Anticapitalistas
Jaime Baquero (miembro del Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad. MATS)
Desde hace meses, el gobierno de la Comunidad de Madrid y el sector del PP afín a Esperanza Aguirre encabezan una ofensiva por el control de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera del Estado. El éxito de la operación consolidaría su poder en la Comunidad y aumentaría la influencia estatal de un proyecto político ultraconservador, cuyo rasgo principal más preocupante en la actualidad es la extensión de las políticas neoliberales que han provocado la actual crisis económica a los servicios públicos.
El pasado 29 de diciembre, la Asamblea de Madrid -donde el PP cuenta con mayoría absoluta- aprueba una nueva Ley de Cajas que atenta contra principios contenidos en la Constitución española y en la LORCA (Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro), al modificar la representación de las corporaciones locales (ayuntamientos y provincias) y del sector de impositores (los clientes), en beneficio de los municipios con baja población y alto nivel de depósitos, donde se concentran los ciudadanos más ricos y que apoyan a Aguirre. Su aplicación disminuiría de 70 a 24 la representación del ayuntamiento de Madrid, mientras, por ejemplo, Majadahonda aumentaría de 1 a 14 sus representantes. También endurece los criterios de voto, al reducir el censo global de clientes electores y elegibles de 2,5 millones de personas a menos de un millón, beneficiando a los clientes con rentas más altas. Y da más relevancia a los empresarios al incorporar a los órganos de la entidad una representación de la Cámara de Comercio, rompiendo su paridad con los sindicatos. Por otra parte, configura una Asamblea general de la Caja donde la representación institucional (Ayuntamientos, Asamblea regional, universidades públicas, Cámara de Comercio y entidades designadas directamente por la Comunidad de Madrid), suma más del 50% (54,6%) vulnerando la legislación en uso, y aplica la ley con carácter retroactivo con la finalidad de alterar los resultados del proceso electoral iniciado con anterioridad en Caja Madrid.
Con esta Ley, Esperanza Aguirre pretendía desplazar al sector de Gallardón y apropiarse de un instrumento financiero estratégico. Sin embargo, la reforma de los Estatutos fue rechazada en la Asamblea general de Caja Madrid por una mayoría constituida por los representantes de Gallardón, los sindicatos y los partidos de la izquierda social. El gobierno de la Comunidad decidió, a pesar de ello, promulgar los Estatutos y el reglamento electoral en un mes, acusando a la Asamblea de la entidad financiera de desacato a la nueva Ley.
La intervención del gobierno del Estado, mediante un recurso de inconstitucionalidad, pone fin a la primera embestida del gobierno de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre presenta en mayo un nuevo anteproyecto de Ley de Cajas que recoge todos los argumento jurídicos presentados por el abogado del Estado y que se adapta a la legislación vigente, siendo aprobado nuevamente por la Asamblea de Madrid.
El fracaso en lograr sus objetivos por sí mismos, les ha llevado a buscar un acuerdo con otras fuerzas que les permita hacerse con la entidad. El pasado 8 de junio, Esperanza Aguirre cerró un acuerdo con IU, el sector de Banca de CCOO y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores (UIIC). Este pacto, denominado “Acuerdo por la Estabilidad y Desarrollo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid”, no sólo no ha logrado el consenso necesario para lograr la estabilidad de la entidad sino que ha reavivado las diferencias, si bien ha dado un vuelco a la situación que favorece las aspiraciones del sector de Esperanza Aguirre.
El texto recoge “los criterios y compromisos comunes que regirán la actuación de las representaciones firmantes” durante los próximos 6 años. El punto fundamental del pacto responde a los objetivos de Esperanza Aguirre de controlar la elección del Presidente de Caja Madrid, desplazar al sector del PP más cercano al alcalde de Madrid e impedir que se produzcan acuerdos entre Galladón y otras fuerzas presentes en la entidad. El punto 14 y último del acuerdo recoge estas aspiraciones, al reconocer los firmantes “al grupo mayoritario dentro del mismo, su exclusiva capacidad de propuesta del candidato a Presidente del Consejo de Administración, y una vez valorado por el conjunto de los firmantes su idoneidad y adecuado perfil, se comprometen a apoyar conjuntamente su nombramiento en los Órganos de Gobierno”.
