La Directiva de la Vergüenza quiere convertir a Europa en una fortaleza

Domingo 22 de junio de 2008

estela f.Estela Fernández / Revolta Global

Si bien las migraciones han existido siempre, bajo el capitalismo han tendido a revestir una característica especial: más o menos directamente, por regla general, han servido a los intereses de los capitalistas.

La mayoría de las migraciones han estado del campo a la ciudad: acumulación originaria. Hace tiempo Marx habló de “los momentos en los que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y se las arroja, en calidad de proletarios libres, al mercado de trabajo” creando “para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre”.
 

Hoy, las migraciones continúan siendo funcionales para los intereses capitalistas y son producto del funcionamiento del mismo sistema capitalista.

Hoy, el sistema capitalista globalizado, en su fase ultraneoliberal, se está deshaciendo de todas las trabas anteriores, desregularizando, privatizando, laminando las prestaciones sociales, incrementando la tasa de explotación y poniendo todos los trabajadores y trabajadoras en competencia los unos con los otros a nivel mundial, sin evitar, no obstante, la irrupción de crisis profundas periódicas.

El capital circula libremente y las deslocalizaciones están a la orden del día. Desde hace tiempo una parte de la industria textil de Catalunya se ha trasladado a Marruecos donde los salarios y los impuestos son mucho más bajos.

Hay, sin embargo, trabajos desagradables y pesados que no se pueden deslocalizar, aunque interesa que los haga gente dispuesta a trabajar a bajo precio: peones de la construcción, mujeres de la limpieza, recogedores de fruta, cuidadoras de la gente mayor, cocineros, camareros. Y así se produce lo que se podría llamar la “deslocalización in situ”; la importación de mano de obra barata; o sea, la inmigración según las necesidades de los más poderosos de los países situados más hacia el centro del sistema global.

Y es preciso no olvidar que este fenómeno tiene otra vertiente: la mal llamada “huida de cerebros”; o el robo de las personas mejor formadas -médicos y médicas, enfermeras, ingenieros, informáticos- de los países más pobres. Esta pérdida de trabajadores/as cualificados debilita a sus sociedades de procedencia, a pesar de las remesas que puedan enviar, ya que estas sirven normalmente para paliar las necesidades de sus familiares pero no para el desarrollo económico de sus países. Con la actual crisis estas remesas también han disminuido, lo que junto a la carestía de los alimentos contribuye a que más trabajadores se sumen a las filas de la pobreza extrema.

Mención aparte merece la situación de la mujer. Si en situación de “normalidad económica, las mujeres en general sufrimos discriminaciones: bajos salarios, doble jornada, etc… en situación de crisis somos las primeras en ser despedidas. La situación es mas grave en el caso de las mujeres inmigrantes en cuanto, como hemos dicho, trabajan mayoritariamente en el trabajo doméstico y en el cuidado de las personas; sectores menos regulados y por ello más vulnerables al abuso y a la sobreexplotación, a la vez que están más indefensas en cuanto que están dispersas, una empleada única en cada lugar de trabajo.

En cuanto al reagrupamiento familiar también han aumentado las dificultades, llegando incluso a exigir análisis de ADN, se ha incrementado el tiempo de espera, además de no tener permiso de trabajo. Estas restricciones incluyen a los hijos e hijas. Si hay separación se pierden los papeles y con ello se pasa a ser ilegal. En el caso de violencia doméstica, fa falta una sentencia firme, muy difícil de lograr, sobretodo en un plazo razonable.

Los últimos hechos de Sudáfrica, con la persecución de inmigrantes pobres por sudafricanos también pobres, nos recuerdan que no todos los inmigrantes se dirigen hacia los Estados Unidos o Europa. La violencia, suscitada por pobres contra pobres, nos pone de manifiesto el malestar en que vive una parte importante de la población sudafricana, que ve como se degradan sus condiciones materiales de existencia y que ha estado olvidada por los sectores, también negros, que se han visto favorecidos por la bonanza económica.

Como pasa a menudo, los trabajadores y trabajadoras extranjeros han estado los que han sufrido las consecuencias de esta explosión de ira y han estado las primeras víctimas de esta guerra de pobres contra pobres.
 

No obstante, aquí nos centraremos en el marco de la Unión Europea y del Estado Español donde se están produciendo una serie de cambios más que preocupantes.

La Directiva europea sobre el retorno, conocida como la Directiva de la Vergüenza, amenaza con empeorar considerablemente las condiciones de las personas inmigrantes, tanto directamente como por la cobertura que da a las actitudes (y por lo tanto a las conductas) racistas y xenófobas.

Esta Directiva, aprobada por la Comisión y por los ministros de los 27 países de la UE el día 5 de junio y que debe ser ratificada por el plenario del Parlamento Europeo el día 18, contempla la detención mediante una orden administrativa (es decir, sin autorización judicial), la retención hasta 18 meses, la no readmisión durante 5 años y la detención de menores no acompañados. Con la excusa de que había países que querían imponer condiciones aún más draconianas, ha recibido el apoyo del gobierno español, y ha sido calificada por Consuelo Rumí, la Secretaria de Estado para la Inmigración, como “equilibrada” y “garantista”.

