La reforma de la financiación autonómica: un buen paso... pero todavía insuficiente

El incremento del gasto público transferido a las Comunidades Autónomas es un buen paso. Éstas contarán a partir de ahora con 11.000 millones de euros más para poder ir reduciendo el gran déficit de gasto público social que tienen y que está afectando negativamente el bienestar social y la calidad de vida de sus poblaciones. Hay que aplaudir, pues, que se estén tomando pasos por el gobierno socialista español para que se vaya corrigiendo aquel déficit. Tenemos que ser conscientes de que hoy son las CCAA las que gestionan los servicios públicos del estado del bienestar, y muy en especial, sanidad, educación y servicios sociales (que debieran incluir también aquellos servicios de ayuda a las familias, tales como las escuelas de infancia y los servicios de ayuda a las personas dependientes) que juegan un papel clave en configurar el bienestar de la población, y muy en especial de las clases populares.

La segunda observación que debiera hacerse, a raíz de la propuesta realizada por el gobierno sobre la financiación autonómica, es que es un adelanto considerable sobre la anterior fórmula, pues es más solidaria y más justa, reduciendo las excesivas (y arbitrarias) diferencias de financiación existentes entre las Comunidades Autónomas.

El problema que tenemos, sin embargo, es que los 11.000 millones de euros son muy insuficientes para cubrir la enormidad del déficit de gasto público social por habitante que tienen las CCAA y, por lo tanto, España, y del cual ni el establishment político ni el mediático parecen ser plenamente conscientes de su existencia. Como he escrito en varias ocasiones en este semanario (y en muchos otros forums), España se gasta en su estado del bienestar mucho menos de lo que debería gastarse por el nivel de desarrollo económico que tenemos. La importancia de este hecho me fuerza a repetir las cifras que muestran tal retraso.

España ya no es un país pobre. Ya estamos alcanzando el nivel de desarrollo económico de los países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE). En realidad, nuestro PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE. El gasto público social per capita, sin embargo, no es el 93% del promedio de la UE-15. Es sólo el 71%. Para alcanzar a ser el 93%, tendríamos que añadir 70.000 millones de euros a lo que ya nos gastamos en nuestro estado del bienestar. Soy consciente de que algunas voces indicarán que este cálculo es demasiado sintético. Ahora bien, incluso cuando se hace tal cálculo de una manera más detallada, teniendo en cuenta, por ejemplo, la estructura demográfica del país (muy semejante, por cierto, al promedio de la UE-15), vemos que aquella cifra no sufre grandes cambios. Este déficit es enorme y es real.

Conviene también señalar que este déficit se da en todos los componentes del estado del bienestar, excepto en las aportaciones debidas al desempleo, donde los gastos son superiores en España al promedio de la UE-15, consecuencia de tener el desempleo más elevado de tal grupo de países. Pero, excepto en este capítulo, en todos los demás (sanidad, educación y servicios sociales) estamos muy retrasados. En realidad, estamos a la cola de la UE-15 (véase “La Situación Social en España. Volumen III”. Biblioteca Nueva. 2009).

Estos déficits debieran centrar la atención política y mediática del país. Pero me temo que no será así. Una vez más, lo que veremos estos días será un gran debate (discusión tensa y estridente sería un término más correcto para definirlo) sobre qué Comunidad Autónoma ha obtenido más y cuál menos, en el que las derechas de este país utilizarán todo tipo de argumentos y manipulaciones para dividir a los distintos pueblos y naciones existentes en España, capitalizando con fobias (incluyendo la catalanofobia), heredadas de la ideología nacional-católica de la dictadura que existió en España durante el periodo 1939-1978. Han sido precisamente estas mismas derechas (tanto las centrales como las periféricas) las que han sido responsables de la existencia del enorme déficit social del país. El gran retraso social (así como económico, político y cultural) que aquella dictadura impuso al país explica en parte este retraso. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía el gasto público social como porcentaje del PIB (14%) más bajo, y con mucho, de la Europa Occidental, junto con Grecia y Portugal, que también sufrieron regimenes semejantes. Pero la dictadura terminó hace ya treinta años. El enorme poder de las derechas, tanto durante la transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la democracia, como durante el periodo democrático (en el que ha habido un claro dominio del pensamiento conservador y liberal en la vida mediática y política del país) explica el enorme déficit social de España. El gasto público social (a pesar de los crecimientos notables, sobre todo en periodos donde las izquierdas han actuado conjuntamente), continúa siendo de los más bajos de la UE-15. Y ahora es parte de la estrategia de las derechas, responsables de aquel enorme déficit, el dividir a los españoles para poder así mantener sus cuotas de poder en las partes del país donde aquellas fobias continúan.