En consecuencia, el sector de Esperanza Aguirre -que controla el aparato del PP en la Comunidad a través de su Secretario General, Francisco Granados-, es el único que puede hacer tal propuesta y la elección queda en último término en sus manos. IU y CCOO de Banca parecen olvidar que se trata de un nombramiento político, no de un técnico que accede al cargo por oposición, y se someten a defender como presidente de la entidad a cualquier ultraneoliberal o ultraconservador propuesto por Aguirre, dado que “idoneidad y perfil” son cualidades técnicas que pueden cumplir jurídicamente políticos de signos antagónicos. Además, este punto es altamente antidemocrático al invalidar las iniciativas de las fuerzas no firmantes del pacto o las mayorías que puedan surgir entre los representantes de la entidad al margen del grupo mayoritario, imposibilitando otras propuestas y acuerdos -factibles dada la actual división del PP en Madrid-, y blindando el incremento de poder en la entidad de Esperanza Aguirre.
El resto de los apartados no son más que una declaración de intenciones (manifestaciones, consideraciones, necesidades, compromisos abstractos), sin ninguna concreción.
Se manifiesta “la voluntad de entendimiento, acuerdo y consenso en el funcionamiento de los Órganos de Gobierno”, y “tanto en el actual proceso de modificación legislativa como en los que puedan abordarse en el futuro, se asume un compromiso de información y diálogo previo con el fin de que cualquier variación cuente con el consenso necesario”. Se considera necesario “desarrollar información, el estudio y el consenso previo a la toma de decisiones relativas a las políticas estratégicas en materias como expansión geográfica, acuerdos de colaboración con otras entidades del sector financiero, adquisición de redes o entidades, así como operaciones de rendimensionamiento a través de posibles fusiones o absorciones,... que deberán contar con los protocolos de garantías laborales acordados con los representantes legales de los trabajadores”. Contempla que es fundamental “la incorporación del desarrollo de la política laboral a los planes estratégicos de la entidad”. Se comprometen los firmantes “a que Caja Madrid, una vez garantizada su máxima solvencia, dedique el mayor porcentaje posible de sus excedentes a dotar los recursos de la Obra Social, que serán distribuidos conforme a los principios orientadores que en materia de Obra Social apruebe periódicamente la entidad”.
Hablar de “máxima solvencia” como condición para hacer algo, es decir “cuando se pueda”, y eso es lo mismo que nada. Hablar de consenso, entendimiento, información previa como método de funcionamiento no pasa de ser un adorno de cara a la galería, cuando no se ha invitado a todas las fuerzas representadas en Caja Madrid a las discusiones previas al pacto y se ha excluido del acuerdo inicial a UGT, PSOE, CCOO de Madrid y al sector de Gallardón (los representantes del Ayuntamiento de Madrid). Todos los opositores a los intereses políticos de Esperanza Aguirre.
En cuanto a la toma de decisiones, porcentajes y funcionamiento, vienen recogidos en la nueva Ley de Cajas -el referente legal para firmantes y no firmantes del pacto-. No se concretan los compromisos de las partes -salvo en la elección del nuevo presidente de Caja Madrid-, ni las medidas que harán posibles el cumplimiento de las intenciones expresadas, ni los organismos de seguimiento, ni un calendario de aplicación. Todo es buena voluntad, la misma que manifiesta cada día el gobierno de la Comunidad al incumplir sus obligaciones de facilitar información pública, dificultando la intervención social y de la oposición. La misma buena voluntad del gobierno madrileño que, con sus continuos falseamientos de datos sobre las listas de espera sanitarias, ha provocado que la Comunidad de Madrid sea la única excluida del sistema de contabilidad del Ministerio de Sanidad por su escasa fiabilidad. La misma buena voluntad con la que el ex-Consejero de sanidad del PP, Lamela, acusó al Dr. Montes y al equipo de paliativos del Hospital Severo Ochoa de matar a sus pacientes, cosa que los tribunales han demostrado falsa y ante los que hoy se sientan algunos de los que urdieron tal intriga. La misma buena voluntad que rodea las tramas de corrupción, en las que se ven envueltos diversos cargos del PP madrileño.
Un punto fuerte del acuerdo es la reafirmación del compromiso con la defensa de la actual naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro, porque evita su privatización según IU. Pero esto no supone ningún cambio con la filosofía actual de Caja Madrid, y esta filosofía no supone un blindaje de su carácter público si el gobierno de la Comunidad acomete su privatización. Llevar ésta a cabo supondría quebrar la filosofía, los acuerdos y la práctica imperantes hasta ese momento, y una jugada de tal calibre no se verá frenada por estos acuerdos con IU y CCOO de Banca. Lo que frenará la privatización en el momento que se emprenda, será una correlación de fuerzas contraria a la misma y una amplia movilización social. Y ese escenario no se favorece con acuerdos que fortalecen al sector más ultraliberal y privatizador del Estado, y debilitan y dividen a su oposición.
