Campaña por el aborto libre y gratuito: Crónica del acto en Granada.

Jueves 6 de marzo de 2008

Jesús Malpica / ERA Granada

“Parece mentira que, en pleno siglo XXI, las mujeres todavía estemos reclamando el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, una de las reivindicaciones del movimiento feminista desde la década de 1970”. Con esta reflexión comenzó el acto convocado por el Espacio Revolucionario Andaluz el pasado 4 de marzo, que reunió a más de 80 personas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Las palabras eran de Ana Domínguez (Asamblea de Mujeres de Granada), cuya intervención se centró en el derecho a decidir de las mujeres “bajo el más estricto respeto a los motivos que una mujer tiene para decidir interrumpir su embarazo, rechazando cualquier autoridad moral o tutelaje que invaliden su decisión”. Se refería a jueces, exmaridos o exnovios, y a las mal llamadas organizaciones “pro-vida”: “en la actualidad tienen la potestad de decidir porque el aborto está tipificado como delito en el Código Penal. El otro gran problema es que la ley no garantiza que la mujer pueda abortar en la red sanitaria pública”, concluyó. En este sentido, denunció el enfoque heterosexual y reproductivista de la educación sexual “ausente del currículo escolar y orientada exclusivamente a la prevención, excluyendo la educación afectivo-sexual y no exenta de prejuicios sexistas sin respetar sus distintas expresiones y orientaciones”.

Además, hizo referencia a la privatización encubierta de los métodos anticonceptivos, cuestionando con números (91.664 abortos en 2005) que no existan problemas para acceder a la anticoncepción (principalmente entre mujeres jóvenes e inmigrantes, por falta de información, por problemas económicos o por problemas de acceso a los Centros de Salud), “cuya preocupación por la misma sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres”, apostilló.

Tras analizar la normativa legal sobre la interrupción voluntaria del embarazo, las distintas realidades existentes en las CC.AA. del Estado español y las prácticas restrictivas de los “profesionales” sanitarios que se amparan en la objeción de conciencia, abogó por “disposiciones administrativas y sanitarias que garanticen su realización dentro de la red sanitaria pública, la desaparición del aborto como delito del Código Penal y que el motivo para atender la solicitud de aborto sea la propia decisión de la mujer”.

Por último, caracterizó a las organizaciones antiaborto como “fundamentalistas católicas que defienden la familia tradicional y conciben a la mujer desde su condición de madre, negando radicalmente sus derechos, culpabilizando, criminalizando y obstaculizando cualquier actividad o iniciativa que defienda el derecho de las mujeres a decidir”, además de alertar sobre “la total impunidad con la que actúan estas organizaciones, que disfrutan de cuantiosas subvenciones y de apoyo político”, poniendo como ejemplos los casos de Madrid, Navarra o el Instituto de la Mujer de Aragón.  

El acto también contó con la participación de Maelle, militante del Espacio Revolucionario Andaluz. Sus primeras palabras fueron para solidarizarse con las mujeres que recientemente han sufrido las acciones judiciales en las clínicas de Madrid y Barcelona, “que han puesto encima de la mesa un problema mal resuelto que necesita solución, una deficiencias jurídicas a las que hay que dar respuesta”, considerando como insuficientes “las propuestas de reforma del PSOE y de IU, que siguen manteniendo el aborto como un delito”. Defendió la necesidad del aborto dentro del sistema sanitario público “como una cuestión de principios, frente a la Iglesia y la derecha que se niegan a reconocerlo como un derecho de las mujeres a decidir. Las mujeres deben decidir cómo y cuándo ser madres. La mujer debe poder decidir sobre su propio cuerpo, es una cuestión de libertad, dignidad, intimidad y libre desarrollo de su personalidad. La sexualidad no tiene como fin directo la reproducción sino el placer”, reivindicó. Recordó también a las 80.000 mujeres que, según la Organización Mundial de la Salud, mueren al año en el mundo a consecuencia de abortos clandestinos, e incidió en que “las mujeres más pobres son las que más sufren cuando el aborto está penalizado y es ilegal. En este sentido, podemos hablar de una cuestión de clase”.

Más allá de la cuestión del aborto, defendió la necesidad de “luchar contra todos los ataques reaccionarios”, especialmente contra “una jerarquía eclesiástica que trata de influir en las políticas públicas e impedir las timoratas reformas progresistas del PSOE”. Así, prosiguió cargando las tintas contra “una Iglesia que ha mostrado su verdadera cara, la del nacionalcatolicismo”, llegando a pedir el voto para los partidos que rechacen la negociación con ETA, e incluso para partidos de extrema derecha “que quieren ser fieles a la doctrina social de la Iglesia”. Una Iglesia que se ha movilizado contra el proceso de paz en Euskadi, el Estatut, la LOE y la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, así como contra la ley de matrimonios homosexuales “porque atenta contra la “sagrada” institución de la familia y supone una marcha atrás de los derechos humanos”. Del mismo modo, criticó el cinismo de la Iglesia frente a “la descafeinada Ley de Memoria Histórica”, cuando simultáneamente “ha realizado su propio proceso de recuperación selectiva de la memoria”, en referencia a la beatificación de los 498 “mártires españoles”.

Maelle también dirigió sus críticas hacia “un Gobierno que no sólo no ha reaccionado eliminando los privilegios heredados de una transición pactada con la misma jerarquía que fue la gran legitimadora de la dictadura franquista, sino que se ha plegado constantemente ante las exigencias y presiones de los obispos”, aportando datos sobre el nuevo convenio económico con el Estado (la cuota que se destina a la Iglesia sobre la cantidad del IRPF ha pasado del 0.52 al 0.7 %) y recordando que en ninguna otra legislatura de la democracia la Conferencia Episcopal había recibido tanto dinero público. Además, definió la política del PSOE como “seguidista de las propuestas del PP, llegando al esperpento de discutir cuál de los dos ha sido un Gobierno más represivo”, en clara alusión al conflicto vasco.

En este sentido, la compañera Maelle alertó sobre el avance de la criminalización de los movimientos sociales “ante la pasividad y la connivencia de la izquierda institucional”, y concluyó haciendo un llamamiento “a la movilización social de izquierdas que frene y conteste, en la calle, los ataques de la Iglesia y la derecha, porque no podemos seguir esperando a que la izquierda institucional articule una respuesta contundente. Ésta debe nacer del seno de los movimientos sociales y de los colectivos de la izquierda anticapitalista”.

Tras ambas intervenciones se abrió un debate entre los y las asistentes (en su mayoría mujeres), y desde el Espacio Revolucionario Andaluz se animó a participar en las movilizaciones entorno al 8 de marzo.

05-03-2008 

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