La Unión Europea pretende, con esta Directiva, convertir Europa en una fortaleza que les permita regular la mano de obra excedente, especialmente en momentos de crisis, pero al mismo tiempo mantener los costes salariales suficientemente bajos para que las empresas sean competitivas y mantengan sus niveles de beneficios.

Esta Directiva surge en un momento en que la crisis capitalista es especialmente grave y por ello los gobiernos europeos, pero también EEUU, endurecen las políticas migratorias. No es casual que aparece al mismo tiempo que otra Directiva que pretende alargar la jornada laboral hasta las 60 horas semanales.

Es en este contexto en el que debemos situar las amenazas de la presidencia francesa de la UE a partir de julio, en la que Sarkozy quiere hacer de la inmigración uno de sus ejes, con propuestas como el contrato de integración (que el PP ya propuso en el Estado español en su campaña electoral), acuerdos por familia (se tendrá en cuenta la capacidad de integración, recursos, alojamiento, dominio de la lengua), agilización de las expulsiones, utilizando vuelos de regreso conjuntos, y la prohibición de las regularizaciones masivas; es decir, sí a las deportaciones colectivas, pero las regularizaciones solo “caso por caso”. Sarkozy propone el concepto de la “inmigración escogida”; el mundo es concebido como un enorme supermercado donde la patronal puede escoger el número y el tipo de “producto” inmigrante que le convenga en cualquier momento y después deshacerse cuando ya no lo necesite.

La propuesta francesa incluye un control más estricto de les fronteras exteriores (Frontex) (Agencia europea para la gestión integrada de las fronteras exteriores de los estados miembros de Unión Europea) dotándolas de instrumentos de tecnología moderna, un registro automático y un sistema de vigilancia interconectado. Más recursos para “impermeabilizar” o blindar las fronteras. Más trabas a la libre circulación que, al intentar saltarlas, provocan la búsqueda de nuevos itinerarios incrementando el riesgo de accidentes y en consecuencia, más muertes (En 2007 murieron 921 personas intentando alcanzar las costas españolas). Pero no hay que olvidar que la gran mayoría de los inmigrantes entra por tierra y por aire, no por mar. Las “invasiones marítimas” sirven mucho mejor para una propaganda muy visual y “mediática”.

La ineficacia del Frontex para la contención de la inmigración es evidente, prueba de ello es el proceso de externalización de fronteras con el que se pretende trasladar la responsabilidad en el control de las fronteras a los países de tránsito, en los que se subcontratan las medidas de detención y de repatriación de los inmigrantes, en la mayoría de los casos sin las más mínimas garantías de respeto a los derechos básicos de los inmigrantes.

Es este un efecto perverso de la política migratoria de la UE ya que, con la excusa de la cooperación, se está realizando la extensión de las fronteras más allá del propio territorio de la UE creando centros de internamiento en los países de tránsito, como es al caso de Libia o Marruecos o las patrullas españolas o mixtas que interceptan las pateras o los cayucos en aguas internacionales frente a las costas africanas, extendiendo sus operaciones cada vez más al sur.

La situación en Italia es particularmente preocupante. La primera actuación del gobierno de Berlusconi que incluye miembros de la ultraderechista Liga Norte fue aprobar un proyecto de ley (el 21 de mayo), que próximamente se debatirá en el Parlamento, que incluye la reintroducción del delito de inmigración clandestina, que ya rigió durante la anterior etapa con Berlusconi como primer ministro y que fue considerado en parte anticonstitucional. Aún cuando Berlusconi ha matizado posteriormente, ante las críticas de organismos internacionales y del Vaticano, que la inmigración ilegal no es un delito pero sí un agravante en el caso de que se cometa un delito, la propuesta generó una oleada de animadversión y xenofobia en sectores de la población que ha estado a punto de provocar una tragedia en Nápoles, y han marginado a una minoría, la gitana, a la que ahora se quiere reducir con medidas exclusivamente policiales.

Dentro de este marco, y en el contexto de los graves incidentes en Italia (donde la mayoría de las personas agredidas por sectores de la población autóctona y objetivo de las medidas de las autoridades son rumanas (no todas gitanos), es decir, nacionales de un estado de la Unión Europea), el gobierno español está dando señales de endurecer su política.

Por una parte, quiere concluir un “pacto de estado” con el PP, y sabemos que por esta vía no podemos esperar nada bueno. El flamante ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ex-alcalde del Hospitalet, ha anunciado claramente su intención de “Gobernar el fenómeno de la inmigración reforzando su vinculación con las necesidades del mercado laboral y garantizando que no suponga pérdida en la calidad de los servicios públicos” * Traducido: permisos dependientes de un contrato de trabajo, con la posibilidad de deportación si pierdes el trabajo; y preferencia nacional en la contratación, cosa que figura en todas las Leyes de Extranjería desde la primera, del 1985, pero que, a pesar de sus pocos efectos prácticos, alienta las actitudes que culpan a la inmigración del paro.