Reneses (portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid y uno de los artífices del pacto), ha justificado el acuerdo porque preserva a Caja Madrid de “operaciones de ámbito estatal” y de “pactos entre Zapatero y Rajoy”, y ha planteado que se trata de un acuerdo “abierto” y que “los problemas del PP los tiene que resolver el PP” que es “en definitiva el origen de la ruptura de la estabilidad de la Caja”.
Pero no tiene en cuenta que el futuro de Caja Madrid no es un tema local, dada su influencia sobre el conjunto del sistema financiero. Ni que fue la intervención del gobierno central la que evitó una nueva Ley de Cajas anticonstitucional, hecha a la medida de los intereses de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y obligó a su rectificación. Ni que el control de Caja Madrid por parte de Aguirre, daría a ésta una proyección política nacional.
Definir el acuerdo como “abierto” falsea los hechos. Si IU perseguía una negociación amplia debía haberse abstenido de iniciar un proceso de negociación cerrado a fuerzas que ostentan una notable representación, la misma que logró hace unos meses -cuando IU y CCOO de Banca formaban parte de la misma- frenar a Esperanza Aguirre votando mayoritariamente en la Asamblea general de Caja Madrid contra los nuevos estatutos de la entidad. El daño que produce este acuerdo es que enmarca futuras negociaciones y disminuye las posibilidades de introducir cambios sustanciales al mismo, dado que le vaciarían de contenido.
La invitación al PP para que resuelva sus divisiones en Madrid, es un llamamiento a la intervención de la dirección estatal del PP. Por un lado sostienen la autonomía de la Caja frente a las ingerencias de Zapatero y Rajoy, y por otro favorecen la entrada de Rajoy para imponer el orden y la unidad en el PP madrileño. Una entrada que permitiría a Rajoy presentarse como el garante de la estabilidad de Caja Madrid sin sufrir costes políticos, pues su intervención sería posterior a un acuerdo que suma fuerzas tan alejadas de su proyecto como IU y CCOO de Banca. Quien pagaría el coste y debería plegarse sería Gallardón, que se encuentra fuera del pacto. Si la intervención de Rajoy se produjese, el sector de Esperanza Aguirre -el mayoritario dentro del PP de la Comunidad de Madrid-, controlaría 165 de los 320 consejeros generales y ya no precisaría de los firmantes del pacto, quedando la entidad en sus manos.
El control de Caja Madrid es un tema político con importantes repercusiones. No se trata de un problema técnico, ni de buscar la estabilidad directiva de la entidad a cualquier precio. Los objetivos económicos, la orientación del crédito a familias y pequeñas empresas, o los planes a seguir en momentos de crisis, serán diferentes según quien controle la entidad. IU y CCOO de Banca no pueden pretender hacer creer a la opinión pública que están más cerca de las líneas que propugna Esperanza Aguirre que de los objetivos de UGT, PSOE o la Unión de Madrid de CCOO. Por tanto, es difícil creer que actúen así gratuitamente o que no antepongan sus intereses organizativos.
El daño ya está hecho. Al margen de la poca confianza y escasas simpatías que puedan inspirar las políticas económicas y las respuestas a la crisis de PSOE, IU, CCOO y UGT -que, como ya nos tienen acostumbrados, olvidan los intereses de los trabajadores y segmentos de la población más desfavorecidos-, este acuerdo crea una correlación de fuerzas negativa a las resistencias a la ofensiva ultraneoliberal y ultraneoconservadora de Esperanza Aguirre. Divide y debilita a las fuerzas de la izquierda social en la Comunidad de Madrid, debilita al sector del PP que encabeza Gallardón, y cierra el paso a otros posibles acuerdos contrarios a los grupos más reaccionarios del PP. Las perspectivas de que Esperanza Aguirre no logre el control de Caja Madrid se alejan y las posibilidades de dar un revés a sus pretensiones políticas también.
La política de IU no puede consistir en responder con actuaciones similares a los desafueros de PSOE y sindicatos, que ya nos tienen acostumbrados a pactos antinaturales y leyes que preservan los intereses de la minoría que se beneficia con este sistema político y económico, o firman la paz social en la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad, cuando Aguirre arreciaba su asalto a la sanidad y resto de servicios públicos. El avance del sector más ultraconservador en Madrid, tiene buenas raíces en el comportamiento político de la izquierda y de los sindicatos.
Si los partidos de la izquierda social y los sindicatos en la Comunidad de Madrid no varían su actitud y son más receptivos a los problemas de los trabajadores y a los movimientos sociales, y si no se dejan de componendas con el PP y establecen un programa conjunto alternativo y con proyección de gobierno, el poder del sector que representa Esperanza Aguirre se asentará y será difícil su derrota en la calle o en las urnas en un espacio de tiempo razonable, el que mide el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos y de protección social.
Madrid, 12 de junio de 2009
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