando a cabo el Gobierno y, por otro, de impulsar decididamente la participación política de las personas inmigrantes.

En primer lugar, hay que volver a insistir en que la Ley Orgánica 14/2003, que supuestamente regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, resulta ya insostenible. Ninguna normalización duradera es posible con una norma que de hecho pone obstáculos a la entrada legal, que niega derechos fundamentales de las personas -singularmente de los trabajadores y trabajadoras- y que, además, establece procedimientos discriminatorios para los extranjeros no pertenecientes a la UE, permite el acceso policial al padrón municipal sin control judicial, pone en manos de las compañías privadas de transportes controles de entrada que corresponden al Estado -lesionando el Derecho de Asilo-, permite procedimientos sumarios para las expulsiones, pone trabas al reagrupamiento familiar, y elude, entre otras omisiones, la realidad hoy muy presente de los "inexpulsables".

En segundo lugar, volver a señalar la insuficiencia de procesos coyunturales y esporádicos, como el reciente de "normalización", que dio solución, efectivamente, a un número importante de personas en situación irregular, pero, como es conocido, dejó al margen a miles de ellas (familiares que no contaran con un contrato de trabajo, autónomos, etc.), cuyo número se ve engrosado permanentemente por los obstáculos, a veces insalvables, que la Ley y el Reglamento imponen en las renovaciones.

Por lo que respecta a un tema de dramática actualidad, como es la inmigración procedente de algunos países del Africa subsahariana, cabe destacar que las noticias que nos llegan día a día de las costas Canarias, además del tremendo coste en vidas y sufrimientos, son la evidencia más constatable del fracaso de políticas migratorias basadas exclusivamente en medidas represivas, con el objetivo de una "Europa fortaleza", que están teniendo resultados nefastos.

Estamos hablando del blindaje, subcontratación y militarización de fronteras (con construcción de muros, fosos, reforzamiento con instrumentos gravemente lesivos como la Sirga tridimensional…), de expulsiones sumarias e ilegales en muchos casos, de vulneración del derecho de Asilo, etc., como denuncian reiteradamente organizaciones como Amnistía Internacional, MSF o SOS Racismo, entre otras. Lo cual ha llevado, además, al uso de rutas cada vez más peligrosas, incrementando el nº de muertes. Las nuevas medidas que se anuncian, con la cooperación de otros nueve países de la UE, resultan aún más inquietantes, por cuanto suponen no ya el blindaje de las fronteras europeas sino un cerco a terceros países de la costa africana, para impedir la salida desde ellos, vulnerando ya abiertamente el derecho de toda persona -reconocido en la Declaración Universal de los DD.HH.- a salir de su país, no solo buscando su propia supervivencia sino también el acceso a una vida más digna.

En definitiva, y valorando la eficacia de estas acciones en contraposición al coste en vidas humanas y en degradación de los Convenios internacionales y del propio Estado de derecho, debemos solicitar al Gobierno que no adopte más medidas de manera precipitada, que aprenda de sus errores y que adopte un compromiso firme que nos permita replantear en positivo el modelo migratorio español.

Respecto a los derechos de participación política de las personas inmigrantes, en marzo de 2006 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad y a instancias del Grupo Parlamentario de IU-ICV una Proposición no de Ley para avanzar en el reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos extranjeros en España en los términos que se establece el artículo 13.2 de la Constitución Española, comprometiéndose a estudiar las medidas necesarias para favorecer la integración social de los inmigrantes de larga duración en el ámbito de la participación política.

En esta línea y conforme al espíritu de extender el derecho al sufragio activo y pasivo de cualquier persona residente, cabe destacar que existen unos convenios suscritos para el reconocimiento del derecho al sufragio con Argentina (1988), Chile (1990) y Uruguay (1992) que todavía no han sido ratificados, ni regulados posteriormente, hecho por el cual no se han desarrollado ni aplicado.

Además, existen numerosos estados (fuera del marco europeo y en ausencia de un tratado de reciprocidad) donde los ciudadanos españoles que residen ya gozan de derechos políticos (en algunos Estados activo, y en otros activo y pasivo) aún cuando el estado español no le reconoce a los ciudadanos de esos mismos estados un derecho similar en España.

Es decir, hay un desequilibrio en cuanto al goce del derecho, dado que el requisito de la reciprocidad que reclama el art. 13.2 de la Constitución del Estado Español es incumplido frente a los Estados que -de hecho, y sin haber esperado a un Tratado- ya le conceden el derecho a los españoles que allí residen.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Replantear el actual modelo migratorio español, procediendo en primer lugar, con carácter urgente, a la derogación de los artículos 7, 8, 9, 11, 66 y Disposición Adicional Quinta (pendientes de recurso ante el Tribunal Constitucional) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, abriendo de inmediato el proceso de elaboración de una verdadera Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que derogue la actualmente en vigor.

2. Llevar a cabo las modificaciones normativas y constitucionales necesarias para reconocer el derecho de sufragio -activo y pasivo- a los nacionales de países no comunitarios, tras estancia legal de tres años o con permiso de residencia permanente, teniendo en cuenta la insuficiencia del sistema de "reciprocidad", pues a quienes proceden de países no democráticos les condenamos a no poder votar nunca en España. En lo inmediato, que se lleve a cabo la firma y ratificación de convenios con aquellos países donde exista esta posibilidad, a fin de que sus nacionales residentes en el Estado español puedan ejercer el derecho a voto activo y pasivo en las próximas elecciones municipales de mayo del 2007.

3. Establecer un sistema de garantías plenas en todo lo relativo al proceso de acogida, información sobre asilo y refugio, traslados y repatriaciones, poniendo en marcha, a la vez, medidas que impidan la masificación y el hacinamiento, así como la alarma en las poblaciones afectadas. Renunciar a la utilización del ejército ante lo que es un problema estrictamente humanitario.

4. Revocar las órdenes de expulsión no ejecutables, facilitando las debidas cédulas de inscripción

5. Cese de inmediato la devolución de menores no acompañados -especialmente a Marruecos-, sin las mínimas garantías de respeto a ser oídos, a su integridad y a todos los derechos que las leyes y los Convenios Internacionales les otorgan.

6. Medidas ayuda y de cooperación al desarrollo hacia los países que sufren la sangría de la emigración, con un riguroso control del destino de las mismas, para garantizar que atienden a las necesidades de la población, y en ningún caso ligadas a convenios o acuerdos de repatriación u otros intereses.