Con la crisis económica, en España, miles de inmigrantes se han convertido en ilegales, ya que, no solamente son ilegales las personas que entraron “ilegalmente” sino también las que eran legales que perdieron la tarjeta de residencia y de trabajo, afectando principalmente al sector de la construcción que ocupaba cerca del 28% de la mano de obra marroquí. (Para renovar la tarjeta de residencia y de trabajo hay que aportar un contrato de trabajo y la cotización de seis meses en la Seguridad Social).

Entre otras cosas, Corbacho propone incrementar la estancia máxima en los centros de internamiento para extranjeros –en la práctica prisiones para persones que no han cometido ningún delito- de los 40 días actuales a 60 con el objetivo de facilitar las expulsiones (En 2007 más del 90% de los inmigrantes que entraron “ilegalmente” en España fueron expulsados).

Hoy mismo, Corbacho ha dado una vuelta de tuerca más al anunciar la intención de “regular el reagrupamiento familiar”. La propuesta va en el sentido de que se entenderá como familia el núcleo familiar, es decir solamente a padres e hijos/hijas. En cuanto a los niños y niñas en edad escolar, solamente podrán venir en determinados períodos del curso escolar para evitar la “matrícula viva” (alumnado que llega a los centros escolares durante el curso). Por otro lado los hijos e hijas de entre 16 y 18 años tendrán que tener oferta de trabajo para poder acogerse al reagrupamiento. Es éste el concepto que ellos tienen de la conciliación entre vida laboral y familiar? El padre o la madre trabajando aquí y el resto de la familia en sus países?

Con la crisis económica agravándose cada día más, con la desocupación real subiendo entre autóctonos e inmigrantes, con la nueva Directiva que permitirá jornadas de hasta 60 horas, las divisiones entre la clase obrera, de la que la inmigración ya constituye una parte considerable, debilitan las posibilidades de respuesta.

 
¿Cuáles podrían ser, entonces, les respuestas a esta situación desde la izquierda?

Por una lado, fomentar y participar en todas las luchas conjuntas entre inmigrantes y autóctonos para reivindicaciones que interesan a todos: salarios, condiciones de trabajo, defensa de los puestos de trabajo; contra la degradación de los servicios sociales, la sanidad y la escuela pública; por el acceso a una vivienda digna, por la mejora de les condiciones de los barrios.

Y por otro, las luchas por reivindicaciones específicas: contra la Ley de extranjería, por los papeles, por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, por el reagrupamiento familiar. Ya no queda espacio para las salidas individuales. Solamente luchas políticas de la gente inmigrante y autóctona pueden aportar alguna esperanza.

Por lo tanto, es necesario hacer una labor de explicación de las medidas que se están preparando y sus consecuencias mediante campañas amplias, unitarias y sostenidas que podrían ir encaminadas hacia un “Día sin inmigrantes” a nivel estatal (huelga estatal (y europea?) de inmigrantes) que la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) había previsto en principio para el 18 de diciembre.

A pesar de todas las presiones, es importante mantener algunos principios básicos, como la defensa del derecho a la libre circulación de les persones, acompañado del derecho al establecimiento.

Igualmente importante es explicar como los derechos democráticos son indivisibles, que son de todos, y el ataque contra los derechos de les persones inmigrantes constituye un peligro para toda la población y es interés de todos combatirlo. La crisis capitalista golpea primero a los inmigrantes, pero con ellos o después de ellos vamos el resto de la clase obrera ya que solo con el aumento de la explotación, (ahí tenemos la Directiva de las 60 horas), el capital puede mantener su tasa de beneficios a la que no está dispuesto a renunciar. Nosotras y nosotros tampoco renunciamos a mantener la lucha en defensa de nuestros derechos como clase.

Pero para tener éxito en esta lucha y derrotar al capitalismo global, necesitamos avanzar en la creación de una organización fuerte, netamente anticapitalista, internacionalista, feminista y ecologista, solamente así construiremos un mundo igualitario, un mundo en el que todos los hombres y mujeres seamos realmente libres.

Comenzaba con una cita de Marx, quiero acabar con fragmentos de un poema de Bertold Brecht:

Primero cogieron a los comunistas, y yo no dije nada porque no era un comunista. … Luego vinieron por los obreros, y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista. … Y cuando finalmente vinieron por mí no quedaba nadie para protestar.

Ha llegado el momento de protestar y gritar juntos porque: todas y todos somos inmigrantes y obreros.

* Intervención de Estela Fernández, militante de Revolta Global, en el acto de Revolta Global y Vía Democrática, celebrado el 14/06/08.

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