Corriente Alterna 54 Febrero 2008

Viernes 29 de febrero de 2008

Editorial Corriente Alterna

«Mientras se van acercando las elecciones generales del 9-M, la derecha continúa su ofensiva ante la pasividad del PSOE o con su colaboración en algunos casos. Los Tribunales de Justicia se han convertido en una de las plataformas de actuación de la derecha, ya sea mediante la persecución de mujeres que han ejercido su derecho a la interrupción del embarazo, la autorización de manifestaciones fascistas como la de DN del 20 de enero pasado en Madrid o el inicio del proceso de ilegalización del PCTV y de ANV. El aparato judicial se nos muestra así, con total crudeza, como instrumento represivo del Estado presto a limitar los derechos democráticos de la gente trabajadora y oprimida.»

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Editorial 

Mientras se van acercando las elecciones generales del 9-M, la derecha continúa su ofensiva ante la pasividad del PSOE o con su colaboración en algunos casos. Los Tribunales de Justicia se han convertido en una de las plataformas de actuación de la derecha, ya sea mediante la persecución de mujeres que han ejercido su derecho a la interrupción del embarazo, la autorización de manifestaciones fascistas como la de DN del 20 de enero pasado en Madrid o el inicio del proceso de ilegalización del PCTV y de ANV. El aparato judicial se nos muestra así, con total crudeza, como instrumento represivo del Estado presto a limitar los derechos democráticos de la gente trabajadora y oprimida.

El acoso judicial y policial a las mujeres abortistas y a las clínicas en las que han sido atendidas forma parte de una durísima campaña dirigida por sectores ultraconservadores y fundamentalistas religiosos. Tales grupos gozan, además, del apoyo del PP gobernante en la Comunidad de Madrid, que los financia y anima sus actuaciones. Las Asociaciones Feministas han respondido inicialmente a estos ataques con la difusión de diversos comunicados de denuncia, una campaña de autoinculpaciones y la convocatoria de una concentración el pasado 23 de Enero.

Con la autorización de la manifestación fascista, racista y xenófoba del 20-N por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la posterior “protección” policial que ésta recibió, queda bien claro el muy diferente trato que reciben grupos fascistas y antifascistas. Aunque la propaganda confusionista intente equipararlos, a la hora de la verdad el aparato de Estado no duda de que lado ponerse. Es imprescindible que desde la izquierda radical adoptemos las medidas necesarias para poder frenar el avance de la ultraderecha, volviendo a retomar la famosa consigna de ¡No Pasaran!

El plan de ataque contra la el nacionalismo vasco, en el cual PSOE y PP se dan la mano, prevé una nueva vuelta de tuerca con la apertura del proceso de ilegalización de las fuerzas políticas PCTV y ANV. De consumarse la ilegalización, o la equivalente “suspensión cautelar”, se habrá vuelto a negar a una significativa parte del electorado vasco la posibilidad de conseguir representación en las próximas elecciones generales. Es necesario que la izquierda de todo el Estado denuncie esta situación y manifieste su solidaridad, trabajando por construir un clima social que favorezca el retorno hacia el camino del dialogo y la negociación. Se ha de exigir igualmente la derogación de la antidemocrática Ley de Partidos.

A pesar de las manifestaciones tranquilizadoras del gobierno socialista, la situación económica sigue ensombreciéndose y ello se refleja también en las bolsas, que experimentan fuertes crisis y caídas El pasado lunes 21 pudimos observar la mayor bajada del Ibes en quince años. Mientras los ministros de economía europeos se reúnen con urgencia en Bruselas para tomar medidas ante las perdidas de las bolsas y del gran capital, se muestran impasibles ante el aumento de la carestía de la vida que día tras día asfixia la economía cotidiana de la gente trabajadora. Parece que para ellos no somos más que “daños colaterales” de la macro-economía.  

En este contexto aumentan los ataques patronales, como el que ha dado lugar a la lucha ejemplar de los y las trabajadoras de FRAPE en la Zona Franca de Barcelona. Amezada por una reducción salarial del 30%, aumentos de productividad y flexibilidad y reducciones de plantilla, la gente trabajadora se ha negado a aceptar las condiciones de la empresa, encontrando como respuesta un Expediente de Regulación de Empleo, aceptado por la Generalitat del “Tripartit”, y la amenaza del cierre patronal. En Novelda, localidad del País Valencià, la plantilla de las empresas LAM 5 y LAM 12, propiedad del grupo Levantina de Asociados y Minerales, ha tenido que hacer frente con su lucha al intento de cierre patronal de ambas fábricas, consiguiendo de momento la paralización del cierre de la LAM 5. Cada día observamos con estupor como se desmantela nuestro tejido industrial con el aumento incesante de las deslocalizaciones y como se pierden puestos de trabajo. 

La precariedad en el empleo y las desigualdades salariales han motivado asimismo la huelga de las/os trabajadoras/es de las empresas de limpieza del Metro de Madrid, que ha conseguido importantes avances para este colectivo. No obstante la victoria, con posterioridad a los acuerdos se han producido ya tres nuevos despidos y seis sanciones laborales con motivo de la negativa de algunos trabajadores a borrar pintadas relativas a la huelga. En los “Transports Metropolitants de Barcelona” (TMB) se mantiene igualmente una huelga intermitente en reivindicación de dos días de descanso semanales. De no conseguirse un acuerdo, en febrero la huelga podría llegar a ser indefinida.

En Catalunya la mayor parte de sindicatos de la enseñanza han convocado ya una huelga para el próximo 14 de febrero contra la propuesta de ley de bases por una Llei d’Educació a Catalunya (LEC), en la que se fomenta la gestión jerárquica y empresarial de los centros, se abren las puertas a nuevas vías de privatización de los centros públicos y se apuesta por la desregulación de las condiciones laborales del profesorado.

El intento de restricción de las libertades democráticas de expresión y de reunión, mediante la aplicación de nuevas Ordenanzas destinadas supuestamente a mantener la limpieza y tranquilidad de los espacios públicos, se extiende por los diferentes Ayuntamientos del Estado. Diversos colectivos se oponen a las Ordenanzas antidemocráticas, como en los casos recientes de Sevilla, Santa Coloma de Gramanet (Catalunya) o Paiporta (País Valencià).

Tanto las respuestas feministas a la ofensiva antiabortista, como las luchas obreras, de la enseñanza o en defensa del ejercicio de libertades en los espacios públicos, indican el camino a seguir en estos momentos ante los ataques de los Tribunales, de la patronal y de una derecha crecida a los que ni la política del PSOE, ni una IU en descomposición pueden hacer frente. Igualmente preciso es retomar la tarea de reconstruir una izquierda que se merezca ese nombre y que plante cara de forma decidida a todas estas agresiones, permitiéndonos avanzar hacia la ofensiva. Espacio Alternativo se compromete a trabajar activamente tanto en el apoyo e impulso de las luchas como en la necesaria recomposición de la izquierda.

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